Según la comunidad científica que asesora a Naciones Unidas en materia de cambio climático, la humanidad necesita alcanzar la neutralidad de carbono para mediados del siglo XXI. La próxima década es absolutamente decisiva; diez años en los que se necesitan transiciones rápidas y de gran alcance en los sectores de usos del suelo, energía, industria, edificación, transporte y ciudades. Este gran esfuerzo en la descarbonización de la economía no puede posponerse más allá de 2030 o 2040. No hay tiempo que perder. Es ahora cuando hacen falta cambios disruptivos, apostando por transiciones valientes diseñadas para el bien general, bajo criterios de sostenibilidad.

Ante tamaño desafío, vemos con preocupación que, bajo el nuevo paradigma de la descarbonización, abrazando el discurso de la transición ecológica y el Pacto Verde, emergen resistencias al cambio que realizan propuestas continuistas. Las cadenas del pasado comprometen nuestro presente y futuro. Estas propuestas no son solo salidas en falso a la crisis climática, sino que suponen la perpetuación de prácticas antidemocráticas que muestran la cara más oscura del capitalismo fósil. El rostro interesado del petróleo, el gas natural y el uranio que se resiste a morir y a perder sus privilegios históricos.

En España no habrá transición ecológica sin una transición hacia la transparencia e independencia en las decisiones y actuaciones de la Administración Pública en cuestiones de energía. Urge comenzar la transición hacia marcos regulatorios que impidan las puertas giratorias entre los despachos de los diversos ministerios y los consejos de administración de las grandes empresas, esas puertas que permiten el intercambio de intereses y el mantenimiento de un sistema energético propio del siglo XX. Un mecanismo, el de las puertas giratorias, que las principales fuerzas políticas han normalizado y alimentado a lo largo de los años y que genera una pérdida de credibilidad en la democracia representativa y el poder ejecutivo, cultivando la inmoralidad política y la pugna de intereses en los sectores regulados a los que afecta, y mucho, la legislación que se discute en el Parlamento.

En un manifiesto denominado 'Los sin cromos', impulsado por la Fundación Renovables y Greenpeace y apoyado por más de 30 organizaciones sociales, la sociedad civil denuncia que los recientes avances normativos, legislativos y estratégicos (con sus diferentes objetivos, configuración del mercado eléctrico y nuevas tecnologías) han puesto en evidencia que el engranaje de puertas giratorias sigue funcionado a la perfección y que la política pública no está cumpliendo su principal finalidad; trabajar por el interés colectivo y no hacer de comparsa de intereses económicos de las empresas del sector energético y eléctrico.

El manifiesto apunta a los conflictos de intereses y, por tanto, a la devolución de favores, como práctica habitual entre la administración pública y el sector privado. Este mecanismo de “intercambio de cromos” es algo que sigue utilizando el oligopolio energético para inclinar la balanza a su favor. Decisiones que son vitales para la ciudadanía y para el medio ambiente se toman para mantener el actual statu quo del poder empresarial y político.

En el ámbito de la transición energética, es crucial contemplar la energía como un derecho y, como tal, se ha de fomentar la participación de las asociaciones sociales y de la ciudadanía en su conjunto en la toma de decisiones estratégicas de un sector clave para el bienestar de la sociedad. Para ello, es necesario dejar de ver la energía como un mero vector económico y empoderar a la sociedad como ciudadanía consciente y activa en los consumos energéticos, siendo fundamental la creación de un marco legislativo propicio para ello.

La transición energética no puede ser pilotada desde el sistema de puertas giratorias. Es necesario el establecimiento de un comité de expertos u órgano científico que informe y asesore a las instituciones europeas y nacionales a la hora de diseñar y evaluar los planes y políticas. Pero esta independencia en la toma de decisiones no será posible si no se aborda la modificación de la Ley de Incompatibilidades (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y actualizaciones posteriores). Necesitamos que en la nueva configuración del sector energético prime el servicio al interés público, por lo que las decisiones no pueden ser impuestas por las propias empresas reguladas ni condicionadas por ellas.

Por último, el mejor indicador de que la transición ecológica se está realizando con criterios de transparencia y democracia será la asignación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea: deberán ser destinados a proyectos que hayan sido declarados elegibles previamente por el Gobierno, bajo unas condiciones estrictas de sostenibilidad, replicabilidad, distribuidos, innovación, digitalización, soporte para pymes, inclusivos y cuya ejecución repercuta favorablemente en los consumidores.

No podemos repetir el error de la crisis anterior, debemos aprender de ella para avanzar. Hay que cambiar con la máxima premura y transitar hacia un modelo energético que no esté en manos del oligopolio, sino en las de toda la ciudadanía.