Nosotras, las mujeres, vivimos en una situación de discriminación permanente y parece que no pase nada. Protagonizamos el 76% de los contratos parciales, y el 79% de los trabajos no cualificados del sector servicios. Cobramos un 20,64% menos por trabajo de igual valor e invertimos 16 horas semanales más que los hombres en el trabajo reproductivo. La brecha en las pensiones alcanza el 28,1%. Y parece que no pase nada...

Y sí que pasa.

Pasa que nosotras, las mujeres, trabajamos cada año de nuestra vida tres meses de manera gratuita –si sumamos la brecha salarial a la brecha reproductiva–. Pasa, por lo tanto, que a nosotras, las mujeres, no se nos permite ejercer nuestro derecho a vacaciones pagadas. Derecho impulsado en 1931 por el Ministro de Trabajo, Largo Caballero. O lo que es lo mismo, pasa que las españolas llevamos 91 años con un derecho reconocido por ley que no transforma nuestra realidad cotidiana. Pasa que nosotras, las mujeres, a pesar de trabajar más, somos más pobres.

1.132 mujeres han sido asesinadas desde 2003, 46 menores desde 2013. Ellas son sólo la punta del iceberg. Cada año sufren en nuestro país violencia de género alrededor de 600.000 mujeres. Sólo denuncian el 25% de ellas. El resto convive con su agresor día y noche, en régimen de violencia de baja –o no tan baja– intensidad. En 2021 se produjeron más de 17.000 delitos contra la libertad sexual. El 90% de las víctimas no denunciaron. Tienen miedo a ser juzgadas por una justicia injusta. También temen los prejuicios de nuestra sociedad. Ellas, las víctimas, tienen miedo. Y parece que no pase nada. 

¡Y sí que pasa!

Pasa que cuando las víctimas potenciales somos la sociedad en su conjunto, le llamamos terrorismo. Y hacemos minutos de silencio, memoriales y funerales de Estado. Pasa que cuando el terrorismo no asesina pero persiste, le llamamos terrorismo de baja intensidad, y sigue ocupando titulares y recursos. Pasa que cuando las víctimas somos 'solo' las mujeres, la mitad de la humanidad, hay un silencio, una indiferencia y una resignación que nos golpea a todas y cada una de nosotras. La violencia de la indiferencia. 

España es el primer país de Europa y el tercero del mundo con más puteros. 

4 de cada 10 hombres esclaviza o ha esclavizado sexualmente a las mujeres a cambio de dinero. La industria proxeneta mueve cada día 5 millones de euros en dinero negro. Según la ONU, el 84% de la trata de seres humanos se realiza con fines de explotación sexual. Dentro de este porcentaje, el 94% de las víctimas son mujeres y niñas. ¡Y parece que no pase nada!

¡Y sí que pasa!

Pasa que trata y prostitución son las dos caras de una misma moneda, y que aceptar la segunda es legitimar la explotación y la violencia sexual contra las mujeres. Pasa que diferenciar entre prostitución y trabajo sexual, es blanquear la explotación sexual y humanizar a los proxenetas. Pasa que aceptar la prostitución como trabajo nos hace cómplices del régimen de esclavitud al que están sometidas algunas mujeres en el siglo XXI. Pasa que quien ve trabajo en la explotación sexual es esclavista.

¡Y sí que pasa!

Porque algo pasa cuando la sociedad asume como natural las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y algo pasa cuando se niega la violencia de género, pero también cuando se frivoliza con el feminismo vinculándolo a los cuidados o se conjugan en una misma frase como sinónimos conceptos antónimos como prostitución, trabajo sexual y libertad. 

¡Y sí que pasa!

Pasa que los datos no engañan. ¡Y la agenda feminista tampoco! Urge que este 8M lo tengamos claro. Urge que este 8M denunciemos todas y cada una de las discriminaciones que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. El resto sólo sirve para reforzar el sistema que nos oprime. Y nuestra democracia no puede permitírselo. Porque cuando nosotras, las mujeres, la mitad de la humanidad, vivimos en una situación de discriminación permanente tanto en el espacio público como en el privado, amenazadas con violencia de baja o alta intensidad, no tengamos ninguna duda: algo pasa. ¡Claro que pasa!

Son aproximadamente las 7 de la mañana. Miro a los lados mientras introduzco, aliviada, las llaves en la cerradura de la portería. No te confíes, pienso, todavía no. Falta el ascensor. Vuelvo a introducir las llaves en la cerradura, en esta ocasión de mi casa. Ahora sí. Desconecto la ubicación a tiempo real que le he enviado a Marta, mi mejor amiga, y respiro. Le envió un mensaje: “Ya en casa. Todo ok. Un beso”. Es el mismo mensaje que me envío con ella y otras amigas cuando salimos a cenar juntas. Y como nosotras, tantas. Pero en realidad hoy no regreso de cena sino de hacer mi horita de running diaria antes de empezar el día. Pienso en cuántos hombres deben enviar su ubicación en tiempo real cuando salen a correr, en cuántos deben enviar un mensaje de “he llegado sano y salvo”. Siempre las mismas preguntas. Y siempre la misma respuesta: el patriarcado.

El patriarcado es el sistema en el que hombres y mujeres hemos vivido desde el inicio de la Historia. Algunos y algunas lo sitúan en el Neolítico, con el inicio de la propiedad privada. Se caracteriza por ser un sistema en el que los hombres se creen y actúan como “superiores” a las mujeres. Su supuesta superioridad se basa en la fuerza física pero se fundamenta en el género. La construcción social y cultural que nos dice cuál es el papel de unas y otros en la sociedad. Para perpetuar el poder masculino, se utiliza la violencia machista. La violencia es el instrumento al servicio de los hombres para mantener su poder. No todos la utilizan, es cierto. Pero sin esa violencia como amenaza no se hubiese perpetuado el machismo durante siglos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en España la ejercen 600.000 hombres. Por lo tanto, 600.000 mujeres son violentadas día tras día. 1.118 ya no lo están. Han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. 600.000 potenciales asesinos andan sueltos. Y lo hemos normalizado. Como si fuese irremediable. Como las violaciones. Una cada 4 horas. Silencio.

Nosotras, las mujeres, vivimos en una situación de pánico constante, de inseguridad perpetua, de terror permanente. Somos supervivientes de un sistema que nos oprime hasta la muerte. Todas y cada una de nosotras somos potenciales víctimas del machismo. Urge que los poderes públicos declaren la emergencia que supone que la mitad de la población esté en situación de riesgo vital. Urge que se priorice de una vez por todas y sin titubeos la lucha contra la violencia machista. No se pueden optimizar recursos cuando hay asesinadas en sus hogares, y agresiones sexuales y violaciones en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Urge que se legisle, como lo hizo Zapatero con la Ley de Igualdad o con la Ley contra la violencia de género; como los está haciendo Pedro Sánchez con la Ley del 'Sólo sí es sí'. Urge que optimicemos la gestión para ser efectivos en la implementación de circuitos de prevención y atención, de protección y sensibilización. Urge porque la vida de cientos, de miles de mujeres está en juego. Urge acabar con el negacionismo de la violencia de género que perpetua el régimen hegemónico. Urge también acabar con el silencio y con los minutos de silencio. Y urge que los hombres abandonen las armas, renuncien a sus privilegios de género y se unan al cambio social por la igualdad. Juntas y juntos para construir una sociedad en la que las mujeres podamos vivir seguras, podamos vivir en paz.

Las fuerzas independentistas hubiesen querido una campaña más larga, más tiempo para tensionar hasta el límite, como ya nos tienen acostumbrados a hacer con el Estatut, la Constitución y la democracia. Pero no fue así, y no solo eso sino que, muy a su pesar, Salvador Illa ganó las elecciones. No contaron con que la propuesta solvente y seria del socialismo triunfaría. Salvador Illa fue el único comprometido políticamente con el feminismo, presentando unas listas paritarias (también en sus caps de llista) y sosteniendo la firme promesa de hacer un Govern feminista y paritario como President de la Generalitat. El PSC ha sido el partido más votado por las catalanas.

Los y las socialistas somos conscientes de las desigualdades estructurales que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por eso defendemos que se priorice la agenda feminista política y presupuestariamente. Nuestro camino hacia una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres es radicalmente inverso al que quieren los y las que han gobernado Catalunya la última década. Los y las que no cumplen con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los y las que lideran el ranking de Comunidades Autónomas con menos órdenes de protección de todo el Estado español (46%), los y las que afirman sin sonrojarse, a pesar de las 169 catalanas asesinadas desde 2003 y de los y las 4 menores asesinados desde 2013, que la pandemia les ha impedido aprobar el Pacto Catalán contra la Violencia Machista. Ojalá para otros temas les hubiese faltado tiempo…

El independentismo lo ha hecho, ha ignorado la advertencia que Clara Campoamor hizo un 1 de octubre –la fecha es, sin duda, paradójica– y ha cometido el error de dejar al margen a las mujeres. Pero nosotras hemos contestado como las que lo hicieron por primera vez en 1933: con nuestros votos.

Los y las socialistas deseamos pasar página de este desgovern. Nuestra prioridad política pasa por luchar contra la violencia machista que mantiene a la mitad de la humanidad, las mujeres, atemorizadas, cansadas, hastiadas de tanta violencia. Pero nuestra misión política como feministas socialistas no se limita a erradicar la violencia machista, sino que nuestro objetivo político es la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder.

Porque, sin duda, la violencia machista es el instrumento al servicio del patriarcado para perpetuar las relaciones asimétricas entre los sexos y sostener en el tiempo las jerarquías existentes entre hombres y mujeres. Pero esa violencia no es sólo física, sexual o psicológica. La hallamos también en el contrato social. Urge que lo renovemos. Y para ello, debemos apostar firmemente por la coeducación a lo largo de la vida, para romper con esa cadena de transmisión de estereotipos, que dificulta que las niñas escojan carreras STEM. No more Matildas. Sólo así destruiremos la dinámica perversa de la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo. Sólo así acabaremos con los suelos pegajosos y destruiremos los techos de cristal.

Las mujeres sólo hemos avanzado en derechos cuando hemos tenido a referentes socialistas en los gobiernos. Mujeres fuertes, valientes, conscientes, todas ellas, que debían ser incómodas si querían ser transformadoras. Y ellas, las que nos precedieron, y nosotras, por las que vendrán, nos comprometemos firmemente a iniciar la transformación en Catalunya. Y es que, porque fueron somos, porque somos serán!

El 29 de diciembre se cumplió una década de gobierno independentista en la Generalitat. Perdón, en honor a la verdad, en realidad se cumplieron diez años desde la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat. Entonces el Molt Honorable no era independentista, quiero recordar y no miento, que pactaba los presupuestos con Alicia Sánchez Camacho. Unos presupuestos que no priorizaban a las mujeres, es decir, ignoraban al 50,95% de la sociedad catalana.

Del pacto con el Partido Popular, CiU, ya rebautizado como Junts pel Sí, PDeCat o Junts per Catalunya o…., inició sus flirteos con el independentismo y se dejó querer por ERC y la CUP, cosas del poliamor. Pero ellos y los de “els carrers seran sempre nostres” nos mostraron y demuestran que las calles, en todo caso serán de ellos, porque el impacto para nosotras, las catalanas, fue con la derecha el mismo que con el supuesto independentismo progre, es decir, ninguno.

El pasado 17 de diciembre se cumplía un año de la celebración del Parlament de les Dones en la cámara de representación catalana. En el se ratificó, como no, la situación de desigualdad que sufrimos las catalanas. Se evidenció, una vez más, que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no existe en Catalunya, a pesar de la legislación vigente. Por cierto, un cuerpo legislativo que se ha producido siempre de la mano de gobiernos socialistas.

El diagnóstico estaba y está claro. Pero un año después, continuamos esperando la acción. No ha llegado, no llega y no llegará si los independentistas continuan gobernando Catalunya. El Govern de la Generalitat ha hecho dejación de sus funciones en la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y por lo tanto también en la lucha contra la violencia machista.

La modificación de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en el último pleno de la legislatura, por la vía de urgencia extraordinaria y sin la participación y el consenso necesarios, no sólo no es suficiente, si no que nos divide en la lucha contra el patriarcado, y contra el instrumento que éste utiliza para seguir sometiendo a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres: la violencia machista.

Puestos a comprometerse contra la violencia machista, el Govern podría haber desarrollado el reglamento de la ley originaria, a día de hoy todavía sin realizar, o haber aprobado el “Pacte Català contra la violència masclista”, al que el Govern se comprometió, y que la consellera Budó dijo no poder desarrollar a causa de la pandemia.

Puestos a comprometerse contra la violencia machista, el Govern podría haber invertido en recursos para atender a las mujeres víctimas, suprimir las listas de espera de los Servicios de Información Especializada y pagar sueldos dignos a sus profesionales, y trabajar día y noche para dejar de ser la comunidad autónoma que encabeza el ranking de menos órdenes de protección aprobadas para proteger a las mujeres de sus maltratadores.

Puestos a comprometerse contra la violencia machista, el Govern podría haber apoyado las enmiendas contra la prostitución y la pornografía que los y las socialistas hicieron a la ley. ERC, JxCat, PDeCat y CUP han demostrado que tienen prioridades, y que éstas no son feministas.

En estos tiempos convulsos, líquidos y gaseosos en las que los deseos quieren primar sobre los derechos, las feministas nos hemos convertido en el objetivo de muchos y muchas. Nadie dijo que nuestra lucha fuese fácil. Combatir el patriarcado requiere valentía, compromiso, coherencia y estrategia. Por eso, el 14 de febrero, debemos llenar las urnas de votos feministas. Porque nuestra voz debe tener la Generalitat como altavoz para vindicar la agenda política feminista y luchar contra el negacionismo del sujeto político mujer. Sea cual sea su forma. Sea cual sea su versión.

La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Gobierno de coalición progresista, supone un hito legislativo en materia de defensa de los derechos de los niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990, mandata a los países a desarrollar políticas que promuevan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

Las personas menores de edad están expuestas a situaciones de vulnerabilidad que deben protegerse por parte de las instituciones públicas. Los datos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes son estremecedores. Según datos del Ministerio del Interior, en 2019, se registraron más de 5.400 denuncias por delitos de maltrato familiar a menores y más de 5.900 por delitos contra la libertad sexual, también a menores.

En demasiadas ocasiones, ese tipo de violencia que se produce en el ámbito familiar, y por lo tanto en el espacio privado, es relativizada al interpretarse por el imaginario colectivo como “un asunto familiar”, como antaño sucedía con la violencia de género, cuando en realidad, debería interpelarnos a todos y cada una de nosotras.

Pero el abordaje de la violencia no debe realizarse de manera homogénea. La perspectiva feminista es crucial para analizar los datos y planificar e implementar políticas públicas eficaces y efectivas. Por eso para el Grupo Parlamentario Socialista era y es esencial que todas las leyes que se impulsen tanto desde el Gobierno, como por iniciativa parlamentaria en las Cortes Generales, tengan en cuenta el impacto de género. La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres interpela a que toda iniciativa pública incorpore esta mirada, cumpliendo de esta manera también con el principio de igualdad de la propia Constitución española.

La Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia está hoy en trámite parlamentario. Los grupos políticos tenemos la oportunidad de mejorar las leyes que nos llegan a impulso del Gobierno. Para el grupo socialista ha sido prioritario reconocer las bondades del proyecto de ley y diagnosticar mejoras que surgen del propio posicionamiento del PSOE, así como de propuestas de la sociedad civil. Profundizar en la mirada feminista de este instrumento legal ha motivado buena parte de nuestras enmiendas a la misma.

No se puede entender la violencia en la infancia en el ámbito familiar, si no se reconoce la realidad a la que están expuestos cientos de miles de menores fruto de la violencia de género que sufren sus madres. El Pacto de Estado reconoce a tales menores como víctimas directas de violencia de género. Según los datos del estudio “Menores y Violencia de Género” elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer sufre violencia. En total, el 24,7% de los menores encuestados ha reconocido haber conocido algún tipo de violencia machista contra su madre, y de los 2.455 menores que respondieron que su progenitora había sido víctima de algún tipo de maltrato, el 77% reconoció haber sufrido directamente ese tipo de conductas violentas. La suspensión obligatoria del régimen de visitas si el padre tiene orden de protección por violencia de género es la propuesta que desde el Grupo Socialista hemos incorporado a la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conjuntamente con el grupo de Unidas Podemos.

Asimismo, ha sido para nosotras y nosotros imprescindible blindar la entrada del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en nuestra legislación. Esta supuesta patología, que se ha demostrado científicamente que no existe, no puede ni debe ser utilizada en los juzgados de manera habitual para evitar que se investiguen las verdaderas razones por las que los hijos e hijas muestren rechazo hacia el padre que ejerce violencia de género. Por eso hacemos constancia en esta ley de la necesidad de negar su uso. Una propuesta que nace de la mano de la Asociación de Juristas Themis.

Reconocer la violencia especifica contra las niñas es también una voluntad expresa del PSOE en esta norma. El estudio antes citado muestra unos datos terribles sobre el acoso sexual online que sufren las adolescentes, nativas digitales, fuera de las relaciones de pareja. El 47,1% de las chicas han recibido imágenes sexuales, al 40% les han pedido fotos sexuales y al 22,7% les han pedido cibersexo. Los datos no hacen si no corroborar que urge trabajar la prevención de la violencia machista mediante la coeducación desde la pequeña infancia. Sin duda, la incorporación de la perspectiva de género también en la Ley de Educación, así como la introducción de manera obligatoria de la educación afectivo sexual en los planes educativos, ayudará a disminuir el consumo de pornografía y de prostitución entre los adolescentes, prácticas que fomentan la violencia contra las mujeres generando relaciones asimétricas entre los sexos, normalizando la explotación sexual e incitando a situaciones de violencia sexual como el de la Manada. No es casual que 150 millones de niñas en el mundo, una de cada diez, haya sufrido violencia sexual.

La desigualdad que sufrimos las mujeres en todo el mundo es estructural. Y la sufrimos desde niñas, por el simple hecho de haber nacido niñas. Desde pequeñas se nos educa y se nos somete mediante el sistema de géneros. Roles y estereotipos de género que condenan a los sexos a una existencia machista y androcentrica. Urge que legislemos para corregir la desigualdad sostenida contra niñas y mujeres durante siglos. Y urge que lo hagamos con mirada feminista. Solo así lo conseguiremos.