La nueva ley educativa (LOMLOE) nace como una ley apoyada por amplios sectores y sensibilidades que creen en la educación como progreso y como igualdad de oportunidades. Por tanto, el consenso existe, aunque sea incompleto por la intolerancia de las derechas al pacto educativo. Prefieren polarizar a construir acuerdos responsables. 

La LOMCE de Wert fue una ley de partido único, retrógrada e ideológica. Empeoró los resultados, abandonó a la educación pública a su suerte y se acompañó de 9.200 millones en recortes y precarización del profesorado. Todo un retroceso que ha debilitado la equidad y calidad educativa en la última década. 

Con la educación se progresa, no se juega ni se utiliza para fines partidistas. No hay pacto educativo amplio porque las derechas se autoexcluyen desde 1978, y nos impone su modelo de forma unilateral cuando ganan por mayoría absoluta. Miran más al pasado que al futuro. 

No hay educación de calidad si hay brechas de equidad. La nueva Ley LOMLOE refuerza como nunca la equidad y el buen uso de los fondos públicos para que no haya privilegios, por eso braman las derechas. 

Nadie quiso la LOMCE, solo el Partido Popular. Provocó la primera huelga general de toda la enseñanza pública en democracia. Provocó el rechazo del 87,6% del profesorado y otro 80% opinaba que España no necesitaba un nuevo cambio normativo. 

Cuando el Partido Popular pierde la mayoría en 2016, el Congreso vota la propuesta del PSOE para frenar el calendario de implantación de la LOMCE apoyada por toda la oposición y la abstención de Ciudadanos. Al verse perdedor, el PP decide suspender su ley. Por tanto, el PP solo apoyó la LOMCE durante 3 años tras haberla aprobado, dejándola en suspenso y creando un galimatías jurídico posterior que ya ha resuelto la nueva ley LOMLOE. Así trata el Partido Popular a la educación española. 

El PP carece de una visión de Estado y está induciendo a una seria irresponsabilidad llamando a las comunidades autónomas a incumplir la LOMLOE. Es impropio de un partido democrático. Es un caso único en Europa y su posición beligerante es más propia del populismo libertario de derecha extrema que de un partido liberal. Comete el grave error de identificarse tan solo con los intereses de la educación privada, abandonando la escuela pública. Ejerce como un grupo de presión de intereses particulares.

La LOMLOE no busca ningún conflicto y propone un acuerdo que se inspira en la tradición de diálogo que siempre ha ofrecido el PSOE para que la educación sea motor del progreso social y económico de nuestro país. Cualquier derecha democrática europea daría su apoyo a una ley de país que es coherente, sensata y avanzada.

Esta medida es uno de los objetivos estratégicos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y en esa línea, la propia Consejería ha redactado este Plan estratégico con meta temporal en 2025, para impulsar la escolarización de las niñas y niños de 0 a 3 años en el Archipiélago con la creación de plazas públicas accesibles, asequibles, inclusivas y de alta calidad. 

Como buen plan, se fijan unos recursos, unos criterios para su seguimiento, y una evaluación que verifican su ejecución y la rendición de cuentas atendiendo a lo planificado.

Desde el inicio de la legislatura, este equipo de Gobierno ha duplicado las ayudas destinadas al fomento de la escolarización temprana: En los Presupuestos de 2019 se destinaron 4,5 millones de euros, y en los de 2022, se destinan 9,2 millones. Asimismo, en junio de 2019 había 4.620 plazas públicas en 66 escuelas infantiles municipales, y en marzo de 2022, alcanzamos las 5.859 plazas públicas en 82 escuelas infantiles municipales; cifras que reflejan un incremento de 1.239 plazas y 16 centros. 

El objetivo es crear para los tres próximos cursos escolares (de 2022 a 2025) como mínimo 3.879 plazas públicas nuevas (en escuelas infantiles municipales y en centros dependientes de la Consejería de Educación), lo que supondría disponer de un total de 9.369 plazas públicas en el curso 2024-25 (en agosto de 2021 contábamos con 5.490 plazas públicas autorizadas).

En total, 31 CEIP y CEO de las islas implantarán desde septiembre con carácter de experiencia piloto el tercer curso del primer ciclo de Infantil. En total, se han ofertado 507 plazas y se han recibido 740 solicitudes, por lo tanto, se han superado las expectativas.

Para su establecimiento, se han tenido en cuenta varios criterios, como que se ofrezcan en municipios donde no existe oferta de plazas autorizadas, ni públicas ni privadas, o en municipios donde la oferta existente es insuficiente en relación con la demanda, priorizando las zonas más desfavorecidas que tienen alumnado en situación de vulnerabilidad.  

Esas plazas requerirán el nombramiento de maestras y maestros de Educación Infantil, técnicos y técnicas superiores de Educación Infantil y auxiliares educativos. Las plazas del Cuerpo de Magisterio saldrán de las propias listas de empleo de la Consejería, y en las otras categorías, el proceso se llevará a cabo a través de una oferta pública de empleo. 

Es importante cambiar el concepto que tiene la sociedad en general sobre esta etapa educativa, porque su importancia es fundamental para revertir los datos de escolarización tan bajos que tenemos en Canarias. 

En concreto, en muchas ocasiones se habla exclusivamente de una función de conciliación familiar, por lo que muchas familias toman la decisión de hacer uso de sus servicios únicamente cuando la situación personal o laboral lo hace realmente necesario, y en tal sentido, el término ‘guardería’ sigue utilizándose habitualmente. 

Tal y como establece el propio Plan, “ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos”.