En los últimos días, hemos podido confirmar que Osakidetza renuncia a privatizar sus almacenes y abandona la idea de centralizarlos en Iurreta. Desde LAB pusimos hace tres años en marcha una estrategia antiprivatización que nos ha llevado a paralizar 200 millones de euros en más de una veintena de pliegos. Pero este caso, que suma otros 129 millones, tiene una trascendencia importantísima, más allá de su cuantía económica. El tipo de contrato mixto, de obra y servicio, exponía a las claras la intención de ceder la gestión de una infraestructura sanitaria pública a empresas privadas.

La noticia de su fracaso debe ser tenida en cuenta como una victoria estratégica de quienes cuestionamos el modelo sanitario actual, en el que se debilitan servicios tras años sin inversiones para plantear, cuando afloran los problemas, su cesión al negocio privado. Con los años, estas cesiones se convierten en una dependencia que nos debilita aún más frente a intereses capitalistas de primer orden en un ámbito sumamente importante como el sanitario. El resultado de la ecuación siempre incluye la precarizacion de las condiciones de trabajadores y trabajadoras.

Este proyecto era una apuesta clara por un modelo sanitario concreto muy permeable al 'lobby' empresarial. Además se ha pretendido sacar adelante con figuras contractuales como el dialogo competitivo que buscaba neutralizar las acciones de quienes llevamos años paralizando pliegos de externalización en Osakidetza.

La idea de esta plataforma logística surge en los despachos, con todas las taras que podía arrastrar. Su principal tara, que además supone una constante, es considerar, parte de los servicios del sistema sanitario público como complementarios. No es de extrañar que oigamos a Confebask en la mesa de salud calificar ciertos trabajos de complementarios, para defender su privatizacion, tal y como lo hace el PNV en su programa electoral al argumentar que en Osakidetza no se privatiza (salvo servicios complementarios, claro). Es absurdo no asumir, por ejemplo, que la limpieza de un hospital es fundamental o que también lo es tener un equipo de mantenimiento potente que te puede construir UCI en tiempo récord ante una hecatombe.

En 2020 entendimos que eran tareas esenciales. Pero, una vez restituido el statu quo neoliberal, el PNV ahora las califica de “complementarias” para justificar su mercadeo.

La apuesta fue anunciada por Gotzone Sagardui y se planteaba como revolucionaria la idea de una plataforma logística, que no aportaba novedad alguna salvo el paso de gigante que se pretendía dar en las políticas de privatización. Para LAB no hay duda que el principal motor para la construcción de esta infraestructura era la posterior cesión de su explotación a empresas privadas. Sin embargo, la justificación verbalizada por sus promotores ha sido en todo momento la eficacia en las compras. De ser así, quizás, quienes estén fallando son los gestores y es ahí donde haya que poner el foco.

En la comparecencia parlamentaria de esta semana donde se oficializaba la renuncia al proyecto pudimos volver a oír que en Osakidetza no se privatiza nada que no estuviese antes privatizado. Su desfachatez es insultante, cuando están renunciando a una privatizacion planeada de los almacenes y cuando los 100.000 candidatos de las listas de contratación de Osakidetza llevan meses sufriendo las consecuencias de otra privatización reciente, la de implantación de un sistema de gestión para las listas de contratación, que está sorteando con total impunidad la infinidad de perjuicios ocasionados a miles de personas que están en dichas listas de contratación.

En todo caso, el suministro de materiales a toda la red de Osakidetza es un tema de vital importancia y supone una tarea básica para el correcto funcionamiento de todo el sistema. Controlar esa cuestión para evitar roturas de 'stock' y avanzar en el camino de la soberanía sanitaria es fundamental. El suministro de material a los centros sanitarios debe ser público y debe estar protegido al máximo de lógicas paralelas con ánimo de lucro.

La actitud de las trabajadoras de los servicios de almacén ha sido la constante piedra en el zapato de los promotores del proyecto. Su accionar ha sido ejemplar e inteligente. Su protesta ha ido más allá de la evidente amenaza a sus puestos de trabajo. La defensa del carácter público de su fuerza de trabajo ha guiado su protesta en todo momento, acertando en el planteamiento y haciendo sentir la misma preocupación a plataformas y movimientos ciudadanos en defensa de la sanidad pública fuerte.

La mayoría de sindicatos de clase hemos participado y aprendido de estas movilizaciones a la vez que hemos emprendido acciones legales, enfrentando el proyecto desde todos los flancos, también desde el contencioso administrativo.

Todos los agentes involucrados en dar a conocer este caso han sido fundamentales para generar una opinión cada vez más potente cuestionando el proyecto. Esa posición, también se trasladó al grupo de trabajo de “infraestructuras” de la mesa de salud. En ella, LAB junto con EH Bildu expusimos al resto de organizaciones que el modelo de explotación (privado) de la infraestructura debía ser revisado. Y fue un posicionamiento ampliamente respaldado. Era evidente que ese pliego estaba bien atado y nació para ser vendido a alguna multinacional, por lo que revisar esa cuestión era anularlo desde su propia concepción y la consecuencia de su revisión era hundir el proyecto. Como ha sucedido.

Ahora se abre un nuevo escenario, había 129 millones (más sobrecostes) que se pensaban gastar en 10 años y tenemos una red de almacenes que necesitan inversiones desde hace décadas. Es momento de iniciar las inversiones necesarias de manera consensuada en unos servicios de los que depende toda Osakidetza.

El reto es inmenso, tras décadas de debilitamiento y privatizaciones. El modelo actual necesita una refundación que consagre términos como autosuficiencia, soberanía sanitaria, estabilidad, reversión, reducción de la dependencia, calidad, frente a las ideas y proyectos que esconden intereses ajenos a los de la población, que en la mayoría de casos son puramente mercantilistas.

Todo porque nos han hablado durante años de colaboración público-privada cuando en realidad nos estaban hablando de una confabulación cuyo último escalón es una puerta giratoria al final de la etapa al frente de las instituciones, ya sea en Keralty, en Vithas, en IMQ o en Petronor.

"Ayuso y Sagardui obedecen a la misma hoja de ruta y, aunque tengan estilos diferentes, comparten objetivos"

Cuando oímos decir a Sagardui o Urkullu que no se privatiza en Osakidetza, estamos asistiendo a una burla de tal calibre que debería despertar en todos y todas nosotras, el pueblo trabajador, un rechazo inmediato. El PNV y el PSE, también el PP llevan privatizando desde hace décadas la sanidad en todo el estado, Ayuso y Sagardui obedecen a la misma hoja de ruta y aunque tengan estilos diferentes, comparten objetivos.

Las políticas de privatización son políticas en pleno desarrollo y de largo recorrido, que se vienen aplicando desde que esos mismos partidos (PNV y PSOE) votaron a favor junto con la extinguida CIU y Coalición Canaria en 1997 una ley cuya derogación es una necesidad imperiosa, la famosa ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión del sistema nacional de Salud.

Dicha ley ya marcó la hoja de ruta que tenían pensada esos partidos políticos, posibilitando la entrada de todo tipo de empresas bajo el paraguas de “nuevas formas de gestión”. El germen fue el famoso “informe abril” redactado a instancias del PSOE de las mayorías absolutas en 1991 y cuyo nombre debe a su redactor, Fernando Abril Martorell, antiguo procurador de las cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano.

Y, claro está, de aquellos barros, estos lodos para las clases populares, y de aquella jugada maestra, este asalto a la sanidad pública para el capital, que tiene en esos partidos sus aliados más leales. Es difícil encontrar una confrontación entre vida y capital más evidente que la que se está ejecutando en la Sanidad.

Vaya por delante que la reflexión que queremos trasladar, salvaguarda, porque aún estamos a tiempo, la situación actual del sistema sanitario público vasco. Si bien está soportando un tensionamiento político y un acecho económico sin precedentes, no vamos a participar de los planes de descrédito del mismo que forman parte de la estrategia privatizadora del PNV y su conglomerado de intereses espurios. El descrédito de la sanidad pública también forma parte de la hoja de ruta de aquellos partidos traidores al interés general en beneficio del capital. Ya en los años 90, fuimos testigos de campañas de descrédito y hoy también somos testigos de mensajes en esa dirección, esta vez, la piedra angular de ese descrédito es una supuesta falta de profesionales que imposibilita una atención de calidad.

Y es ahí donde nos queremos detener. Hace más de 10 años que venimos advirtiendo de la gran necesidad de profesionales que iban a ser necesarios para la actual ola de jubilaciones. No es un tema exclusivo de Osakidetza, es un problema común a todas las administraciones, por lo que es evidente que esa supuesta falta de personal, de ser cierta, sería consecuencia de la falta de previsión. Pero lo que desde LAB defendemos es que esa “falta de previsión” era una decisión estratégica en la hoja de ruta iniciada en los 90.

Ante la inacción de Osakidetza y su falta de medidas frente a la ola de jubilaciones que venía, el sindicato LAB publicó en el año 2018 y 2019 sendos estudios de la contratación efectuada por Osakidetza en Araba primero y en toda Osakidetza después. Dichos informes fueron calificados por el PNV y PSOE de catastrofistas en el parlamento todas las veces que les fueron presentados. En esos informes ya hablábamos de la existencia de más de 3000 puestos cuya cobertura fraudulenta estaba realizándose de manera temporal cuando sus funciones eran de naturaleza estructural, como los define las actuales leyes de estabilización fruto de las sentencias europeas. De ahí, que repetimos una y otra vez que los problemas son de ese calibre, estructurales. El 54% de los contratos temporales realizados en Osakidetza no eran para cubrir vacaciones, bajas o ausencias temporales, sino para cubrir puestos de estructura.

El debilitamiento de la estructura sanitaria por medio del fraude en la contratación quedó patente en esos informes. Ese cáncer de la temporalidad y la falta de compromiso del PNV y las diferentes direcciones de Osakidetza, afecta a todas las categorías por igual e introduce unas interferencias enormes en la calidad del servicio que se presta puesto que genera una movilidad constante de más de 15 mil trabajadoras precarias que bailan de un servicio a otro durante años, dinamitando también las expectativas laborales de quienes trabajan o quieren trabajar en Osakidetza, generando una fuga a otros sistemas sanitarios, incluido el privado.

En aquellos informes había un dato muy relevante, que llamaba mucho la atención, el del personal facultativo: esa categoría despuntaba en los niveles de precariedad, y es que el 82% de las contrataciones en esa categoría eran de carácter temporal para cubrir puestos de naturaleza estructural, casi 30% más que en el resto de categorías.

Ese déficit de puestos en estructura en la categoría facultativa, aumentaba el poder de los jefes de servicio frente a los y las facultativas que querían acceder a través del embudo que generaba la dirección de recursos humanos. Y aumentaba el poder de las direcciones de Osakidetza para imponer la PAX romana otorgando a los jefes de servicio la capacidad de repartir las pocas plazas que existían por medio de filtraciones que contaban con el paraguas de la dirección y silencio cómplice de todos ante el poder omnipresente de quien disponía de las cartas de libertad frente a la masa precarizada.

No es cierto que el PNV sea un mal gestor. El PNV y su cómplice de fechorías, el PSOE, es un gestor excelente para los intereses empresariales que desde hace décadas tienen puesta su mirada en los sectores más rentables de la Sanidad pública. Las empresas históricamente vinculadas a la sanidad lo saben, y otras muchas se están reconfigurando hacia este sector porque ven que la leyes infames firmadas por estos señores otorgan un espacio inmenso a la explotación y mercantilización de nuestra salud, generando un nicho de negocio altamente rentable.

LAB tiene su acción sindical centrada en estos momentos en las contrataciones públicas que afectan a servicios de limpieza, informática, electromedicina, mantenimiento, costura, etc., sectores cuya privatización ya está muy avanzada. En el último año hemos conseguido parar externalizaciones por valor de 180 millones de euros. Pero el acoso y derribo de la atención primaria que venía visibilizando antes de la pandemia, ha tomado una deriva muy preocupante que debe ser respondida como pueblo, generando un cambio político y señalando a quienes pretenden convertir nuestra salud y nuestra enfermedad en fuente de negocio. El último episodio de este desmantelamiento planificado es la intención de crear una base logística que supondría la desaparición de los almacenes públicos y cientos de puestos de trabajo.

Hay que advertir a la población de que quienes hacen negocio con nuestra pondrán el acento en el incremento de “gasto” sanitario y no en la eficiencia en la gestión de esos recursos, y es que a medida que avancen los planes de privatización, la asignación de recursos se verá incrementado porque en muchísimos casos, las privatizaciones suponen económicamente un desastre para las arcas públicas además de una pérdida de calidad en el servicio.

La alianza entre personal trabajador y usuarios que suponen las plataformas en defensa de la sanidad pública son la máxima expresión del interés general frente a los mercenarios que intentan torcear nuestro sistema de protección para vendernoslo de nuevo adulterado.

El PNV seguirá diciendo que no se privatiza a la vez que asistimos al incremento de seguros privados de un 20% en los últimos años. Pero la clase trabajadora no podemos permanecer impasibles ante una tomadura de pelo tan grande y tan peligrosa para el pueblo trabajador vasco y sus generaciones venideras. Asistimos a un juego de trileros perverso con conceptos como titularidad o colaboración público-privada y debemos tener claro que este juego de trileros esconde un ataque sin precedentes a nuestro derecho a un sistema sanitario público para todos y de calidad.

Por eso, para LAB, las convocatorias de huelga el 18 y 19 son importantes para los y las trabajadoras de Osakidetza, pero los vasos comunicantes entre los derechos de las trabajadoras dentro y fuera de los centros de trabajo sanitarios, sos más que evidentes, como se ha puesto de manifiesto en las últimas iniciativas que han tomado la calle de la mano de las plataformas ciudadanas.

Mi historia no es la mía. En este caso, es la historia de mi hermano. Enfermó de esclerosis lateral amiotrófica y tras largos, tortuosos y sufridos años, nos dejó a los 37 años. Su última mirada fue para su hijo mientras le leía un cuento para dormir. Así nos dejó, la sedación le durmió con la mejor banda sonora posible, la voz de su hijo.

El diagnóstico fue temprano y nos puso frente a una esperanza de vida de cinco años en los que exprimir la vida, y eso posibilitó hacer algún viaje durante los primeros compases de la enfermedad y prepararlo todo para dar la batalla que anuncia el diagnostico de una enfermedad degenerativa sin cura como la ELA.

Mi hermano no olvidó en ningún momento a los y las que aquí nos quedaríamos tras dicha batalla, mujer, hijos, padres, hermanos, amigos, etc. Por lo que sus preocupaciones no sólo eran las propias de una persona con 37 años y dos hijos que sabe que va a morir tras años de sufrimiento inevitable. Sus desvelos tenían mucho que ver con dejar a su familia entera, sin reproches, sin arrepentimientos, sin desgarros psicológicos. Todo esto, a pesar de parecerme aún imposible, se logró. No es fácil librar una batalla sabiendo que la derrota será aplastante e inevitable. Hacerlo sin quebrar nuestra conciencia y sin tensionar las relaciones personales, no está al alcance de todos. En ese sentido, mi hermano dio una lección inigualable de entereza, tesón y dignidad durante toda su vida. Si algo pesa sobre la conciencia colectiva familiar es no haber dado una muerte lo suficientemente digna a una persona tan digna, tan grande.

El día 17 de diciembre de 2020 ha sido un día muy importante para la familia. Tenemos bien abiertos los ojos para ver quienes critican esta ley con la misma falta de respeto que muestran ante la voluntad de las personas agonizantes que quieren rendirse. Adelanto que jamás perdonaré semejantes posicionamientos.

Es muy doloroso ver cómo un ser querido dice a sus doctores con pestañeos que señalan la letra en un abecedario cantado a viva voz y que construye frases interminables como “no estoy deprimido, no es una cuestión de ánimo, es una cuestión espiritual, me siento vacío espiritualmente, quiero morir, no puedo más”. Cuando se quiebra nuestro espíritu y con él las ganas de vivir, la enfermedad termina por dominar el vacío que supone no poder más, en esa situación, es inhumano brindar como única opción el sufrimiento.

Mi conciencia tiene claro que por encima de leyes escritas siempre estuvo la dignidad de mi hermano. Hubiese ayudado a morir a mi hermano sin ningún remordimiento. No lo hice porque a mi hermano le preocupaba las implicaciones legales que esto podía suponer. Mi compromiso para con su voluntad se inició en una conversación tras el diagnóstico. Y ese compromiso perduró hasta su último aliento, inquebrantable. Hice todo lo que me pidió en cinco años y, sin duda, de haber recibido esa petición, la hubiese llevado a cabo. Siempre tuve claro que, ante todo, su voluntad debía prevalecer y no sólo en la cuestión relativa a su muerte.

Murió en una larguísima agonía, sufriendo dolores indescriptibles, sin poder hablar, sin poder tragar, sin poder prácticamente respirar. Es insultante oír hablar a ciertos sectores de “la ley de la muerte”. Esas personas quizás sean capaces de pasarse dos horas todos los días con su hermano encima mientras al ritmo de su débil respiración comprime su pecho para conseguir sacar una flema que está produciendo un ahogamiento. Dos horas, todos los días, hasta el día de su partida. Cuando no eran ahogamientos eran otras situaciones. Su mujer, sin poder pegar ojo ni una sola noche durante 365 días al año porque una simple flema podía ahogar a mi hermano. Los turnos de cuidados entre padres, mujer, hermanos y su hijo siempre colaborando. Todo sin poder moverse ni poder hablar. La vigilancia tenía que ser constante para evitar lo único que hacía temblar a un gigante como mi hermano: morir ahogado.

Nosotros no queríamos que mi hermano muriese. Es más, mi hermano no quería morir, no quería dejar a sus hijos sin padre, no quería destrozarnos con su ausencia. Pero elegir el momento, el lugar y con quien morir era la única opción de mantener la dignidad que era asaltada por una enfermedad tan cruel como implacable.

La eutanasia es un tema que transciende creencias, ideologías, clase económica, lugar de procedencia. La eutanasia transciende todo eso porque va directamente a la esencia del ser humano, a nuestra condición humana. Mucha gente lo percibe como una cuestión compasiva, otros como una cuestión de dignidad, otra de libertades. Para mí es una cuestión de respeto. Las personas somos seres complejos que ante situaciones similares no actuamos de maneras extremadamente diferentes. Todo lo contrario. Ante situaciones similares se registran comportamientos aproximados.

A mi hermano no se le respetó su voluntad de morir mediante protocolos médicos que garantizasen una muerte digna, bajo la supervisión médica, de manera colegiada, con seguridad para el paciente, sin poner en aprietos legales a nadie. Al contrario, quienes defienden la vida hasta la última bocanada de aire impregnada en sufrimiento, siempre han visto garantizada su voluntad. Y es que, al fin y al cabo, la nueva ley de eutanasia regula precisamente ese derecho también, porque el derecho no es a la eutanasia, sino a la libertad de elección. Y eso es lo que garantiza una muerte digna a quienes quieran la eutanasia y a los que no, la libertad de elección.

Yo no quiero morir, pero celebro que, como voy a morir muy a mi pesar, haya una ley que garantice que lo voy a hacer de manera digna. Ese derecho se lo arrebataron a mi hermano quienes durante años han bloqueado esta ley.