Actualmente el Producto Interior Bruto (PIB) es la medida más utilizada para analizar y comparar el nivel de desarrollo económico y social de los países. Sin embargo, el PIB mide exclusivamente la producción de bienes y servicios en un momento y lugar específicos, obviando factores determinantes para el desarrollo social como la educación, la salud o la situación medioambiental. Por ello, si queremos saber más acerca de los niveles de bienestar y de progreso social de nuestras sociedades, el PIB no nos sirve y será necesario utilizar otros instrumentos de medición. Tal y como reconoció el propio Simon Kuznets, premio Nobel de Economía y creador de PIB, éste no es una medida adecuada para comprender los niveles de bienestar y de progreso en una sociedad. 

El debate no es nuevo y Kuznets no fue el único que alzó la voz para apuntar las limitaciones del PIB como método de cálculo. Otro Nobel de Economía, Amartya Sen, también lo señaló en los años ochenta y a partir de sus reflexiones surgió el Índice de Desarrollo Humano, un paso en la dirección adecuada, aunque insuficiente, ya que no contemplaba muchas esferas del bienestar.

Con el objetivo de superar esas limitaciones y partiendo de reflexiones anteriores, en el año 2012 surgió el Índice de Progreso Social (SPI, en sus siglas en inglés), una herramienta de medición impulsada por la organización estadounidense Social Progress Imperative Foundation. De acuerdo con este índice, el progreso social sería la capacidad de una sociedad de cubrir las necesidades humanas básicas de sus integrantes, proporcionar las herramientas básicas para permitirles mantener o mejorar su calidad de vida y, finalmente, promover que sus individuos puedan explotar todas sus capacidades y potencialidades vitales.

El SPI mide doce aspectos distintos del bienestar, entre los que se encuentran la educación, la salud o la libertad personal, que se agregan para formar un único indicador final. El SPI cuenta con un marco conceptual riguroso e indicadores fiables y actualizados y a diferencia del PIB, no incorpora variables económicas, lo que permite conocer y analizar la relación entre progreso social y progreso económico.

Para entender la necesidad de volver a poner este debate sobre la mesa es pertinente volver la atención sobre los resultados del Índice de Progreso Social Europeo, publicados recientemente por la Comisión Europea. En ellos podemos observar un desacoplamiento entre el desarrollo económico y los niveles de bienestar y progreso en los estados y las regiones de la Unión Europea, también en España y las Comunidades Autónomas. Para ser más precisos: Catalunya, Madrid y las Islas Baleares tienen un nivel de progreso social muy inferior de lo que cabría esperar dado su PIB per cápita. A su vez, comunidades como Cantabria o La Rioja gozan de un nivel de progreso social sensiblemente superior a lo que les corresponde según su PIB per cápita. 

“¿Y esto es relevante?”, se preguntará el lector. La respuesta es sí. Efectivamente, el desacoplamiento constituye un problema. Cuando a igualdad de recursos económicos hay territorios que tienen un progreso social dispar hay algo que no funciona y que debe enderezarse. Al no incorporar variables económicas, el SPI no nos podrá informar acerca de desajustes económicos o fiscales, que los hay. Sin embargo, el SPI sí que permite detectar las consecuencias de estos posibles desajustes, en la medida que pone el foco en las diferencias territoriales del bienestar. Y no solo esto. El SPI también permite conocer aquellos ámbitos donde es necesario depositar más esfuerzos e identificar aquellas medidas que deben priorizarse. Y ofrece orientación por lo que refiere a las políticas públicas que deben impulsarse para restablecer el equilibrio entre progreso económico y progreso social.

Debemos rehuir una visión excesivamente y limitantemente economicista de la idea de progreso. Resulta perentorio encontrar medidas más adecuadas que el PIB para medir el bienestar de nuestra sociedad. Herramientas como el Índice de Progreso Social ayudan a este propósito.