Hay sectores que dicen que no toca reducir la jornada legal máxima a 37,5 horas semanales sin reducción salarial y profetizan la enésima versión del apocalipsis laboral, como antes decían que no se podía subir el SMI o poner coto a la temporalidad, o muchos años antes dijeron que no se podía prohibir la esclavitud, el trabajo infantil o fijar la jornada laboral en 8 horas diarias o en 40 horas semanales. Siempre hay atrasistas que dicen que no se puede.

Sin embargo, la historia de los avances sociales nos enseña que se puede y se debe avanzar en derechos. Una parte del tejido productivo y empresarial ya está aplicando medidas de reducción de jornada. Ahora hay que generalizar la reducción de jornada, apoyando a las empresas con mayores dificultades objetivas en este avance. Se pueden adaptar los ritmos, pero el sentido del avance no es negociable: un mejor reparto de la renta generada mediante más tiempo libre y calidad de vida para la población. Se trata de avanzar hacia una sociedad que garantice una vida buena, que merezca ser vivida y que permita llegar a final de mes sin miedos. Ya toca.

Los salarios deben recuperar el peso perdido en las últimas décadas

España es ahora un país mucho más rico y desarrollado que en 1983, cuando entró en vigor la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Sin embargo, el reparto de esa mayor riqueza se ha desequilibrado con el paso de los años.

En las últimas décadas, el aumento real del PIB y de la productividad del trabajo han sido muy superiores al de los salarios, abriendo una brecha provocada por el desigual reparto de la renta a favor del capital y en detrimento del trabajo. Desde 2018 se aprecia una recuperación de los salarios reales que ha permitido que la brecha entre productividad y salarios haya dejado de aumentar, pero hacen falta esfuerzos adicionales para equilibrar el reparto de la renta.

Reducir la jornada legal máxima contribuye a reequilibrar el reparto de la renta en beneficio de la población trabajadora y avanzar en el objetivo de garantizar una vida buena al conjunto de la población, con más tiempo disponible para las personas que permita también avanzar en un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado y del hogar.

¿Por qué ahora?

La economía española está registrando en estos últimos años mejoras productivas y económicas que posibilitan avanzar ahora en la reducción de jornada laboral y reforzar así el sentido de las transformaciones en curso: la mejora generalizada del nivel de formación y estudios de la población; el crecimiento generalizado del empleo especialmente en las ocupaciones técnicas y más cualificadas y en ramas con un mayor valor añadido; el fuerte aumento de la inversión productiva en activos intangibles; el auge de las exportaciones en servicios no turísticos; el aumento del tamaño medio de las empresas (cada vez hay más medianas y grandes empresas en España); y por primera vez en las últimas décadas, la mejora de la productividad del trabajo se obtiene de forma virtuosa al aumentar el empleo de mayor calidad en actividades de mayor valor añadido. El aumento generalizado de los márgenes empresariales en los últimos tiempos abre márgenes para que el tejido productivo pueda abordar la reducción de jornada.

Una pieza más en la transformación del modelo productivo y laboral

La reducción de la jornada laboral no afecta negativamente a las empresas más productivas que ya ofrecen mejores condiciones laborales (según la EPA en 2023 ya había 1,3 millones de personas asalariadas en el sector privado con una jornada pactada de 37,5 horas o menos a la semana). La reducción sí supondrá un reto de mejora para las empresas que no sean tan productivas ni ofrezcan esa menor jornada, para lo que deberán reorganizarse e invertir para adaptarse.

Al igual que la subida del SMI o la limitación de los contratos temporales, la reducción de la jornada persigue elevar los mínimos de condiciones laborales sobre los que opera nuestro tejido productivo y mandar señales claras sobre las bases sobre las que las empresas deben construir su competitividad: la mejora del valor añadido. Este marco más garantista favorece el funcionamiento de las buenas prácticas empresariales más productivas y supone un claro incentivo de mejora para las empresas cuyo modelo competitivo sea la precariedad.

Paradójicamente, algunos de los sectores que más protestan por la rebaja de la jornada legal serán los más beneficiados en su actividad por el mayor tiempo libre disponible, donde una parte relevante se destinará a actividades en los sectores de hostelería, ocio, cultura, cuidado físico y personal, … Quienes más se quejan del aumento de sus costes laborales por rebajar la jornada no tienen en cuenta el retorno positivo a través de un aumento de la demanda que tendrá para su actividad.

Según datos de la EPA, 13 millones de personas se verán beneficiadas por la reducción de la jornada laboral: 2 millones a tiempo parcial verán aumentado su salario mensual y 11 millones a tiempo completo verán reducida su jornada, liberando una bolsa de 29 millones de horas de la semana (equivalente a unos 780 mil empleos a jornada completa) para otros usos y actividades. Como ya han constatado algunos estudios (Cárdenas y Villanueva, 2021) una reducción generalizada de la jornada laboral legal se traducirá en una creación adicional de empleo, que a su vez impulsará la demanda agregada y el PIB y en una mejora de la brecha laboral de género.

Para garantizar la efectividad de esta medida es determinante reforzar el control horario en el centro de trabajo para poner coto a las extensas jornadas laborales y otros abusos laborales. La reducción de la jornada no es excluyente de seguir impulsando políticas de revalorización salarial, buscando no solo acabar con la pobreza laboral, sino fomentar la transformación productiva de nuestra economía basada en mayor valor añadido y mejores salarios. 

Reducir la jornada laboral para reducir la brecha de género

La reducción de la jornada laboral es una herramienta para reequilibrar socialmente los tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres están infrarrepresentadas en el trabajo remunerado y sobrerrepresentadas en el trabajo no remunerado (tareas del hogar y de cuidados) asumiendo dobles jornadas.

En el trabajo remunerado, los hombres trabajan asalariadamente más horas a la semana que las mujeres (38,3 horas frente a 33,8). Detrás de esta brecha se esconde la feminización del subempleo (un 40% superior en las mujeres) y del empleo a tiempo parcial (el 73% son mujeres, y la mitad de ellas involuntariamente por la imposibilidad de encontrar un empleo a jornada completa). Esto pone de relieve la discriminación del mercado laboral que impone a las mujeres los trabajos parciales y la persistente división del trabajo que relega a las mujeres a las ocupaciones y sectores más precarizados. Esto no solo se traduce en salarios más bajos, sino también en prestaciones sociales y pensiones mucho más bajas, cronificando la brecha laboral a todas las fases vitales de las mujeres. Reducir la jornada legal permitiría aumentar el salario mensual a tiempo parcial y, posiblemente, también sus horas trabajadas, al beneficiarse de las horas de trabajo que puedan generarse a raíz de la medida.

El segundo motivo de trabajar a jornada parcial para las mujeres (1 de cada 4) es tener que realizar labores de cuidados y otras obligaciones familiares, lo que evidencia el desigual reparto del trabajo no remunerado: 500.000 mujeres aducen este motivo frente a 75.000 hombres. Algo que no sorprende si atendemos a los datos de las Encuestas Nacional y Europea de Condiciones de Trabajo que evidencian que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Reducir la jornada laboral no es una garantía, pero sí dota de la base material necesaria para impulsar una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidados y del hogar.

La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que el gobierno ha acordado promulgar en febrero del año que viene es una oportunidad histórica. Con ella se deben poner las bases para hacer realidad el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 47 de la Constitución y acabar con el negocio extractivo que se ha organizado a su alrededor y que, desgraciadamente, no terminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La ley tiene que abordar este asunto de manera integral, poniendo en sintonía las competencias estatales y autonómicas con el objetivo central de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Para ello, la ley debe establecer criterios y mínimos comunes para todo el país, que sirvan para consolidar lo que ya se ha logrado en algunas comunidades y corrijan las políticas de aquellas otras capturadas por los intereses de los grandes operadores. La igualdad de derechos para todos los ciudadanos, así como la unidad de mercado, recomiendan un denominador común en la regulación estatal de acceso a la vivienda.

Esta ley debe servir para acercar España a Europa y sus disposiciones tienen que incidir en el corto y largo plazo. Tiene que fomentar la creación de un gran parque de viviendas públicas en alquiler asequible no descalificables. Su carencia es una anomalía del mercado de vivienda español que tardará años en solucionarse y requerirá mucha voluntad política. Un primer paso sería reconocer el derecho de tanteo y retracto a todas las Administraciones Públicas sobre los paquetes de viviendas que venden con elevados descuentos los grandes operadores. Estas compras se financiarían con un fondo descentralizado de 6.000 millones de euros dotado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, lo que permitiría comprar más de 100.000 viviendas ya construidas. En paralelo, los 1.500 millones incluidos en el proyecto de PGE-2021 para rehabilitar inmuebles se destinarían a acondicionar estas viviendas y otras viviendas privadas que se incorporasen a programas públicos de alquiler asequible. En segundo lugar, se fijaría que el 100% de las promociones sobre suelo público se destinen a estos tipos de alquiler y el 30% de las promovidas sobre suelo privado. En tercer lugar, se podría constituir un fondo interterritorial de 350 millones de euros anuales para financiar alquileres sociales. Se dotaría eliminando el beneficio fiscal por reinversión en vivienda y reorganizando la fiscalidad sobre alquileres y SOCIMI.

La nueva ley debe intervenir también en el corto plazo para resolver la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para amplios sectores de la población, impedir la extracción de rentas desproporcionada a una mayoría de españoles que tienen que dedicar buena parte de su salario a pagar una vivienda, así como hacer frente a la emergencia habitacional que se está padeciendo y que muestra su peor cara en el fuerte aumento de los desahucios. Para ello se debería, en primer lugar, fijar criterios comunes para establecer precios máximos de alquiler en las zonas tensionadas relacionados con el nivel salarial de cada zona. Esto es algo que acaba de hacer el ayuntamiento de Berlín para 250.000 viviendas, con la aquiescencia de la asociación de propietarios, y que han hecho otras ciudades y regiones europeas y de Estados Unidos. En segundo lugar, el acceso de las comunidades autónomas y ayuntamientos a los recursos habilitados por los PGE para vivienda debería condicionarse a que en las zonas tensionadas graven la vivienda vacía, fijen un estándar de mantenimiento para los caseros, y prohíban el hacinamiento y los alojamientos turísticos de alta rotación.

Terminar con la extracción de rentas en el acceso a la vivienda no solo daría cumplimiento a un derecho básico sino que también fomentaría un sistema económico más productivo. Los jóvenes y no tan jóvenes, ya no tendrían que dedicar tanto dinero a financiar su emancipación y alojamiento y podrían destinarlo a aumentar su formación o emprender, así como a su proyecto familiar o simplemente a vivir más desahogados. Por su parte, los bancos se verían obligados a redirigir el crédito del ladrillo a empresas más productivas que basan su competitividad en el desarrollo de intangibles y la mejora del valor añadido de sus bienes y servicios. A las entidades de crédito no les suele gustar financiarlas, a pesar de que son el futuro, porque su actividad es más arriesgada y tarda en materializarse en garantías físicas. Asimismo se promovería una imprescindible mirada a largo plazo entre los agentes económicos, pero también al conjunto de la sociedad, abandonando así la cultura del pelotazo y la corrupción vinculada al rentismo inmobiliario.

La reforma agraria del siglo XIX puso de manifiesto que rentismo y progreso son términos antagónicos. Los rentistas de antes alquilaban la tierra mientras que los de ahora alquilan viviendas. Entonces ganaron frente a los agricultores y se perdió el tren de la revolución industrial que llegó tarde y de manera desigual. Esta ley puede contribuir decisivamente para que esta vez ganemos la mayoría de españoles y nos subamos todos a tiempo al tren del progreso.