La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que el gobierno ha acordado promulgar en febrero del año que viene es una oportunidad histórica. Con ella se deben poner las bases para hacer realidad el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 47 de la Constitución y acabar con el negocio extractivo que se ha organizado a su alrededor y que, desgraciadamente, no terminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La ley tiene que abordar este asunto de manera integral, poniendo en sintonía las competencias estatales y autonómicas con el objetivo central de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Para ello, la ley debe establecer criterios y mínimos comunes para todo el país, que sirvan para consolidar lo que ya se ha logrado en algunas comunidades y corrijan las políticas de aquellas otras capturadas por los intereses de los grandes operadores. La igualdad de derechos para todos los ciudadanos, así como la unidad de mercado, recomiendan un denominador común en la regulación estatal de acceso a la vivienda.

Esta ley debe servir para acercar España a Europa y sus disposiciones tienen que incidir en el corto y largo plazo. Tiene que fomentar la creación de un gran parque de viviendas públicas en alquiler asequible no descalificables. Su carencia es una anomalía del mercado de vivienda español que tardará años en solucionarse y requerirá mucha voluntad política. Un primer paso sería reconocer el derecho de tanteo y retracto a todas las Administraciones Públicas sobre los paquetes de viviendas que venden con elevados descuentos los grandes operadores. Estas compras se financiarían con un fondo descentralizado de 6.000 millones de euros dotado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, lo que permitiría comprar más de 100.000 viviendas ya construidas. En paralelo, los 1.500 millones incluidos en el proyecto de PGE-2021 para rehabilitar inmuebles se destinarían a acondicionar estas viviendas y otras viviendas privadas que se incorporasen a programas públicos de alquiler asequible. En segundo lugar, se fijaría que el 100% de las promociones sobre suelo público se destinen a estos tipos de alquiler y el 30% de las promovidas sobre suelo privado. En tercer lugar, se podría constituir un fondo interterritorial de 350 millones de euros anuales para financiar alquileres sociales. Se dotaría eliminando el beneficio fiscal por reinversión en vivienda y reorganizando la fiscalidad sobre alquileres y SOCIMI.

La nueva ley debe intervenir también en el corto plazo para resolver la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para amplios sectores de la población, impedir la extracción de rentas desproporcionada a una mayoría de españoles que tienen que dedicar buena parte de su salario a pagar una vivienda, así como hacer frente a la emergencia habitacional que se está padeciendo y que muestra su peor cara en el fuerte aumento de los desahucios. Para ello se debería, en primer lugar, fijar criterios comunes para establecer precios máximos de alquiler en las zonas tensionadas relacionados con el nivel salarial de cada zona. Esto es algo que acaba de hacer el ayuntamiento de Berlín para 250.000 viviendas, con la aquiescencia de la asociación de propietarios, y que han hecho otras ciudades y regiones europeas y de Estados Unidos. En segundo lugar, el acceso de las comunidades autónomas y ayuntamientos a los recursos habilitados por los PGE para vivienda debería condicionarse a que en las zonas tensionadas graven la vivienda vacía, fijen un estándar de mantenimiento para los caseros, y prohíban el hacinamiento y los alojamientos turísticos de alta rotación.

Terminar con la extracción de rentas en el acceso a la vivienda no solo daría cumplimiento a un derecho básico sino que también fomentaría un sistema económico más productivo. Los jóvenes y no tan jóvenes, ya no tendrían que dedicar tanto dinero a financiar su emancipación y alojamiento y podrían destinarlo a aumentar su formación o emprender, así como a su proyecto familiar o simplemente a vivir más desahogados. Por su parte, los bancos se verían obligados a redirigir el crédito del ladrillo a empresas más productivas que basan su competitividad en el desarrollo de intangibles y la mejora del valor añadido de sus bienes y servicios. A las entidades de crédito no les suele gustar financiarlas, a pesar de que son el futuro, porque su actividad es más arriesgada y tarda en materializarse en garantías físicas. Asimismo se promovería una imprescindible mirada a largo plazo entre los agentes económicos, pero también al conjunto de la sociedad, abandonando así la cultura del pelotazo y la corrupción vinculada al rentismo inmobiliario.

La reforma agraria del siglo XIX puso de manifiesto que rentismo y progreso son términos antagónicos. Los rentistas de antes alquilaban la tierra mientras que los de ahora alquilan viviendas. Entonces ganaron frente a los agricultores y se perdió el tren de la revolución industrial que llegó tarde y de manera desigual. Esta ley puede contribuir decisivamente para que esta vez ganemos la mayoría de españoles y nos subamos todos a tiempo al tren del progreso.