La historia del Primero de Mayo es la historia de la lucha de clases. La fecha conmemora a los mártires de Chicago, ejecutados a raíz de las huelgas, motines y revueltas que reivindicaban la jornada laboral de ocho horas en Estados Unidos en 1886. Su muerte, así como la de miles de represaliados, torturados y reprimidos, no cayó en saco roto y, a finales de aquel mismo mes, varios sectores de la patronal accedieron a reglar la jornada de ocho horas en Estados Unidos. Poco a poco aquel éxito se fue consolidando y extendiendo por el resto de América y de Europa. 

En el estado español la jornada laboral de ocho horas se logró después de una dura huelga en Cataluña, impulsada por la CNT en 1919, conocida como la huelga de la Canadiense. Tras 44 días de conflicto el objetivo se logró y España fue uno de los primeros países del mundo en consolidar este nuevo derecho por ley, aunque se mantenía en 48 horas semanales. Una segunda república y una dictadura después, en 1983 se acordó reducir la jornada laboral hasta las 40 horas semanales. 

Hace más de 100 años que la clase trabajadora consiguió limitar las horas de trabajo al día. Hace más de 100 años que ganábamos tiempo de vida, de ocio, de cuidados y de disfrute. Pero, precisamente porque han pasado más de cien años, se hace imprescindible que avancemos aún más y que logremos reducir la jornada laboral sin ver mermados los salarios. Porque, además, todo lo que no sea avanzar puede suponer retroceder. Los derechos y las victorias nunca son definitivas y, como nos recuerda la agenda y el programa turboliberal, siempre podemos trabajar más horas y cobrar menos. 

En cualquier caso, el trabajo asalariado supone un tipo especial de violencia hacia los y las trabajadoras. Lo es porque nos arranca lo que generamos con nuestras manos para que unos pocos se enriquezcan de ello. Lo es porque nos roba tiempo de ocio y de disfrute, sea en soledad o junto a nuestros seres queridos. Lo es porque nos enferma y nos mata: sólo en 2022, en el estado español, murieron 826 personas en accidentes laborales. En el primer trimestre de lo que va de año, sólo en Euskadi vamos ya por doce muertes en el trabajo. A veces (sólo a veces) el sindicato es la mejor medicina contra el estrés y la ansiedad que suponen unas condiciones de trabajo leoninas y abusivas.

Decía Iñigo Errejón que la lucha de clases es, fundamentalmente, una lucha por el tiempo de vida. En este Primero de Mayo, la mayoría de sindicatos y colectivos reivindican abiertamente la reducción de jornada laboral, la medida estrella de nuestro tiempo. En el conjunto del estado la medida gana adeptos cada día que pasa y, a base de insistir, se hace más deseable y, sobre todo, se intuye más posible. De hecho, supondría una decepción para un cada vez mayor sector de la clase trabajadora que esta medida no llegara a buen puerto o que se quedara excesivamente rebajada en el fondo y en el contenido una vez que llegue al BOE. 

Un sindicalismo más fuerte para afrontar el futuro

Euskadi ha sido, tradicionalmente, uno de los territorios con un mayor grado de sindicación y número de huelgas, algo que ha lamentado profusamente el, previsiblemente nuevo lehendakari, Imanol Pradales. Sin embargo, ha sido esa alta sindicación e historia de confrontación y lucha lo que ha permitido parar buena parte de los golpes que la patronal ha intentado asestar a los y las trabajadoras y, a la vez, avanzar tímidamente en conquistas de derechos y mejores condiciones laborales.  

Sin embargo, necesitamos un sindicalismo todavía más fuerte y potente para enfrentar los retos que están por venir. Y, sobre todo, un sindicalismo que, como ya están haciendo numerosos sectores del movimiento obrero estadounidense, ayuden a crear alianzas entre la defensa de los derechos laborales y la transición ecológica. Como, por cierto, ya ha hecho el comité de empresa de Mecaner, presentando un plan de transición eco social para evitar el cierre de la empresa.

 Seguramente nunca nos repitamos demasiado al decir esto: luchar contra la emergencia climática nunca, jamás, supondrá atentar contra los derechos de los y las trabajadoras. Al contrario: necesitaremos una ingente cantidad de fuerza de trabajo, que deberá estar bien remunerada y contar con amplios derechos laborales, para poder afrontar el enorme reto que supone la transición verde que, sí o sí, deberemos afrontar. De hecho, ninguna transición verde será digna de tal nombre si deja por el camino a cientos de miles de personas. 

Tampoco nos llamamos a error ni pecamos de ingenuos. Un sindicalismo fuerte entrará, a menudo, en confrontación con los sectores más conservadores del gobierno y con los poderes económicos y empresariales, más reticentes a los avances sociales, laborales y ecologistas que necesitamos. Pero también encontrará alianzas en los sectores que pretenden avanzar más en la defensa de los y las trabajadoras, en ganar tiempo de vida, en vivir mejor. 

Esa confrontación y esas alianzas son necesarias para poder avanzar más fuerte y más lejos hasta alcanzar nuevas y más ambiciosas transformaciones. 

Y las necesitamos. Necesitamos esas transformaciones y esas victorias. Porque, hasta la fecha, la historia del primero de mayo ha sido la historia de la lucha de clases. Una historia que debe seguir sumando victorias (como la de los mártires de Chicago, como la de la huelga de la Canadiense) para que podamos seguir no sólo viviendo, si no para poder hacerlo mejor.

 No hemos venido a este mundo para arrastrarnos al trabajo, hasta arriba de calmantes, con el cuerpo dolorido y el estrés por las nubes. No es a lo que aspiramos. Hemos venido a este mundo a tener vidas buenas y plenas que merezcan la pena. Y a eso nos encomendamos hoy y el resto de los días.

La sociedad vasca ha empezado a dar muestra de necesidad y voluntad de cambio. Los síntomas y evidencias del agotamiento del Gobierno vasco de coalición entre el PNV y el Partido Socialista, así como de falta de respuesta para resolver los problemas de la Euskadi actual han obtenido, en los últimos meses, una respuesta movilizadora por parte de la ciudadanía vasca, que muestra su preocupación y censura por la situación de los servicios públicos vascos (tales como Osakidetza y Educación), además de por su situación económica. Un Gobierno asentado en la autocomplacencia que no tiene voluntad de afrontar los retos de la Euskadi actual. Son unos retos que para Sumar Mugimendua constituyen el eje de la propuesta política con la que afrontamos este momento crucial y de transformación.

Asimismo, la reedición del Gobierno de coalición en el Estado, con los cinco ministerios de Sumar y la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz, cuyas primeras medidas vuelven a poner la agenda laboral en el centro de las políticas públicas, coincide en el tiempo con la constitución de Sumar Mugimendua en Euskadi, donde, como decíamos, parecen sonar vientos de cambio político.

Sumar Mugimendua se ha constituido como sujeto federal dentro de Sumar y aspira a ser el referente vasquista para recuperar la confianza de un electorado que, en julio, tomó la decisión de votarnos con la convicción de que era necesario impedir un Gobierno ultra y de que las políticas públicas y de utilidad suponen una garantía para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Recuperando una parte significativa de los apoyos perdidos en las elecciones de mayo, Sumar en Euskadi ofreció garantías de trabajo en común y de apuesta por una política útil y responsable. Los miles de votos obtenidos fueron decisivos para que la agenda social y laboral siga formando parte de la acción de un gobierno de coalición más ambicioso.

En Sumar Mugimendua entendemos que, ahora, es el momento de dar un paso más, de avanzar en Euskadi hacia la construcción de un sujeto político propio, que enmarcamos dentro del referente ideológico de un nuevo vasquismo transformador, laborista y verde, cuya acción estratégica se dirige a desarrollar un gran acuerdo de país en torno a la transformación productiva y social que el reto de la emergencia climática hacen imprescindible. Unido a esto, entendemos que una mayoría significativa de la ciudadanía vasca se identifica con una identidad vasca abierta y que apuesta por un encaje federal y plurinacional para dar respuesta a las demandas de autogobierno. Un autogobierno cuyo contrato social, por otra parte, urge renovar en clave feminista, de igualdad entre hombres y mujeres, y de profundización democrática de su entramado institucional, mejorando una articulación que, de facto, es federal y que merece un desarrollo a futuro anclado en la convivencia y en la profundización de los derechos de ciudadanía.

Sabemos que, para empujar el cambio de ciclo político en Euskadi, Sumar Mugimendua es la fuerza decisiva para que las políticas se enfoquen en conseguir una vida mejor para la mayoría de la ciudadanía vasca, y esto requiere de la complicidad y de la generosidad de todas y de todos para ser llevado a la práctica. En este sentido, Sumar Mugimendua se compromete a empeñar todas sus fuerzas para unir las voluntades de los partidos que concurrimos juntos en la pasada cita electoral y que estamos, ahora, interpelados por cuantos nos dieron su apoyo (y por cuantos quieren confiar de nuevo o están por llegar) para lograrlo. Como fuerza tractora del espacio vamos a trabajar por anteponer los problemas de la ciudadanía vasca por encima de cualquier otra cosa, porque entendemos que en un momento como el actual nadie entendería que lo hiciéramos de otra manera. Sumar Mugimendua quiere una Euskadi mejor para la mayoría, lo cual requiere impulsar políticas de progreso y transformación social allá donde nos sitúe la ciudadanía vasca.

Hemos llegado para quedarnos, hemos llegado para mejorar y hacer más fácil la vida de las personas en Euskadi. Y vamos a quedarnos para ser decisivas y dar respuesta a los retos que en los próximos años se nos plantean. Se trata de estar a la altura de la ciudadanía y de ser útiles, con responsabilidad y con ilusión, mirando hacia el futuro pero sin perder de vista una realidad social llena de matices y complejidades, asumimos que es hora de Sumar Mugimendua.

Decía Noam Chomsky que “el cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Corren tiempos difíciles. Vivimos inmersas en una pandemia mundial que nos ha instalado en una incertidumbre casi rutinaria y que ha dejado al descubierto las desigualdades ya existentes que algunos sólo buscan resolver con frases épicas, intercambios de reproches impostados y agitaciones sobreactuadas de banderas y mascarillas de diferentes colores.

Y en este estado de shock constante siempre ha funcionado muy bien el bombardeo y esparcimiento de bulos para crear alarma social y que después, cuando las falsas premisas están instaladas en la sociedad con la ayuda inestimable de algunos medios de comunicación, salgan los de siempre con soluciones que casualmente benefician a algún grupo de poder y con propuestas salvadoras a problemas que son más ficticios que reales… Sin olvidar que al mismo tiempo recortan nuestros derechos mientras otras cuestiones de calado se diluyen. Es un clásico que pocas veces falla, miente y repite tu mentira incesantemente que algo quedará...

Aplicando esto al mal llamado fenómeno de la okupación, desde hace unos meses este parece ser el verdadero problema que según algunos partidos y muchos medios de comunicación azota a la sociedad. ¿Existe el problema o lo han creado?

En primer lugar, no hay tertulia televisiva o radiofónica que se precie que no cuente con algunas de sus participantes criminalizando y demonizando la okupación. Son constantes y recurrentes los reportajes alarmistas que nos han hablado de la inseguridad existente en nuestros barrios ante el crecimiento de asaltos realizados por delincuentes y mafias. Conexiones en directo, un sinfín de testimonios de personas afectadas y un despliegue mediático desorbitado.

Asimismo, prueben a contabilizar los anuncios y espacios publicitarios dedicados a las empresas de colocación de alarmas y videovigilancia. Es imposible no caer a ratos en la duda y pensar que toda persona de bien ha de tener una, porque si no el caos está servido. Nos intentan convencer de que el peligro es real y es inminente desde el sensacionalismo más burdo y segundos después nos ofrecen su producto como la única solución al problema: “Ponga una alarma en su vida y vivirá tranquilo”.

Bienvenidas al negocio de la seguridad privada. Así es normal que la gente crea que existe un problema con la okupación, pero no es verdad. Se trata de banalizar, amontonar medias verdades, descontextualizar y construir relatos que son falsos, pero cómo copan los espacios de información nos los creemos y asumimos con naturalidad.

Para empezar, habría que separar la ocupación con C de la okupación con K. La segunda acción cuenta siempre con una finalidad claramente reivindicativa. El movimiento okupa surge como una forma de canalizar el activismo político (feminismo, anticapitalismo, antimilitarismo, ecologismo, etc…) en los 80 y es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer ver. No se trata simplemente de un fin, sino de un medio para poder denunciar situaciones como la dificultad de acceso a una vivienda, las trabas que existen para la emancipación surgidas de una preocupante precariedad juvenil o la reivindicación de un ocio alternativo y empoderador como la cultura.

Un ejemplo claro son los CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado) como “la Ingobernable” en Madrid o el barrio de Errekaleor en Gasteiz. Es importante señalar la diferencia que existe entre “estar” en el lugar y “producirlo” colectivamente, es decir, recuperarlo. Lugares como fábricas, estaciones de tren, casas o incluso hospitales abandonados son completamente limpiados, rehabilitados y reacondicionados para sus nuevos usos.

Pero al margen de la mala utilización de las palabras para crear confusión el verdadero problema que se esconde tras este bombardeo constante es el acceso a la vivienda, a todas luces hay un grupo numeroso de gente que no ocupa porque quiere sino porque no tienen donde vivir. La vivienda se ha convertido en la principal causa de desigualdad y exclusión social en Euskadi y es esta cuestión la que nos debería preocupar, es aquí donde deberíamos instalar verdaderamente la alarma. Alarmar de que se está vulnerando de forma continuada el derecho universal a una vivienda digna para todas las personas. Un derecho subjetivo según la Ley de Vivienda, no lo olvidemos.

Nos intentan hacer creer que los okupas son gente aprovechada que no quiere pagar una vivienda como hacemos el resto de la ciudadanía, pero esto no es verdad. La inmensa mayoría de las personas que ocupan lo hacen porque los precios del mercado inmobiliario son muy altos en relación a sus ingresos. Lo llaman y disfrazan como ocupación cuando realmente se trata de especulación.

Mientras nos taladran día y noche con la historia del pequeño propietario al que le ocuparon el piso cuando se fue de vacaciones, lo cierto es que es algo tan poco ocasional que ni siquiera se ha convertido en ningún fenómeno nuevo. La inmensa mayoría de viviendas ocupadas pertenecen a bancos, grandes propietarios, fondos buitre e inmobiliarias.

Para entender que el problema es el acceso a la vivienda hay que fijarse que en los últimos 5 años el precio del alquiler en Euskadi ha subido un 31%, somos la tercera comunidad con los precios de alquiler más caros. Según el Gobierno Vasco 1.044 € de alquiler medio. Pero a esta realidad no interesa tanto darle difusión a bombo y platillo para no generar alarma.

Sin embargo y pese a lo que oímos y vemos en todos los medios de comunicación de enero a junio de 2020 se han producido 108 denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en Euskadi: 68 en Bizkaia, 27 en Gipuzkoa y 13 en Araba. Lo que supone un descenso del 2,7 % con respecto al mismo semestre del año anterior. Alto y claro, las denuncias no han aumentado, el Apocalipsis Okupa aún no ha llegado. Pero para algunos es más fácil seguir emitiendo proclamas incendiarias que tomar medidas que frenen las subidas del precio de los alquileres y que faciliten el acceso a una vivienda a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin ir más lejos el Partido Popular en Euskadi y en otras comunidades viene lanzado desde agosto una ofensiva en forma de campaña y recogida de firmas que propone una ley antiokupa que quieren llevar al Congreso. Se les da muy bien servirse del miedo, estigmatizar y culpabilizar a una parte de la población realizando declaraciones como que «Los okupas campan a sus anchas por muchos barrios de la ciudad, donde aumenta la inseguridad y la delincuencia“.

Esta iniciativa se centra en facilitar el desalojo, pero hay que explicar que echar a una persona que no es propietaria de la casa habitual o de una segunda residencia ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada precisamente por PP y Ciudadanos, pero que casualmente deja fuera del texto los pisos vacíos de los bancos. Populismo de manual: azuzar el miedo de los propietarios retorciendo la realidad e intentando obtener réditos electorales.

No nos dejemos confundir, deberíamos dejar de estar tan preocupadas y entretenidas pensando en llamar a la empresa de alarmas para colocar una en nuestra vivienda y poner más atención a las políticas de vivienda que tenemos. En tiempos de pandemia donde nos recomiendan hasta la saciedad quedarnos en casa, salir lo menos posible de nuestras viviendas, teletrabajar y semiconfinarnos, se han producido en Euskadi 254 desahucios hasta junio de este año. La mayor parte por impagos de alquiler.

Lo que supone más del doble que las denuncias por okupaciones ilegales. Además, hay más de 2.000 personas sin hogar que se encuentran en una situación de emergencia económica y social. “¡¡¡Pii pii pii pii pii!!!!”. Aquí es dónde deberían saltar las alarmas sobre nuestra conciencia, más allá de la insistencia de la propaganda oficial, la amenaza no es el movimiento okupa, lo que provoca verdadera inquietud son las políticas de vivienda y su posterior desarrollo y aplicación.