Congelando los presupuestos para la educación pública regional, López Miras y su banda de tránsfugas pretenden congelar el futuro de la Región de Murcia. Y es que, obviamente, la formación de nuestros niños y jóvenes está estrechamente ligada con el progreso de nuestra tierra, algo fácilmente comprobable si unimos datos sobre calidad educativa (en los que siempre vamos a la cola), con aquellos sobre productividad y volumen de nuestros sueldos (de los más bajos de España).

Esto es fruto, lógicamente, de las trasnochadas políticas del Partido Popular de las últimas décadas, basadas en los recortes a la escuela pública y aquellos servicios orientados a garantizar la igualdad de oportunidades. Y para muestra, un botón. Las becas de comedor, las de Educación Infantil 0-3 años o aquellas destinadas al transporte escolar del alumnado, servicios necesarios para conseguir la equidad en el acceso a la educación, no solo son absolutamente insuficientes, sino que llevan años sin aumentarse. Ni siquiera en tiempos de crisis como los que vivimos, donde todas las energías deben ponerse en que nadie se quede atrás. Y todo ello, pese a nuestros esfuerzos, pues han tenido la desfachatez de rechazar las enmiendas que, en este sentido, el PSOE ha presentado al presupuesto, sin que haya servido para nada el aumento de más de un 12% de ingresos que estas cuentas prevén, gracias a los fondos y al compromiso del gobierno de España con nuestra Región.

Pero estos presupuestos no solamente congelan las partidas para compensación de desigualdades educativas, que ya es mucho, sino que, además, no proyectan un escenario diferente al habitual para el próximo curso. Esto, dada la pésima organización educativa de los últimos meses, en los que nos hemos comido una injustificada y lamentable semipresencialidad, sin refuerzos extraordinarios, es especialmente preocupante. No solamente porque el virus sigue entre nosotros, lo que debería hacernos tomar todas las medidas sanitarias oportunas, sino porque las consecuencias de este modelo a medio gas ya hemos empezado a sufrirlas, con un 10% menos de titulados en Bachillerato que el año pasado. Y lo que queda por ver.

Los socialistas lo tenemos claro. Es necesaria la reducción de la ratio de alumnos por aula, el mantenimiento de los docentes COVID a partir de septiembre, un refuerzo educativo consistente para los que han salido peor parados de esta semipresencialidad única en toda España, una mejora de los servicios complementarios que favorezcan la equidad del sistema y una atención especial a los programas de calidad que nos permitan salir de esta crisis reforzados y con esperanzadoras expectativas. Pero nada de esto entra en los planes de López Miras, que ha presupuestado el próximo curso como si nada hubiese pasado.

¡Qué oportunidad tan grande estamos perdiendo! Le enorme inversión que recibiremos de los fondos europeos debería utilizarse, en gran parte, para fortalecer nuestros denostados servicios públicos y para revertir los enquistados recortes del Partido Popular, que están lastrando nuestro sistema educativo. Pero, incomprensiblemente, parece que esto no se dará. Las cuentas que están próximas a aprobarse definitivamente en la Asamblea Regional nos dicen todo lo contrario. No hay atisbo de cambio, ni de mejora. Siguen cercenando nuestras perspectivas de futuro.

Urge una rectificación, un cambio de modelo. Y la ocasión es esta. El Gobierno de España enviará este año a la Región más de mil millones de euros extra para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y nuestro sistema educativo debería ser receptor de gran parte de ese insólito apoyo económico. Hace décadas que no tenemos una oportunidad como esta y dejarla escapar, con unos presupuestos como los que pretende aprobar el PP, sin el apoyo de ningún otro partido, es un error garrafal.

Como lo es haber rechazado las 120 enmiendas que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado a estos presupuestos. El secuestro del parlamento autonómico, tan inconcebible como inaudito, no solo pretende callar la voz de quienes representamos a la mayoría de ciudadanos de la Región de Murcia, sino que tiene su máxima expresión en la tramitación de la Ley más importante de cuantas aprobamos cada año, tirando por tierra las propuestas de mejora que hemos defendido en la cámara desde la oposición y que provienen en su totalidad de las demandas de la sociedad civil murciana.

No obstante, no nos resignamos. Nuestra responsabilidad es pelear con uñas y dientes por la dignidad y el progreso de esta Región y en ello dejaremos todas nuestras fuerzas. Nuestro sistema educativo exige una mayor inversión, una eficiente gestión y una apuesta decidida por mejorar su calidad. Y esto vendrá de la mano de un cambio de gobierno que, sin duda, lideraremos los socialistas y que pondrá a la Región de Murcia en el lugar que merece, tras el desprestigio sin precedentes al que la ha sumido el PP de la corrupción y la desvergüenza. 

A nadie se le escapa que el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia es un soplo de aire fresco para la gente progresista, no solamente de la capital, sino de toda la Región. Acabar con 26 años de gobiernos del Partido Popular, en los que el clientelismo y la oscuridad han sido su marca más notable es un hito y una puerta a la esperanza, el principio del fin.

La corrupción se ha enquistado en San Esteban. Bajo las alfombras ya no caben más asuntos turbios, los cajones han empezado a estallar y la basura brota a borbotones por las rendijas que hemos abierto durante años de denuncias públicas ante la evidencia de las numerosas tramas que se urden a diario en los despachos del Gobierno regional.

La moción de censura contra López Miras ha sido un punto de inflexión y, qué duda cabe, el PP ha dejado al descubierto todas sus costuras. Siguen gobernando, pero con tránsfugas y con la indecencia pegada a sus espaldas. La compra de voluntades para continuar en el sillón no sale gratis, de eso saben muy bien en Génova, como también saben que sus días al frente del cortijo están contados. Hacer uso de las malas artes en política tiene un precio y los ciudadanos de la Región de Murcia no perdonaremos que se hayan saltado a la torera las reglas de la democracia, tirando de sueldos públicos para no perder “el poder”.

Difícil tienen la gobernabilidad con cuatro trásfugas en el consejo de gobierno, a los que nadie reconoce la dignidad de tal alto encargo y de los que siempre, siempre tendremos que desconfiar. Su palabra no vale nada, su firma tampoco ¿Qué se puede esperar de quienes han traicionado al partido que les dio el escaño y a los votantes que les dieron su confianza?

En su afán por no perder el sillón, han prostituido la voluntad popular. El transfuguismo se ha convertido en la tabla de salvación de un presidente mediocre y acabado, que ha tenido que recurrir a la inmundicia de cuatro politicuchos de tres al cuarto que se han convertido en el soporte de la corrupción y las malas praxis del partido que ha tejido la mayor red clientelar de nuestro país.

Pero, desgraciadamente, el summum de la desvergüenza está por llegar. Con los tránsfugas no era suficiente, necesitaban a los ultras para ahormar mayorías y con ellos firmaron la venta de nuestro bien más preciado, la Educación. Se materialice o no el globo sonda que lanzaron desde San Esteban con el fichaje de una expulsada de VOX para dirigir las políticas educativas y culturales de la Región, lo cierto es que dichas políticas ya han sido compradas, pues han servido como moneda de cambio para convalidar el gobierno del horror. De una forma u otra, intentarán que sus postulados extremistas se instalen en nuestras aulas.  Lo intentarán con el BORM en su mano, pero no se lo pondremos fácil.

La Educación y la Cultura son las joyas de la corona, lo saben los extremistas y lo sabe el PP. La formación de nuestros menores determinará, sin lugar a dudas, la Región del mañana y, censurando la realidad en las aulas, quien cercenar la libertad y el progreso de nuestra tierra. Ellos, amantes del oscurantismo preconstitucional, sueñan con una sociedad homogénea, sumisa e ignorante. Y al PP parece que esto tampoco le viene del todo mal, pues no han dudado un momento en darles su bendición. Y es que, quienes no tiene mayor afán que seguir dirigiendo el cotarro, poco o nada les importa lo que pase fuera de sus despachos. De eso han dado sobrada muestra a lo largo de estas casi tres décadas de desidia social.

Pero los años del despotismo se acabaron. La gente está hastiada y ávida de cambio. La comunidad educativa en pleno se ha plantado ante este atraco a mano armada. No queremos vetos en las aulas, ni cheques de privatización educativa. No soportamos más desprecios a la profesionalidad de nuestros docentes ni más insultos a la inteligencia de las familias. No consentimos más hachazos a las libertades y derechos de nuestro alumnado. Y, por supuesto, no toleramos más ultrajes a nuestro sistema público de Educación, del que es parte la enorme mayoría de los habitantes de esta Región. Con la escuela pública crecimos y nos dio las oportunidades de las que, per se, solo disfrutaban los hijos de papá. Por eso, hoy nos toca ser garantes de su poder transformador y de ascensor social. Mientras nos quede aliento la defenderemos de quienes quieren meter sus rancias manos en ella. Seremos su dique de contención.

Sin duda, el cambio ha empezado y su fuerza es imparable. Es el precio que han de pagar por su indigencia moral.

Nos estamos empezando a acostumbrar al caos, a la ausencia absoluta de proyecto, al abandono institucional. En la Región de Murcia hace casi dos años que el Gobierno pugna únicamente por mantenerse en el gobierno. Se despellejan entre sí, en un macabro juego de tronos en el que únicamente importa no perder el sillón, aunque para eso tengan que vender su alma al diablo. Cada día una reyerta nueva, un nuevo escándalo. Y cada día aumenta la vergüenza ajena del millón y medio de habitantes de la Región a los que mantienen entretenidos con sus disputas, pero en la más absoluta miseria y abandono. No puedo evitar el bochorno que me produce este esperpento, no soy capaz de entender hasta qué punto se puede perder el norte de esa manera y tener la cara tan dura para reírse sin pudor de aquellos a los que dicen deberse.

Se han vacunado antes que nuestros abuelos y dependientes. No hay mayor ejercicio de ruindad, no hay hecho más despreciable. Pero, además, ahora, ¡precisamente ahora! cuando todos luchamos por salir cuanto antes y de la mejor forma posible de esta situación, anteponen a lo demás una modificación de la Ley que permitirá a López Miras seguir presentándose sin cortapisas como candidato a la presidencia. Esa y no otra es la urgencia en San Esteban, su prioridad más absoluta. Y no se les cae la cara de vergüenza.

Pero hay más. Estamos en marzo y sin presupuestos. Tres meses perdidos para la Región, porque lo primero es lo primero, sus guerras de poder. Una vez reciba cada líder de la coalición lo que exige, llegará el turno de la ciudadanía. Esperemos que al menos llegue entonces. Pero llegará tarde. La cuestión es si también llegará mal.

Desde noviembre lleva Diego Conesa con la mano tendida para negociar unas cuentas centradas en las necesidades reales de la Región, en el fortalecimiento de los servicios públicos básicos, en el refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres y en la sostenibilidad de nuestra tierra. Pero eso es mucho pedir para ellos. Les renta más conseguir el voto de Vox o de los tres diputados de extrema derecha expulsados por su partido. Ellos solo le exigen una cosa: que instalen la censura en nuestras escuelas. Y en eso parece que coinciden.

La nostalgia del oscurantismo preconstitucional mueve a los ultras a acabar con la convivencia pacífica de estos más de cuarenta años de paz y democracia. Y no hay mejor forma de hacerlo que empezar por la educación de nuestros menores. Instalando vetos en las aulas, con el pretexto de la libertad, buscan precisamente acabar con ella, porque no hay libertad sin conocimiento. El saber nos hace libres y eso precisamente es lo que pretenden combatir.

Les molesta que nuestros menores conozcan la diversidad y la respeten. Les molesta que nos rijamos por las normas constitucionales que todos, menos ellos, nos marcamos tras una larga dictadura. Les enfada vivir en un país en el que los hombres y mujeres sean iguales, que no se criminalice a las personas en función de su identidad sexual o de género y, sobre todo, que las oportunidades de futuro sean las mismas para los hijos de los “señoritos” que para los de quienes trabajan para ellos. No soportan que se les hayan acabado los privilegios, llevan cuatro décadas echando chispas por ello. Pero ahora están en las instituciones y han encontrado quienes les den calor y cobijo. Y ese el problema, que en la Región de Murcia el Partido Popular ha abandonado un centrismo que, honestamente, creo que nunca existió, para abrazarse sin remordimiento a los extremistas. Ellos les dan sus votos para continuar dirigiendo su cortijo y López Miras les contenta comprando sus postulados y discursos.

Ya el pasado año fuimos la única comunidad autónoma en instalar el veto parental en nuestras aulas, hasta que la justicia lo detuvo. Fuimos la vergüenza nacional y el laboratorio de las perversas pretensiones de la extrema derecha y lo fuimos con el beneplácito y la condescendencia de quienes dicen gobernar de acuerdo a las normas. Quedaron retratados, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente para ellos.

De nuevo pretenden repetir la jugada, pese a estar más que demostrado que con ello vulnerarán la Ley y violarán los derechos de nuestros niños y jóvenes. Derecho fundamental a recibir una Educación plena e integral. Derecho a saber y a ser libres. Derechos, al fin y al cabo, que todo gobierno debe defender con uñas y dientes y no socavar con total indignidad, como es el caso.

Lo harán o no, pero tendrán que hacerlo con la cara descubierta, porque desde el PSOE no vamos a consentir más atropellos. Esta semana el pleno de la Asamblea, todos sus diputados y diputadas, tendrán que pronunciarse a favor del derecho o de la censura educativa. Será la oportunidad para que todos pongamos las cartas boca arriba y decidamos ante los ojos atentos de la ciudadanía de qué lado estamos. Sin paliativos, o estamos con el consenso social o con quienes quieren reventarlo.

Pudo parecer que el debate sobre la censura parental educativa había acabado cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suspendió de forma cautelar, el pasado mes de marzo, la medida estrella de Vox que el gobierno autonómico de PP y Ciudadanos compró a cambio de los presupuestos para 2020.

Pudo parecer que López Miras había entendido que el disparate que pretendía entonces, además de ilegal, era inmoral e improcedente.

Pudo parecer que la razón y el enérgico impulso de la comunidad educativa de la Región habían ganado la batalla a los ultras, que pretendían vulnerar los derechos de nuestros menores, acabar con el consenso social de respeto a la diversidad y convertir a nuestra Región en el ensayo de una macabra maniobra orquestada desde los foros más conservadores de nuestro país, para ser extendido más tarde por todo el territorio nacional, si encontraban gobiernos tan mediocres, blandengues y descabezados, como el nuestro, que lo consintieran. 

Pudieron parecer todas estas cosas, pero ninguna lo fue. Y para muestra, las declaraciones del consejero Celdrán, presidente en las sombras, que ha anunciado que su compromiso con el “Pin Parental” de la extrema derecha es indudable y que están trabajando en las modificaciones normativas para convertirlo en una realidad.

A nadie extraña ya esta simbiosis entre la derecha extrema y la extrema derecha. Pero si ahora se quieren con más descaro es porque, aunque dos meses tarde, parece que los presupuestos están al caer y López Miras necesita aliados para sacarlos adelante. Y qué mejor aliados que los nostálgicos de nuestro oscuro pasado, aquellos que niegan la violencia machista, acusan de todos nuestros males a niños y niñas menores no acompañados por el mero hecho de ser extranjeros (y pobres, claro) y dedican todos sus esfuerzos a generar odio y a segar los derechos sociales conquistados con el trabajo y la vida de tantos y tantas, durante tantos y tantos años.

Y es que, aunque les estén comiendo la tostada, siempre los eligen. Será cuestión de afinidad. O de añoranza, pues la mayoría compartieron filas en el mismo partido. Debe ser una u otra cosa, porque hace más de dos meses que Diego Conesa tendió la mano al gobierno regional para tal negocio. Les ofreció el apoyo del grupo mayoritario en el parlamento autonómico para sacar adelante las que, quizás, sean las cuentas más importantes para nuestra tierra, en los momentos más críticos que recordamos. Y lo hizo sin vetos, sin censuras, con la única premisa de que los esfuerzos mayores fuesen destinados a reforzar nuestros servicios públicos básicos.

No creo que hayan encontrado jamás una oposición tan generosa, con tanta altura de Región, ni una oferta partidistamente tan poco rentable. Pero parece no ser suficiente. Mantener el cortijo debe costar sus “perras” y parecen no estar dispuestos a dedicar la ingente cantidad de millones extra que este año enviará el Gobierno de España a la Región en mejorar la sanidad, la Educación o las políticas sociales públicas. Y en esas cosas los ultras no entran. Se conforman con utilizar al presidente para hacer de nuestra Región el laboratorio de sus repulsivos inventos. Eso a ellos sí que les renta.

Y, claro, en esa tesitura, al Partido Popular le faltan escrúpulos y no ha dudado ni un momento en utilizar la Educación como moneda de cambio para darles en el gusto y seguir manejando el cotarro de la Región, aunque cada día esta adolezca, gracias a los palos que le han dado, de una brutal desigualdad y de unos servicios públicos profundamente resquebrajados.

No obstante, aún queda un halo de esperanza, aunque muy fino dada la experiencia. Ciudadanos también tiene que decidir. Y tendrá que hacerlo entre el PSOE, sin censuras educativas, y la derecha extrema, con vetos parentales.

Desde luego, si finalmente hay espacio para el veto educativo, nosotros estaremos, pero enfrente, con toda la fuerza, como estuvimos en su día junto a la trinchera ciudadana que defendió con uñas y dientes que los valores de nuestra Constitución, el respeto, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de los menores a una Educación plena no son optativos en nuestro Estado y deben prevalecer por encima de todo y de todos.

Lo que ocurre en el área de Educación de la Región de Murcia desde que se desató la pandemia, hace ya casi un año, parece una broma de muy mal gusto. Una broma que, a muchos, les costará el futuro y a otros tantos dejará malparados, con enormes dificultades para recuperarse. A la mayoría, nos dejará una cruda sensación de abandono, desidia e indolencia. Y esto que pudiera parecer coyuntural, sumado a un sistema educativo público denostado, con 25 años de continuos vapuleos, puede ser mortal.

Y es que no solo falta liderazgo en la respuesta que el sistema educativo murciano debe dar ante esta complejísima situación, sino que, además, faltan recursos, ganas y ese espíritu de cuidado de lo público que, sin lugar a dudas, es esencial para poder seguir creciendo como sociedad.

Esto basta para dibujar la oscura situación en la que nos encontramos, con los peores datos de fracaso y abandono escolar temprano, con las mayores tasas de desigualdad de nuestro país y a la cola de todos los indicadores de calidad de nuestro sistema público de Educación. Unido a la terrible crisis sanitaria que afrontamos, con una completa ausencia de medidas educativas que amortigüen los efectos colaterales en nuestro alumnado, el resultado es devastador.

El Gobierno regional no solo no ha invertido en esta cuestión, sino que tampoco ha sabido utilizar la ingente cantidad de millones que ha enviado el Gobierno de España para hacer frente a los retos formativos de la pandemia. Así, tenemos la exclusividad en la medianía educativa, con una atención recortada que deja, sin parangón en el resto del país, a nuestros alumnos en casa de uno a tres días semanales, con una semipresencialidad que no hará más que engordar las listas de chavales alejados del sistema y abandonados a su suerte. 

Desde el Partido Socialista llevamos meses denunciando este despropósito y advirtiendo del negro escenario que, día a día, se va dibujando en nuestra Región. Pero no escuchan. Quienes nos gobiernan, quienes tienen la responsabilidad de cuidar de nosotros, están ocupados en vacunarse antes que nuestros mayores y enfermos o en seguir regalando privilegios a las empresas del juego, pues parece que los más de 7 millones de euros anuales que les bonifican en impuestos que todos los murcianos dejamos de percibir, no son suficientes para agradar a un sector que está siendo la ruina de miles de jóvenes.

Y están en eso y nada más, porque en plena tercera ola, en la que abanderamos el índice de contagios, hospitalizados y fallecidos del país, el gobierno regional en pleno ha metido la cabeza debajo de la tierra y sin más explicaciones nos han dejado solos. “Sálvese quien pueda” -han pensado-, “que nosotros tenemos que salvar el Gobierno”, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, se quede quien se quede por el camino. Y es que, sin paliativos, no hay nadie al mando.

Tanto es así, que desde hace semanas la consejera de Educación está en paradero desconocido. Con la comunidad educativa en pleno clamando auxilio, quien tiene la responsabilidad de ordenar todas aquellas medidas que garanticen la salud y la seguridad de escolares, docentes y resto de agentes educativos, se ha vendado los ojos y ha preferido esperar a que pase la tempestad sin mover ni un solo dedo. El problema es que la tormenta está durando demasiado y tiene unas magnitudes fuera de todo orden. Y, desde luego, su indolencia se ha vuelto imperdonable. 

¿Dónde están los desdobles, los docentes que faltan, los medidores de CO2, los filtros HEPA, los test a docentes y alumnado o las alternativas digitales en caso de cuarentenas o puntuales confinamientos? ¿Dónde está la empatía con los cientos de miles de murcianos que cada día pasan por las aulas de nuestra Región? ¿Dónde está el sentido del deber?

Personalmente, sigo sin dar crédito. Jamás había visto tal cosa, tal deslealtad con la ciudadanía, tal ruindad y poco crédito. Si en la peor situación el capitán abandona el barco, más vale que no vuelva cuando amaine el vendaval, porque para entonces, el capitán no tendrá legitimidad alguna.

Va siendo hora de que alguien le diga a Esperanza Moreno que ha perdido toda credibilidad y que el mejor favor que le puede hacer a nuestro sistema educativo es dejar el cargo a quien tenga la valentía de afrontarlo con la seriedad y el rigor que merece. Después de esto, ya no le queda nada que demostrar.

Acaba un año que, a nivel educativo, en la Región de Murcia ha tenido más sombras que luces. Un año en el que hemos comprobado, con toda la crudeza, las consecuencias de la más absoluta desidia de un gobierno autonómico que durante décadas ha decidido aniquilar la Educación Pública por inanición.

Todos estos años de recortes y de abandono de este servicio público se traducen en los indicadores negativos que, desde hace demasiado tiempo, abanderamos: tasas de fracaso y abandono escolar temprano, escasa oferta en Educación Infantil 0-3 años, peores resultados en PISA y otras evaluaciones internacionales, así como una brecha social, educativa y digital abismal, que supera con creces la, ya de por sí preocupante, tasa media nacional de desigualdad.

A esto se le añade hoy la enorme crisis sanitaria y social que atravesamos, que no solamente ha ocasionado la triste pérdida de muchos compatriotas, sino también enormes secuelas educativas. Y es que, muy a nuestro pesar, el alumnado murciano será el peor parado de esta situación, dada la indolencia con la que López Miras y su gobierno han decidido afrontarla.

Somos la única comunidad cuyos alumnos no tienen clase con normalidad desde el mes de marzo. La única que sigue castigando en casa cada día a decenas de miles de niños y jóvenes. La única que no ha empleado la porrada de millones que ha enviado el Gobierno de España para lo esencial, garantizar el derecho del alumnado a asistir cada día a clase, con todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Pero, hasta de eso sacan pecho.

No les duele en prendas la angustia de miles de familias murcianas. No les incomoda la terrible presión a la que se están viendo sometidos nuestros equipos docentes. No les quita el sueño que haya miles de alumnos que se vayan a perder por el camino, por una decisión que han tomado en solitario y con el rechazo en pleno de toda la ciudadanía. No les atormenta, no les reconcome, porque sus hijos están a buen recaudo y porque siguen creyendo que, hagan lo que hagan, los murcianos y murcianas tragaremos sin rechistar.

Pero esta vez se equivocan, se han pasado de la raya. Están jugando con el presente y el futuro de nuestros menores y para eso, no hay justificación que valga. De ahí, la unanimidad de la comunidad educativa contra esta insólita medida.

Ya tenemos los resultados del primer trimestre del curso y los testimonios de algunas familias son demoledores. Con la semipresencialidad, han tirado por tierra las expectativas formativas de cientos de alumnos y sus familias. Hay jóvenes que no han sido capaces de adaptarse a este disparate y se han visto arrastrados por la apatía. Otros muchos han perdido sus hábitos de estudio y, lo más importante, su motivación por aprender. La enorme mayoría se sienten desatendidos, abandonados por su administración. Y esto es imperdonable.

Pero, por mucho que insistimos, la rectificación no llega ni parece otear en el horizonte del corto plazo. El año 2021 se presenta como uno de esperanza, con una vacuna que ya ha empezado a suministrarse en nuestra tierra. Pero en las aulas de la Región comenzará como termina este 2020, a medio gas.

Tendremos que dar eternamente las gracias al Gobierno de esta Región por tal desatino, por tanta dejadez y por tan funesta incompetencia. Tendremos que dárselas a PP y Ciudadanos, a partes iguales. Porque tanta culpa tiene el que ordena, como el que permite y secunda las órdenes, teniendo en su mano evitarlas. De nada valen los anuncios y las advertencias, cuando se es cómplice de tremendo caos. Y en este caso Ciudadanos lo es.

Será difícil olvidar este año. Pero más difícil será olvidar a quienes llevan años desplumando nuestra Escuela Pública y las terribles consecuencias educativas de sus decisiones.

Hoy ¡por fin! decimos adiós a la LOMCE, la Ley educativa más lesiva y segregadora de las últimas décadas. Una Ley aprobada en exclusiva por el Partido Popular que puso enfrente a toda la comunidad educativa. Entonces nos manifestamos, pero no porque se perdieran privilegios, sino porque se perdían derechos y se recortaba la calidad de nuestro sistema público de Educación. A los que hoy vociferan no he escuchado aún ni un argumento educativo, porque no lo tienen. Les basta con llamar a la libertad. Esa libertad mal entendida que utiliza a los menores en su guerra sucia y a los servicios públicos para sus contiendas partidistas.

Mucho ruido. Pocas verdades. Algún que otro interés. Y bulos, mentiras y manipulaciones. Así funciona la derecha española, y la murciana en primera fila.

Hemos escuchado estos días que la LOMLOE se tramitaba por la puerta de atrás, que se van a cerrar los centros de Educación Especial, que el castellano va a dejar de estudiarse en las escuelas catalanas, que se relega a la concertada o que se va a decapitar la libertad de elección de las familias ¡Cuánto cinismo!

Solo hay que echarle un vistazo al texto de la Ley, que es público, para dejar en evidencia cada una de estas falacias.

No se van a cerrar los centros de Educación Especial. Se van a dotar de recursos a todos los centros para avanzar en la plena inclusión que exige la ONU, las principales asociaciones de personas con discapacidad de nuestro país y que debería perseguir la sociedad en su conjunto para considerarse avanzada. Aún así, los centros específicos atenderán a quienes sigan necesitándolos y servirán de referente para el resto.

El castellano sigue siendo la lengua oficial del Estado. La LOMLOE no modifica el artículo 3 de la Constitución. Y con esto basta. Pero hay más. Sentencias de los altos tribunales y el articulado de la Ley comprometen al pleno dominio del castellano y otras lenguas cooficiales y son garantía mayúscula para que este sea estudiado en todas las escuelas españolas, como hasta ahora.

Las familias tienen y tendrán libertad para elegir centro educativo ¡eso faltaba!, pero que nadie se lleve a engaños. Este no es un derecho constitucional y no siempre se puede garantizar una plaza en el centro elegido. Es inviable, como lo ha sido siempre. Se elige entre las plazas que hay creadas, se distribuyen con criterios coherentes, pero estas no se crean a demanda, aunque haya quien quiera jugar al despiste con los términos.

Y la concertada seguirá complementando a la red de centros públicos. Sin cuotas obligatorias a las familias, sin discriminación en la admisión de alumnos y funcionando, como el resto de centros sostenidos con dinero público, con las mismas reglas del juego ¿A quién le asusta esto?

Y ahora, con las cartas boca arriba, con los bulos desmentidos, vayamos a lo importante. Esta Ley, que ha recogido las aportaciones de todos los sectores educativos y fuerzas políticas, supone un enorme avance social para nuestro país, colocando la equidad en el centro del sistema educativo. Es la apuesta decidida de un Gobierno socialista por una Educación de calidad, moderna, integradora y garante de la igualdad en el más amplio sentido de la palabra. Una Ley que persigue la excelencia, personaliza los apoyos para el éxito escolar, garantiza la libertad educativa y refuerza la Educación pública que tantos recortes sufrió con los gobiernos de la derecha. Una ley, por tanto, clave para futuro de nuestro país. Una Ley necesaria.