“Vísteme despacio, que tengo prisa”. ¿Nunca os ha pasado que, por querer hacer algo rápido al final lo acabáis haciendo mal? Pues esa debe haber sido la intención del PP de López Miras y los diputados tránsfugas de Ciudadanos al querer primero imponer la Proposición de Ley de Atención Temprana mediante el procedimiento de lectura única, para acabar tramitándose “a término fijo”. Un trámite rápido, inusual e incoherente en normas de alto calado social si quieres hacer un buen trabajo. Claro que, a luz de los hechos, era evidente que la misión del Gobierno regional no era la de hacer una buena norma sino la de cumplir expediente y echarse una foto más a final de año sin importar a quién o a cuántos afecta.

Únicamente debemos fijarnos en el tiempo que el Ejecutivo de López Miras ha querido dedicar en mejorar una norma de 27 artículos a la que se han realizado 160 enmiendas. Un proceso envuelto en un presupuesto insuficiente. Tan solo 6,2 millones de euros se destinarán en 2022 para llegar a 4.700 menores que actualmente reciben el servicio de Atención Temprana. Una norma infrafinanciada teniendo en cuenta que, a 28 euros la hora y siendo tacaños en el número de sesiones, necesitaríamos el doble de dinero. Made in Partido Popular.

Décadas llevamos esperando la regulación del servicio de Atención Temprana en la Región de Murcia que los socialistas llevamos años exigiendo y reivindicando con sendas iniciativas en la Asamblea Regional, siendo los dos últimos años, con el borrador del Decreto-Ley veintiocho, los que más movimiento y críticas han suscitado en la ciudadanía. ¿Quién no ha oído alguna vez que la Atención Temprana será gratuita en la Región para niños y niñas de 0 a 6 años mientras miles de menores salen de la cobertura universal sin haber pasado por ella? Y es por ello que, desde el PSRM-PSOE, que llevamos la justicia social en nuestro ADN, hemos tenido muy claro que dentro de los plazos tan reducidos de los que partíamos debíamos centrarnos en lo verdaderamente importante: escuchar a los expertos para mejorar la vida de las familias y de los menores que llevan décadas entrando y saliendo del sistema bajo la promesa de una universalidad que nunca les llegó.

Nuestras enmiendas eran claras: eliminar baremos. Reducir plazos para no agudizar las brechas sociales entre los que sí pueden pagar un servicio mientras esperan y los que no, la gran mayoría. Evitar colapsos en el sistema que generarán más listas de espera. Regular los servicios de Atención Temprana como una red integral de responsabilidad pública, de carácter universal, gratuito y de calidad, entre otros. Teniendo siempre presente a la población infantil menor de 6 años con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y sus familias. Unos propósitos se han cumplido. Otros, no tanto.

Pero si hay algo que ha quedado claro a lo largo de nuestra historia en general y en esta tramitación a prisa y corriendo en particular, son dos cosas: la primera es que allí donde hay un derecho que mejorar, el PSOE siempre tiene algo que decir y que aportar. Y la segunda, que las prisas (del Gobierno regional) jamás son buenas consejeras. Fuimos el primer grupo parlamentario en registrar las enmiendas, también la retirada de los baremos, demostrando que para el PSOE hablar de política social es hablar de personas. Es hablar de derechos y de justicia social. Una vocación de servicio público que, al contrario que López Miras, que ha esperado más de 18 años y un tsunami de movimientos sociales para desempolvar esta iniciativa, nos tomamos muy en serio. Porque siempre que hubo avances sociales en España o en la Región de Murcia, en ellos trabajó de forma activa el PSOE. Sin embargo, viendo el dinero de las arcas, el procedimiento ordinario, el plazo de elaboración del plan y la puesta en marcha del sistema informático, no le queda a una más que pensar que López Miras nos quiere regalar por Navidad la piel del oso, antes de cazarlo. Un mensaje engañoso, miserable y ruin. En el que tan solo cabe preguntarse ¿Más vale tarde que nunca? No para la Atención Temprana.

Como mujer que habla de discapacidad en primera persona, ahora que se acerca el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, me gustaría dirigirme a ti, que sientes, andas, respiras, oyes, tocas y ves de un modo distinto, como yo. Y lo haces en una Región de Murcia preciosa, pero retrógrada. En la que nos desgobierna la misma derecha a la que hace tan solo unas semanas, en la Convención nacional del Partido Popular, no le daba ninguna vergüenza defender y aplaudir la decisión de que a las personas que tenemos algún tipo de movilidad reducida o discapacidad se nos llame disminuidos.

Hoy me dirijo a ti, como ya hiciera Frida Kahlo en su momento, para decirte que al igual que tú, yo también “solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto sepas que, sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú”. Y me siento absolutamente capacitada para hacer y deshacer todo lo que me proponga en mi vida y en este mundo, a pesar de la derecha rancia y retrógrada que nos rodea en la Región de Murcia.

Con total seguridad esta semana oiremos grandes eslóganes de nuestros representantes políticos. Y veremos fingidas fotos de inclusión promoviendo una accesibilidad que nunca llega, en una Región que incumple de manera sistemática la Ley de Accesibilidad en la Región de Murcia, ya sea en el transporte o en edificios públicos. Porque la accesibilidad es mucho más que un ascensor y una rampa.

Por ello, hoy es un buen día para que las ciudadanas y los ciudadanos de la Región de Murcia sepan que la derecha del Partido Popular de Casado y López Miras, es la misma derecha que hace unos escasos días presentó, por segunda vez en esta legislatura, la creación de una Comisión especial de Discapacidad en la Asamblea Regional, en vez de una Comisión permanente como la que propone el PSRM, que dure toda la legislatura y que tenga fuerza legal. Es la misma derecha que rechaza y que se niega a cambiar el término disminuidos por el de personas con discapacidad en nuestra Constitución, para señalar todo aquello que consideran diferente, ajeno a su modelo de belleza, de vida y de progreso. Promoviendo, así, un retraso que la sociedad hace mucho que dejó atrás.

Esta es la derecha de López Miras. La que habla de las pensiones, pero vota en contra de los pensionistas; la que habla de empleo, pero vota contra los trabajadores y las trabajadoras; la misma derecha que hoy se sienta con Vox y habla de personas con discapacidad, pero se niega a dejar de llamarnos disminuidos. Ese es el Partido Popular retrógrado y anclado en el pasado que hoy tenemos gobernando, con tránsfugas y la ultraderecha, en la Región de Murcia.

Las y los socialistas, que siempre hemos creído en las capacidades de todo el mundo, siempre hemos luchado y lucharemos para empoderar al millón y medio de personas de nuestra querida tierra. Siempre defenderemos las capacidades de todo el mundo. Sin importar de dónde vengan ni a dónde vayan. Sin importar si ven con las manos o escuchan con el corazón.

En ese sentido avanzamos hacia el hito histórico de eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y en modificar el artículo 156 del Código Penal, que lastraba los derechos de las mujeres con discapacidad prohibiendo la esterilización forzosa. Y en ese sentido continuaremos trabajando en avanzar hacia un rumbo cierto que impulse a que todas y todos participemos en igualdad de condiciones, en la que tengamos la oportunidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente y en la que tener una movilidad reducida, una discapacidad, no sea sinónimo de tener una alta probabilidad de padecer violencia psicológica o de género, pobreza o exclusión social.

Así se erradica la exclusión: empoderando a las personas y mostrando sus capacidades. Porque el día en que una mujer con movilidad reducida salga de la oscuridad de reponer en los almacenes y se ponga en el foco de presentar un telediario, vaya a un juzgado o sea ministra, se acabará el debate al mostrar la realidad de sus capacidades.

Como Bill Murray en 'El Día de Marmota', los ciudadanos y las ciudadanas de la Región de Murcia hemos quedado atrapados en un loop temporal en el que, día tras día, nos vemos condenados a repetir una y otra vez nuestra jornada electoral autonómica, hasta aprender de los errores que nos han llevado a vivir en el mayor océano de exclusión social de España.

Estamos sumidos en la vergüenza de tener un gobierno regional más centrado en comprar voluntades que les mantengan en el poder que en poner soluciones que nos ayuden a salir de la crisis tras la pandemia. Todo les vale para que nada ni nadie cambie, aunque con ello tengan que firmar un día el 'Pacto por la Infancia de la Región de Murcia' promovido por Unicef en 2016. Y el 'II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia' en 2019, para deshacerlo meses después, en la siguiente legislatura, a cambios de sillones en San Esteban y pactos con la ultraderecha.

El pasado 30 de octubre nos sorprendían presentando una Comisión Especial de Discapacidad que ya caducó, al tiempo que incumplían las resoluciones de la Comisión especial de Discapacidad de la anterior legislatura entre las que se encontraba la de elaborar una normativa de consenso sobre Atención Temprana en la Región, que contara con todos los actores implicados, y que fuese accesible, justa, equitativa y gratuita para las Familias de todos los niños y niñas de la Región de 0 a 6 años. En la sesión de control del pasado miércoles nos volvieron a sorprender gobernando a golpe de calendario, presentando una Proposición de Ley a término fijo sobre Atención Temprana, a escasos días de que se celebre el Día Universal del Niño. Y de la niña. Sí. Y de la niña. Porque los y las socialistas continuaremos usando el lenguaje inclusivo tanto fuera como dentro de las instituciones, mal que les pese a los tránsfugas de Vox y a la nueva derecha reunificada del PP.

Porque en el PSRM-PSOE se es doble militante: del feminismo y del socialismo. Somos socialistas porque somos feministas. Y damos respuesta a la realidad de Región, en especial ahora que los derechos sexuales y reproductivos vuelven a ser cuestionados desde los sectores más retrógrados de la derecha murciana, queriendo eliminar a la mitad de la sociedad, las mujeres, del discurso político y social de nuestra tierra.

Pero claro, qué podemos esperar de la derecha de López Miras. De un partido que se niega a cambiar el artículo 49 de la Constitución española para continuar llamando 'disminuidos' a los niños y niñas con discapacidad, de un partido que en su Convención nacional no le daba vergüenza alguna no cambiar nada para que todo siguiera igual. Qué podemos esperar de un López Miras que abandona a su suerte a los centenares de menores que necesitan una beca de comedor para tener acceso a una comida digna al día al no cubrir esta necesidad en una comunidad en el que un 25% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, según datos de 2020 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y en la que tan sólo 2 de cada 10 niños y niñas acceden a esta beca.

Como Bill Murray, así nos hemos quedado. Como el meteorólogo que en el Día de Marmota queda atrapado en un loop temporal hasta comprender que tan solo él puede cambiar su vida. Ese es nuestro bucle temporal a romper. Esa es nuestra misión. Reaccionar para instaurar la Justicia Social que tanto nos costó conseguir para romper el océano de desigualdad en el que ya han quedado atrapadas medio millón de personas en la Región.

“La pobreza es una decisión política”, decía Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos en su visita a España hace unos meses. Y razón no le faltaba. 

El 21 de mayo de 2019 tomamos la decisión política de firmar el “II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia” para erradicar la creciente desigualdad en una región en la que una de cada tres personas estaban, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión o pobreza. Apenas un mes después de aquella firma en la que participaron un representante del Partido Popular y otro representante del partido Ciudadanos, la traición se consumó en el acuerdo programático de gobierno entre estos partidos, por parte de la ex líder de la formación naranja y actual consejera tránsfuga de Política Social, Isabel Franco. 

López Miras e Isabel Franco evidenciaron así, en el acuerdo programático que alcanzaron para gobernar en el estío de 2019, que la lucha contra la pobreza y la exclusión social no iba a ser una prioridad en las políticas sociales asistencialistas y caritativas que tanto le gusta practicar a los gobiernos del PP, al no incluir en el acuerdo de gobierno ni una sola línea de actuación dedicada a la lucha contra la pobreza. Y mucho menos mencionar lo firmado en el “II Pacto”, firmado apenas un mes antes. Traicionando su firma y dando alas a la galopante brecha social que se abría ante nosotros y nosotras, tal y como expusieron los integrantes de EAPN en la Región en un acto a las puertas de esta Asamblea Regional en la que se conmemoraba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En este acto citaban que, a pesar de la mejora económica experimentada en los últimos años, unas 500.000 personas de nuestra Comunidad, una de cada tres, estaba en riesgo de pobreza y exclusión, según la investigación “Condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la Región”. 

Tras casi tres décadas de inacción, y con una pandemia y dos años de gestión a las espaldas, ya podemos hablar de una gestión pública caótica, irresponsable y nefasta por parte del Gobierno regional de López Miras. Un gobierno que no sólo compra voluntades para que todo siga igual, sino que además pone en riesgo a los más vulnerables generando desigualdad en vez de igualdad de oportunidades. 

Dos años después de la firma del “II Pacto” ha quedado más que claro que la decisión de López Miras es la de continuar con la estela de los viernes negros de Mariano Rajoy, recortando programas a colectivos vulnerables y congelando la Renta Básica de Inserción en 2021, habiéndola recortado en 1,9 millones de euros en 2020. Pero, sobre todo, ha quedado claro que la decisión política de erradicar la pobreza ni estaba ni está en los planes del PP, ya que sus palabras y sus acuerdos tienen el mismo valor que sus firmas. 

La propia presidenta de la EAPN-RM, la señora Rosa Cano, escribía un artículo en el que denunciaba que, a fecha de mayo de 2021, tan solo un 6% de las medidas del pacto habían sido cumplidas. Y que 44 medidas de 50 continúan en el mismo cajón desastre dónde quedó el el Mapa de Servicios Sociales y el Plan de Inclusión de 2007. Dicho de otro modo, dos años después nos avergüenza corroborar que no hay avance en más de la mitad de las medidas del pacto. Y hoy es más necesario que nunca. 

Después de aquella decisión política de la que hablaba Philip Alston, desde el PSRM-PSOE continuamos trabajando y registrando iniciativas sociales como la aprobada el miércoles en una Asamblea Regional secuestrada de todo debate. Seguiremos denunciando datos y proponiendo soluciones reales y realistas que nos ayuden a salir del pozo de exclusión en el que el PP nos ha sumergido. Dos años después de aquella decisión política seguimos apostando por la política social como inversión, y no como un gasto, para generar igualdad de oportunidades.

Desde la restitución de la democracia, hace ya más de cuarenta años, hemos llevado nuestros valores allí donde más falta hacían: al Boletín Oficial del Estado, la mayor herramienta de transformación social. O al Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde desde el consenso, no siempre fácil en un arco parlamentario tan fragmentado como el actual, se ha de tejer la Justicia Social, la libertad y la igualdad que todo Estado del Bienestar Social debería garantizar.

En ese sentido, y al contrario que el gobierno tránsfuga de Fernando López Miras que no ha hecho más que oídos sordos a las peticiones y sugerencias de mejora que los Colegios Profesionales y Colectivos regionales manifestaron en las audiencias legislativas al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia; hemos trabajado en nuestras enmiendas en blindar derechos conquistados. Y en hacer efectivos los de las personas que necesitan hacer uso de unos Servicios Sociales ágiles y de calidad.

Es ya un hecho que la voluntad del Partido Popular y los diputados tránsfugas en la Ponencia de esta Ley no era ni es la de apostar por la protección social y, por ende, por el bienestar del millón y medio de ciudadanos y ciudadanas de la Región al volver a dejar pendiente de desarrollos reglamentarios ratios que generarán desigualdad en una Región socialmente fragmentada en la que trabajar y ser pobre es ya una realidad. Si así fuera, cogería de buen grado las iniciativas del PSOE para reactivar el II Pacto de Lucha contra la Pobreza, no recortaría en un millón de euros la partida que lucha contra la pobreza energética que padecen un 15% de los hogares. Y no congelaría la renta Básica de Inserción, recortada en 1,9 millones de euros en el presupuesto de 2020. Si así fuera, no existirían centenares de situaciones en un limbo de espera en materia de infancia y familia, discapacidad, mujer, personas sin hogar, personas migrantes, personas mayores. Si así fuera no se hubieran rechazado 127 enmiendas ciudadanas cuyo único fin era mejorar una Ley mejorable.

El PP debe haberse creído a pies juntillas aquello de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo.” Sólo así se entiende que se reúna con todos los colectivos y Colegios Profesionales fingiendo escuchar sus propuestas bajo la bandera del consenso. Para acto seguido rechazar, fuera de micrófono y cámara, todas sus propuestas de mejora. Un poder casi absoluto sostenido por un gobernante déspota que hace creer que brinda al pueblo aquello que necesita, pero sin darle mayores atribuciones sociales en la toma de decisiones.

Por suerte, siempre que en España o en la Región hubo avances sociales en ellos trabajó de forma activa el PSOE. Una vocación de servicio público que al contrario que el PP, que ha esperado a una pandemia para desempolvar la ley, nos tomamos muy enserio. Tan enserio que fuimos el primer Grupo Parlamentario en registrar las enmiendas, casi 90, a un proyecto de 118 artículo siendo admitidas todas y cada una de ellas cumpliendo así con el contrato social al que nos comprometimos al firmarlas dando voz a todas y cada una de las personas que nos lo pidieron.

Porque si hay algo que ha quedado claro en la tramitación de este Proyecto de Ley es que el PSOE sabe trabajar. Que con el PSOE se puede consensuar, transaccionando cuando era necesario para sacar a la Región del socavón de ser la segunda comunidad con peor calificación en servicios sociales. Y sobre todo, que allí donde hay un derecho social que mejorar el PSOE siempre tiene algo que decir al introducir cambios de gran calado social como el de que las personas con discapacidad cuenten con apoyos a la comunicación oral con uso de lengua de signos o cualquier otro sistema de comunicación disponible. O el que los Servicios Sociales tengan el carácter de ‘servicio público esencial’. En eso consiste el ADN de una política útil. En escuchar y proponer soluciones donde otros solo ven problemas. En mejorar la vida de los demás. En ofrecer a un problema político, la política social del PSOE como solución.

En mi infancia, como a la mayoría de niños y niñas de la Región de Murcia, me contaron cuentos en los que los lobos provenían del bosque sin saber entonces que, demasiado a menudo, también habitan dentro de casa. Una realidad difícil a la que en mis primeros años de ejercicio como jurista me tuve que enfrentar.

Y es por ello que hoy quiero hablaros de cómo el pasado 20 de mayo nuestro país se situaba a la vanguardia en la protección de derechos de la infancia con la aprobación de la Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que, entre otras muchas novedades, ha escuchado las opiniones y propuestas de más de 600 niños, niñas y adolescentes a través de un proceso participativo impulsado por la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over, cuyos resultados presentaron los propios niños y niñas en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018, y que incorpora, entre otros hitos, el aumento de la prescripción de los delitos de abuso sexual.

Ya hace años el movimiento feminista dinamitó la idea de que la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico era un tema de ámbito privado. Y puso sobre la mesa pública un problema, de dimensiones enormes, que apelaba a toda la sociedad a hacerle frente. Tuvo que romper con el esquema de pensamiento milenario de familia patriarcal, según el cual, las mujeres son propiedad del padre de familia. Hoy, de nuevo, se hace necesario sacudir las mentalidades, porque tampoco los hijos y las hijas son propiedad de los progenitores.

Las madres y los padres tienen el derecho y el deber de proporcionar bienestar, amor, cuidados, protección, educación, cultura y valores a los hijos y las hijas. Pero, en ningún caso, tienen legitimidad para desproteger, maltratar o abusar sexualmente de ellos y de ellas. Y cuando esto pasa, cuando cualquier miembro de una familia traspasa los límites del respeto al derecho de los niños y las niñas, toda la comunidad, toda la sociedad tiene que activar los mecanismos necesarios para proteger a aquella criatura, porque se ha convertido en un problema de responsabilidad pública y un atentado contra el derecho de la infancia.

Así, según el informe Ojos que no quieren ver de Save The Children, en todo el Estado español, solo un 15% de los colegios donde la víctima ha explicado los abusos, lo ha comunicado a las autoridades. Profesionales de la Psicología y de los Servicios Sociales sin preparación específica, sistemas judiciales que hacen pasar a las víctimas por un auténtico infierno, obligadas a declarar una media de cuatro veces en un sistema que desacredita su relato. Y así, sumamos y seguimos.

Un estado de supervivencia innato a los menores que me recuerda a una frase que hace un tiempo escuché en los juzgados. Y es que, si la salud y la ética de una sociedad se mide por las condiciones en que viven, se desarrollan y se atiende a las personas más débiles y, muy especialmente, a los menores, estábamos en fase de UCI en protección a la infancia. Un estado crítico del que, sin duda, una vez más, nos sacarán los avances sociales de un gobierno social.

Un camino hacia la consolidación de la protección integral de la infancia y de la adolescencia que comenzó el pasado 20 de mayo con la Ley orgánica de Protección integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, y que marcará un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en España. Un cambio radical en cómo cuidamos y protegemos a los menores, también en la Región de Murcia, cuya brecha de exclusión social y pobreza es especialmente dolosa. Una ley para los más vulnerables y para luchar contra los que vulneran, los que discriminan y los que marginan. Una ley que dará voz al silencio de una infancia protegida.

Pasado el primer aniversario del inicio de un confinamiento domiciliario que vaticinaba la gravedad social y económica que suponía afrontar una pandemia en pleno siglo XXI, hoy los estudios sobre sus consecuencias sociales se abren paso con datos demoledores de nuestra realidad social.

'Quédate en casa', rezaba el eslogan institucional que daba cuenta de la obligación decretada por el Gobierno durante el primer estado de alarma. Y en casa nos quedamos. Cada cual en la suya evidenciando el lugar que ocupa cada uno de nosotros y nosotras en la estructura social. Las diferencias entre viviendas, entornos y situaciones vitales fueron cobrando más y más peso en la conciencia de la ciudadanía a medida que pasaban los días de encierro en una Región que partía con una gran desventaja social antes de que el coronavirus llamara a nuestras puertas.

Una desventaja social cuyas políticas asistencialistas, a las que tan acostumbrados nos tiene el Partido Popular, se vuelven a plasmar en unos presupuestos autonómicos continuistas, tardíos y sin ambición que nos han convertido no sólo en la cuarta comunidad autónoma más pobre de España, sino que también nos han situado entre las 20 regiones con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en la Europa libre y socialmente responsable a la que debiéramos acercarnos. Una gestión que ha convertido la consejería de la tránsfuga Isabel Franco en la consejería de la vergüenza, al volver a dejar sin gastar casi 11 millones de euros en el remanente del IMAS, de los cuales 5 pertenecen al programa de personas mayores en un año de vital importancia para las personas dependientes.

Con pandemia y año y medio de gestión a las espaldas, ya podemos hablar de una gestión pública caótica, irresponsable y nefasta por parte del Gobierno regional, que pone en riesgo a los más vulnerables que lejos de impulsar la reconstrucción social “congela ayudas” como la de la Renta Básica de Inserción, que previamente recortó en casi 2 millones de euros en el presupuesto de 2020. Y recorta, cual Mariano Rajoy, en casi 1 millón de euros programas entre cuyos objetivos están el paliar los efectos de la pobreza energética, criminalizando así a los más desfavorecidos en tiempos de pandemia en una Región a la cola en todos los servicios sociales. En dependencia, en legislación social, sin Plan ni Mapa de Servicios Sociales (desde hace 15 años), en infancia y discapacidad (sin Decreto-Ley de Atención Temprana para que la gratuidad y la universalidad sea una realidad lo antes posible). Y sin aumentar el 'dinero de bolsillo' para los usuarios de residencias que, actualmente, pasan el mes con poco menos que 120 euros. ¡Vergonzoso!

Nuestra visión de la Justicia Social nos impide no aportar soluciones reales y realistas para salir de la actual pobreza cronificada. Nuestras políticas sociales han sido la bisagra del actual Estado Social y democrático de Derecho que no ha hecho más que mejorar la vida de los demás, a pesar de los votos en contra de primero Alianza Popular (al que pertenecieron Aznar y Rajoy). Y después del PP y VOX.

Es gracias a la libertad que nos proporcionó aquel Escudo Social por lo que hoy disfrutamos de avances sociales como la Ley de Igualdad de Género, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de la Dependencia, el aborto, la universalización de la sanidad pública o la eutanasia. Derechos, avances y progresos consolidados. Tanto, que la sociedad los ha abrazado y ningún otro gobierno se ha atrevido a modificarlos, a pesar de los votos en contra de las derechas. Y será gracias a la libertad que nos proporciona el Escudo Social del Estado por lo que hoy se podrá aumentar en casi 44 millones de euros el presupuesto social para el 2021.

Mientras otros, como López Miras, el primer presidente autonómico mantenido casi al cien por cien por el Gobierno de todos los españoles y las españolas, se dedica a confrontar dejando una región endeudada hasta las cejas que pagará al día más de cuatro millones y medio de euros. El Estado aporta para que nadie quede atrás. Dichos los hechos, suyas son las conclusiones.

En 2020 el Día Mundial de la Salud nos sorprendió en pleno confinamiento estricto decretado en la mayoría de los países del mundo. Este 2021, y ya con tiempo para reflexionar, la Organización Mundial de la Salud pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las poblaciones más pobres a la enfermedad, con un lema que debería hacer reflexionar a cualquier sociedad democráticamente avanzada: “Construir un mundo más justo y saludable”.

“Nos dicen que el coronavirus es el 'gran nivelador'. No lo es. Es mucho, mucho, más duro si eres pobre”, decía la periodista de la BBC, Emily Maitlis, la noche del 8 de abril de 2020. Una realidad que ha dejado al descubierto el coronavirus en una Región con un socavón de exclusión social y desigualdad sin precedentes en el que un tercio de la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y donde uno de cada tres niños y niñas pasan hambre.

Y es que cuando la COVID-19 comenzó a expandirse hasta convertirse en una pandemia con un alto nivel de contagio en todo el mundo, salieron a flote términos como 'el gran nivelador', 'el gran ecualizador' o 'el gran igualador'. Expresiones que pretendían poner el foco en el hecho de que el coronavirus pone en riesgo la vida de cualquier ser humano, sin importar su origen étnico, su nivel de ingresos o el lugar que habite. Sin embargo, nuestra historia nos decía que la COVID-19 reunía todas las condiciones para ser considerada como la pandemia de la desigualdad.

La pandemia de 1918-19 mató entre 50 y 100 millones de personas a lo largo de tres oleadas. Estudios recientes han demostrado que la mortalidad de las clases sociales populares fue mayor, observándose que la gripe no se comportó de una manera democrática, sino que hubo una variación geográfica significativa en la mortalidad asociada con factores sociodemográficos. Dicho de otro modo: dime en qué parte de la Región vives y te diré que posibilidades tienes.

Nos guste o no, en esta sociedad de la ceguera, en tiempos de pandemia, una de las mejores maneras de valorar los logros o injusticias sociales de una comunidad es analizar en detalle sus condiciones de salud y, muy en especial, su nivel de equidad. Y es por ello que, en la semana en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud, desde el PSRM-PSOE ni podemos ni vamos a pasar por alto que el lema de este año (“Construir un mundo más justo y saludable”) pretenda resaltar la importancia de luchar para acabar con las desigualdades salientes de la pandemia.

La importancia de luchar para erradicar las políticas neoliberales que durante años ha utilizado el Partido Popular para ir deteriorando sin piedad los recursos y servicios de la sanidad pública; los servicios sociales y de dependencia que los recortes de Rajoy hicieron imposible desarrollar hasta este 2021 gracias al Plan de Choque de la Dependencia del Gobierno de España que, en una sola partida, han conseguido revertir los recortes de años.

“Construir un mundo más justo y saludable” consiste en erradicar los recortes en el presupuesto regional (aún sin aprobar) a la salud pública como medio para analizar, proteger y prevenir la enfermedad y promocionar la salud colectiva. Un medio que ha sido sistemáticamente infrafinanciado e ignorado por el Gobierno de tránsfugas de López Miras, al tiempo que hipócritamente se aplaudía y aclamaba como héroes a los precarizados profesionales exponiéndolos al contagio y al riesgo de morir. Pero, sobre todo, consiste en invertir en políticas públicas que erradiquen de raíz la pandemia más devastadora de nuestra época: la desigualdad.

El coronavirus nos obliga con urgencia a hacer un cambio social radical. De esta crisis no saldremos como individuos aislados, sino cohesionados de una misma comunidad. Y en este momento de reconstrucción, aún sin presupuestos sociales en la Región, hay una premisa a la que no vamos a renunciar: la justicia social. Y en esa justicia social nos encontrarán.

Construyendo, sí. Pero sin dejar a nadie atrás.

Cuando las tropas soviéticas llegaron a Berlín a finales de abril de 1945 sabían que la guerra estaba ganada y el nazismo tenía sus días contados. Se equivocaron. No contaban con el recibimiento de miles de niños y niñas, sabiamente adoctrinados. 

Francisco Javier Aspas (Teruel, 1966) cuenta en «Los hijos del Führer» que Hitler siempre le decía a sus enemigos internos algo que helaba la sangre: “Tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen”. No le faltaba razón. Esos niños y niñas fueron las únicas personas, la única generación, que el nazismo pudo modelar completamente. Un legado que se extiende hasta nuestros días mediante la ‘voz’ del partido de Santiago Abascal: aristócratas y con vínculos con la extrema derecha donde descendientes del general Eugenio Espinosa de los Monteros (embajador de España en el Berlín de Adolf Hitler desde 1940 a 1941); es uno de los principales baluartes de la formación ultraderechista en Madrid junto a su mujer, Rocío Monasterio. Candidata de Vox en las próximas elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid.

 Marxismo vs nazismo, intolerancia contra intolerancia, fanatismo contra fanatismo, sinrazón contra sinrazón. Pero no como polos opuestos en un continuo, sino como círculos concéntricos que han terminado solapándose, formando un solo círculo. El círculo del fanatismo y de la violencia dialéctica. El circulo del mercado del opio, del fumadero de las masas adoctrinadas. Las mismas que ven bien que un mes “te vendan” que Vox es Bildu y al otro se alíen para mantener en el gobierno de la Región de Murcia a un López Miras que no sabe a dónde va ni con quién.

Sí hay que romper con “El Pacto Antitransfuguismo”; se rompe. Sí hay que “comprar diputados” que firmaron libremente una Moción de Censura contra el gobierno corrupto del que ya forman parte; se compran. Si hay que trapichear con la cultura; se trapichea. Y si hay que vender la educación pública a aquellos que opinan que los hijos de las madres solteras son “conejos” y los valores democráticos están demás; se vende.

Al nuevo PP de siempre todo le vale. Y nada le importa. Ni siquiera la educación de toda una generación de murcianos y murcianas. Sólo así se entiende que hayan permitido que la ultraderecha acceda a una consejería del Gobierno regional convirtiéndonos no sólo en la primera comunidad autónoma compuesta por un gobierno de tránsfugas y disidentes de Vox; sino también en el primer gobierno autonómico de España al que entra la ultraderecha.

Quizás creas que esto no es tan malo. Pero como profesional del derecho te aseguro que las leyes educativas establecen la importancia y necesidad de educar en valores democráticos tales como la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, el diálogo, la libertad y la pluralidad.

 Somos más de cuatro los que consideramos que vetar actividades por “adoctrinamiento” desprestigia la enseñanza pública. Sobre todo, cuando no hay ley sobre la que se fundamente.

Imagina un padre, madre, abuelos o cualquier otro tutor legal que no quiera que los menores sepan nada de la teoría de la evolución de Darwin, del reciclaje porque consideran que el cambio climático es un bulo.

Imagina familias desestructuradas cuyos descendientes no vean en casa la importancia de unos valores de respeto hacia los demás. Menores de progenitores homófobos, racistas, maltratadores (físicos o psicológicos) que necesitan ser educados en respeto y tolerancia. Imagina que por mero interés partidista de López Miras sean privados de una educación completa, a pesar de tener derecho a ella. Imagina una sociedad deshumanizada con nuestros mayores porque en sus casas no vean respeto hacia ellos. Imagina el presidente de un gobierno autonómico capaz de prostituir las instituciones hasta tal punto de vender 5 de las 10 consejerías bajo eslóganes simplones y racistas.

Ni tú ni yo pensamos como ellos. Pero la cultura y la educación de toda una generación será a la carta, porque ahora les pertenecen bajo un nuevo aroma de liberación de lo normativo que nos impone el sanchismo. Y aunque lo consienta un López Miras que ni sabe a dónde va ni con quién; nos tendrán enfrente.

Maquiavelo, mucho más que el cínico amoral que dibuja el discurso dominante, sostenía que todas las instituciones se corrompen con el tiempo. La libertad se pierde, decía, por la corrupción de quienes deberían preservarla. Entonces se produce el crac y vuelta a empezar. Y qué duda cabe de que ese es el punto del ciclo en el que nos encontramos hoy en la Región de Murcia. 

Desde que en mayo de 1995 Valcárcel ganara con mayoría absoluta las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia, la ciudadanía de esta buena tierra ha asistido a una compleja trama de elección de nombres. Todos ellos con el mismo propósito: blanquear la corrupción: Auditorio; Barraca; Hidrogea; Pasarelas; Teatro de Cehegín; Novo Carthago; Líber; La Sal. Incluso La Púnica llegó a nuestras tierra pero ninguno tan vergonzoso, aberrante e indignante como el escándalo de “las vacunas”. 

Casi 26 años después de aquel día, la Región continúa conociéndose por los malos datos de gestión, por clientelismos y corrupción a escalas nunca vistas en las instituciones con tramas que atentan contra cualquier atisbo de moralidad, si es que algún día la hubo. 

Tras más de dos décadas de gestión errática, el heredero de Pedro Antonio Sánchez continúa expandiendo en las instituciones regionales el “mal endémico” del abuso de poder que sus antecesores le enseñaron enrocando al capitán del Concordia regional en un iceberg de caos y corrupción que lejos de evitar, fomenta con la compra de diputados que libremente decidieron firmar una Moción de Censura contra su gobierno.

Un hecho que no hace más que acrecentar los fantasmas de la historia de corrupción sistémica y abuso de poder de la derecha española; más presentes que nunca en nuestra comunidad. Una corrupción que no es ningún pretexto para desestabilizar ningún gobierno regional en Madrid, Andalucía y Castilla y León, como dicen algunos, sino la realidad en la que nos tienen sumidos desde hace más de dos décadas. Una realidad que conocemos bien. Y es por eso que comparar una multa de tráfico, cuya causa ya se archivó, con atraco al protocolo de vacunación en la Región en una pandemia mundial sin precedentes para dotar de inmunidad de rebaño al Gobierno de López Miras en perjuicio de los más vulnerables, es poco menos que reírse de la ciudadanía.

Al nuevo PP de Casado y Teodoro García todo le vale.

Si hay que romper “El Pacto Antitransfuguismo” que haces apenas unos meses se reforzaba y extendía a todas las administraciones públicas; se rompe. Si hay que “comprar diputados” que firmaron libremente una moción de censura contra el gobierno corrupto del que ya forman parte; se compran. Si hay que vender la Región por voluntad de Casado; se vende.

Así de cínicos son los líderes de la corrupción como Casado, que aprovechando su “relevancia política” se llevó a casa un máster sin cursarlo. Así de nuevas sus viejas prácticas: con la mano izquierda cierran Génova bajo excusa de regeneración y con la derecha utilizan la caja B de siempre para que todos sigan bajo su tela de araña.

Y es que ya lo dijo Jaume Perich “los que dicen que todos los políticos son iguales suelen conformarse con los peores.” Y de aquellos polvos del 95, estos lodos en 2021. Y, si no que nos lo pregunten al millón y medio de personas que vivimos en la Región de Murcia que, en los últimos días, hemos asistido a un guion que bien podría haber sido dirigido por el mismísimo Francis Ford Coppola a lo Don Corleone en 'El Padrino'. Ya saben, por aquello de que todo queda en familia. 

Eso sí, en la del Partido Popular, con un López Miras más centrado en hacer oposición al gobierno de España y en cambiar leyes que lo mantengan en el poder 4 años más, que en combatir desde dentro de las instituciones la «corrupción» de su partido.

Combatir la corrupción política es cosa de todos y todas en una sociedad democráticamente avanzada. Y ahí nos encontrarán, con dignidad.

Firmes en el compromiso que asumimos con la ciudadanía de velar por la verdad, por la justicia social, la igualdad y la transparencia en unas instituciones asfixiadas.

“De esto ni una palabra. ¿Oyes?, en estos asuntos de los señoritos, tú, oír, ver y callar”, decía Paco, el Bajo, en Los Santos Inocentes.

 “Ver, oír y callar.”

Un pacto de silencio que, si lugar a dudas, los de mi generación no compramos. Más aún si se trata de poner de manifiesto las desigualdades salientes de la investigación de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social y el informe anual de desigualdad publicado por Oxfam Intermón, con motivo del Foro de Davos, hace apenas unas semanas. Estudios que, una vez más, resaltan como la crisis desencadenada por la COVID-19 ha agravado el virus de la desigualdad, la pobreza, la precariedad laboral y la exclusión social en una región con un empobrecimiento crónico en la que, según la tasa AROPE, un tercio de la ciudadanía ya partía con una gran desventaja en la casilla de salida antes de esta crisis.

Datos que no son más que la radiografía de una región desigual que muestran claramente las consecuencias de una sociedad como la que presentaba Delibes en Los Santos Inocentes: en la que unos están arriba y otros abajo. Y donde oír, ver y callar es casi un grito sordo de supervivencia. Sobre todo, si eres parte del Gobierno regional.

Un estado de exclusión social en el que impera como remedio, al igual que en los personajes de la obra, la incomunicación imperante entre los miembros del consejo de gobierno de López Miras que, a manera de grito sordo, sólo se ve alterada por los esporádicos intentos de regeneración de Ciudadanos al sumarse a la petición del PSRM-PSOE de pedir la creación en la Asamblea Regional de una Comisión especial de investigación parlamentaria sobre el escándalo de las vacunas.

Una comisión que no obedece a un capricho de atención pública y/o ciudadana sino a la imperiosa necesidad de restablecer el equilibrio social en el orden del protocolo: donde los primeros en la fila sean los vulnerables y no los que vulneran.

Esa es la justicia social en la que creemos. Ese el espíritu de restauración que nos mueve a continuar trabajando en construir una Región más justa, menos desigual.

Y es que a pesar de que muchos nos quieran vender, en este mes en el que se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, que la pugna de la clase obrera es cosa del pasado; informes como el de Cáritas revelan que trabajar hoy y ser pobre es ya una realidad en la Región de Murcia cuyo rostro más sangrante tiene nombre de mujer.

La desigualdad es la cuna de todas las desigualdades. Y por ello, rebelarnos ante lo que muchos llamarían un destino inevitable del azar está en la base del ideario socialista. Prueba de ello es que mientras el gobierno de Pedro Sánchez trabaja en romper la brecha de exclusión a través de la Alianza País por la Pobreza Infantil Cero, plasmada ya en los presupuestos generales del estado para 2021, en la que ni está ni se espera al Partido Popular de Casado. Gobiernos como el de López Miras, más que en romper el círculo de la desigualdad, están centrados en los fantasmas de la historia de corrupción sistémica y abuso de poder de la derecha española (que hoy volvemos a padecer en la región); santificando a “los indecentes de proceder” que roban las vacunas de los más vulnerables.

Ahora que la vacuna ya está aquí, todas y cada una de nosotras y de nosotros hemos puesto nuestras esperanzas en un 2021 que nos trae 365 nuevas oportunidades para hacer de la región una tierra más igualitaria donde la ciudadanía vea, oiga y crezca sin pactos de silencio que atenten contra el conjunto de la ciudadanía en los que “los de siempre” pisoteen “la santa paciencia” de los de abajo. Porque los cambios más grandes empiezan por nosotros mismos.

Ya lo decía Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Por ello, desde el PSRM-PSOE continuaremos trabajando desde nuestros ayuntamientos y junto a nuestros concejales en erradicar la pobreza. Acabar con la desigualdad es el fin y el objetivo de todos nuestros gobiernos.

Qué duda cabe que la tramitación del proyecto de Presupuestos Regionales es uno de los grandes momentos del curso político. Y no sólo porque sea la ley más importante del año. Sino por la oportunidad de demostrar en un momento de crisis mundial como el actual, cuál es la verdadera identidad y prioridad de un gobierno que, hasta el momento, ha preferido vetar a pactar.

Los presupuestos pueden tener cuerpo de ley, pero tienen alma de pacto. El mismo espíritu de consenso e iniciativa que, desde el PSRM-PSOE, llevamos realizando con responsabilidad y sentido de Región desde el pasado mes de noviembre en aras de alcanzar un acuerdo social, que actúe como palanca de transformación social en la Región de Murcia.

Lo que estamos viviendo en estos últimos días, no es más que la prueba evidente de que las cuentas públicas son la radiografía de que no todos los gobiernos son iguales. De que no es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne la izquierda. Y, en definitiva, de que las recetas ‘austericidas’ del PP son diametralmente contrarias a las políticas sociales para fortalecer el Estado del Bienestar que defiende el PSOE. De ahí nuestras iniciativas, rigurosas, serias y concretas que ni han sido ni son ningún secreto ni para López Miras ni para el resto de grupos parlamentarios.

Todas ellas forman parte de un ADN colectivo y social de avances en derechos en la Región que el Partido Popular no debería obviar. Y sin embargo aquí estamos, en 2021, con las mismas y viejas costumbres de 2020. Y siendo la única comunidad autónoma de España sin presupuesto para este año con unos presupuestos prorrogados y recortados en sanidad pública haciendo frente a la mayor crisis de los últimos tiempos.

La Covid ha demostrado con crudeza que los recortes en sanidad pública y servicios sociales que se han ido produciendo en la última década en la Región han provocado que tengamos un sistema socio-sanitario infradotado y tremendamente tensionado.

Nuestra visión de la Justicia Social es la bisagra de un Estado Social y democrático de Derecho que no ha hecho más que mejorar la vida de los demás. De ahí nuestra batería de medidas para garantizar una atención socio-sanitaria basada en el bienestar de las personas y fundamental para salir de la crisis sin más desigualdad, miedos, ni temores. Especialmente, por y para las personas mayores y dependientes.

El Partido Popular se empeña, por puro interés partidista, en bloquear las propuestas sociales que desde el PSRM llevamos meses ofreciendo al gobierno al ligar los presupuestos a vetos innecesarios (como el veto parental en la escuela) que en nada beneficiarán al millón y medio de habitantes de la Región de Murcia.

El patriotismo del que tanto hacen gala no puede ser el temor de algo sino el apego y el respeto a las familias que se han sumado a las colas del hambre por la pandemia. Consideramos que este es el gran momento de la política porque es el momento del acuerdo. Pero también porque en los presupuestos es donde se demuestran los valores, no con palabras tibias a las que enseguida se lleva el viento del extremismo, sino con hechos que nos lleven a unos presupuestos expansivos que actúen como palanca de la transformación social y económica de la región a través de propuestas que sean un revulsivo para el Estado del Bienestar, creando una red de seguridad; especialmente para las clases medias y trabajadoras de la región.

 La ciudadanía no entendería que López Miras diera prioridad a las exigencias de la ultraderecha antes que a las necesidades sociales de un tercio de la ciudadanía. Porque no se trata de imponer vetos presupuestarios. Sino de levantarlos para realizar unos presupuestos inaplazables e indispensables que erradiquen la desigualdad como cuna de todas las desigualdades. Y por ello, continuaremos tendiendo la mano, hasta el final. Y lo haremos para construir desde el diálogo democrático la base de un nuevo contrato social que cierre la brecha de la desigualdad en una región que ya partía con una gran desventaja de exclusión social en la casilla de salida de esta crisis.

El silencio que Bernarda Alba pide a sus hijas se ha convertido en la nueva y pionera iniciativa que ciudades como Barcelona han introducido en el transporte urbano.

“Evita hablar” se ha convertido así en el último grito en toda la red de transporte público de varias ciudades de España para evitar la propagación de la COVID-19. Y todo ello, a pesar de los numerosos estudios científicos europeos que avalan que el transporte público no es una fuente de contagio.

Para algunos, la iniciativa “transporte silencioso” puede tener ventajas, como disfrutar de un viaje más tranquilo sin distracciones ni ruidos. Para otros, esto destaca la necesidad de reforzar las líneas, especialmente a la entrada y salida de los centros educativos y universidades, para que a las horas punta los autobuses sean de mayor capacidad.

Sea como fuere, en casi todas las ciudades y comunidades autónomas de España están dispuestos a tomar medidas extraordinarias para una situación extraordinaria salvo Fernando López Miras. Que comienza el año 2021 sin presupuestos. Y con el mismo propósito del año anterior: aprovechar la mayor emergencia sanitaria de nuestro tiempo como excusa para deteriorar el transporte público en la Región.

¡Silencio!

Silencio por respuesta ante la petición de centenares de estudiantes y ayuntamientos, como el de Lorca o Águilas, que pedían a la consejería de Fomento reforzar las líneas con motivo de los exámenes presenciales universitarios por la dificultad de poder acudir hasta los campus de las universidades debido a las limitaciones de aforo en el transporte regional. Silencios que evidencian que, desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia, López Miras no ha hecho más que desesperar a los colectivos y dar la espalda a los miles de usuarios que, cada día, usan el transporte en la región.

Y todo ello en un mes en el que se ha aprobado un Decreto-Ley urgente (9 meses después de que se declarase el Estado de Alarma) por el que se establece una línea de subvenciones para los concesionarios de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera.

Un Decreto que no ayudará en nada a los usuarios ni a los estudiantes que el 1 de febrero continuarán con el mismo problema de movilidad en el transporte: sin autobuses suficientes para ir a la universidad bajo pretexto de falta de demanda.

Silencio y falta de transparencia e ideas, por parte de López Miras, ante los 9,2 millones de euros que llegarán a la Región de Murcia procedentes del Fondo de 800 millones del Gobierno de España para que el López Miras no sólo de ayudas para atajar la crisis sino para no suprimir las líneas para que los trabajadores y trabajadoras, que quieren trabajar, puedan salir del ERTE.

Silencios que son excusas cuando “nos venden” que no pone más autobuses porque no quieren ver autobuses vacíos. Cuando todos sabemos que su campaña de falta de demanda no es más que un pretexto ante la falta de una buena oferta.

No puede haber demanda cuando una vecina Águilas tiene que acudir a una cita médica a las 12:00 horas y el autobús sale a las 07:00 y vuelve a las 13:30 horas. No puede haber demanda cuando la Línea 30, que realiza el trayecto entre la pedanía de Los Ramos y la ciudad de Murcia, sólo ofrece 7 expediciones (un 25% de lo habitual). No puede haber demanda cuando no se retoman los horarios de los autobuses la línea 21B ni en la 42 de la vega Media. No puede haber demanda en el momento en el que estudiantes de Lorca no pueden desplazarse para realizar los exámenes presenciales.

Silencio al que el PSRM-PSOE pone y pondrá voz siempre a través de iniciativas encaminadas a que inviertan en un servicio esencial para la ciudadanía que, ahora más que nunca, necesita ser reforzado para no generar desigualdades innecesarias. Porque la movilidad sostenible es mucho más que un decreto. Es luchar por un derecho que nos permite cumplimentar otros derechos como el de ir a trabajar, a la escuela, a la universidad o a una cita médica.

Hay momentos que marcan una era y definen vidas políticas enteras. Y qué duda cabe que los retos que este 2020 nos ha impuesto, a golpe de pandemia, es uno de esos momentos.

Concluida la fase de comparecencias en la Comisión de Reactivación de la Asamblea Regional, llega el momento de reconstruir sin dejar a nadie atrás. “Sin dejar a nadie atrás”. Una frase que los socialistas nos tomamos muy en serio, también en la Región de Murcia. Más aún, teniendo en cuenta el socavón de exclusión social y desigualdad del que partimos con un tercio de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y donde uno de cada tres niños y niñas pasan hambre.

Por ello, entendemos que de la comisión para la reconstrucción social y económica de la Región de Murcia debe salir un compromiso de Región en el que estemos todos y todas. Pero, sobre todo, debe salir el reflejo de la Región unida, responsable y justa que nos pide la ciudadanía.

Ahora nos toca a nosotros sentar las bases de un Acuerdo de Reconstrucción sólido. Y en esa reconstrucción social el PSRM-PSOE tendrá un papel relevante al conocer mejor que ningún otro partido de gobierno cada rincón de nuestra tierra.

Formamos parte de un ADN colectivo y social de avances en derechos que el Partido Popular y, por extensión, López Miras no debería obviar. Nuestra visión de la Justicia Social es la bisagra de un Estado Social y democrático de Derecho que no ha hecho más que mejorar la vida de los demás. Los grandes avances sociales de nuestra democracia han sido el fin y el objetivo de todos y cada uno de nuestros gobiernos. Somos el partido de la memoria democrática y de los avances sociales: la Ley de Igualdad de Género; el matrimonio igualitario; la Ley de Identidad de Género, la Ley de la Dependencia; el aborto; la universalización de la sanidad pública o la eutanasia.

Pero, sobre todo, somos el partido de los derechos: como el que proporcionan los ERTES o el escudo social del Ingreso Mínimo Vital, que este mes llegará a casi 20.000 hogares en la Región de Murcia. Derechos, avances y progresos consolidados. Tanto que la sociedad los ha abrazado y ningún otro Gobierno se ha atrevido a modificarlos.

Y es precisamente esa visión global de cultura social, abrazada por todo un país, la que trasladaremos al dictamen final de la comisión. Esa es la justicia social en la que creemos y el corazón de nuestras convicciones. Porque no habrá reactivación (ni económica ni social) mientras 8 de cada 10 jóvenes de la Región no puedan emanciparse a pesar de trabajar. Mientras una mujer tenga que elegir entre su maternidad o su carrera profesional. Mientras las personas con discapacidad no estén incluidas en la sociedad. Mientras una familia no tenga dónde dormir ni qué llevarse a la boca en una Región donde 30.000 personas se han sumado a las colas del hambre tras la pandemia, según Oxfam.

Porque no olvidamos que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras nos hacen más libres. Que un salario mínimo más digno nos hace más libres. Que la ley de dependencia, el derecho a decidir sobre nuestra vida y el Ingreso Mínimo Vital nos hace más libres. Y porque sabemos que no habrá salida justa de esta crisis sociosanitaria mientras un enfermo crónico tenga que elegir entre comprar medicinas o comer ese día. Y desde luego, no habremos salido juntos mientras una persona con discapacidad tenga que esperar un año para pasar un reconocimiento en una Región a la cola de y en todo en materia social.

Sabemos mejor que nadie cómo hacerlo. Lo demostramos el pasado julio, cuando el que el Gobierno de España lideró un acuerdo histórico en la Unión Europea. Y continuaremos trabajando incansablemente, pueblo a pueblo, y desde la Asamblea Regional para cumplir el mandato que la ciudadanía nos ha enviado en las comparecencias: salir cohesionados y a la vez.

La sociedad nos mira con atención. No podemos fallar. Ahora es tarea de todos y todas lograr un dictamen inclusivo para dotar a la Región de las herramientas necesarias para reconstruir las vigas maestras de un futuro compartido.

De esta crisis no saldremos como individuos aislados, sino cohesionados de una misma comunidad. Como decía al principio, hay momentos que marcan una era y definen una vida. En este caso vidas enteras. Y en este momento histórico hay una premisa que la sociedad murciana no debe olvidar: donde hay justicia (social) no hay pobreza“  Y en esa justicia social nos encontrarán. Reconstruyendo, sí. Pero sin dejar a nadie atrás.

«Todo en él era viejo, salvo sus ojos», escribía Hemingway en El viejo y el mar. Una metáfora poética de la vida que logras comprender al ver al joven Manolín cuidar de Santiago al llegar a puerto.

Para alguien como yo, que ha vivido con y junto a sus abuelos hasta el final de sus días, los cuidados en el entorno del hogar no son difíciles de comprender. Todo lo contrario. Serían impensables de ignorar. Y, sin embargo, no puedo evitar vivir con asombro y tristeza como en las últimas décadas hemos asistido impasibles a la involución de la concepción del envejecimiento cuyo clímax más perturbador llegó a las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia en la Región de Murcia. 

La pandemia nos debería hacer reflexionar seriamente sobre si esta involución no la podríamos haber evitado educando en valores, tanto en casa como fuera de ella, que era justo lo que pretendía “la demonizada” Educación para la Ciudadanía de Zapatero. Crear y fomentar lazos de respeto en la convivencia intergeneracional para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de tratar con respecto y dignidad a nuestros mayores.

Demasiado tiempo llevaba la Marea de Residencias exigiendo un «cambio de 360 grados» en las políticas de gestión de las residencias de mayores en la región antes de que la Covid-19 se colara entre las sábanas de los residentes. Pero la sociedad tan solo reaccionó al ver, cual Santo Tomás, las imágenes de la vergüenza por todos los medios nacionales del país.

El Partido Socialista de la Región de Murcia, que lleva en el ADN de sus convicciones la Justicia Social, no desoyó la petición de ayuda de familiares y trabajadores de algunas de las residencias afectadas; como sí hizo el gobierno regional de López Miras al votar en contra (junto a Cs y Vox) de la constitución de una Comisión de Investigación. Y se sumó con su denuncia a las diligencias de la Fiscalía el mismo día que fueron abiertas.

La pandemia se ha mostrado en la región con una radiografía dolorosa del estado de salud del actual modelo (sin inspecciones ni auditorías periódicas) concebido hace 25 años para un residente en buenas condiciones. Y, sin embargo, el confinamiento también ha dejado a la juventud grandes lecciones con centenares de abuelos y abuelas “conectados a la red” a través de Skype o videollamadas de WhatsApp demostrando que “el hábito no hace al monje”. Todo esfuerzo ha sido poco para estar como siempre.

La Región no escapa a esta tendencia imparable de envejecimiento activo que, según la ONU, sitúa a España como el país más envejecido del mundo en 2020. Un hecho que está provocando un necesario cambio incluso en la oferta de viviendas accesibles que la Fundación Pilares recoge en su libro “Viviendas para personas mayores en Europa”. Una transición desde el agotado y clásico modelo institucional de residencia hacia el lógico y nuevo modelo de hogar.

Conscientes de este imparable cambio, el PSRM ha tendido nuevamente la mano al gobierno regional ofreciendo un “Plan socio-sanitario de rescate” frente a la crisis de la COVID-19 que aboga por cambiar el modelo de residencias y la prolongación de la vida autónoma que todo ser humano desea baja la idea de “vivir como en casa”.

Un modelo residencial adaptado a la nueva realidad que pivote sobre el principio de autodeterminación de la persona y que trate de superar el modelo actual basado en la satisfacción de necesidades y provisión de cuidados fundamentalmente asistenciales y sanitarios a través de microresidencias o unidades convivenciales con un máximo de 15 personas. Un tránsito que hoy es más posible que nunca gracias al incremento de 600 millones de euros de la dotación a la dependencia. Y al reparto entre las CCAA de los 750 millones de euros destinados a impulsar la economía de los cuidados.

Una apuesta clara del PSOE por la Política Social cuyo fin último son las personas. Porque al final del camino, al llegar al último puerto, en el fondo todos queremos lo que el viejo Santiago de Hemingway. Reposar en casa al cuidado de nuestro particular Manolín.