España arrastra una tasa de desempleo de dos dígitos desde mediados de los años setenta. Lo peor no es que hayamos aprendido a convivir con esta anomalía, sino que, cuando han surgido oportunidades reales para dejar atrás esta maldición bíblica, las hemos desaprovechado. Hoy estamos a punto no solo de perder otra oportunidad sino, también, de frustrar la respuesta al problema más acuciante de la ciudadanía española: el acceso a la vivienda.

La entrada en el euro fue una de esas ocasiones: al fin contábamos con una moneda fuerte y, simultáneamente, con tipos de interés bajos para financiar inversión productiva, algo inédito mientras vivimos con la peseta. Aquella oportunidad se malogró inflando el precio del ladrillo, que llegó a venderse a precio de oro. El resultado fue una deuda asfixiante y una generación que vio esfumarse sus oportunidades.

Hoy la tasa de desempleo está en el 10,5% y sigue bajando. Volvemos a tener una oportunidad para acercarnos al pleno empleo, esta vez con un crecimiento que no tiene los pies de barro. Dos factores lo explican. El primero son las políticas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y opuestas al recetario que durante décadas condenó a buena parte de la clase trabajadora al paro. Gracias a ellas durante la pandemia se sostuvieron empresas y empleos con los ERTEs y, después, se elevaron las condiciones laborales, obligando al capital a rentabilizarse invirtiendo e innovando, y no precarizando el empleo. El otro factor son los fondos europeos del Next Generation EU: cerca de 80.000 millones en subvenciones y algo más de 83.000 millones en créditos blandos. Su inversión ha demostrado que, a poco que se relaja el corsé fiscal, nuestra economía florece incluso sin presupuestos y en un entorno europeo estancado. Esto, a su vez, confirma una receta de política económica tan clásica como olvidada: la mejor estrategia en una economía que no ha alcanzado el pleno empleo, es ensanchar su mercado de trabajo con más inversión pública.

Sin embargo, en el cuadro de mandos de la economía española ha empezado a parpadear el piloto de “error mayúsculo”. El atasco parlamentario para aprobar unos nuevos Presupuestos desde 2023, puede terminar extendiéndose a los hitos legislativos necesarios para recibir los fondos europeos, cuyo plazo de solicitud termina en agosto del año que viene y que, según ha dejado claro el comisario Dombrovskis, no se prorrogará. El Ministerio de Economía está negociando una nueva Adenda para aligerar la carga legislativa asociada a los hitos; son casi 25.000 millones de euros a fondo perdido los que están en el alero. Y ha hecho el sorprendente anuncio, de que se renuncia a solicitar 61.000 millones de euros de los 67.000 millones aún disponibles en créditos blandos. Los motivos expuestos por el Ministro son dos: primero, la decisión del Ministerio de ejecutar primero las transferencias y después los créditos, de manera complementaria, y, segundo, que financiarse en el mercado cuesta hoy solo 20 puntos básicos más. Admitió que esta diferencia fue mayor al principio (70 puntos) y soslayó que estos créditos, se conceden a treinta años y que durante los diez primeros no se amortiza capital, condiciones inalcanzables para la deuda pública española. Italia sí ha sabido aprovecharlos: de sus casi 123.000 millones en créditos, ha captado 89.000 millones, muy por encima de los 16.000 millones de España, si no se resuelve el error mayúsculo que se está a punto de cometer.

Esta sobrecogedora desidia con los créditos blandos viene de lejos. La anterior responsable del Ministerio se opuso inicialmente a solicitarlos. La presión social y el ejemplo de Italia, Portugal y Grecia la obligaron a rectificar, pero España no presentó la solicitud hasta mediados de 2023, cuando estos países lo hicieron en el primer trimestre de 2021. Nunca ha habido voluntad real de ejecutarlos, pese a que serían óptimos para, por ejemplo, crear un gran parque público de vivienda, lo que aliviaría uno de los cuellos de botella que amenaza con estrangular a la ciudadanía española y por ende a nuestro crecimiento. Además, el alquiler asequible que generaría permitiría saldar la deuda pública en la que se incurre.

Sin embargo, aún no está todo perdido. La Comisión Europea permitirá ejecutar los fondos más allá de agosto del año que viene si previamente están asignados. Esto abre la puerta a que los créditos blandos pendientes se puedan asignar al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 escalando sus magros recursos y cuya puesta en marcha no requiere la aprobación del Congreso de los Diputados. No hacerlo nos alejaría del objetivo de pleno empleo y dejaría escapar, nuevamente, otra gran oportunidad.

Desde la pasada crisis inmobiliaria y financiera que padecieron millones de personas, la atención sobre las decisiones y políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de cada país miembro, vienen siendo objeto de un mayor interés por parte de la opinión pública muestra de una creciente concienciación sobre las implicaciones que sus políticas tienen sobre la vida diaria de la gente. Este seguimiento de la actuación de los reguladores bancarios debe ser objeto también de escrutinio y control por parte de los representantes elegidos por la soberanía popular, y ello como parte de su desempeño y labor de servidores en pro de la ciudadanía.

Bajo esa premisa de fiscalización, el pasado mes septiembre varios diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para obligar al Banco de España (BdE) a dar cuenta de la información que dispone, banco a banco, sobre el dinero público que les transfirió en concepto de intereses por depositar sus reservas en dicha institución en los años 2022 y 2023, y que había sido previamente denegada por el BdE aduciendo que esos datos estaban sujetos al secreto profesional.

La importancia de esta demanda ante la Audiencia radica en la utilidad de esta información detallada para hacer un buen diseño de la política fiscal, por ejemplo, para adaptar el gravamen temporal a la banca que a final de este año habrá que convertir en permanente. La cantidad a la que no referimos no es poca, en torno a 8.000 millones de euros obtuvieron las entidades de crédito en 2023 por dejar su liquidez en la facilidad de depósito del BdE. Esto representó el 65% de los beneficios que obtienen estos bancos en España a la vez que una merma para el propio BdE.

Hay que recordar que el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro, procedente de sus beneficios, se redujo a cero el pasado ejercicio, lo que se tradujo en un importante menoscabo en las posibilidades de financiar iniciativas públicas. Es mucho dinero que debería estar bajo un riguroso control puesto que son ganancias de la banca privada que proceden de una transferencia con origen en el sector público. Asimismo, esta información daría transparencia al mercado de valores y sería muy útil para los inversores, pues no es equivalente a la hora de invertir, un banco que obtiene el 65% de su beneficio de la facilidad de depósito, que otro en el que ese 65% del beneficio se consigue de prestar a hogares y empresas.

La demanda planteada contra el BdE se sustenta en pétreos argumentos jurídicos, en tanto el derecho a obtener información ha sido reconocido en el ámbito internacional como un Derecho Fundamental, inherente y esencial para la libertad de expresión; así se señala en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, en el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha considerado reiteradamente que el derecho de los parlamentarios a obtener información es un derecho de configuración legal que se integra en el contenido del artículo 23 de la Constitución y, por lo tanto, constituye un derecho fundamental.

Tras la primera respuesta negativa a los diputados escudándose en el secreto profesional, el BdE solicita ahora a la Audiencia la desestimación de la demanda apoyándose en una carta remitida por el todopoderoso Banco Central Europeo, en la que éste argumenta en un tono tajante y veladamente displicente con la justicia española, que la política monetaria, para ser eficaz, tiene que ser opaca, es decir, tiene que hacerse en secreto, a pesar de financiarse con dinero público. El BCE estaría dando con su argumento a este dinero el status de “fondos reservados” a algo que es obvio que no lo tiene.

Esto a su vez entra en colisión con un principio básico de los mercados eficientes, la transparencia. La información perfecta y simétrica para todos los agentes que participan asegura la eficacia de los mercados. Pues bien, el BCE quiere que su política monetaria financiada con dinero público opere al margen de la teoría económica de los mercados eficientes. Según el BCE para que la política monetaria sea eficaz, los inversores privados, por ejemplo, tienen que operar con una información parcial, al igual que los agentes públicos encargados de diseñar la política fiscal. Obviamente esto es un sin sentido. El BCE no puede basar una política tan importante como la monetaria en el secreto y la difuminación de la información con la que operan los mercados. Esto no es ni sólido, ni coherente.

Es, además, una falacia sostener que proporcionar información, banco a banco, sobre la transferencia de dinero público que reciben de la facilidad de depósito la estigmatizaría. En primer lugar, porque se puede aproximar el volumen individual de esta transferencia a partir de la dimensión de cada banco, habiéndose publicado varias estimaciones en este sentido, sin que tengamos noticias de que esto haya disuadido a ninguna entidad de ubicar su liquidez en la facilidad de depósito.

En segundo lugar, porque ya hay bancos que publican esta información en sus memorias, así pues la teoría de la estigmatización no parece muy sólida. En este mismo sentido, hay países, como el Reino Unido, que han solicitado esta misma información directamente a los bancos desde su Parlamento. Obteniendo una respuesta positiva y sin que esto se haya traducido en una estigmatización de la facilidad de depósito del Banco de Inglaterra.

Y, en tercer lugar, porque incluso si fuese cierto que revelar lo obtenido por cada banco hiciese menos eficaz la política monetaria, esto solo significaría que este instrumento no es suficientemente eficaz y que el BCE debería recurrir a otro -o en combinación con otro-, por ejemplo, la regulación del volumen de crédito.

Pese a la contundencia con que el BdE y el BCE exponen sus argumentos para denegar la información, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha manifestado en un reciente escrito su posición favorable a estimar la demanda, y ello pese a conocer los escritos de nuestro banco central y el del BCE. Así, el Ministerio Fiscal critica que el acuerdo del BdE impugnado no motive suficientemente su negativa a entregar la información solicita y se limite a “ofrecer una justificación formal con invocación de afectar a la ‘política monetaria-facilidad de depósito’ y al ‘secreto profesional’”, haciendo referencia a normas de derecho europeo, cuando dicha normativo “no regula, prohíbe ni impide que la información bancaria que pudiera constituir secreto profesional pueda ser facilitada a los diputados de los parlamentos nacionales cuando fuere recabada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias”.

Además, la fiscalía recuerda que “los derechos fundamentales garantizados en los dos apartados del art. 23 CE encarnan el derecho de participación política en el sistema democrático consagrado por el art. 1 CE y son la forma esencial de ejercicio de la soberanía por el conjunto de los ciudadanos”, por lo cual pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que anule la resolución del BdE porque supone una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos.

Obviamente, compartimos la posición de la fiscalía y el fundamentado apoyo que ha dado a nuestra pretensión, que no es otra que la de velar por el interés público. Ahora ya solo queda esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, que entendemos debe ser plenamente acorde con los principios de transparencia y buen gobierno y sujeta a los intereses de la soberanía popular.

Hay muchos organismos públicos necesitados de reforma y mejora. Esto no es exclusivo del sector público, hay igualmente muchas grandes empresas privadas que prestan servicios de interés general en el sector eléctrico, telefonía, transporte o banca necesitadas de reforma para terminar con los abusos y mal servicio que sufre el ciudadano. Hoy quiero referirme a dos organismos públicos, el Banco de España (BdE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) que son noticia, no solo por su relación con la actualidad, sino por su relevancia. El BdE sigue siendo, incluso después de ceder la dirección de la política monetaria al BCE, una pieza imprescindible de la política macro prudencial en lo que tiene que ver con la estabilidad financiera. Asimismo, es un componente importante de la materia gris pensante con la que cuenta el sector público, gracias a su dotado servicio de estudios. Por su parte el INE, como productor principal de la estadística pública, constituye los ojos con los que nos miramos e interpretamos como sociedad. De la agudeza visual y amplitud que proporciona el Instituto dependen el buen diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones acertadas por parte de empresas y ciudadanos.

El BdE sufrió una profunda crisis reputacional por negar la existencia de la burbuja inmobiliaria hasta que estalló. Su servicio de estudios se afanó en negarla utilizando todo tipo de eufemismos (sobrevaloración) y teorías (aterrizaje suave) que la realidad terminó desmintiendo. La gran ola de liquidez desatada por el BCE a principios de siglo para sacar a la economía alemana de su recesión llegó al sur de Europa como un virus monetario que la inacción del organismo público encargado de evitar burbujas no atajó. El fallo fue sistémico y de consecuencias terribles, equivalente a que el Ministerio de Sanidad hubiera negado la pandemia del covid. Entonces la mayoría de sus informes se centraban en señalar las rigideces del mercado de trabajo como el principal problema de la economía española. Eran años donde el BdE parecía saberlo todo sobre el mercado de trabajo y nada de lo que ocurría en el sistema financiero. Es de justicia señalar que sí hubo algunas voces de alerta desde sus departamentos de inspección bancaria y supervisión contable, pero fueron ignoradas. De hecho, se promocionó a quienes asintieron y se orilló a los que denunciaron.

La crisis del regulador bancario prosiguió tras el estallido de la burbuja. A diferencia del resto de países centro europeos que se dedicaron a recapitalizar sus bancos afectados por la crisis de las subprime norteamericanas, aquí el BdE apostó por una política de patada hacia delante con las fusiones en frío, retrasando el cambio en los equipos directivos, la recapitalización y la absorción de activos tóxicos cuando todavía eran posibles vía mercado. Más adelante, durante la crisis del euro, el BdE se encargó de diseñar las políticas de recorte y ajuste que recogió la carta enviada al entonces Presidente del Gobierno español por el Gobernador del BCE y que, después, el Partido Popular abrazó en el Memorándum de Entendimiento, a pesar de que eran contrarias a los intereses del país. En su desarrollo, el PP diseño una reforma laboral dirigida a provocar una profunda devaluación salarial, suprimió la garantía del mantenimiento del poder de compra en las pensiones y llevó a cabo un fuerte recorte del gasto público en una economía que estaba en caída libre, lo que provocó una recesión aún más profunda. El PP responsable del inflado inicial de la burbuja con su política de desregulación del suelo y subvención fiscal a la compra de vivienda, la enjugó apuntando todo su coste en el debe de los ciudadanos españoles y borrando que los bancos centro europeos se habían forrado con la burbuja inmobiliaria española y ahora se iban de rositas.

A pesar de todo lo acontecido, la reestructuración del BdE continúa pendiente y su crisis de reputación y de autoridad frente a las entidades que debe regular sigue sin resolverse. Así se comprueba por lo poco o casi nada que dice y hace de sustancia sobre la creciente concentración bancaria, la baja remuneración del ahorro en comparación a la abonada en otros países europeos, la magra capitalización de los bancos -la menor de toda la Eurozona, a pesar del cuantioso rescate bancario-, la alta rentabilidad exigida y conseguida por los fondos extranjeros que los controlan, la larga lista de abusos: cláusulas suelo, preferentes, revolving, falta de dación en pago, cláusulas hipotecarias abusivas (hipotecas REDAL, multidivisa, IRPH,…), etc. o el aumento de la exclusión financiera en la España que se vacía, en la atención a las personas mayores o entre las familias vulnerables. Mucha es la tarea que tiene el nuevo gobernador, aunque hay que reconocer que el anterior ya avanzó en esta dirección advirtiendo sobre el peligro de la concentración bancaria, elevando los colchones de capital y abriendo su servicio de estudio a escuchar otras opiniones.

Captura del Banco de España

La captura del BdE por las entidades que regula o por los intereses de Alemania en el diseño de la política monetaria es el centro de la crisis que atraviesa esta institución. Resolverla pasa por cambiar el modo de designación del Gobernador del Banco de España, subgobernador y consejeros, que actualmente ni siquiera está sujeta a una evaluación por el Congreso de los Diputados. Seguir las mejores prácticas recomiendan que la elección de todo su Consejo de Dirección recaiga en el Congreso. Y dicho esto, muy posiblemente el reciente nombrado Gobernador sea por su profesionalidad una buena oportunidad para que las cosas al fin cambien en muchos apartados. Por su parte, su servicio de estudios debe fundamentalmente centrarse en analizar el sistema financiero, tarea en la que ha fallado sistemáticamente por la homogeneidad de los perfiles que se contratan y que han conducido a un pensamiento único y, no pocas veces, equivocado. El BdE no debería solo contratar economistas y cuando lo haga éstos deben cualificar para los fines de la institución no de la universidad.

En cuanto al INE, éste ha vuelto a revisar al alza las series de Contabilidad Nacional (CN). El resultado final de las dos últimas revisiones ha añadido 95.000 millones adicionales de PIB entre 2020 y 2023. No solo eso, el relato del ciclo económico ha cambiado sustancialmente, el nivel de PIB prepandemia se recuperó al inicio de 2022 y no en 2023. El nivel de contribución fiscal sigue estando cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona, la deuda y el déficit público han recortado su peso sobre el PIB y la renta per cápita presenta un mejor nivel al publicado hasta ahora. Que el INE haya infraestimado los efectos de la pandemia y que revise sus cifras entra dentro de la normalidad de los países de nuestro entorno. Lo que se sale de ella es el pasmoso retraso y ausencia de explicaciones. Desde finales de 2021 se hizo patente que el INE no estaba estimando bien la evolución de las macromagnitudes de la CN y surgieron voces críticas en la academia, el Consejo Superior de Estadística, organizaciones sociales y la prensa; como la de Paco Melis y Miguel Artola que han realizado una gran labor de explicación y divulgación. Que se estimaba mal era obvio en muchos apartados, pero en particular en la masa salarial donde el INE publicaba una cifra inferior a la que los empresarios declaraban a la AEAT; pagaban impuestos sobre salarios que no abonaban según el Instituto.

Falta de explicaciones del INE

La falta de explicaciones a estos problemas ha sido sorprendente pues el INE nos tiene acostumbrados a lo contrario, transparencia y pedagogía en las explicaciones. Yo he podido comprobarlo como miembro del Consejo Superior de Estadística durante más de dos décadas, donde se ha dado cumplida cuenta de los cambios metodológicos importantes y de la calidad de las operaciones estadísticas. La ausencia de explicaciones se comprobó recientemente en el Congreso de los Diputados cuando organicé, como presidente de la Comisión de Presupuestos, un seminario académico donde el INE eludió responder a ninguna de las cuestiones que allí se formularon. A mayores, a pesar de la última revisión, los problemas de infraestimación persisten. Por ejemplo, los beneficios empresariales estimados por el INE tienen un crecimiento apreciablemente inferior a los declarados por las empresas a Hacienda, la productividad sigue estando sorprendentemente plana y el positivo aumento de la renta familiar observado en la Encuesta de Condiciones de Vida presenta una clara divergencia con la anodina evolución estimada por la CN.

La corrección de la hipermetropía del Instituto en la estimación de las macromagnitudes pasa, desde mi punto de vista por adoptar varias medidas. Primero, habría que replantear la forma de elección de la presidencia del INE. Tradicionalmente los nombramientos han oscilado entre la elección de los propios funcionarios del INE (lo que provoca endogamia y escasa capacidad para renovarse) y la elección de alguien de fuera (normalmente académicos) que para cuando se enteran de lo que es una institución con las dimensiones del INE se les ha acabado el mandato. Ninguna de las soluciones se ha demostrado buena. Solo con la apertura a más opiniones, con la elección de un equipo directivo y no solo la presidencia y con procesos más abiertos (¿por qué no como se hace con la dirección de los museos?), se podrán encontrar mejores resultados que las que se han logrado hasta el momento. En segundo lugar, hay una necesidad acuciante de personal; sus plantillas como en tantas áreas de la Administración han disminuido y están muy envejecidas. Y adicionalmente están sometidas a la doble presión de que, tanto estadísticos como matemáticos, cada vez están más demandados por el mercado o por otros organismos públicos que pagan más. Así que revisar su escala salarial al alza es parte de la solución.

En tercer lugar, el INE debería tener por ley acceso a los registros tributarios sin necesidad que medie un convenio o una operación estadística europea. En cuarto, el Instituto debe asumir de manera activa el papel que le otorga la ley como cabeza del sistema estadístico y evitar o promover cambios en los registros administrativos de interés para la estadística pública. Así sería de gran utilidad, por ejemplo, que los arrendatarios de viviendas estuvieran obligados a informar mensualmente a la AEAT sobre el alquiler que cobran. Esto permitiría que, al fin, dispusiéramos de una buena estadística de alquileres que hoy el IPC cubre, pero no atiende bien. En la actual burbuja del precio del alquiler, no nos puede volver a pasar como durante la burbuja inmobiliaria, que tuvimos que esperar a que estallara para disponer de una buena operación estadística pública sobre el precio de la vivienda.

En último lugar, los productores de estadísticas, miembros del Consejo Superior de Estadística, deberían estar representados por el responsable de estadística de cada departamento ministerial y no por el Director General de turno que, no en pocas ocasiones, es un abogado del Estado al que los temas estadísticos le resultan ajenos. Los servicios estadísticos de la AEAT y del Banco de España, así como la AIREF, deberían ser miembros permanentes del Consejo y no rotar con cada renovación. Por el lado de los usuarios, la universidad debería estar representada, pero no de manera institucional sino designándose a profesores con relevancia en el análisis metodológico de operaciones estadísticas.

La motivación de estas reflexiones es contribuir a un debate público informado y constructivo con el fin de mejorar instituciones básicas para el buen funcionamiento de nuestra sociedad y economía. Aquí se ha puesto el acento en algunas carencias y se han apuntado vías para su mejora. Pero con esto no se quiere obviar la gran labor que realizan los funcionarios y profesionales que trabajan en ellas y que día a día generan con su trabajo bienes públicos de los que nos beneficiamos todas y todos. También se quiere contribuir a desterrar la idea de que criticar las instituciones es atentar contra su independencia. El trabajo de cualquier institución debe ser auditado y, en su caso, criticado. Las instituciones por el hecho de ser independientes no son infalibles, ni esa independencia debe ser un subterfugio para evitar que las cosas mejoren.

El acuerdo de investidura suscrito por el PSC y ERC propone un cambio de paradigma en el modelo de financiación de Cataluña que, de llevarse a cabo, conduciría a un sistema menos redistributivo de la renta y la riqueza, y a una deuda pública estatal menos sostenible. El camino correcto, sin embargo, es otro y consiste en acometer una profunda reforma fiscal que ayude a resolver los problemas acumulados por el régimen general y foral, y que tenga como finalidad mejorar los servicios públicos en todas las comunidades autónomas. En concreto, el acuerdo propone avanzar hacia un modelo de concierto catalán -como el del País Vasco y Navarra-, donde la Agencia Tributaria Catalana recaudaría todos los impuestos, aumentaría sustancialmente su capacidad normativa y aportaría a los gastos comunes y la redistribución una cantidad que se negociaría entre la Administración Central y el gobierno catalán. Sobre la justicia y equidad de esta aportación solo sabemos generalidades y buenas palabras. Como ha anunciado ERC y ratifica el texto del acuerdo, la soberanía fiscal se transferiría de la Administración Central a la comunidad autónoma catalana, es decir, que la Administración Central se retiraría por completo de la comunidad autónoma, como ya ocurre en los territorios forales.

De materializarse el acuerdo supondría el primer paso serio en la demolición del sistema actual. Éste, federalmente imperfecto, -pues nunca se calculó objetivamente el coste de los servicios transferidos para su nivelación entre comunidades autónomas-, ha proporcionado, no obstante, un elevado nivel de autogobierno a las comunidades autónomas, expresado en el alto porcentaje de ingresos y gasto público que gestionan. Bajo este modelo federal imperfecto, es la Administración Central la que recauda el grueso de los impuestos y los redistribuye mediante criterios acordados. Que haya una caja común de impuestos -incluso con independencia de quién los recaude-, no es una cuestión baladí sino central para propiciar una redistribución equilibrada de los ingresos públicos. Incluso bajo este modelo una redistribución justa no está completamente resuelta. Garantizarla requiere, además, de recursos públicos suficientes y de la actualización periódica de los criterios de asignación para resolver posibles desequilibrios. De hecho, ambas cuestiones están pendientes desde el año 2009 por la inoperancia del PSOE y el PP que han dejado que se pudra el problema.

El que sí está claro que pone en riesgo la distribución y redistribución justa de la renta y la riqueza entre personas y regiones, que consagra el artículo 40 de la Constitución Española, es el modelo confederal que se propone ahora para Cataluña. La cesión de soberanía fiscal no amplía el Estado federal, sino que lo debilita. No es compartir más, sino todo lo contrario. Esto lo sabemos porque un sistema similar ya opera en los territorios forales. Allí la Administración Central está ausente y las relaciones financieras con ellos -por el papel que suele jugar el PNV entre los dos grandes partidos-, son opacas, garantizándoles un cálculo de su aportación al sostenimiento de lo común y la redistribución siempre a la baja. En consecuencia, los ingresos impositivos por habitante en el País Vasco están apreciablemente por encima de los de comunidades como Madrid y Cataluña con una renta per cápita similar, sin que ello se traduzca en una aportación justa a la caja común. Valga como ejemplo que, cuando en los malos momentos la Administración Central ha tenido que hacer transferencias a la Seguridad Social para sufragar las pensiones, el dinero salió de la caja común sin aportación ninguna de las administraciones forales. El riesgo de que el resultado sea el mismo en un posible concierto catalán parece muy probable. Por su parte, la Comunidad de Madrid, de la mano del PP, también ha conseguido organizar su propio paraíso fiscal, pero en este caso compitiendo con tipos más bajos a los de otras comunidades, aprovechando la ventaja de su mayor base fiscal.

El acuerdo postula asimismo limitar la redistribución con el criterio de ordinalidad, que es contrario al principio de equidad y que sostiene que la comunidad autónoma que más recauda per cápita tiene que ser la que más reciba per cápita y así mantener sucesivamente el orden, de tal manera que la que menos ingresa es la que menos recibe. Trasladado a personas físicas este criterio significaría que los ricos tienen que ser los que más servicios públicos reciban, en tanto que son los que más aportan. Por el contrario, el principio de equidad, que rige ahora, reparte los recursos para asegurar que se recibe el mismo nivel de servicios públicos independientemente de dónde se viva. Es imperfecto en su aplicación -por los problemas apuntados-, pero la base y los objetivos de los que parte son los correctos. En cambio, la ordinalidad ahondaría aún más en la divergencia entre territorios que viene creciendo desde 2008, aceleraría el vaciamiento de las zonas fuera de los núcleos económicos dinámicos y aumentaría la congestión de estos últimos, lo que pondría en riesgo su sostenibilidad medioambiental.

De prosperar el concierto catalán parece inevitable que éste se extienda a otras comunidades autónomas, pues plurinacionalidad casa mal con “financiación singular o asimétrica” por más que algunos se empeñen en el oxímoron. Pues bien, en este escenario los riesgos aumentan por la pérdida de autonomía fiscal del Estado que se genera. Esto, a su vez, afectaría a la calidad y cobertura de los servicios estatales y a la capacidad del Estado para endeudarse y sostener la deuda, cuando los retos que se van a enfrentar por el envejecimiento de la población van a requerir de músculo fiscal adicional al aportado por las cotizaciones. Ahora esto no es grave porque el País Vasco y Navarra solo suponen el 8% de la capacidad de generar renta del país, pero si se sumase Cataluña el porcentaje se elevaría al 27%. Esta pérdida de autonomía fiscal sería percibida por los mercados como un mayor riesgo de impago presionando progresivamente los costes al alza según se avanzara en el modelo confederal.

Pero más allá de cuestiones económicas también preocupa que el acuerdo avance en la fragmentación del pueblo, de la clase trabajadora y de la solidaridad entre ciudadanos. La derecha siempre intenta disolver el conflicto de clases transformándolo en un conflicto dentro de la clase. En la lógica conservadora quien te roba los derechos no son las grandes corporaciones, los poderosos o los rentistas sino los inmigrantes, las feministas, el colectivo LGTBI o los jubilados que les quitan los derechos a los jóvenes. En el intento de fragmentar a los trabajadores que viven en Cataluña del resto, el argumento ha sido que quien les roba son los trabajadores de otras comunidades autónomas. El acuerdo alcanzado persiste en esta estrategia con afirmaciones falsas sobre la infrafinanciación comparada de Cataluña o la solidaridad excesiva.

El PSOE con este acuerdo está planteando el trágala de que para no morir por los extremos (de la derecha) tenemos que morir por las extremidades y aceptar la fragmentación del pueblo y de la clase trabajadora por territorios. Pero la mayoría del pueblo y de la clase trabajadora no están por el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva por ser contrario al sentido común. Además, la elección que se plantea es un falso dilema pues los problemas reales de los ciudadanos de Cataluña y el resto de España son los mismos y tienen que ver con una financiación insuficiente para disfrutar de unos servicios públicos de calidad. Por tanto, lo que necesitamos no son soluciones singulares sino generales.

Como decía al principio, el camino correcto es llevar a cabo una profunda reforma fiscal que proporcione recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas en todas las comunidades autónomas. Éste es también un camino viable pues nuestro nivel de contribución impositivo está por debajo de la media europea, hay recorrido para mejorar la progresividad y la justicia en el reparto de las cargas, y resortes suficientes para acabar con el dumping fiscal o la insuficiente aportación de algunos territorios. El que no parece un buen camino es el que se opone a hacer una reforma para acabar con la deserción fiscal de los ricos y de las grandes corporaciones y que, por el contrario, plantea resolver los problemas añadiendo una deserción más, la de los territorios con más renta per cápita. Por último, lo que no deberíamos aceptar en ningún caso es que una cosa tan trascendental, como cambiar la estructura del Estado, se haga tratándonos, no como personas adultas, sino como niños obligados a aceptar lo que otros disponen sobre nosotros, como si fueran nuestros padres o tutores.

El salario mínimo tenía en 2016 un poder de compra un 4,5% inferior al que tuvo en 1980. En ese mismo período la productividad del trabajo creció un 60%. Cuando se comparan ambas evoluciones entre 1980 y 2016 se comprueba que los perceptores del SMI no participaron de la prosperidad del país durante esos 36 años. Precisamente para corregirlo, e impulsado por CCOO y UGT, en 2017 se inició un proceso de actualización del salario mínimo que tuvo su principal hito en 2019 con una subida del 22,3% hasta los 900 euros en 14 pagas y que actualmente se sitúa en 950 euros. Hace cinco años cobraban el SMI unos cientos de miles de personas trabajadoras. Ahora su revisión anual es el convenio colectivo más importante que suscriben las centrales sindicales con cerca de dos millones de personas beneficiarias.

A pesar de que poner al día el salario mínimo era una necesidad obvia a la vista de los datos anteriores, hubo una fuerte contestación por parte de algunos medios e instituciones que suelen hacer de la fiscalización de los pobres y los menos afortunados su leitmotiv. El FMI y la OCDE, sin embargo, con una visión más holística, sí la apoyaron. Recientemente el Banco de España ha empezado a entrar en este consenso con la publicación de un informe sobre los efectos de la subida de 2019 en el empleo, más equilibrado que otro previo y que puede contribuir al debate público. El banco ya no habla ahora de destrucción de puestos de trabajo sino de menor crecimiento del empleo y sobre este no facilita datos absolutos sino elasticidades, precisamente porque su estimación no está libre de importantes problemas metodológicos que los autores del informe señalan.

El banco apunta, asimismo, que son considerablemente más las personas trabajadoras beneficiadas por la subida, 1.570.000, que las afectadas por la ralentización del empleo y que, por tanto, un análisis completo del impacto de la subida debería tomar en consideración también aspectos relacionados con la equidad y el nivel de vida. De hecho, habría muchos más a considerar como la brecha de género, el consumo, la pobreza laboral y social, si quien gana o quien empeora sus expectativas con la subida aporta al hogar una renta principal o secundaria, etc. El informe tampoco aborda el efecto positivo esperado sobre el empleo a medio plazo, resultado del aumento de la masa salarial en 2.000 millones euros, según estimaciones del Gabinete Económico de CCOO, que generó la subida salarial del 22% a casi 1,6 millones de personas trabajadoras. Esta mejora de su poder de compra se trasformó en su práctica totalidad en demanda, dada la elevada propensión a consumir de los perceptores del salario mínimo.

El análisis del banco proporciona también una importante guía para revisiones futuras del SMI. Concluye que los efectos sobre la probabilidad de mantenerse en el empleo de la subida del 22% en 2019 fueron similares a los de una subida, apreciablemente inferior, del 8% en 2017. De hecho, los efectos son incluso menores en 2019 para el total de personas trabajadoras en el modelo mejor especificado, que tiene en cuenta la distancia del salario que se cobraba con el nuevo salario mínimo. Los autores justifican este resultado, en principio sorprendente, diciendo que el SMI todavía no ha alcanzado un nivel con respecto al salario mediano que pueda provocar distorsiones crecientes. Asimismo, las distorsiones estimadas por el informe en forma de elasticidad sobre el empleo neto total son muy bajas, del -0,03% al -0,05%. Esto no significa que el salario mínimo nunca pueda crecer sin generarlas. De hecho, lo que el banco está diciendo es que el salario mínimo aún no ha alcanzado su nivel de eficiencia, que el desarrollo de la Carta Social Europea suscrita por España establece en el 60% del salario mediano, ambos en términos netos de cotizaciones sociales e IRPF. Una vez alcanzado, el salario mínimo, al igual que el resto de los salarios, puede crecer anualmente al ritmo de la productividad sin generar distorsiones.

Merece la pena hacer una ligera reseña sobre los problemas metodológicos de las estimaciones incluidas en el informe. Para que el profano pueda dimensionarlos, el Gobierno ha tenido que nombrar una comisión de expertos para determinar cuál es el 60% del salario medio de cara a actualizar el SMI. Si calcular un porcentaje ha sido una tarea metodológica disputada, imagínense lo que es construir un modelo econométrico elaborado sobre una muestra extraída de bases de datos administrativas cuyo fin es la gestión de las cotizaciones o el cobro de impuestos y no el análisis estadístico de fenómenos laborales. Su principal problema es fácil de entender, pues el método intenta emular los ensayos para testar la eficacia de las vacunas Covid, con un grupo de tratamiento al que se inyecta la vacuna (en nuestro caso las personas afectadas por la subida del SMI) y otro similar de control que recibe un placebo (los no afectados por la subida, pero con una evolución laboral similar a la del grupo de tratamiento en ausencia de ella).

Desgraciadamente, la base de datos empleada no posibilita separar bien estos dos grupos, pues no permite descontar de los salarios los pagos extraordinarios, en especie o por complementos funcionales (nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, etc.), que no forman parte del SMI. Esto provoca que trabajadoras y trabajadores que deberían estar en el grupo de tratamiento acaben en el de control, pues parece que cobran por encima del SMI cuando en realidad no es así y lo que ganan por encima se debe a complementos salariales o pagos por horas extras no incluidas en el salario mínimo. Este problema de identificación hace más inestable al grupo de tratamiento, pues sus efectivos más estables acaban equivocadamente en el de control y resultan efectos negativos sesgados al alza. Es como si en un ensayo clínico personas vacunadas se incluyeran por error en el grupo de control en lugar del de tratamiento. La vacuna resultaría menos eficaz de lo que en realidad es.

A pesar de todos estos problemas es muy importante hacer evaluaciones de impacto como la realizada por el Banco de España con mejores bases de datos, que habrá que generar en el futuro, y completarlas en el sentido que apunta el propio informe del banco mediante enfoques más globales. Ahora bien, la técnica permite tomar decisiones más informadas, pero, al menos en el caso de las ciencias sociales, no ofrece respuestas definitivas salvo en casos de sentido común. Hay un claro terreno para la política que la técnica no puede suplir sino solo acompañar.

Por último, el grado de civilización y desarrollo de una sociedad se mide por su consideración hacia las minorías vulnerables y sus miembros menos afortunados. Sin embargo, fiscalizar más a los de abajo que a los de arriba desde el Estado no ha sido una práctica extraña en España. Lo atestigua la evolución del salario mínimo entre 1980 y 2016, y más recientemente los sobre-requisitos exigidos para recibir el ingreso mínimo vital en medio, además, de una pandemia. Construir una sociedad más justa, cooperativa y productiva basada en el cuidado mutuo pasa por cambiar esta manera de entender las políticas públicas.

La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que el gobierno ha acordado promulgar en febrero del año que viene es una oportunidad histórica. Con ella se deben poner las bases para hacer realidad el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 47 de la Constitución y acabar con el negocio extractivo que se ha organizado a su alrededor y que, desgraciadamente, no terminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La ley tiene que abordar este asunto de manera integral, poniendo en sintonía las competencias estatales y autonómicas con el objetivo central de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Para ello, la ley debe establecer criterios y mínimos comunes para todo el país, que sirvan para consolidar lo que ya se ha logrado en algunas comunidades y corrijan las políticas de aquellas otras capturadas por los intereses de los grandes operadores. La igualdad de derechos para todos los ciudadanos, así como la unidad de mercado, recomiendan un denominador común en la regulación estatal de acceso a la vivienda.

Esta ley debe servir para acercar España a Europa y sus disposiciones tienen que incidir en el corto y largo plazo. Tiene que fomentar la creación de un gran parque de viviendas públicas en alquiler asequible no descalificables. Su carencia es una anomalía del mercado de vivienda español que tardará años en solucionarse y requerirá mucha voluntad política. Un primer paso sería reconocer el derecho de tanteo y retracto a todas las Administraciones Públicas sobre los paquetes de viviendas que venden con elevados descuentos los grandes operadores. Estas compras se financiarían con un fondo descentralizado de 6.000 millones de euros dotado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, lo que permitiría comprar más de 100.000 viviendas ya construidas. En paralelo, los 1.500 millones incluidos en el proyecto de PGE-2021 para rehabilitar inmuebles se destinarían a acondicionar estas viviendas y otras viviendas privadas que se incorporasen a programas públicos de alquiler asequible. En segundo lugar, se fijaría que el 100% de las promociones sobre suelo público se destinen a estos tipos de alquiler y el 30% de las promovidas sobre suelo privado. En tercer lugar, se podría constituir un fondo interterritorial de 350 millones de euros anuales para financiar alquileres sociales. Se dotaría eliminando el beneficio fiscal por reinversión en vivienda y reorganizando la fiscalidad sobre alquileres y SOCIMI.

La nueva ley debe intervenir también en el corto plazo para resolver la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para amplios sectores de la población, impedir la extracción de rentas desproporcionada a una mayoría de españoles que tienen que dedicar buena parte de su salario a pagar una vivienda, así como hacer frente a la emergencia habitacional que se está padeciendo y que muestra su peor cara en el fuerte aumento de los desahucios. Para ello se debería, en primer lugar, fijar criterios comunes para establecer precios máximos de alquiler en las zonas tensionadas relacionados con el nivel salarial de cada zona. Esto es algo que acaba de hacer el ayuntamiento de Berlín para 250.000 viviendas, con la aquiescencia de la asociación de propietarios, y que han hecho otras ciudades y regiones europeas y de Estados Unidos. En segundo lugar, el acceso de las comunidades autónomas y ayuntamientos a los recursos habilitados por los PGE para vivienda debería condicionarse a que en las zonas tensionadas graven la vivienda vacía, fijen un estándar de mantenimiento para los caseros, y prohíban el hacinamiento y los alojamientos turísticos de alta rotación.

Terminar con la extracción de rentas en el acceso a la vivienda no solo daría cumplimiento a un derecho básico sino que también fomentaría un sistema económico más productivo. Los jóvenes y no tan jóvenes, ya no tendrían que dedicar tanto dinero a financiar su emancipación y alojamiento y podrían destinarlo a aumentar su formación o emprender, así como a su proyecto familiar o simplemente a vivir más desahogados. Por su parte, los bancos se verían obligados a redirigir el crédito del ladrillo a empresas más productivas que basan su competitividad en el desarrollo de intangibles y la mejora del valor añadido de sus bienes y servicios. A las entidades de crédito no les suele gustar financiarlas, a pesar de que son el futuro, porque su actividad es más arriesgada y tarda en materializarse en garantías físicas. Asimismo se promovería una imprescindible mirada a largo plazo entre los agentes económicos, pero también al conjunto de la sociedad, abandonando así la cultura del pelotazo y la corrupción vinculada al rentismo inmobiliario.

La reforma agraria del siglo XIX puso de manifiesto que rentismo y progreso son términos antagónicos. Los rentistas de antes alquilaban la tierra mientras que los de ahora alquilan viviendas. Entonces ganaron frente a los agricultores y se perdió el tren de la revolución industrial que llegó tarde y de manera desigual. Esta ley puede contribuir decisivamente para que esta vez ganemos la mayoría de españoles y nos subamos todos a tiempo al tren del progreso.