El pasado 2 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida por la mayoría de la sociedad como Ley Trans por centrarse en este colectivo las principales y más cruciales novedades de esta norma. 

Precisamente coincidiendo con el primer aniversario de esta ley, y cuando parecía que empezaba a amainar la larga tormenta del cuestionamiento de sus contenidos y de los derechos de las personas trans, algunos medios de comunicación han aprovechado esta efeméride para sacar a la luz decenas de casos ciertamente peculiares en los que todo apunta a la existencia de cambios registrales fraudulentos de hombres a mujeres, acogiéndose al principio de autodeterminación del género que proclama la norma.

De esta forma, en las últimas semanas los platós de televisión han acogido espectáculos grotescos que daban altavoz a estos intrépidos personajes en una suerte de apología propagandística del fraude de ley que supuestamente demostraría lo disparatada que es esta legislación y la necesidad imperiosa de resolver sus deficiencias técnicas, para evitar que hombres se puedan seguir haciendo pasar por mujeres con el fin de lograr determinados beneficios o eludir algunas obligaciones.

Imaginémonos otros casos de fraude televisados en situaciones similares para poner en contexto este esperpento: ¿sería concebible pensar en medios de comunicación que se hacen eco de testimonios de parejas que han contraído un matrimonio de conveniencia? ¿Cabría en nuestras cabezas la idea de presenciar programas de máxima audiencia dedicando espacios a mujeres que afirman haber denunciado falsamente a sus parejas por delitos de violencia de género? ¿Quizás algunas entrevistas sobre casos de estudiantes que mienten deliberadamente a la administración para obtener becas para sus estudios? 

Si alguna de esas situaciones se nos pasa por la cabeza y creemos que son perfectamente posibles, ¿se imaginan a los tertulianos presentes en esos programas llevarse las manos a la cabeza y reivindicar con esmero que, ante la constatación de esos casos fraudulentos, deben eliminarse de raíz instituciones jurídicas como el matrimonio, delitos como el de violencia de género o ayudas públicas para estudiar, con el pretexto de evitar el masivo fraude de ley que se produce en estos casos? 

Todo apunta a una nueva cruzada contra la Ley Trans que requiere de respuestas jurídicas simples frente a la desinformación masiva:

1.- Sí, hay algunos casos de personas que han logrado una rectificación registral de la mención relativa al sexo de manera fraudulenta: hombres que presuntamente dicen ser mujeres con el propósito de obtener determinados beneficios o eludir sus deberes. De la misma manera que existen también casos minoritarios de matrimonios de conveniencia, denuncias falsas, fraude fiscal, empleos encubiertos, negocios simulados, empresas pantalla y otras tantas vulneraciones de la legislación vigente. 

2.- No, de ninguna manera los casos de fraude de ley son mayoritarios entre las solicitudes de rectificación registral del sexo. La inmensa mayoría de las peticiones provienen de personas trans que buscan materializar un derecho a que su género se reconozca en sus documentos de identidad. Pero es que además hay muchísimos casos en los que juezas y jueces encargadas de los Registros Civiles han detectado los fraudes, denegando el reconocimiento del género reclamado con una justificación jurídica impecable que señala literalmente que los intentos de fraude son una burla y un menosprecio directo a un colectivo con una histórica situación de desventaja social cuyo género sí debe ser legalmente reconocido.

3.- Sí, existen mecanismos jurídicos eficaces que permiten detectar las situaciones de fraude antes, durante o incluso después de su comisión, máxime si paradójicamente estos son televisados y tienen la repercusión mediática que estos casos están teniendo, curiosamente muy por encima de las numerosas denegaciones de rectificación o de las mayoritarias solicitudes justas. La principal herramienta jurídica contra el fraude está presente en el artículo 6.4 del Código Civil y señala expresamente que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

4.- No, ninguno de los medios de comunicación que difunden estos casos han podido demostrar que las personas que supuestamente han modificado su sexo de forma fraudulenta (espero que al menos hayan constatado que han modificado su sexo en el DNI) se hayan beneficiado de su condición de mujeres tras el cambio registral. Ni en ascensos profesionales en los cuerpos en los que existan unas reglas diferenciadas por sexos, ni en el régimen jurídico aplicable ante la posible comisión de delitos de violencia de género, ni en las obligaciones legales como titulares de la patria potestad respecto a sus hijas e hijos, ni en la inclusión en categorías deportivas femeninas con una ventaja competitiva frente a otras mujeres cis, ni en un largo etcétera de posibles situaciones que simple y sencillamente no se van a producir o se van a anular más temprano que tarde, porque están terminantemente prohibidas por la legislación vigente.

5.- Sí, la ley española está alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, con las recomendaciones del Consejo de Europa y la Unión Europea, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es solo una muestra más de la evolución de un número cada vez más creciente de países de nuestro entorno que han establecido en sus ordenamientos jurídicos procedimientos rápidos, transparentes y eficaces para el reconocimiento legal del género basados en la autodeterminación, sin que haya pasado absolutamente nada al respecto, como son Argentina (2012), Dinamarca (2014), Malta (2015), Colombia (2015), Irlanda (2015), Noruega (2016), Bélgica (2017), Brasil (2018), Portugal (2018), Luxemburgo (2018), Uruguay (2018), Islandia (2019), Suiza (2020), Nueva Zelada (2021) o Finlandia (2023); otros países  como Alemania y Chile se encuentran tramitando proyectos normativos para hacerlo realidad.

¿Significa todo lo que se ha dicho hasta ahora que la Ley Trans sea perfecta y no haya cuestiones que mejorar? Evidentemente no, hay mucho margen de mejora y sobre todo de desarrollo a través de su aplicación concreta. Precisamente sobre las posibles situaciones de fraude que pudieran darse, convendría que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral, dependiente del Ministerio de Justicia, se pronuncie con una instrucción que dote a los registros de las herramientas para actuar frente al fraude antes, durante y después de la rectificación registral, al igual que ya lo ha hecho con los matrimonios de complacencia (Instrucción de 31 de junio de 2006). Y convendría también que, a la hora de evaluar estos posibles casos de fraude, se hiciera con indicios realistas que no caigan en una visión estereotipada sobre las personas trans y basada exclusivamente en su expresión de género, porque eso nos haría regresar a una regulación anterior.

Un último mensaje se requiere para los medios de comunicación que están promoviendo la difusión de estos contenidos: basta ya. Como guardianes de la democracia y las libertades tienen un relevante papel constitucional y un deber de informar con veracidad sobre los asuntos que abordan. Las lamentables entrevistas emitidas en los últimos días no solo son una muestra de mentiras contadas mil veces para intentar que se conviertan en verdad, sino que sobre todo son un claro ejemplo de desinformación que genera un daño inmenso al colectivo de personas trans, que se verán hoy más cuestionadas que ayer en su identidad de género por una panda de indeseables que han querido mofarse de una ley sobre sus derechos con la aquiescencia de los medios de comunicación.

Frente a la desinformación masiva, se hace más necesaria que nunca una defensa intensa del derecho a la autodeterminación del género de las personas trans.

Y hay un motivo por el que esta noticia me indigna especialmente como estudiante realejero.

Llevo recibiendo becas y ayudas para estudiar desde que empecé el bachillerato en el IES Realejos y también en mi paso por la ULL, incluso ayudas al transporte del Ayuntamiento de Los Realejos, con cinco bonos de guagua por curso académico. Pero este curso es diferente: estoy haciendo un segundo máster, en modalidad online, en la Universitat de València, sobre Derecho Constitucional. Y es diferente porque al ser un segundo máster, no puedo solicitar ninguna beca o ayuda para el pago de la matrícula, prácticamente todas las convocatorias públicas lo impiden.

Por lo que, por primera vez desde que empecé a estudiar, mi familia ha tenido que afrontar económicamente el pago de una matrícula universitaria de nada menos que 2.390,53 euros para que pueda cursar un segundo máster y continuar con mi formación encaminada a los estudios de doctorado.

Hemos tenido que fraccionar la matrícula en ocho pagos -el máximo posible- para poder afrontarlo; estaremos pagando más de 300 euros al mes, hasta abril de 2021, con lo que supone una cuantía mensual como esa para una familia de clase trabajadora.

Ese fue el motivo por el que escogí hacer un máster online, cuyo coste de matrícula es infinitamente menor a muchos otros presenciales.

Así que, con esta situación, se podrán imaginar la indignación que puede generar en mí o en mi familia ver que una concejala de mi pueblo, que cobra 30.240 euros al año en catorce pagas, con un salario público desde que fue elegida concejala en 2015, tenga la poca vergüenza de pasarle la factura de la matrícula de su máster al ayuntamiento, es decir, que todas las realejeras y los realejeros le estemos pagando un máster de gestión de 5.292 euros a la concejala de Turismo, que ni siquiera tiene que ver con el ámbito de sus competencias.

Una cuestión que sorprendentemente puede tener fundamento legal, pero que no tiene ninguna justificación ética.

¿Saben lo que supone 5.292 euros para la familia de una estudiante realejera? ¿Son conscientes de lo que ha recortado el PP en becas cuando estaba en el gobierno central?

Por lo pronto, esa cantidad es bastante menor que el total de becas al estudio que recibí durante el primer máster que hice en la ULL. Por supuesto, es infinitamente menor a la cuantía equivalente a los cinco bonos de transporte al año que el ayuntamiento nos entregaba en la Casa de la Cultura, con muchas fotos, bombo y platillo.

Es más, con esa cantidad, podría financiarse el transporte a la universidad con tarifa plana durante todo un curso a más de una veintena de estudiantes de Los Realejos.

Muchas familias realejeras no pueden llegar ni siquiera a plantearse hacer un máster cuya matrícula cueste cinco mil euros; desde luego, la mía no podría pagarlo.

Dicho esto, solo me gustaría dejar aquí una humilde petición a la Concejala de Turismo y al PP de Los Realejos: pidan perdón, devuelvan el dinero e inviértanlo en ayudas al estudio.

Si todavía tienen un mínimo de dignidad, lo habrían hecho desde que se dio a conocer la noticia, desde que se difundía una imagen vergonzosa por los grupos de whatsapp del pueblo, sin necesidad de que se lo pidiera un partido que no tiene representación en el ayuntamiento como Podemos después de exigir el acceso público a la documentación.

Lamento mucho que no tomarán ese camino, seguirán en silencio, y continuarán haciéndolo sin ningún reparo.

De corazón, espero que a la concejala le vaya muy bien en el estudio del máster que le hemos pagado todas, ahora que ya es consciente de lo que nos cuesta a las familias realejeras pagar las matrículas del estudiantado. Que le cunda el máster gratis, mientras el resto nos tenemos que endeudar para seguir formándonos.

Estas son algunas de las perlas que escuchamos últimamente en nuestras calles, ante la grave crisis humanitaria que vive el archipiélago canario en estos meses por el aumento significativo de la llegada de migrantes desde las costas africanas: más de un 1.000% en lo que va de año, millares de seres humanos llegando a nuestras costas en busca de una vida digna.

Durante los largos meses de confinamiento, ante la más grave crisis sanitaria, económica y social que hemos vivido en décadas, pensamos que saldríamos de esta situación siendo mucho mejores personas, que aumentaría nuestra solidaridad, generosidad y empatía, que nos comportaríamos, por fin, fraternalmente las unas con las otras, como reza el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y en algunos casos, lamentablemente, nos equivocamos.

Como sociedad deberían avergonzarnos las manifestaciones y marchas racistas que recorren nuestras calles en estas semanas, auspiciadas por la extrema derecha más rancia y oportunista que hemos conocido y sorprendentemente publicitadas también en algunos periódicos canarios.

Debería abochornarnos que el Ministerio del Interior aún no haya depurado responsabilidades ante la expulsión de centenares de migrantes del muelle de Arguineguín hace unas semanas.

Debería invadirnos la rabia ante la actitud egoísta de la imputada alcaldesa de Mogán, que amenaza con multas a los hoteles que acogen a migrantes para brindarles un lugar digno donde vivir.

La semana pasada, Abascal tuvo la desvergüenza de decir en Lanzarote que la inmigración está destruyendo Canarias. Y lo dijo en la misma isla en cuyas costas habían muerto ocho personas apenas una semana antes, al volcar la embarcación en la que viajaban.

Se equivoca señor Abascal, lo que destruye Canarias no es la inmigración, son las muertes incesantes de seres humanos en nuestras costas, la vulneración de sus derechos más básicos, la falta de respuestas desde las instituciones competentes y su propaganda política oportunista.

Lo que destruye Canarias es el racismo, señor Abascal.

Por suerte, hay una Canarias que nos llena de orgullo cada día, con el trabajo incansable que hacen las ONGs para la protección de las personas migrantes, la generosidad demostrada por tantas personas canarias que no miran con desprecio o asco a las que pisan esperanzadas nuestras orillas para sobrevivir, las muestras de solidaridad espontáneas, la comunicación fluida entre quienes ostentan responsabilidades sobre derechos sociales de los gobiernos español y canario para la protección de las personas menores y también los esfuerzos desinteresados de otras administraciones locales y autonómicas para acoger a personas migrantes en sus latitudes y brindarles las mejores oportunidades.

Canarias no soporta ni una muerte más en nuestras costas, no soporta más racismo en nuestra tierra, no soporta más silencio amordazado.

Y es que, cuando hablamos de Derechos Humanos, no hay palabras que valgan, solo valen los hechos.

Desde Podemos Canarias, estamos convencidas de que no hay nada que esté por encima de los derechos sociales de las personas, vengan éstas de donde vengan, que no hay pacto político que valga, que no hay frontera que pueda traspasarse.

Porque nuestra única frontera, nuestro único límite infranqueable son los Derechos Humanos