Los últimos serán los primeros. La cita bíblica sirve para retratar el hecho de que Chile haya colocado, desde el punto de vista de la producción de  la norma de mayor rango, una nueva frontera: una Constitución paritaria que, según Jennifer M. Piscopo y Peter Siavelis, supone “un estándar mundial innovador para la inclusión política de las mujeres” y que sucede pese a su llegada más tardía al universo de las medidas afirmativas. Recién logró aprobar una ley de cuotas en 2015 en el marco de la reforma del sistema electoral binominal (considerado como uno de los “enclaves autoritarios” más emblemáticos de la  Carta Magna heredada del régimen militar), a considerable distancia de la pionera Ley de Cupo argentina, que data de 1991.

Lo anterior no es el único contraste. La paridad de género en la Convención Constitucional que los chilenos escogieron mayoritariamente en el plebiscito del pasado 25 de octubre nos lleva a recordar que dicho principio ha experimentado, en el marco de su historia reciente, una trayectoria más bien discontinua. Luego de que la ex presidenta Michelle Bachelet la considerara para la conformación de su primer gabinete en 2006, y frente a todo pronóstico escéptico que alegaba que “no había  mujeres”, no la replicó posteriormente durante su segundo mandato desilusionando, con ello, a las organizaciones de mujeres. Logró compensarlo con una agenda de género que saldó importantes deudas de la transición, tanto en materia de participación política como de derechos sexuales y reproductivos (con una ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación).

El hito histórico que supone un texto constitucional escrito por el mismo número de hombres y mujeres alimenta la esperanza de que su redacción pueda estar iluminada por la perspectiva de género. Del debate público emerge la idea de que problemáticas tales como la lucha contra la violencia machista, la igualdad salarial y la paridad en instancias de poder puedan llegar a adquirir rango constitucional.  

Sin embargo, un horizonte temporal de expectativas para el feminismo que se concretará entre 2021 y 2022 coexiste con un presente donde el coronavirus desata, de forma implacable, una crisis con impactos mayores en las mujeres a nivel sanitario, económico y de violencia de género, pero también en otros ámbitos como los de poder simbólico por cuanto el discurso público femenino no está siendo considerado en los espacios de deliberación y de opinión. Según un estudio realizado en seis países, solo 20% de las fuentes citadas en artículos sobre la enfermedad eran mujeres, a pesar de ser mayoría en el sector de la salud. Por su parte, un reciente artículo de NiemanLab alerta que las mujeres están siendo menos visibles en la avalancha de publicaciones científicas sobre la pandemia. Finalmente, un informe especial sobre la escasa representación de las mujeres en los medios de comunicación de la Fundación Bill y Melinda Gates con el fin de determinar en qué medida se satisfacen las necesidades de noticias de la mujer en la cobertura informativa existente reveló la existencia de “un sesgo sustancial hacia las perspectivas de los hombres”, concluyendo que “la voz de cada mujer en las noticias sobre la Covid19 se ve ahogada por las voces de, al menos, tres, cuatro o cinco hombres”. Lo anterior, se puntualiza, operaría “en un contexto de invisibilidad política efectiva de las mujeres dentro del proceso de toma de decisiones relacionadas con la Covid19, así como de los singulares desafíos socio económicos, sanitarios y psicológicos a los que se enfrentan las mujeres a nivel mundial”.

Frente a lo anterior, la Fundación Hay Mujeres ha impulsado la campaña #100voces camino a la #Constituciónparitaria, convocando a distintas mujeres que, con conciencia histórica del protagonismo que la redacción de la futura  constitución les tiene reservado,  comparten sus anhelos por modelos alternativos de desarrollo, por un nuevo pacto social, por una regionalización y descentralización efectivas, por una mayor preocupación por la infancia y por la “ética del cuidado”, por el envejecimiento digno, por la inclusión de los  pueblos originarios, por el derecho a la salud sexual y reproductiva, por la sostenibilidad y el cambio climático, por la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación así como por un equilibrio de género que permee todos los espacios, entre las muchas ideas “fuerza” expresadas.

Se trata de conocer, mientras un reto viral global sin precedentes sigue impactando en nuestras vidas, tanto las expectativas de las chilenas con relación a lo que será el nuevo pacto político y social del país como de enfrentar la disparidad de género en el debate público de hoy. De nada sirven las iniciativas que buscan fomentar la vocación científica en niñas y jóvenes si, a través de la conversación pública, se sigue reforzando la idea de que la ciencia y, en general, la generación del conocimiento, es un asunto masculino.