Se está negociando entre los partidos de la coalición del Gobierno, la primera Ley Estatal de Vivienda, desde que hace más de 42 años la Constitución reconociera ese Derecho. Siendo ésta la primera ley, cabría esperar que estuviéramos asistiendo a un debate sobre definición y contenidos del Bien Social que debe ser la Vivienda, y cómo acceder a la misma. Sin embargo, todo el foco político y mediático esta sobre el control o no de los precios del alquiler.

Aunque al ministro Ábalos le parezca un bien de consumo más, al que se puede acceder o no, dependiendo del nivel de renta disponible, ¿existe ya un acuerdo sobre estos conceptos de los que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

Mucho más allá del debate jurídico sobre la ubicación del Derecho a Vivienda en la Constitución, el debate sobre el Derecho Humano a la Vivienda adecuada y digna, no puede suscitar la menor duda: La Vivienda es un Derecho Fundamental, y como tal debe poder ser ejercida por la población. La Vivienda no es sólo un Derecho Fundamental, es también la puerta imprescindible de acceso a otros Derechos Fundamentales como la dignidad humana, la sanidad, la educación o el derecho a voto, por poner algunos ejemplos.

Pero el foco, interesadamente o no, sólo se está poniendo en el desacuerdo sobre el control de los precios del alquiler, aspecto éste fundamental, pero en modo alguno exclusivo del contenido que una Ley Estatal que regule el Derecho a la Vivienda debiera contener.

¿Qué pasa con los desahucios de personas que son puestas en la calle sin ninguna alternativa habitacional digna, adecuada y duradera? El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas ha vuelto a condenar a España por este tipo de prácticas que suponen la violación del Derecho a la Vivienda por parte el Estado español, ya van 5 condenas, y las seguirá habiendo mientras los Poderes Públicos no inviertan en la generación de un Parque Público de Vivienda acorde con nuestro entorno europeo que oscila entre el 14 y el 30%. Para la creación de dicho Parque, ni la propuesta de Ábalos de construir 20.000 casas, ni el reciente acuerdo con la SAREB de ceder 10.000 solucionan nada, porque la emergencia habitacional es ahora, y 10.000 es un número ínfimo para las necesidades. Sin embargo, hay más de 3 millones de casas desocupadas, cuya existencia supone un uso especulativo y anti social de un Bien Social.

Para quien no lo sepa (en el Gobierno lo saben de sobra) el próximo 9 de mayo finaliza el estado de alarma, y con él, las insuficientes medidas de protección anti desahucios. Los juzgados tendrán miles de procedimientos concluidos, a la espera del fin de tales medidas, los siguientes meses tendrán cifras astronómicas de familias puestas en la calle, y sin alternativa habitacional, sin embargo, solo se habla de alquileres ¿Existe ya un acuerdo sobre desahucios del que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

Para que una vivienda pueda ser considerada como digna y adecuada, entre otras cosas, debe tener garantizado el acceso a los suministros básicos de agua, energía y telecomunicaciones. ¿Existe ya un acuerdo sobre suministros del que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

España tiene también un grave problema de sinhogarismo. ¿Existe ya un acuerdo sobre cómo acabar con él del que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

Cientos de miles de familias mantienen, pese a haber sido desahuciadas, deudas impagables por las casas que perdieron. ¿Existe ya un acuerdo sobre segunda oportunidad para deudores hipotecarios del que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

Las nefastas políticas de vivienda llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos, se han hecho siempre de espaldas a la población, y atendiendo siempre a los intereses financieros y de las constructoras e inmobiliarias. ¿Existe ya un acuerdo sobre sobre la participación de la población en la elaboración de las políticas de Vivienda del que nadie del Gobierno habla? Pues háganlo público.

Y ya en materia del desacuerdo en alquileres, la propuesta de Ábalos es más propia de la derecha más insolidaria, que de un partido progresista. Pretende Ábalos añadir a los innumerables mecanismos de ingeniería fiscal (SOCIMIS, paraísos fiscales etc. etc. etc.) deducciones por las rebajas del alquiler, o sea, que ni las financieras ni los rentistas pierdan nada. Es sorprendente el olvido de Ábalos de los 62.000 millones de euros pendientes de recuperación del rescate bancario, bancos que son grandes tenedores de vivienda. Pero casi más sorprendente es el silencio a este respecto de Unidas Podemos, y del resto de la izquierda parlamentaria, llevan demasiado tiempo ya sin reclamar su devolución.

El PSOE insiste en las políticas neoliberales de transferir dinero público a manos privadas, sin generar ningún valor añadido al Patrimonio Público, dado que esas viviendas continuarán en manos privadas, y el gasto en subvenciones será sin duda detraído del que debiera ir a generar Parque Público.

El PSOE tiene muy presentes los puntos 1 y 3 del artículo 23 de la Constitución sobre el derecho a la propiedad privada, pero ignora el 2 que dice: La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, y renuncia a medidas que permitan utilizar las casas desocupadas como Parque Público temporal, mientras se va incrementando el definitivo.

Para que la futura ley llegue a ser una ley que garantice realmente el Derecho a la Vivienda, 120 organizaciones constituimos la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda y recabamos y obtuvimos el apoyo y compromiso de 9 grupos parlamentarios, que suman 68 diputados, para que la futura ley tenga estos contenidos. Este sábado, día 20, saldremos a las calles de 20 ciudades para exigirlo.

Desde el primer momento en que allá por el mes de abril el Gobierno empezase a publicar reales decretos ley de protección ante la pandemia, en la PAH comenzamos a denunciar su insuficiencia en materia de vivienda ya que protegían exclusivamente a quienes habían caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, dejando caer a los que ya venían vulnerables de antes, cuya situación tras la pandemia tuvo necesariamente que empeorar. Así se lo hicimos saber al propio Gobierno y a los partidos, incluso en el Congreso: en la Comisión de Reconstrucción pedimos en junio y ante las crisis sanitaria y económica una tregua de desahucios hasta el 31/12/21, y la aprobación urgente de la ley estatal de vivienda.

Sin embargo, no obtuvimos respuesta positiva, al contrario, se nos decía que los desahucios estaban todos prohibidos. Era un espejismo provocado, no por las medidas del Gobierno, sino por la inactividad de los juzgados, que cuando el 4 de junio retomaron su normalidad, ejecutaron 1.383 desahucios sólo entre los días hábiles que van desde esa fecha al 30 del mismo mes.

Cuando a mediados de septiembre el CGPJ publicó esos datos, ya nadie podía tener dudas, y desde la PAH, iniciamos una ronda de contactos con el Gobierno y los partidos del Congreso, reclamando la aprobación urgente de un real decreto ley que prohibiera todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y recuperase la prohibición de los cortes de suministros básicos, que se cayó en las prórrogas de las medidas de protección aprobadas en dicho mes.

Hablamos con todo el arco progresista, incluido el PSOE y el Gobierno en la persona del Secretario General de Vivienda del MITMA, recibiendo de ambos la callada por respuesta. A pesar del silencio de éstos, y del ensordecedor silencio mediático del hecho, nuestra ronda de contactos cristalizó el pasado día 11 de noviembre, con la firma en el Congreso, por parte de los grupos parlamentarios y diputados de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, CUP, BNG y Nueva Canarias de un documento mediante el cual estos partidos daban su apoyo a las medidas de protección solicitadas por la PAH: suspensión de todos los desahucios hasta 31/12/21, o hasta que la futura ley estatal de vivienda establezca alternativas a éstos, y recuperar la prohibición de los cortes de suministros básicos, ambas frente a familias vulnerables y sin alternativa habitacional en el caso de los desahucios.

Una semana más tarde, tres de los grupos firmantes Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu hacen pública una enmienda a los PGE con estas medidas, y de nuevo el ruido mediático-tertuliano se sitúa en aspectos como el tacticismo partidista, la oportunidad de la enmienda, los dos gobiernos… etc. Quizá en parte, aunque sólo en parte, por un grave error de comunicación de los portavoces de estos partidos que, en el anuncio de dicha enmienda, no hacen mención alguna al acuerdo con la PAH de sólo una semana antes, muy poca argumentación de la necesidad de suspender tales injusticias.

Sin embargo, nadie repara en la incongruencia de que tanto el Presidente como otras muchas autoridades sanitarias andan pidiendo a la gente que se quede en sus casas, mientras que cada día se ponen en la puta calle a cientos de familias, frente a las que los poderes públicos incumplen su obligación constitucional de facilitarles una alternativa habitacional, facilitando contagios y la expansión del virus, y dejándolos al intemperie del estado del bienestar, ignorando los Derechos Humanos, la Justicia Social y la Salud Pública, de esto son muy escasos los que han dicho algo.

La suma de los partidos firmantes del apoyo a la PAH, más el PSOE si finalmente lo apoyara, daría mayoría suficiente para validar el real decreto ley. De lo contrario, el PSOE se quedaría junto a Cs, Vox y PP priorizando la propiedad privada frente al derecho a la vivienda frente a los Derechos Humanos y frente a la Salud Pública.

La prohibición debería afectar a todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, aunque el PSOE parece que quiere excluir los de ocupación, comprando el discurso y la campaña mediático/políticas de las derechas. Desde la PAH siempre hemos dicho y mantenemos que sólo ocupa quien no tiene otra alternativa, y sería bueno que el PSOE recuerde que España ya ha sido condenada por el Comité DESC de Naciones Unidas por vulnerar el Derecho Humano a la vivienda, al desahuciar a una familia que venía ocupando una vivienda propiedad de un banco. Que no es establecido ni el juicio de proporcionalidad el derecho subjetivo que el mismo Comité le viene exigiendo para dar cumplimiento a los compromisos internacionales voluntariamente adquiridos por España.

El PSOE no debería quedar junto a Cs, Vox y PP, sino situarse junto al bloque progresista y aprobar el real decreto ley que desde la PAH exigimos por Justicia Social, cumplimiento de la constitución y de los Derechos Humanos, y ahora también por Salud Pública.