El 'modus operandi' del Gobierno regional para los servicios públicos viene siendo representado, desde hace muchos años, por la inacción, por la dejadez y por la falta de inversión, también por una tendencia constante y arbitraria a echar la culpa por todo al Ejecutivo central; esto es lo que nos ha llevado al 'ecocidio' del Mar Menor y es lo que nos llevará al empobrecimiento de la educación, de la salud, de los transportes y de los servicios públicos en general.

Llegado el inicio de curso, después de todo un verano de posibilidades, el Gobierno de López Miras, con su sparring Mabel Campuzano, no ha hecho nada para atender las necesidades sanitarias y educativas en los centros de la Región.

El Gobierno central ha aprobado el reparto de 1.185 millones de euros a las comunidades. Unos 45 de ellos vienen a la nuestra, de los cuales, 30 millones van a digitalización, como si el año pasado no hubiésemos gastado todo el dinero en ordenadores y monitores de dudosa calidad, ¡si incluso se creó un 'Call Center en línea para rezagados'!

Si no se bajan ratios, si no se va a ampliar la plantilla de docentes, si no se ha invertido en la construcción de nuevos centros, ni en sustituir los barracones por nuevas aulas, ¿en qué se va a emplear este dinero que llega para paliar los problemas que padecemos en los centros públicos?

Desde Docentes Unidos sabemos que la bajada de ratios no se lleva a cabo en la Región de Murcia por los siguientes motivos:

El año pasado se invirtió en digitalización con el dinero que llegó del Gobierno central, cosa que tenía que haber hecho el Gobierno regional años atrás. Por tanto, el Ejecutivo de López Miras apenas ha invertido dinero en la educación pública, ni antes ni durante la pandemia.

Mabel Campuzano, una consejera fruto de un pacto tránsfuga que se dedica a vivir de su chiringuito y que apenas sabe hablar ni tiene nociones sobre el funcionamiento de la Consejería que dirige, se dedica a ofrecer titulares para 'El Intermedio' y a hacer de sparring para el Gobierno de López Miras. Y mientras que los periódicos le dedican artículos donde solo suelta incongruencias y necedades desde su negacionismo e ideología más rancia, sus ocurrencias actúan como cortina de humo para no analizar la nefasta gestión del gobierno 'Frankenstein' de López Miras.

Ahora dice Campuzano que se cerrarán las líneas de infantil porque ha bajado la natalidad. ¿Qué líneas de infantil empezarán a cerrar: las de la pública o las de la concertada? Nosotros pensamos que podría ser el momento ideal de bajar las ratios de manera natural sin tener que cerrar líneas, sin obligar a familias a tener que desplazarse de centros. Pero no, lo que le interesa a este Gobierno es ir cada vez más empobreciendo y desmantelando los servicios de la educación pública para beneficiar los de la privada y concertada.

Prueba de ello es la gestión de la FP: al contrario que en infantil, cada vez la demanda de ciclos de FP es más alta, sin embargo, se están cerrando líneas de FP en centros públicos para ofrecerlas en la privada y concertada. ¿Qué explicación le da Mabel a eso? La que le pasen sus asesores, ya sabemos que esto a ella le queda grande.

Y, para más inri, no solo cerramos líneas y centros públicos obligando a las familias a desplazarse, sino que además las dejamos sin transporte público.

Lo que pasa en esta Región es de vergüenza nacional, en los años de gestión de Gobierno del PP hemos visto cómo han dejado morir una albufera única en Europa, y ahora están llevando a la asfixia y al estancamiento a todos los servicios públicos en pro de la privatización y el sálvese quien pueda.

Como docentes pedimos una bajada de ratios para una mejor atención a nuestro alumnado; no es lo mismo atender a 18 alumnos que a 30; como padres/madres es lo que también deseamos para nuestros hijos/as, una atención más individualizada, donde se puedan detectar los problemas a tiempo, más docentes y más recursos para la atención a la diversidad y, sobre todo, queremos una educación pública de calidad que ofrezca las mismas oportunidades para todos, independientemente del origen socioeconómico del alumnado. Solo así, nuestra región saldrá de este lodazal que ya hiede, de esta anoxia educativa a la que nos tiene condenados el Partido Popular.

El próximo sábado es el Día Internacional de las Familias. También es primavera, sin estado de alarma, y es el décimo aniversario del 15M, el movimiento democrático más importante del siglo XXI en España, junto con el feminismo. Es por tanto un 15M especial, distinto, y mucho más en la Región de Murcia, con las instituciones desestructuradas, las familias arrasadas por la crisis, y la sanidad y la educación públicas en caída libre. Aquí el 15M original no tuvo consecuencias institucionales destacables; este debería tenerlas. La Constitución de 1978 casi que tampoco: duró una década y se la dejó sin desarrollo. Solo les interesaba porque con las transferencias se podía hacer negocio con los servicios y crear redes clientelares. Ni el propio Gobierno regional obedece y aplica las leyes.

Del feminismo del 8M, a pesar del esfuerzo de mucha gente, no hemos aprovechado ni lo más básico, ya que la Región es, junto con Melilla, la que tiene la tasa más alta de violencia hacia las mujeres. También destacamos en violencia hacia las personas y las familias LGBTI. La violencia machista a menudo se da en el seno de la propia familia, del mismo modo que el PP ejerce la violencia económica sobre el conjunto de las familias murcianas, cuyo bienestar tiene a cargo. El PP te pega, te maltrata, y luego te acaricia la mejilla y te susurra cosas sobre los impuestos: es por tu bien. Mientras tanto, los murcianos casi nos convencemos de que la culpa es nuestra. ¿Nos lo merecemos?

Los docentes, los sanitarios y las familias pensamos que no. Por eso este sábado a las 11:15 saldremos con las familias a Gran Vía, a defender lo que sustenta su bienestar y su libertad: los servicios públicos. No será un día de mero homenaje ni vacío, sino lleno de urgencia: el 15M de las familias plenamente actualizado por las demandas de los movimientos sociales y de la ciudadanía. Mientras toda Europa cambia de políticas, o Valencia contrata docentes para la pública y baja las ratios, los violentos de San Esteban se dedican a poner trampas a la ley para que los centros privados subvencionados puedan seguir cobrando cuotas ilegales a través de fundaciones. Récord de colegios-gueto. En vez de habilitar espacios para desdobles, ponen cerco a los centros con casas de apuestas, y legislan para vender la FP pública, que es la que tenía que rescatar a los jóvenes. 

Las ayudas a la hostelería se las han comido también los amigos de casino de este gobierno tragaperras, por si pensaban nuestros hijos trabajar de camareros. En el campo no lo harán, las condiciones son de vergüenza. Todo está organizado para que los agroindustriales exploten a la gente de origen migrante, abusen de las trabajadoras, y se carguen el Mar Menor. Nada de dejar riqueza para los murcianos. Lo que ha pasado con nuestros ancianos en las residencias no tiene nombre. Las pensiones son de miseria y la dependencia ha sido olvidada de modo criminal. La atención temprana desmantelándose. El transporte público semi cerrado, algo esencial para las familias. Miles y miles de familias no tienen garantizado, como dice la Constitución, su derecho a la vivienda. 

Las ratios de enfermería tampoco se bajan, con los aplausos en los balcones ya va bien. Y eso que esta vez sí hay dinero. Nos hemos encontrado con la noticia de que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha publicado un estudio según el cual la nuestra es la región con peor situación sanitaria en 2021. Las listas de espera para atención primaria están disparadas, y la red de centros abandonada. Todas las familias saben que las derivaciones forzadas a centros privados están a la orden del día. Lo mismo que se las empuja a centros educativos “concertados”. 

El centro de Murcia capital es pasto de mendigos ahora mismo. La pobreza es el resultado de la política económica de maltratadores del PP, nuestro padrastro abusador. Las familias deben emanciparse del PP, para que nuestros hijos no tengan que estar sin casa propia hasta pasados los treinta. La otra opción es seguir retrocediendo décadas. ¿Es que los murcianos ya no somos soberanos de nuestros recursos y nuestras instituciones? No se puede salir de esto sin reconstruir los servicios públicos. Sin ellos la actividad laboral se “gripa”, las mujeres son expulsadas del mercado laboral, y el trabajo de cuidados, en todas sus variantes, se convierte en una condena para las familias. 

Pero no todo es negro. También hay esperanza, y futuro, porque la otra cosa que hay en la Región de Murcia es su gente. Vital, trabajadora, generosa. Aquí vive gente inteligente y honesta. No importa si son más conservadores o más progresistas. Los murcianos somos demócratas, y los servicios públicos son lo que garantiza materialmente la democracia. Por eso este sábado no es solo 15M. Este sábado las familias van a “llamar” a un número muy especial, que está a su disposición para situaciones de violencia y maltrato. Este sábado, vecinos, toca llamar a la democracia.

El PP se ha jugado la Consejería de Educación en una timba y se la ha llevado la extrema derecha, o alguien así. Un escándalo. Mientras los medios se parapetan en guerras culturales y discuten disparates como la censura parental, todo lo demás, que es la ruina, sigue sucediendo lejos del ruido. Por ejemplo, la patronal de la construcción está en tratos con lo que queda de EDUCARM para llevarse fondos UE y montarse su propia FP privada, que no funcionará si no se suprimen líneas de la pública, a la que sí debería poder acceder todo el mundo. ¡Venga! Más miseria y condiciones laborales a la baja para la juventud que quisiera ser trabajadora.

El pasado día 9 hubo una reunión de seguimiento del Pacto Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. Esta “cosa” la firmaron el año pasado el Gobierno del PP, CCOO, UGT y CROEM (la patronal) con el objeto de hacer una “bolsa de dinero público” para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia. Se firmó a puerta cerrada en San Esteban y no hubo ningún diálogo previo ni con la sociedad civil ni con los funcionarios, que somos los que tenemos que gestionarlo todo. ¿Para qué, si ya tienen asesores, primos y amiguetes?

Se olvidaron de la educación pública, claro. Nadie puso sobre la mesa la quiebra del modelo privatizado. Para Educación lo único que se pactó fue apoyar la digitalización, cosa que se ha quedado en nada porque se ha hecho realmente mal y porque si no hay suficientes docentes para atender a la gente da igual cuántas tabletas compres. Todo el mundo sabe ya, porque es un clamor social, que la necesidad número uno del sistema educativo es bajar ratios. También ha quedado patente que los docentes son trabajadores esenciales y que si se deja caer la red pública la actividad laboral y las familias lo pagan muy caro. Todo el mundo ha visto el fracaso que ha supuesto sacar a los alumnos de las aulas.

En esta ocasión fueron a la reunión Celdrán, pata negra de los negocios con sillones, y la tránsfuga Valle Miguélez. Menudo equipo. ¿Qué podría salir mal? Sigue sin haber dinero para los servicios públicos, parece ser, a pesar de que ese pacto ha movilizado ya, dicen, más de 410,4 millones de euros. Tuvimos aquello de los aplausos en los balcones para los compañeros de sanidad y ya. Miras se ha negado a que los fondos COVID para educación se utilicen para bajar las ratios profesor/alumno, tal y como pedimos docentes, alumnos, familias, sindicatos, partidos, movimientos sociales y, en general, cualquier persona con sentido común.

Tampoco nos sorprende, visto lo que le importa la educación, que la haya vendido a una señora ultra, incapacitada, sin partido ni dignidad. Un personaje grotesco, la tal “Mabel”, como a ella le gusta firmar sus disparates en Twitter. Los funcionarios de educación vamos a tener que ponerle un PIN al dinero, a la espera de una consejería legítima. Ahora toca negociar los “cupos” de docentes para el curso próximo y ahí es donde podremos detectar si se eliminan aulas o líneas. Estamos ya en un escenario de recortes encubiertos y de supresión de la FP pública, justo cuando más la necesitamos. Los docentes vamos a tener que organizarnos con los sindicatos y con la Asociación de Directivos de Educación Secundaria (ADES), a la que apelamos para que se traslade al público, de manera legal, la información pertinente sobre cupos, líneas, ratios, recortes etc., tal y como se ha hecho en la comunidad de Madrid centro por centro. Tendremos que hacer comunicación de servicio público sobre cómo se gasta.

España es un país deficiente en auditoría de políticas públicas y el que más denuncias acumula por irregularidades en el uso de fondos estructurales UE. Pero es que en Murcia jugamos en otra liga. Nos llevamos la palma con una democracia degenerada, las instituciones descomponiéndose y todo convertido en un bazar de la corrupción. No hay un gobierno capaz de gestionar los fondos UE, ni los estatales, para reconstruir esta tierra en beneficio de la ciudadanía; solo un gobierno tragaperras. Lo de Europa no es dinero para dar a los negocios de los amigos, no va a colar: no llega si no se presentan proyectos que tienen estrictas condiciones y se retira si no se gestiona con transparencia.

Tampoco es para juegos de corleones con los dueños del casino Orenes. Lo vamos a perder los murcianos y las murcianas, que somos los únicos soberanos de esos fondos. Por este camino se nos escapa el tren de las nuevas políticas, que priman el mercado interno de la eurozona con gasto público y el de la reconversión verde. Debemos prepararnos para construir alternativas ante la incapacidad manifiesta de la trama que ocupa San Esteban. Tenemos que construir la Región de Murcia que nos merecemos desde la base: la democracia y las urnas. La gente tiene que votar para que tengamos algún gobierno que sea decente y operativo.

Pero, también, la sociedad civil, los colectivos, los sindicatos y los servicios públicos deben ofrecer políticas alternativas, democráticamente constituidas, para inscribirlas en las agendas de los partidos que puedan formar nuevo gobierno. No basta con cambiar cromos, hay que revolucionar las administraciones, reconstruir la sanidad y la educación públicas y movilizar todo tipo de organizaciones y entidades, incluidas las del tercer sector, para que el dinero llegue a proyectos de colaboración público-comunitaria. Hay que dejarles claro a los partidos que puedan formar nuevo gobierno cómo gestionar y hacia dónde mirar. La formación profesional accesible a todos y la escuela pública son imprescindibles para la nueva era. Debemos mirar hacia la soberanía de los murcianos y las murcianas sobre sus instituciones, su territorio y sus recursos. Es hora de que en esta tierra nos miremos al espejo y decidamos si merecemos la pena. Los docentes aún pensamos que sí.

Desde Docentes Unidos no sabemos si el Partido Popular se dio cuenta de que la nueva consejera no pretendía volver a Atapuerca, aunque quizás sí quería darse un paseo por la España medieval. Creemos que el peligro que Mabel representa va más allá de la política regional y pensamos que desde la capital del reino le han dado un toque a su presidente regional para que maneje con cuidado los preceptos de la extrema derecha, por lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo mes de mayo, ya que no pasa desapercibido que Murcia es el Guernica de Madrid. Las bombas caen primero en la huerta para ver el efecto que podrían tener en la Gran Vía madrileña.

Quizás Mabel no se haya dado cuenta, pero es posible que su papel en este sainete no sea el de consejera de Educación por mérito propio, sino que viene a sostener exclusivamente un gobierno endeble que no es capaz de gestionar sus políticas internas con dignidad.

En la carta, sus 'líneas maestras' estaban llenas de ideología, pero vacías de contenido: ¿Dónde están las alusiones a los temas que verdaderamente preocupan a la comunidad educativa? Nos referimos al acuerdo de personal docente interino, oposiciones de secundaria y otros cuerpos, plan estratégico de FP, plan de igualdad, modificaciones autonómicas del RD de acceso a la función pública, la ausencia de protocolos para las oposiciones del presente año, la coincidencia de la segunda dosis de la vacuna de los docentes con estos procesos selectivos o la posibilidad de que la EBAU coincida con las oposiciones y todo esto con la cuarta ola que está por venir. ¿Dónde están los protocolos sanitarios para todos los escenarios posibles? ¿Por qué no están esos temas tan importantes en sus 'líneas maestras'? Simplemente no aparecen porque Mabel no solo es una consejera ilegítima sino porque no está capacitada para ese cargo y no sabe cuáles son las prioridades y obligaciones de una consejería tan sensible como la suya.

Por otro lado, López Miras cree que con esconder de momento el pin parental y el cheque escolar las aguas volverán a su cauce. Sin embargo, nada dice de bajar ratios ni de reforzar la plantilla de profesores, pese a haber informado del aumento de inversión en educación pública. Si no piensa implantar las medidas que los profesionales le estamos exigiendo desde mucho antes de la pandemia y revertir los recortes que nos ahogan desde el año 2012, ¿en qué piensa, pues, utilizarlo? Si pretende comprar más ordenadores de saldo le pedimos que, por favor, no lo haga.

En esta línea de exigencias a la clase política para dignificar la escuela pública y dotar a los centros de todo aquello que necesitan, desde Docentes Unidos también tenemos unas palabras para el Gobierno de España: no puede seguir mirando hacia otro lado mientras en Murcia y en otras comunidades autónomas se gastan los fondos COVID (que iban dirigidos a paliar los problemas en educación) en pagar deudas de los gobiernos regionales. El PSOE de la Región de Murcia debe sumarse a la presión al gobierno estatal para que las partidas de gasto dirigidas a educación sean finalistas y se inviertan únicamente en la escuela pública. No nos podemos permitir un Ministerio de Educación débil que no sea capaz de enfrentarse a las comunidades autónomas austericidas. En particular, en la Región de Murcia hay problemas gravísimos de abandono escolar y una absoluta ausencia de excelencia educativa, estos problemas solo se pueden paliar con unos fondos destinados íntegramente a las necesidades reales de la red pública. Del mismo modo, la LOMLOE tampoco impone la bajada de ratios ni la reversión de los recortes en lo referido a las horas lectivas. Por tanto, creemos que tampoco ha cumplido con su obligación en este aspecto.

La nueva consejera debe saber que el funcionariado existe para que haya un cuerpo de trabajadores que no pueda ser manipulado y para que los servicios funcionen independientemente del signo político del gobierno de turno. Nosotros, tanto funcionarios de carrera como interinos, somos los encargados de proteger la educación: somos los garantes de la ley, de obedecerla y de hacerla cumplir, sea quien sea el consejero o la consejera del momento. Por ello, instamos a Mabel a ponerse al día en la legislación educativa vigente antes de lanzar promesas electoralistas que no tienen asidero legal y que quedan totalmente fuera de la realidad jurídica y de la propia Constitución. La tan mentada libertad de la que ella hace bandera no consiste en decir lo que a ella le apetezca en cualquier momento, máxime cuando uno ocupa un cargo público y de responsabilidad.

Finalmente, Mabel acaba sus 'líneas maestras' con un alarde de honestidad reafirmándose en su lucha desde su particular independencia, pues, según ella misma dice, hay precios que no se pueden pagar si uno quiere respetarse a sí mismo. Nos parece paradójica esta afirmación, ya que está claro que ella sí tenía un precio: la Consejería de Educación y Cultura.

“Adela, otros vendrán que buena te harán”. En Docentes Unidos hemos recibido con preocupación la convocatoria de oposiciones para cuerpos docentes de la Región de Murcia publicada el pasado viernes 29 de enero. La consejera Esperanza Moreno después de estar un tiempo desaparecida (en el que únicamente hizo una pequeña aparición para una infructuosa reunión con las AMPAS, en la que demostró una vez más lo poco que le importan alumnado y profesorado) anunció a bombo y platillo la convocatoria de oposiciones para secundaria de 828 plazas.

En plena tercera ola, con la incertidumbre de las vacunas, con una situación mucho peor que en marzo del año pasado y con más de 4.000 interinos en fraude de ley, con anticipación, sin consultar con sindicatos ni asociaciones, de manera unilateral, convoca oposiciones.

Convoca oposiciones como si nada, sin prever posibles situaciones sobrevenidas a causa de la pandemia, no contempla ninguna solución para ninguno de los escenarios que se pueden presentar. No plantea medidas de seguridad e higiene ni plantea respuesta a ninguno de estos interrogantes:

¿Qué ocurrirá con aquellos opositores que se encuentren guardando cuarentena por ser positivos o por contacto estrecho? ¿Se les mantendrá el puesto en la lista o por el contrario les correrá convocatoria y serán expulsados de las listas? ¿Cómo van a evitar que se presenten las personas que estén en estas circunstancias? ¿Cómo se va a llevar a cabo la ventilación? ¿Qué me dice de la ventilación en unas aulas con más de cincuenta personas? ¿Se contempla la medición de CO2 y la ventilación artificial? Nos tememos que ante el miedo a perder su puesto de trabajo, sean muchos los opositores que, estando obligados a guardar cuarentena, pero al mismo tiempo forzados a presentarse, lo hagan poniendo así en peligro al resto de opositores y a los miembros de su tribunal.

Porque a este paso y con las desvergüenzas que se están produciendo con las vacunas, para junio dudamos que los docentes ya estemos vacunados.

A esto se suma que este año se presentan unas circunstancias excepcionales que no son las más favorables para la preparación de unas oposiciones, ya que los interinos, como el resto del profesorado, llevamos una sobrecarga de trabajo a causa de la disfuncional semipresencialidad, lo cual deja escasísimo tiempo libre para la preparación de las mismas. Así, Esperanza Moreno “da la puntilla” a miles de profesionales que han estado dando la talla, trabajando en primera línea para sacar a flote la educación en Murcia.

Tampoco se nos olvida señora Moreno, que no ha devuelto la totalidad de las tasas de la anterior convocatoria anulada, por cierto, Murcia es la comunidad donde se pagan las tasas más caras de España por delante incluso de la comunidad de Madrid.

Nos preguntamos también si Esperanza Moreno y su equipo han tenido en cuenta la planificación final del curso en los centros para fijar la fecha de la convocatoria. Las oposiciones empezarán según el BORM a partir del 12 de junio y según anunció la consejera el 19 de junio. En ese mes también están previstas dos convocatorias de las pruebas de EBAU entre junio y julio, ya que se suprime la convocatoria de septiembre. Además en los centros la evaluación final suele estar comprendida entre el 11 y el 16 de junio y en algunos centros el periodo lectivo no acaba hasta el 22 de ese mismo mes, ¿Cómo van a hacer frente los centros a la falta de profesorado? Habrá una desbandada de docentes para configurar los tribunales con esta ampliación de sedes y disminución de ratio de opositor por tribunal, por no mencionar que hacia finales de junio harán falta más docentes para las pruebas de EBAU.

Dado que todo el personal docente tanto funcionario como interino está trabajando en los centros, y se ha tenido que pedir refuerzos al SEF, ¿Quién evalúa a los alumnos en los centros de Secundaria, Formación Profesional, EOI, Conservatorios..? ¿Hará como siempre: lavarse las manos y que sean los equipos directivos y los docentes que queden quienes apechuguen y le saquen las castañas del fuego?

Todas estas ocurrencias y preguntas sin contestar por parte de la consejera solo ponen de manifiesto su incapacidad para el desempeño de su cargo y la dejadez de funciones que se evidencia constantemente.

Señora consejera, desde Docentes Unidos consideramos que estas no son cuestiones menores, está en juego el trabajo de muchos interinos que con su sacrificio personal, económico y familiar están posibilitando que este año la educación en su región se esté desarrollando con unos mínimos de normalidad. Vuelven a ponernos ustedes a los pies de los caballos: la salud de opositores y miembros de tribunales está en juego después de un curso en alerta roja.

Si no son capaces de garantizar la seguridad y las medidas de higiene y ventilación, anule la convocatoria y no espere a hacerlo tres días antes del inicio del proceso; si por el contrario tiene respuesta a todas nuestras preguntas de vital importancia, comuníquelas y hágalas públicas para tranquilidad de todos y dejen de faltar al respeto a las personas que trabajan en esta casa.

El pasado 14 de noviembre decía López Miras que si hay una Comunidad autónoma que es pionera, que apuesta y que ha avanzado en un modelo de Educación Especial es, precisamente, la Región de Murcia. Decía, no sin razón, que la ley Celaá pone en jaque el modelo de muchos centros de Educación Especial en nuestra Región, ejemplo radical de privatización de los servicios públicos reconvertidos en privados y concertados. La Educación Especial, desde luego, no ha sido una excepción en nuestra tierra, por lo que se ha visto afectada, en gran medida y de forma preocupante, por las políticas favorables a lo privado subvencionado.

En el año 2013 la Comunidad cerró el Centro Ocupacional de Espinardo, de carácter público para, posteriormente (2014), venderlo. El cierre de este centro no contó con el apoyo de las familias de los usuarios, que incluso llevaron al IMAS ante la Fiscalía. El IMAS justificó su cierre alegando la obsolescencia de las instalaciones y reubicó a los más de cien usuarios en distintos centros y residencias de carácter privado-concertado, lo que supuso también una pérdida de cincuenta puestos de trabajo públicos. La única motivación del PP, como viene siendo habitual en nuestra Región, fue económica: “derivada de las políticas de recortes”, con la intención de regalar los servicios públicos a manos privadas y concertadas.

En la Región de Murcia existen ocho centros públicos de Educación Especial y cuatro centros concertados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales graves y permanentes, con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años: hablamos, en concreto, de 909 alumnos. Por otro lado, en los centros ordinarios se atiende a un total de 11.457 alumnos con necesidades educativas especiales (según figura en el portal de la CARM).

Se le llena la boca a López Miras cuando habla de la libertad de elección de centros, pero desde Docentes Unidos nos preguntamos: ¿Cuál es la libertad de elección cuando, de las dieciséis aulas abiertas de Secundaria en el municipio de Murcia, 14 son en centros concertados y dos en centros públicos? ¿Dónde está la libertad de elección de las familias para elegir un centro público? ¿Cuál es la libertad de elección de una familia con un menor con discapacidad para elegir un único centro específico que está a 60 kilómetros de su casa cuando tiene 40 colegios ordinarios más cerca? Y no sólo eso, nos preguntamos también dónde está la libertad de elección de centro cuando un menor con discapacidad es obligado a ir a un centro ordinario lejos de su domicilio y sin sus compañeros de clase (al cambiar de primaria a secundaria).

A veces, la única razón que se alega es que el Auxiliar Técnico Educativo (ATE) está en el centro más alejado y es ese el centro de referencia para el alumnado con esas necesidades. Así de simple. Así de cruel. ¿Por qué la Consejería de Educación no dota de esos recursos a todos los centros educativos que los precisan?

La Ley Celaá viene a hacer real esa libertad de elección de centros para esas familias; ya que ahora si se estima oportuno que un alumno con los apoyos necesarios pueda matricularse en un centro ordinario, las familias podrán elegir el centro que más cómodo les resulte, con los recursos que realmente precisan. Porque la LOMLOE lo único que viene a decir es que los centros de educación especial actuales pasarán a ser centros de referencia para el resto de centros ordinarios, los cuales, con los apoyos necesarios, podrán permitir que aquellos alumnos con necesidades educativas especiales puedan matricularse en los centros que las familias demanden y que por cuyas condiciones se estimen convenientes.

Por tanto, los actuales centros específicos seguirán cumpliendo su función como centros de recursos para asesorar al resto de centros y para seguir acogiendo a aquel alumnado cuya discapacidad le imposibilite su integración en centros ordinarios y a aquel alumnado cuya familia decida, libremente de verdad, escolarizar a su hijo en un centro específico.

La concertada, un negocio en la Región

¿Pero por qué desde el PP y Vox se les está diciendo a las familias que la nueva Ley Celaá pretende cerrar los específicos en un plazo de diez años? ¿Por qué los únicos que se han levantado contra esta ley son los centros concertados y religiosos? ¿Por qué los centros de educación especial públicos no se han rebelado contra esta 'injusticia'? Como supondrán, detrás de este bulo está el negocio de la concertada en la Región de Murcia, ni más ni menos.

Y es que, mientras que en los centros ordinarios públicos todos los servicios son gratuitos a excepción de la cuota de las AMPAS, un colegio concertado ordinario o de necesidades educativas especiales concertado supone un gasto importante para las familias a causa del pago de 'ciertas cuotas'. Por ello, los usuarios de centros concertados-privados reciben unas becas para sufragar estos servicios como el transporte escolar (hasta 617€), el comedor escolar (hasta 574 €) o la residencia escolar (hasta 1795 €), entre otras muchas.

Bien, si hay beca, ¿por qué las familias tienen que seguir pagando de su bolsillo? ¿Qué pasa, pues, con muchas de estas becas en algunos centros concertados? Una práctica bastante extendida en los centros concertados de educación especial, por poner un ejemplo, es subir el precio del comedor, por lo que las familias tienen que afrontar con sus propios medios económicos esa subida que la beca, vaya por dios, no cubre. Al rellenar la solicitud de estas 'ayudas', algunos centros establecen que es de carácter obligatorio poner como beneficiario el número de cuenta del centro al que las familias llevan al alumno, para, así, ¡qué altruistas!, gestionar directamente ellos mismos la beca.

En algunos casos son los propios familiares los que llevan al usuario al centro (no necesitan, pues, beca de transporte) o les compran las comidas de farmacia (tampoco necesitan, por tanto, beca de comedor). Estas familias son adjudicatarias de la beca en todo caso, pero no reciben el dinero porque directamente va a parar al centro a través del método que hemos explicado más arriba. Por tanto, aunque ellas no estén usando los servicios de transporte o comedor, dejan de percibir los 1.191€ que se queda el centro por un servicio que nos les facilita. En los casos más sangrantes, llegan a pedirles dinero para pagar al personal sanitario con la eterna excusa de que la partida de la Consejería para tal fin supuestamente no cubre todo el gasto.

¿Inclusión?

Otra cosa de la que habla López Miras es la inclusión, ¡qué importante es la inclusión! Pues bien, algunos centros ordinarios concertados con aulas abiertas no ofrecen el servicio de aula matinal al alumnado de educación especial con el agravio comparativo que eso supone. La Consejería de Educación se lava las manos en este asunto alegando que los centros privados-concertados son libres de ofrecer los servicios que ellos estimen oportunos. Así facilita la Consejería de Educación la conciliación a las familias con más dificultades. En fin, se pueden imaginar cuáles son las razones por las que los centros de Educación Especial concertados-privados se han levantado en contra de la Ley Celaá: por temor a perder su clientela (hablamos de clientes, no de alumnos), ya que en el momento en el que las familias puedan llevar a sus chicos y chicas a centros ordinarios, si su discapacidad así se lo permite, lo harán sin pensarlo un segundo.

Os preguntaréis por qué las familias no denuncian estos abusos a Inspección o no lían una buena en la puerta de la Consejería: es fácil, tienen miedo, las familias y los trabajadores tienen miedo. Miedo a que desde el centro los acosen, miedo a que no los atiendan como debieran o los dejen fuera de actividades, por ejemplo. Los trabajadores, por su parte, tienen miedo a sufrir mobbing o a ser despedidos. Y, por otro lado, la administración hace la vista gorda, como ha pasado con la multa (una multilla de nada de más de 300.000 euros) perdonada al colegio concertado Antonio de Nebrija del Cabezo de Torres por cobrar cuotas ilegales.

Desde Docentes Unidos nos asombramos del cinismo del Gobierno del PP de Murcia cuando apoyan la manifestación de la concertada-privada y difunden bulos como el cierre de los Centros Específicos y tienen a los de su competencia, los CEE públicos, desamparados y desprotegidos. La CARM, NO sustituye a su debido tiempo al personal no docente, tan necesario en los Centros Específicos y con residencia. NO dota de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de residencias cuando algunas no reúnen las condiciones arquitectónicas o unas mínimas condiciones de habitabilidad. La Consejería de Educación NO se ha molestado en conocer qué especialistas deben formar parte de un Centro Específico. NO estima oportuno la presencia de un médico o psiquiatra asignados a cada centro para poder atender al alumnado matriculado, o de un profesional que trabaje con las familias para que puedan gestionar mejor la educación de sus hijos e hijas.

Antes de la pandemia muchos alumnos de aulas abiertas no podían salir a su aula de referencia en sus tres asignaturas obligatorias por falta de personal, por lo que las familias tenían que pagar a asociaciones que aportasen el personal necesario para acompañar a este alumnado en las aulas de referencia y así poder integrarse con sus compañeros de ordinaria. Por tanto, el Gobierno de López Miras, NO valora ni incentiva a los profesionales que en su día a día se dejan la piel y su salud física y mental para tratar de atender, educar y trabajar aquellos aspectos fundamentales en la Educación Especial.

En definitiva, los gobiernos del PP en la Región de Murcia no han sabido dar respuesta coherente a las necesidades tanto técnicas como humanas de estos centros. Siguen anteponiendo la política de recortes a los servicios sociales a las necesidades fundamentales de este alumnado con más carencias estructurales, familiares y sociales. Por todo ello, desde Docentes Unidos trasladamos nuestro apoyo a los compañeros y compañeras que trabajan con este alumnado y que cada día se las ingenian para alcanzar logros en el aprendizaje de sus chicos y chicas con los pocos recursos con los que cuentan debido al abandono de la Administración Regional. Además, consideramos que la inclusión del alumnado con discapacidad es importante y necesaria, por cuanto la convivencia entre niños y niñas con y sin discapacidad no solo enriquece a todos, sino que además educa en el respeto y la tolerancia. Hay que poner los esfuerzos en crear una escuela pública que sume, NO que segregue y excluya. Pensamos que la escuela inclusiva es el único camino para conseguir una sociedad inclusiva, donde todos y todas tengamos cabida. 

En el pasado pleno de la Asamblea Regional (miércoles 18 de noviembre) el presidente Fernando López Miras anunciaba por sorpresa la ampliación del contrato hasta final de curso de los 1.500 docentes incorporados con motivo de la COVID-19, pero se lamentaba de que los fondos del Ejecutivo central (76 millones para educación) solo llegaban hasta finales de este año 2020.

También el pasado lunes 16 en la Comisión de Educación, el representante del grupo popular se quejaba de que no había dinero para llevar a cabo las medidas y propuestas planteadas por Docentes Unidos y de que hacía falta exigir más dinero al Gobierno central. Desde Docentes Unidos nos parece una incongruencia que desde el Ejecutivo regional se escuden en la falta de financiación y rueguen al Gobierno central más partida presupuestaria mientras que aquí, en Murcia, se perdona una multa de más de 300.000 de euros al colegio concertado Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres por el cobro de cuotas ilegales..., con lo bien que nos vendría ahora ese dinero para luchar contra la pandemia en las aulas. En algunos centros, concretamente en el colegio público Rey Juan Carlos I de La Unión, llevan dando clase en barracones desde 2014, por poner un ejemplo. Por no hablar del problema del amianto en tantos y tantos centros públicos infrafinanciados.

De todos es sabido el apoyo de los gobiernos del PP a la educación privada subvencionada, por lo que no nos ha sorprendido la foto de nuestra consejera de Educación, doña Esperanza Moreno, portando el lazo naranja en la solapa. Nunca la vimos engalanada con un lazo verde o con una camiseta del mismo color en apoyo de la pública. Una penafresquemos la memoria un momento: ¿Por qué surgen los centros concertados hace 40 años? En ese momento no había dinero para hacer frente a la avalancha de alumnado, sobre todo a partir de la LOGSE de 1990, que ampliaba la edad de escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años. Sin embargo, esta medida, la de financiar con dinero público centros en esencia privados, en vez de ser algo provisional, fue utilizada por los políticos para hacer negocio y como herramienta para la captación de votos. Desde entonces, las CC.AA., que tienen las competencias en Educación, han renunciado a construir centros escolares públicos y han preferido que lo hagan grupos privados para luego concertarlos. Menudo chollo, ¿no?

En nuestra Región se han creado decenas de centros privados nuevos en estos años, frente a un número irrisorio de centros públicos, hasta tal punto que en algunas zonas no existe la libertad de elección, porque frente a cuatro o cinco centros concertados en la zona no hay ninguno para los niños cuyos padres optan por la enseñanza pública. Tiempo después, tras el concierto de los Bachilleratos y FP gracias a la nefasta ​Ley Wert​, muchos centros públicos se han quedado sin alumnado para estos niveles.

En comunidades como la nuestra la educación pública está infrafinanciada a costa de la concertada, que además se sufraga doblemente gracias a las cuotas “no obligatorias” que cobran a las familias por diversas cuestiones, lo que da como resultado que la mayoría de alumnos de clases sociales más desfavorecidas estén en los públicos, dando lugar a que muchos centros se conviertan en verdaderos guetos con unas instalaciones muy deficientes.

Volvamos al día de hoy. No sabemos exactamente a qué tipo de gastos se han destinado los recursos ofrecidos por el Gobierno central (más de 70 millones), como tampoco sabemos cuánto dinero está invirtiendo el Gobierno de López Miras. Decía nuestro presidente (en referencia a la prórroga de los contratos de los compañeros que ejercen de 'chicovids') que el Gobierno regional hará frente a este gasto extraordinario, pero no sabemos ni qué partida presupuestaria tiene pensado destinar para tal fin ni si se trata de dinero de la Comunidad autónoma o de dinero proveniente de Madrid​.

Así es como López Miras le llora al Gobierno central (por un lado) y amenaza con llevar la Ley Celaá a los tribunales (por otro), mientras en la Región de Murcia se desperdicia el dinero público en felices ocurrencias y medidas estrella. Mientras desoyen las verdaderas necesidades de la comunidad educativa; las volvemos a repetir: bajada de ratios, habilitación de espacios y contratación de más docentes.

Como todas estas propuestas (las únicas que hemos demandado, las únicas que ayudarán a luchar contra la pandemia en las aulas) no parece que le gusten a nuestro Gobierno regional, López Miras prefiere echar balones fuera invocando a los demonios del eterno enfrentamiento entre pública y concertada: divide y vencerás (este mantra ha sido muy utilizado a lo largo de los años por nuestros consejeros varios), y así diluye el foco de atención y saca a la comunidad educativa de la concertada a la calle, demostrando, una vez más, su poca capacidad de diálogo y su inmemorial tendencia a esconder la basura debajo de la alfombra.

La ​Ley Celaá le ha venido de perlas, señor Miras, es ideal para correr una cortina de humo y que la gente se ponga a discutir sobre ella mientras que su Gobierno sigue sin enfrentar los problemas reales de las aulas a día de hoy: el fiasco de la semipresencialidad, la falta de ayudas para la conciliación y la falta de financiación para que los centros educativos puedan tener aulas con las máximas garantías de seguridad.

En Docentes Unidos no estamos defendiendo la LOMLOE, se queda corta en muchos aspectos (no afronta asuntos fundamentales como la bajada de ratios, la dignidad de las enseñanzas artísticas ni la puesta en marcha de la asignatura de Ética en Secundaria), pero desde luego no vamos a contribuir a difundir los bulos que desde el grupo popular se están generando para distraer a la opinión pública del verdadero desastre que se está llevando a cabo en la Región de Murcia.

Señor López Miras deje de rogar y amenazar al Gobierno nacional y céntrese en la situación que tiene en casa: alumnos expulsados de las aulas al menos un día a la semana desde infantil, familias que no pueden conciliar para atender a estos menores, carencia de medios para los alumnos cuando se quedan en casa aumentando así la brecha digital y las desigualdades sociales... ¿Le parece poco? Desde Docentes Unidos le seguimos reclamando que solucione lo que está dentro de sus competencias y que además es su obligación. Deje de abandonar a los docentes, alumnos y familias de la Región de Murcia.