De la crisis del petróleo de los setenta (guerra del Yom Kipur-1973) a la de Ucrania

Los objetivos del lobby energético en la UE se están cumpliendo porque ha tenido una gobernanza cómplice: un mercado eléctrico secuestrado por el gas y una dependencia continuada de los combustibles fósiles para impedir que las renovables cambie el modelo energético.

Si los precios del gas son una de las principales causas del encarecimiento de los costes eléctricos agudizando la crisis económica en la que ya nos había situado la pandemia, ¿Por qué no se desvincula el mercado mayorista eléctrico de los precios del gas? No entiendo cómo, de forma urgente, no se resuelve esta situación que está favoreciendo el chantaje de Putin con el gas a la UE.

El debate no está en los grados de la calefacción o el aire acondicionado de los establecimientos, el tema central se encuentra en una política energética que no asume, en la transición hacia las renovables, su responsabilidad democrática de defensa del interés general, situándose como colaboradores necesarios, para que las eléctricas y fondos de inversión sean los beneficiarios de la actual grave crisis energética en la que nos encontramos y los ciudadanos, como siempre, las víctimas indefensas de los precios más caros en el recibo de la luz.

La transición energética debe ir más allá de la sustitución de las tecnologías fósiles por las renovables, con el protagonismo de la ciudadanía y las entidades locales, públicas y privadas para que el cambio de modelo sea posible desde la gestión de la demanda.

Para que ese proceso de participación comunitaria tenga lugar hay que implementar un plan por una “nueva cultura energética” cuyo objetivo es la alfabetización energética a través de la información y el asesoramiento ciudadano para la concientización, en el sentido de la pedagogía para la liberación de Paulo Freire (Brasil 1921-1997). Una nueva cultura energética cuyo primer capítulo es el aprendizaje del significado de las palabras o términos claves de la transición y su contextualización, para comprender, por ejemplo, ¿por qué al gobierno español, como responsable de la política energética, le cuesta tanto controlar los precios de un servicio esencial como el eléctrico? ¿Qué es la transición energética? ¿Tiene el mismo significado para las eléctricas que para los usuarios?

La transición energética se ha caracterizado por las grandes infraestructuras, sin debate sobre los modelos ni información a la ciudadanía cuya participación es imprescindible para que prevalezca el interés general por encima de los privados. Es la ausencia de esa nueva cultura energética la que echamos de menos para evitar las prisas, como ocurrió, poco después de la tormenta Filomena de enero 2021, cuando se nos indicó, para bajar el recibo de la luz, lo de poner la lavadora de madrugada y, ahora, igualmente con el plan de medidas de ahorro y eficiencia para solventar los problemas de la dependencia energética de Rusia con el conflicto de Ucrania de fondo.

¿Por qué el acuerdo de París (2015), las cumbres del clima en general han constituido un rotundo fracaso y la transición energética en Canarias, España y la UE se va desarrollando de acuerdo con los intereses de las multinacionales del sector? Porque eso es lo que estamos observando, por un lado, con la taxonomía de las inversiones sostenibles donde el gas natural y las nucleares se les da la consideración de energías verdes y, por el otro, con una configuración de los precios del mercado mayorista establecida a partir de la tecnología más cara que es el gas natural cuyo suministro principal en la UE lo controla Putin, dicha configuración de precios genera unos cuantiosos beneficios de escándalo para las eléctricas. ¿Es otra casualidad que los grandes beneficios de las eléctricas y petroleras coincidan con los precios más caros en el recibo de la luz? o ¿es el resultado de una política energética que ha ido concatenando circunstancias contextualizadas en una serie de normativas a favor de poderosos intereses privados? Y un sistema regulatorio para la recaudación donde las consecuencias del ahorro y la eficiencia se contabilizan como déficit del sistema.

En consecuencia, tenemos un panorama energético europeo un tanto caótico, porque las políticas energéticas de los gobiernos de turno, hasta ahora, poco importa la sigla que esté en el poder, pretenden lo que es imposible, compatibilizar los intereses generales de la ciudadanía y el medio ambiente con los del lobby energético y, por lo tanto, acabamos observando lo que está sucediendo, la impotencia de los gobiernos por controlar la situación que ha derivado en una inflación incontrolable, de más de diez puntos, y que está bloqueando el proceso de recuperación económica motivada por la reforma laboral y las expectativas de los fondos europeos post-covid.

En Europa se habla de tecnologías, de grandes infraestructuras e interconexiones para al final privatizar los electrones, aunque sean renovables, en un mercado que continúan controlando los mismos y para el que las grandes infraestructuras son imprescindibles para transportar los kilovatios, no importan las distancias, a los puntos de consumo. En ese contexto es donde hay que ubicar proyectos como el cable submarino Marruecos-Reino Unido de unos 3.800 km y 1,8 GW para llevar a Europa energía de unas instalaciones fotovoltaica y eólica con almacenamiento, ubicadas en la región de Guelmim Oued Noun cerca de la ciudad de Tan-Tan a la altura de Canarias, y, paralelamente, bloquean los procesos hacia cotas de una mayor soberanía energética ciudadana, local, que es lo que ocurre cuando los gobiernos de turno no priorizan la generación distribuida, ahora que es posible el acceso libre a la energía solar, sin intermediarios.

¿Es una casualidad que el autoconsumo y las comunidades energéticas sean la parte más atrasada de la transición energética? De la misma manera que tampoco es una casualidad que el efecto fotoeléctrico, que es la base para el desarrollo de la fotovoltaica, se descubriera en 1839 por el científico francés Alexandre E. Becquerel (1820-1891) y se tardara mucho más de un siglo para que se generalizara el uso de las placas fotovoltaicas, mientras que en la nuclear se tardaron solo siete años desde que se descubrió la fisión nuclear (1938) hasta que se convirtiese en una potente fuente de energía que, desgraciadamente, fue el uso militar la primera demostración en forma de bomba atómica en 1945 cuando se lanzaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y, poco más de una década después, en 1956, en Calder Hall, Reino Unido, se inaugura la primera central nuclear para la producción de electricidad, por las mismas fechas que ya se construían placas fotovoltaicas para los satélites espaciales.

En consecuencia, la situación actual de la dependencia energética de los combustibles fósiles sería otra si se hubiese adelantado el desarrollo y maduración de la tecnología fotovoltaica mucho más sencilla que la nuclear. Las multinacionales del sector han condicionado el desarrollo de la fotovoltaica porque era la primera tecnología que abría la senda de la soberanía energética ciudadana y local, sin intermediarios.

La UE ya tuvo, hace 49 años, un grave problema con su dependencia energética en la crisis del petróleo de los años setenta cuando el precio del barril pasó de 3 a 12 $ a consecuencia del corte suministro de petróleo de los países árabes a EE. UU. y Europa por apoyar a Israel en la guerra del Yom Kipur, crisis energética que se repite, ahora, con la invasión rusa de Ucrania, en otro contexto y circunstancias pero, otra vez, los combustibles fósiles como los principales protagonistas de la guerra. Rusia aprovecha la dependencia energética de la UE para financiar la invasión de Ucrania, pues la factura actual de la UE con Rusia en gas, petróleo y carbón es de unos 14.000 millones de € al mes, el doble que antes de la guerra. EE.UU. que podría haber evitado el conflicto, consigue sus objetivos geoestratégicos, debilitar política y económicamente a Europa, que todos los países incrementen sus presupuestos militares, fortalecer la OTAN y que la UE sustituya la dependencia energética de Rusia por la de EE.UU.

La UE no acaba de entender que su dependencia energética es un problema a resolver como lo confirma el hecho de que la soberanía energética no es un objetivo prioritario en su estrategia de transición energética. No lo es porque las mismas multinacionales y fondos de inversión que controlan la política energética en cada país, son las que dominan el mercado internacional de los combustibles fósiles y, para ellos, la transición energética se circunscribe a cambiar, sin prisas, combustibles fósiles por renovables al ritmo que la investigación y la madurez de las tecnologías vaya permitiendo y, sobre todo, para que las empresas del lobby energético tengan tiempo para ir haciendo la mudanza del negocio de los combustibles fósiles al de las renovables.

Por eso nos encontramos a toda una Alemania, la principal potencia económica de la UE como uno de los países más dependientes energéticamente del exterior y se encontraba, cuando se produce la invasión rusa de Ucrania, a punto de la inauguración de un segundo gasoducto, Nord Stream 2, directamente desde Rusia a Alemania por el mar Báltico, para incrementar dicha dependencia. Posiblemente esta situación guarda relación con que el excanciller Schroeder (1998-2005) amigo de Putin, formase parte del consejo de administración de la petrolera rusa Gazprom y desde 2005 preside la junta de accionistas de Nord Stream.

Ese es el error de la política oficial de la transición que, también, han asumido los gobiernos de turno, considerar que la transición energética es un problema de tecnologías y no de política, de soberanía energética que requiere un debate sobre los modelos, porque nos encontramos en una oportunidad histórica, la primera después de la revolución industrial de finales del siglo XVIII, para el acceso ciudadano, comunitario y local a la energía. Esa opción está vigilada y controlada por el lobby energético para que no encuentre facilidades en su desarrollo. El impuesto al sol y la eliminación de las primas a las renovables (RD 661/2007, de 25 de mayo) fueron dos golpes de timón de las eléctricas a la política energética española para obstaculizar el autoconsumo y echar del sector a los pequeños inversores, unos 55.000, que acabaron arruinándose. Ni generación distribuida ni democratización de las renovables.

A partir de la invasión rusa de Ucrania, Putin aprovecha la dependencia de sus recursos energéticos para dañar la economía de los diferentes países de la UE que están apoyando a Ucrania, reduciendo total o parcialmente el suministro, agravando la situación de los precios del mercado mayorista eléctrico que dependen del gas y, por lo tanto, el del recibo de la luz que no paran de subir.

Se produce una vuelta a los combustibles fósiles. Cada país intenta establecer contactos con otros productores para cubrir su demanda sobre todo de cara al invierno que se incrementa los consumos para calefacción y, por otra parte, la UE ha descubierto, forzada por las circunstancias, que las medidas de ahorro y eficiencia es otra forma de reducir la dependencia del gas y el petróleo.

Están bien las medidas de ahorro y eficiencia que los países de la UE están implantando en sus respectivos territorios, pero, lo que no entendemos es que estas medidas no se hayan aplicado antes junto a la incorporación de las renovables al sistema eléctrico, porque se trata de la “tecnología” más sostenible, económica y la más eficaz en la lucha contra el cambio climático.

¿Por dónde se debería haber iniciado la transición? – Si estamos hablando de transición energética sostenible y, al mismo tiempo, no se prioriza el ahorro y la eficiencia entonces se está mintiendo. Se está haciendo un uso demagógico del término sostenible que es lo que está ocurriendo con el relato oficial de la transición. Si el ahorro y la eficiencia, que nos pone en la senda del decrecimiento, que aporta al sistema los kilovatios más sostenibles es una “tecnología” madura, local que no se importa, no consume “tierras raras” y que genera un beneficio directo en términos de reducción de la huella de carbono, de la pobreza energética y en el bolsillo de los consumidores, ¿por qué no constituye la prioridad de toda transición energética?

·     Porque los gobiernos de turno incumplen su responsabilidad democrática de defensa del interés general de la ciudadanía, en lo que se refiere a la garantía de suministro y buen precio de un servicio esencial como el eléctrico. Se han colocado del lado de los intereses privados del sector que su sostenibilidad termina allí donde empiezan sus intereses.

·     Porque a las eléctricas y fondos de inversión que controlan el BOE no le interesa, puesto que, en un sistema eléctrico diseñado en torno a los intereses del mercado, el ahorro y la eficiencia no hacen caja.

·     Porque una política energética para una transición que de verdad priorice estos aspectos necesita, previamente, el desarrollo de una amplia y continuada campaña informativa que vaya generando cambios de actitud y una nueva sensibilidad como base para la construcción de una conciencia ciudadana de compromiso comunitario que, posteriormente, va más allá de sus cambios individuales en la forma de gestionar su demanda energética, ya como ciudadanía activa en un contexto de emergencia climática. Esto no interesa a quienes han controlado el sector y sus cómplices.

·     Porque constituyen la base para el cambio de modelo energético que significa, además del cambio tecnológico, un cambio en las relaciones de poder, un cambio de escenario y de protagonistas, de la generación concentrada y las eléctricas hacia la generación distribuida y el empoderamiento local. Democratización de las energías renovables.

·     Porque en el relato oficial de la transición; gobiernos de turno, de las eléctricas y fondos de inversión se evita el debate sobre los modelos energéticos, porque para ellos la transición es solo un problema tecnológico y que, por lo tanto, se resolverá en la medida de que vayan apareciendo las tecnologías adecuadas.

¿Qué está poniendo en evidencia la UE en su respuesta alternativa a la dependencia energética de Rusia en el contexto del conflicto de Ucrania?

1.    Que no ha aprendido de la crisis del petróleo de la década de los setenta del siglo pasado. La dependencia energética es un problema por su componente de inseguridad en el suministro que se activa especialmente en las guerras y, por lo tanto, la UE se equivoca de nuevo cuando la solución al problema de suministro es cambiar la dependencia energética de Rusia por la de EE. UU.

2.    La subordinación de la política energética de la UE a los intereses de EE. UU., con un petróleo y gas natural mucho más caro y obtenidos por el procedimiento de fracking, prohibido en Europa.

3.    Que al mantener los precios del mercado mayorista eléctrico dependiente del gas que, en buena parte, controla Rusia, se está colaborando con la estrategia de Putin de hacer el mayor daño posible a la economía de la UE con una factura eléctrica que no para de subir.

4.    El retraso de la transición energética por la vuelta a los combustibles fósiles, carbón, reactivación de infraestructuras gasistas y nucleares. Por si ya era poco la taxonomía de inversiones sostenibles donde el GNL y las nucleares adquieren la condición de energías verdes a efectos de captación de fondos europeos.

5.    Retraso, también, en los objetivos del acuerdo de París (2015). Si el balance de las cumbres climáticas ha sido el fracaso, cuando los países europeos eran los más cumplidores con respecto a los compromisos de París, ahora, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático se alejan más de la agenda política.

En consecuencia, la UE y los estados que la integran necesitan de políticas energéticas independientes de los intereses de las multinacionales del sector y fondos de inversión, imprescindible para defender los intereses generales que, por responsabilidad democrática, es su obligación, de la misma manera que asumir los retos de una emergencia climática en la que ya no hay tiempo que perder. Por lo tanto, la transición energética de la UE, para resolver su problema de la dependencia debe poner rumbo en la soberanía energética y priorizar el ahorro, la eficiencia, la generación distribuida con el autoconsumo y almacenamiento compartido, con los edificios como elementos activos de la transición y las comunidades energéticas como las herramientas organizativas locales para la participación de la ciudadanía y las entidades locales.

La penetración de las renovables en las islas no debería hacerse de cualquier manera, puesto que los resultados varían en función de cómo se haga esa incorporación de las energías limpias. Por ejemplo, Si la finalidad es la reducción del recibo de la luz y la pobreza energética, la democratización de las renovables, abordar la emergencia climática y conseguir el mayor grado de sustentabilidad en la transición, entonces tenemos que ir hacia la configuración de un sistema insular descentralizado, donde el protagonismo esté en la gestión de la demanda y con las prioridades en el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo residencial y compartido, almacenamiento distribuido y una regulación que vaya incorporando las nuevas tecnologías de las TIC y la inteligencia artificial. 

Los proyectos eólicos de Ecoener que estos días se han presentado en San Sebastián de La Gomera van a configurar un sistema centralizado cuyos objetivos no son, precisamente, los del interés general de los usuarios del servicio eléctrico en La Gomera. 

Si estos proyectos eólicos se encuentran en el marco del programa del Cabildo insular “La Gomera 100% Sostenible” creo que hubiese sido oportuno y consecuente que la institución insular se hubiese preguntado antes, ¿cómo tenemos que introducir las renovables para conseguir el mayor grado de sostenibilidad en la transición energética de la isla? Porque si el objetivo es el de una isla 100% sostenible, como corresponde, también, a una isla reserva de la biosfera desde 2012, entonces la transición tiene que poner rumbo hacia una incorporación de las renovables para ir configurando un sistema energético insular descentralizado que tiene menos impacto territorial, más barato, reduce la pobreza energética y el recibo de la luz y crea economía local.

Dicen que esta empresa privada va a abastecer toda la isla con su energía eólica y exportar los excedentes, ¿por qué no probamos a que los gomer@s, con la ayuda de las administraciones locales y autonómicas, gestiones de forma autónoma, sin intermediarios que no son gratis, su sol y su viento a ver qué grado de autosuficiencia energética son capaces de conseguir? Y después configuramos el sistema insular con las infraestructuras complementarias de generación que sean necesarias, no más, y las tecnologías de almacenamiento que se requieran para la estabilidad del sistema.

El lunes día 27 de junio tiene lugar en La Villa la presentación, por todo lo alto, con una representación de todas las instituciones canarias, para anunciar el proyecto de la multinacional gallega Ecoener de cinco parques eólicos en La Gomera con una potencia total de 12 MW y un presupuesto de 17 millones de €. Una isla que tiene una curva de demanda real, cada 24 horas, que oscila entre los 6,5 MW de las horas valle y los 9,5 MW de los picos de demanda. 

La Gomera es la isla que tiene actualmente, con un 98%, el mayor grado de dependencia de derivados del petróleo para la generación de electricidad y, por lo tanto, donde menos se ha desarrollado el autoconsumo, 618 kW según el anuario energético canario de 2020 y que, posiblemente hoy, la potencia instalada de autoconsumo sea mucho mayor con las subvenciones que el Cabildo está dando en los últimos años para viviendas y empresas. 

Pero, la isla necesita un plan insular de transición energética que contemple todos los aspectos que requiere la planificación de un nuevo modelo energético insular, evitando las actuaciones aisladas y la ausencia de criterio para conocer cuáles son las grandes infraestructuras que convienen o no a ese plan insular. En ese sentido, la apuesta por los parques eólicos de Ecoener que va dibujando un sistema insular centralizado, apuntan a la continuidad del viejo modelo, aunque sea con renovables.

La planificación estatal de infraestructuras energéticas 2021-26, tiene aprobado un proyecto de conexión submarina con el suroeste de Tenerife con un presupuesto de 103 millones de €, infraestructura costosa que distorsiona la planificación sectorial en la isla al convertir el sistema energético gomero en un apéndice de la central térmica de Granadilla de Abona. Se nos quiere imponer que no hay alternativa a las conexiones submarinas entre islas. Las tecnologías de generación y almacenamiento han madurado mucho y, también, las TIC y redes inteligentes que permiten nuevas alternativas para los sistemas insulares. ¿Dónde está el estudio de coste de oportunidad que demuestra que esta es la mejor opción y no la de desarrollar los recursos renovables que tiene La Gomera para construir su sistema energético propio, descentralizado, basado en la gestión de la demanda con todos los elementos que conlleva un sistema distribuido y las tecnologías de almacenamiento más adecuadas para la gestionabilidad del 100% de la demanda insular? 

Da la impresión, a primera vista y, nada más lejos de la realidad, que la isla va camino de ser 100% renovable y el objetivo de la mitigación del cambio climático al alcance de la mano y de que este es el modelo de transición energética insular que el gobierno autonómico quiere para Canarias, a la vista de la amplia y completa representación institucional que la multinacional ECOENER tuvo en San Sebastián de La Gomera. Acompañaban al presidente de la energética gallega, el presidente canario, el subdelegado del gobierno, presidente del Cabildo gomero y el alcalde de la Villa.

El presidente canario recuerda en el acto que el gobierno ha sido rápido en la gestión de la declaración de infraestructura de interés general que quiere decir, expropiación forzosa a los propietarios del terreno, elegido por la multinacional, si se niegan a ceder su propiedad para una inversión privada que conlleva, a su vez, la privatización de un recurso de dominio público o titularidad colectiva como es el viento. 

Está claro que este proyecto eólico de Ecoener es energía para el mercado y no para los consumidores de la isla que, aunque la vayan a consumir será siempre a los precios del mercado que incluye los costes de las grandes infraestructuras de generación y de transporte en la isla y en la interconexión con Tenerife, es decir, no es la mejor forma de reducir los precios del recibo de la luz.

Las grandes infraestructuras no cambian modelos energéticos, los perpetúan. Son imprescindibles para desarrollar el mercado de las renovables y, por lo tanto, para que las eléctricas y fondos de inversión puedan trasladar, hacer su particular mudanza, desde el negocio de los combustibles fósiles al de las renovables, donde la sostenibilidad, de la que todo el mundo habla, no es una prioridad porque termina donde empieza su negocio, eso sí, nunca habíamos asistido a un lavado verde tan agresivo y prolongado en los medios como ahora. 

Si los objetivos son reducir el recibo de la luz y la pobreza energética, democratizar las renovables, hacer frente a la emergencia climática y una transición con el mayor grado de sustentabilidad, entonces, el modelo no es este que nos han mostrado en La Gomera. Lo que hemos visto en San Sebastián es más una propuesta de sustitución tecnológica que un cambio de modelo energético. El cambio de modelo significa una modificación sustancial en la forma de generar y gestionar la energía y, sobre todo, un cambio de protagonistas entorno a la gestión distribuida de la demanda, donde las grandes infraestructuras van perdiendo justificación y los edificios se integran como partes activas de la transición porque son los espacios donde los residentes, con conciencia de ahorro, propician la eficiencia de los aparatos y las edificaciones junto a los otros elementos del sistema distribuido como son el autoconsumo, almacenamiento, venta de excedentes, punto de recarga de vehículo y todo ello en el marco jurídico de una comunidad energética local, como expresión organizativa de la participación comunitaria para la democratización de las renovables y la soberanía energética.

En San Sebastián hemos asistido a la presentación de un proyecto de renovables para sustituir los grupos diésel de la central insular de El Palmar, pero conservado la estructura del sistema centralizado, una transición que no cambia el modelo energético insular. Descentralizarlo es abrirlo a otros actores acercando la generación a los puntos de consumo, energía kilómetro cero, donde se reduce la ocupación de suelo y el impacto territorial al aprovechar al máximo las cubiertas de todas las edificaciones. Pero este argumentario, cuando se hace realidad, reduce las posibilidades de negocio a las multinacionales del sector, puesto que, los posibles clientes empiezan a gestionar de forma autónoma su propia energía y a compartir sus excedentes con otros usuarios, a participar en proyectos de autoconsumo compartido para aquellos vecinos que no tienen cubiertas viables para la instalación de placas fotovoltaicas.

¿Es una casualidad que este modelo de transición, el más sustentable, justo y democrático no sea una prioridad en la política energética canaria? Porque si establecemos una comparativa, especialmente en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, entre la potencia instalada y en trámite de grandes infraestructuras de renovables con la potencia de autoconsumo, vemos una desproporción tan grande que tenemos que hablar de una transición y una política energética canaria que no prioriza el interés general de la ciudadanía y el territorio y, cuando los recursos energéticos que van a cubrir la demanda en los sistemas insulares los tenemos aquí y son gratis, lamentamos la falta de valentía política para desarrollar en Canarias una transición justa, democrática y sostenible. Donde el desarrollo de los nuevos modelos energéticos diversifique la economía y creen riqueza y empleo local.

En la gomera, como en el resto de las islas, la transición energética tiene que ir más allá de la sustitución de las tecnologías fósiles por las renovables. Más allá, para ir hacia un nuevo modelo energético donde se cambie la forma de generar y gestionar las demandas locales de energía. Consumidores, pymes y ayuntamientos organizados en una comunidad energética insular para gestionar sus respectivas demandas, tanto en el ámbito residencial como para la electrificación del transporte. Un sistema descentralizado que democratice las renovables para reducir la pobreza energética y acabar con la estafa del recibo de la luz.

Lo que estamos viendo estos días con los precios del recibo de la luz es la incapacidad de un gobierno, democráticamente elegido, para controlar los precios de un servicio esencial como es el eléctrico, en manos de poderosas entidades que piensan más en los dividendos de sus accionistas que en las dificultades de los ciudadanos para pagar todos los meses el recibo de la luz. ¿Podemos hablar en estas circunstancias de un sistema democrático instrumentalizado por el mercado?

La incapacidad del gobierno para bajar los precios del recibo de la luz pone en evidencia de quienes son los que en realidad controlan el mercado eléctrico, las multinacionales que tienen a su favor un sistema regulatorio hecho a su medida, en cada momento por los gobiernos de turno. Ganan hasta cuando pierden que es lo que ocurre, por ley, cuando las eléctricas construyen, en una parte liberalizada del sistema eléctrico como es la generación, infraestructuras deficitarias que pasan en forma de peajes a las facturas de los consumidores. 

Otro atropello a los consumidores es lo que pasa con la potencia contratada. La potencia instalada en Canarias es de unos 3.300 MW y el pico de demanda ha llegado a los 1.451MW/h, ¿es justo que en el recibo de la luz, en concepto de término de potencia que representa entre un 30 y un 35% del total, estemos pagando, entre todos los contratos que hay en las islas, por 6.570 MW/h?. Estamos pagando por una potencia de más de 3.000 MW/h que no se encuentra ni instalada. En la etapa de J.M. Soria se incrementó el termino de potencia cerca un 100% como medida para penalizar el ahorro y la eficiencia.

Lo que se hace con las infraestructuras deficitarias, lo que nos cobran por el término de potencia y los beneficios caídos del cielo del mercado mayorista son una buena muestra de que nos están tomando el pelo, además asaltar nuestros bolsillos. 

Lo que estamos viendo estos días, con los precios más altos en el mercado eléctrico mayorista, es el abandono de los ciudadanos por el gobierno de turno, lo mismo que lo han hecho los anteriores gobiernos porque quienes mandan son los mercados y las multinacionales que lo mueven a su voluntad.  Quienes debieran defender, por responsabilidad democrática, el interés general que es el de los consumidores que, en este caso el interés general sería tener un precio justo para el servicio eléctrico que recibimos, se han situado del lado de las multinacionales y fondos de inversión que son quienes, en realidad, controlan el mercado y la regulación del sector y lo más preocupante es que, también, están controlando la transición energética porque han conseguido que quede reducida a un cambio de tecnologías con grandes infraestructuras que acaban privatizando el sol y el viento, mientras se perpetúa el modelo energético centralizado y antidemocrático que nunca bajará el recibo de la luz, al mismo tiempo que han abandonado, dejando para después, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales como base de los sistemas insulares descentralizados, donde las grandes infraestructuras quedan reducidas a la mínima expresión porque no son necesarias.

El recibo de la luz es una foto completa del resultado de los objetivos de la política energética. Donde lo que pagamos es mucho más de los costes que corresponden al servicio eléctrico recibido. Pagamos más porque se priorizan otros intereses del sector que han tenido acceso al BOE condicionando a su favor las normativas y la regulación del sistema en general. Por lo tanto, lo que hay que cambiar no es el recibo sino la política energética, desde la responsabilidad democrática de quienes gobiernan que debería ser, siempre, respetando el interés general de la ciudadanía y la consideración del servicio eléctrico como servicio esencial al margen de los intereses particulares de las multinacionales que se mueven por los dividendos de sus accionistas.

La nueva propuesta de facturación vigente desde el uno de junio podrá conseguir reducciones puntuales en el recibo de la luz, pero no resolverá el problema porque la medida se adopta sobre un sistema eléctrico cuyo mercado, que no se ha modificado, parte de un diseño hecho para favorecer el negocio de las eléctricas, cuyos intereses son contrarios a los de los consumidores. De ahí que los precios del mercado mayorista que se han venido produciendo a partir de junio no solo no han bajado, sino que han alcanzado precios más caros, como nunca, por encima de los que se dieron con la tormenta filomena, superando los 100€/MW/h.

Abaratar el recibo de la luz solo será posible en el marco de un modelo energético descentralizado con control público, porque es el más sostenible y el que más reduce costes al no basarse en grandes infraestructuras ni el transporte, puesto que es un sistema para el ahorro y no para el consumo que es la característica del modelo centralizado que se alimenta de facturar. Por lo tanto, el ministerio de Transición Ecológica tiene un difícil equilibrio con una propuesta cuyo objetivo es el de compatibilizar intereses contrapuesto y que no controla del todo, los de las eléctricas que se deben a sus accionistas y el de los consumidores que cada vez entienden menos el funcionamiento de un sistema eléctrico que continúa con su opacidad. 

Históricamente el sector eléctrico español ha estado controlado por las multinacionales del sector y, todavía hoy, la política energética está condicionada por ese poder como así lo han demostrado en lo que llevamos de transición energética. El impuesto al sol, la modificación de las primas a las renovables y la subida del término de potencia en la factura fue el primer golpe sobre la mesa del oligopolio.

La continuidad de ese control en aspectos concretos del sistema eléctrico como es la generación, el mercado y la comercialización que, a pesar de que la entidad que genera no puede ser la misma que comercializa,  esa prohibición la han solventado, sin ninguna dificultad, cambiando de nombre con la creación de una nueva entidad mercantil y si, además, se mantiene la forma de configuración de los precios en el mercado mayorista con los beneficios caídos del cielo, donde los titulares de las grandes hidroeléctricas y nucleares, ya amortizadas, tienen capacidad para condicionar la cuantía de dichos beneficios, entonces, el gobierno y el ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene demasiadas variables que no controla y, por lo tanto, es difícil que la nueva propuesta de facturación consiga, en un primer momento, bajar los precios del recibo de la luz.

Cuando partimos de una situación de opacidad con respecto al funcionamiento del sistema eléctrico y especialmente el recibo de la luz, sin haber hecho una amplia campaña informativa a la ciudadanía, el gobierno ha introducido de golpe el cambio en la facturación de la luz, con unos precios diferenciados en tres franjas horarias con la finalidad de que los usuarios hagan un desplazamiento en los consumos hacia las horas de precios más bajos, con la finalidad de bajar el recibo de la luz. 

Los usuarios, aunque se adapten al nuevo sistema de facturación y consigan el objetivo del ahorro en el ámbito doméstico no tienen garantizado de que baje su recibo de la luz, como así parece que está ocurriendo porque en la configuración de los precios del mercado mayorista ha coincidido, qué casualidad, con un incremento importante del gas natural y el precio de los derechos de emisión de CO2. Una subida del gas del 450% en un año (según el mercado holandés que establece los precios de referencia para toda la UE), de 5€/MW/h el año pasado a 27€/MW/h (y el cabildo de Tenerife reivindicando una regasificadora) que multiplican los beneficios caídos del cielo, junto a los derechos de emisión del CO2 que han pasado de 37€/tonelada en marzo a 51€/tonelada en la primera quincena de junio. Así que, por más que los usuarios se esfuercen en ajustar los consumos a las franjas horarias más baratas, no podrán evitar que su ahorro quede anulado por estos incrementan en los costes de generación, que escapan al control del gobierno y están dando lugar en este verano a precios en el mercado mayorista por encima de los 100€/MW/h.

Qué casualidad, el petróleo también subiendo a 72 dólares/barril precios de 2014 y, como no, los carburantes no se quedan atrás, desde noviembre pasado la gasolina ha subido un 19% y el gasoil un 21%, una variable más en el encarecimiento del precio de la electricidad porque son los derivados del petróleo los que mueven los grupos diésel de las centrales térmicas. Así que detrás de todos estos movimientos de precios se encuentran los mismos protagonistas del mercado eléctrico mayorista.

Por lo tanto, como el sector eléctrico no es cualquier sector, es un servicio esencial que debería tener un control público para evitar que los intereses del mercado se antepongan al cumplimiento de un servicio básico que, en manos del sector privado, no solo no se abaratan los precios para los usuarios, sino que acaba, en un contexto grave de emergencia sanitaria y crisis económica sobrevenida, incrementando la vulnerabilidad y la pobreza energética. 

En consecuencia, los precios más baratos de la electricidad vendrán a través de una transición que cambie los modelos, democratizando las energías renovables, con sistemas insulares descentralizados basados en el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas como marco jurídico para concretar el empoderamiento local. Soberanía energética.

Antonio Cabrera (Px1NMEC)

Se trata de una reflexión sobre la situación energética de Fuerteventura a través de los principales problemas que ha tenido en la última década: Central térmica insular de Las Salinas del núcleo costero de El Charco en Puerto del Rosario, las prospecciones petrolíferas, la repotenciación del tendido eléctrico que recorre la isla de norte a sur y la proliferación por la geografía insular de aerogeneradores y parques fotovoltaicos sin planificación territorial ni urbanística. Desde la perspectiva de abordar las alternativas en el contexto de una transición, desde el empoderamiento de las administraciones locales y la ciudadanía, hacia un nuevo modelo energético insular descentralizado que respete el patrimonio natural y el interés general.

Ahora que el protagonismo para cubrir la demanda eléctrica insular lo van a tener las fuentes renovables que están en la isla, lo que estamos observamos no está bien. Un sembrado de aerogeneradores y placas fotovoltaicas sin la más mínima planificación territorial, un impacto medioambiental y paisajístico considerable en una isla que vive del turismo y tiene la obligación de preservar su biodiversidad como uno de los principales valores de su patrimonio natural.

¿Hacia dónde han estado mirando los responsables de la política energética que han dejado escapar la oportunidad de convertir el aprovechamiento y desarrollo de los recursos renovables en una fuente de riqueza y empleo local para la diversificación de la economía insular?

Claro, de qué nos vamos a extrañar a estas alturas, cuando Canarias no tiene actualmente planificación energética propia. En 1990 se aprueba en el parlamento autonómico el primer PECAN que, después de algunas revisiones, llega a su última edición el PECAN (2007-2015) donde termina su horizonte temporal para la consecución de sus objetivos y que, en cuanto a las renovables, era el de llegar al 30%, cuando hoy el porcentaje de renovables en las islas está por un 10%.

Posteriormente, ya en la etapa de la consejera Francisca Luengo (2011-15) que intenta abordar la planificación energética con el Documento de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE) que se queda en la tramitación parlamentaria sin aprobación definitiva, le sigue en el cargo de la consejería de industria y energía, Pedro Ortega, con Fernando Clavijo de presidente, que también pone en marcha otro nuevo documento “Estrategia Energética de Canarias 2015-25” que le ocurre lo mismo que el anterior, se queda en la fase borrador y, actualmente, nos encontramos con el Pacto de las Flores y el consejero del sector, José Antonio Valbuena, al frente de la consejería con una nueva denominación, Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que ha pasado ya el ecuador de la legislatura y el compromiso de abordar la elaboración de un conjunto de normativas contextualizadas en el marco de la transición energética y la lucha contra el cambio climático en territorios insulares. En estos momentos, la normativa más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias que todavía no ha llegado a su aprobación definitiva.

Luego nos encontramos que en el marco insular de Fuerteventura no hay un plan territorial especial de infraestructuras energéticas, por lo tanto, para sacar adelante los expedientes de los proyectos de los parques eólicos y fotovoltaicos, ante la ausencia de planeamiento territorial, se recurre al procedimiento excepcional de la declaración de interés general, de utilidad pública, donde en el mismo expediente de autorización administrativa del proyecto se activa el procedimiento de expropiación forzosa a los propietarios de los terrenos donde los promotores quieren ubicar sus aerogeneradores, incluso, algunos de estos proyecto no se les exige la evaluación de impacto ambiental para agilizar su tramitación y entren dentro del plazo con derecho a subvención.

Llevamos ya en Fuerteventura, en la última década, un largo debate energético en torno a diferentes temas puntuales y donde, casi siempre, ha estado por medio proyectos de grandes infraestructuras con un importante impacto territorial y medioambiental: el traslado de la central térmica de Las Salinas en El Charco (Puerto del Rosario) que se encuentra junto a las viviendas, las prospecciones petrolíferas, el tendido eléctrico de alta tensión que recorre la isla de norte a sur y, por último, los parques eólicos y fotovoltaicos por toda la geografía insular.

Las luchas del movimiento ciudadano y las administraciones locales han estado focalizadas en el no a dichas infraestructuras y el objetivo inmediato de su paralización o modificación, infraestructuras que representan la continuidad del viejo modelo energético que quiere, ahora, prorrogarse con las renovables. A las eléctricas no le interesa la participación ciudadana ni de las administraciones locales en el nuevo modelo energético. El negocio lo quieren solo para ellos, aunque se carguen la isla.

Por eso es imprescindible que el movimiento ciudadano de Fuerteventura y las administraciones locales, desde el rechazo a lo que se está haciendo, hablen del modelo de transición que quieren para la isla, puesto que, el proceso de cambio energético ha de ser de abajo hacia arriba, si queremos que se respete el territorio y su patrimonio natural como principales contenidos del paisaje de una isla que vive de su imagen.

La central térmica de Las Salinas. – Esta central insular convencional lleva en funcionamiento desde 1975 con turbinas diésel que se han ido incorporando más con el incremento de la demanda. Situada muy cerca de las viviendas con una potencia instalada de 187MW que representa el 83% del total de la potencia instalada, contaminante y ruidosa. Los vecinos de El Charco, Puerto del Rosario, llevan unos 15 años pidiendo su traslado lejos de las casas. Es evidente que hay que sacarla de ese entorno urbano, pero si el modelo de transición energética al que vamos es hacia un sistema descentralizado, ¿necesitamos en otro punto de la isla una central insular que concentre la mayoría de generación eléctrica que demanda la isla? Pues, parece que, cuando menos, es cuestionable, porque el modelo energético más sostenible es el de la generación distribuida a través del autoconsumo compartido y priorizando el ahorro y la eficiencia. No queremos continuar encerrando la generación eléctrica en un punto, queremos dispersarla por toda la geografía insular. La construcción de una central térmica insular semejante a la actual no tiene cabida en el marco del nuevo modelo energético con renovables de generación distribuida.

Las prospecciones petrolíferas (2012-2015). – Sin lugar a duda, una de las mayores movilizaciones medioambientales de Canarias. Ciudadanía y administraciones locales de todas las islas pero, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura, en contra del proyecto de prospecciones exploratorias de Repsol frente a las costas de las islas orientales, que tenía como lema principal “Prospecciones NO, renovables SÍ” y de fondo el rechazo pleno de las islas a los combustibles fósiles en general, como quedó demostrado en la encuesta de la ULL por encargo del gobierno de Canarias, en sustitución del referéndum que pretendía Paulino Rivero y que no le autorizó Madrid.

Afortunadamente, el proyecto de las prospecciones quedó definitivamente parado a principios de 2015 pero, lo verdaderamente curioso ha sido observar el cambio de la petrolera Repsol al entrar de lleno en el sector eléctrico a través de las renovables, apostando por la comercialización 100% renovable, el autoconsumo y las grandes inversiones en parques eólicos y fotovoltaicos. En cierto sentido, parece paradójico que hayan asumido el lema de las movilizaciones del SÍ a las renovables y NO a las prospecciones. 

¿Por qué este cambio en la multinacional petrolera Repsol que era el blanco de las movilizaciones ciudadanas hace unos siete años en las islas orientales? Porque ha triunfado en la política sectorial la estrategia de las eléctricas en la transición energética, consiguiendo convertir el desarrollo de las renovables en su negocio. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en Fuerteventura con los aerogeneradores.

La repotenciación del tendido eléctrico de alta tensión. – Proyecto de repotenciación de la línea de transporte con 324 torres de alta tensión de 50 metros de altura desde Corralejo hasta Morro Jable, sin planificación territorial y sin debate sobre el modelo energético que conviene a la isla. Otra expresión más del protagonismo de las grandes infraestructuras en la consolidación del viejo modelo energético que es el mismo que necesitan los grandes aerogeneradores para evacuar su producción para el mercado eléctrico. Condicionando así el futuro modelo energético de Fuerteventura en contra de los ciudadanos y sus administraciones locales.

Hay otro modelo donde la transición energética que conviene a la isla es la de un sistema de generación distribuida, donde se prioriza el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo compartido. Donde la generación se produce lo más cerca posible del consumo y esto es, en buena parte, posible usando los techos de todas las edificaciones, como ha comprobado la profesora de la ULPGC Julieta Schallenberg, para reducir a la mínima expresión los impactos territoriales.

¿Se está pensando en Fuerteventura cuando se habla de las interconexiones submarinas? Cuando las tecnologías de generación renovable, almacenamiento y digitalización de las redes han madurado tanto creemos oportuno que se realicen los correspondientes estudios de coste de oportunidad de cada proyecto de interconexión en las islas.

En el proyecto de Intermacan (2010-14) se estudió las interconexiones submarinas entre las islas orientales y Marruecos.

Un estudio de infraestructuras de interconexión eléctrica para la maximización de Energías Renovables Marruecos-Canarias. Con el objetivo general de colaboración entre Marruecos y Canarias para la realización de estudios de viabilidad técnico-económica de infraestructuras e interconexiones eléctricas que permitan una mayor integración de energías renovables en la red.

Cuando en los sistemas insulares se prioriza la gestión de la demanda basada en el máximo nivel de generación distribuida y almacenamiento, el papel de las redes de transporte cambia sustancialmente con respecto al modelo energético convencional. Estos nuevos diseños alternativos para los sistemas insulares, viables con la madurez de las tecnologías de almacenamiento y la digitalización de la energía, no se han estudiado porque no garantizan la continuidad del negocio para las eléctricas.

Por lo tanto, en un sistema insular descentralizado, donde se va a producir una reducción significativa de la energía a transportar, no tiene lógica ni justificación una repotenciación de las líneas en Fuerteventura, en todo caso, si un buen mantenimiento de las líneas actuales, por lo tanto, desde esa perspectiva ese proyecto de 324 torres de 50 metros de altura atravesando toda la isla no es necesario, a menos que se esté pensado en aprovechar una de la mayores islas del archipiélago para sembrarla de aerogeneradores pensando más en la exportación que en la demanda insular que debería ser el objetivo prioritario.

La invasión territorial con aerogeneradores y fotovoltaica. – Cuando frente a Repsol hace unos años decíamos “Prospecciones NO”, renovables SÍ“, nunca llegamos a pensar que el incremento de las renovables en la isla llegara a ser un problema. El hecho de la reconversión verde de Repsol, otras petroleras y las eléctricas a las renovables ya nos indica que, aunque estemos también a favor de las renovables, estamos hablando de dos modelos energéticos diferentes, uno, el modelo centralizado, para el negocio de las multinacionales y fondos de inversión para el que son imprescindibles las grandes infraestructuras de generación y transporte que es lo que estamos viendo en estos momentos en Fuerteventura y, el otro, el de la generación distribuida, el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales que es el modelo cuyo desarrollo se encuentra más abandonado como lo demuestran los datos de la Dirección General de Energía del gobierno canario, la potencia instalada de autoconsumo en Fuerteventura hasta abril del 2021 es de 0,540MW, mientras que la potencia de los parques eólicos y fotovoltaicos, en funcionamiento y tramitándose, es de 460MW cuando el perfil de consumo de la isla, antes de la pandemia, se situaba entre 50-100MW (horas valle y punta).

No es verdad que ahora estemos en contra de las tecnologías limpias, no, estamos en contra de una política sectorial que ha facilitado una transición energética favorable a los intereses de las eléctricas, los datos no mienten ni son neutrales, privatizando el sol y el viento a través de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, de forma salvaje, insostenible, con un impacto territorial, medioambiental y paisajístico sin precedentes. Sin escuchar a la ciudadanía ni a las administraciones locales que, en el caso del tendido eléctrico ha tenido la oposición de los seis ayuntamientos de la isla y el cabildo. Renovable SÍ, pero NO así.

Sugerencias a modo de propuestas. – En Fuerteventura se ha ido produciendo en los últimos años, un movimiento de oposición ciudadana y de las administraciones locales a cada uno de estos problemas puntuales, a los que hemos hecho referencia en este artículo con el objetivo de relacionarlos entre sí y establecer una contextualización de las estrategias de solución en el nuevo modelo energético que queremos para la isla.

Es, en este sentido, en el que creo que, además, de las propuestas de soluciones que se están trabajando en cada uno de ellos, es necesario ir más allá y diseñar un espacio de encuentro plural para debatir y concretar el rumbo que debe seguir la transición energética en la isla. A partir de ahí, con un relato propio de transición, debemos, en coordinación con las administraciones locales, elaborar un plan insular de transición como expresión de la voluntad democrática de la isla para que tengamos un aprovechamiento sostenible del territorio y sus recursos generando, además, riqueza y empleo local que contribuya a la diversificación de la economía es que uno de los retos pendientes de Canarias.