Señora Artigas, permítame el atrevimiento de contradecirla: las startups son casi lo opuesto a una empresa cooperativa. Se lo resumo así, en respuesta a las declaraciones que hizo en la entrevista que concedió a este medio hace unos días, en la que usted calificaba a las startups como “las cooperativas del siglo XXI”, probablemente en un guiño positivo hacia el cooperativismo. 

Si nos atenemos a la definición de la Cámara de Comercio de España, una startup es “una empresa de nueva creación o edad temprana que presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa productos y servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. Hasta ahí, aceptamos barco como animal acuático, esa nueva empresa incluso podría ser una cooperativa. Sin embargo, la discrepancia es profunda; el espíritu de una cooperativa, si no contrario, está a años luz del de una startup. 

Vayamos por partes. El punto de partida de una startup es mantener los costes de producción bajos, para crecer rápidamente. Nace con el objetivo de evolucionar en pyme o gran empresa o, directamente, vender la idea a una empresa ya consolidada. Por el contrario, una cooperativa de trabajo asociado es una empresa de gestión colectiva con vocación de perdurabilidad, de proporcionar un proyecto laboral estable y de calidad a las personas que la constituyen, de generar trabajo digno y sostenible, de arraigarse al territorio y generar riqueza. No es una empresa trampolín en la dinámica pura y dura de la economía de mercado.

Sigo remitiéndome a la Cámara, que explica en su web que el principal atributo de una startup es la velocidad y la capacidad con la que puede crecer y generar ingresos de una forma rápida, que es capaz de incrementar su producción y ventas sin necesidad de aumentar sus gastos. Son negocios que se basan en ideas innovadoras para satisfacer una nueva necesidad en el mercado. Nuevamente, estamos ante una esencia alejada a la de las empresas cooperativas que, si bien han de ser rentables y, por supuesto, competitivas, el eje sobre el que pivota su razón de ser son las personas que la conforman, no persiguen el pronto beneficio económico: la cooperativa de trabajo está al servicio de las personas, que han encontrado en el cooperativismo una forma de emprender y desarrollar una vida profesional digna, compatible con su vida personal, conciliadora, donde la igualdad entre mujeres y hombres es mayor y se aspira a que sea total. En definitiva, la cooperativa forma parte del proyecto vital de los y las cooperativistas, es un fin, no un medio para “hacer caja” o “dar un pelotazo”.

Me mueve a escribir este artículo, más que el contenido en sí de la entrevista, el titular, que lleva a confusión respecto al modelo de empresas a las que representa la organización que presido, COCETA, que son las cooperativas de trabajo, y que se enmarcan en la denominada economía social (no confundir social con caritativa). Un titular que, como cooperativista, me ha removido, aún intentando entender que se ha querido referir a que las startups son una forma de emprendimiento más sencillo y asequible, y que suelen ser iniciativa de jóvenes, en coincidencia con algunas cooperativas. Discrepo en que las startups sean las empresas más democráticas que existen, puesto que esa es una bandera que no se puede arrebatar al cooperativismo, democrático en su concepción y práctica, donde una persona representa un voto.

En definitiva, y solo con afán pedagógico, no de replicar todo lo que cuenta sobre las startups, de las que usted sabe mucho más que yo, señora Artigas, como cooperativista convencido considero importante que la gente entienda que una cooperativa de trabajo asociado puede ser una pyme que se digitaliza, pero también una empresa con base tecnológica. La comparación entre modelos empresariales ha sido, estoy seguro, bienintencionada, pero desafortunada. Lo que la diferencia a la cooperativa de una startup y de todas las empresas mercantiles lo encontramos en la respuesta a las preguntas de cómo y por qué: una cooperativa de trabajo es una fórmula empresarial ética, de la economía social, formada por personas que son a su vez dueñas y trabajadoras, donde priman la gestión colectiva y democrática, la participación y la flexibilidad. Son empresas comprometidas con las personas y el entorno, que generan confianza y estabilidad. Han demostrado con creces ser las empresas más resilientes porque su finalidad no es el enriquecimiento económico (que podría incluso darse), es el mantenimiento del empleo y de la esencia del proyecto cooperativo, por su capacidad para construir una sociedad más equitativa y justa. 

Un atrevimiento más para terminar: si las cooperativas de trabajo supusiesen un 80% del PIB nacional, estaríamos hablando de otro modelo económico, basado en otro modelo productivo, mucho menos especulativo, y de un modelo laboral con muchas más virtudes que el actual.

Llevamos muchos años, desde la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), asesorando a trabajadoras y trabajadores, informando de la posibilidad de transformar una empresa mercantil en cooperativa de trabajo y esforzándonos para que la legislación mejore y facilite y favorezca dar el paso a la Economía Social. Esta línea de trabajo confederal está volcada en la recuperación, reconversión e incluso reinvención de muchas de esas empresas en crisis que solo ven en su horizonte echar el cierre. Por un lado, están aquellas que carecen de sucesión por jubilación. Por otro, esas otras para cuyos propietarios ya no son lo suficientemente rentables, y no quieren seguir “arriesgando” su capital. Pero también están aquellas que atraviesan una situación complicada -como puede estar sucediéndole a muchas en la era COVID-19 o suceda en la post COVID-, y cuya única salida es el proceso concursal de acreedores. 

En todos los casos citados, previo estudio de viabilidad, modernización, readaptación, reinvención, etc., puede existir una alternativa al cierre y la pérdida de empleos: que las y los trabajadores den el paso, asuman la unidad de producción, y hagan suyo el proyecto laboral y empresarial. Que se conviertan en socios trabajadores de su cooperativa de trabajo. Jefes y Empleados; Jefas y Empleadas. Eso sí, con todas las ventajas (y el esfuerzo, nada es fácil) que conlleva, además de un cúmulo de satisfacciones a la larga. 

Que esta opción la conozcan los trabajadores es fundamental, así como que la contemplen los propios empresarios que van a dejar ese negocio: parece algo lógico que ofrezcan su continuidad a quienes mejor conocen el funcionamiento de la empresa, quienes la han trabajado. Sin embargo, este caso pocas veces se da. Sería una bella y enriquecedora forma de insuflar nueva vida a una empresa, salvando empleos, en vez de darla por acabada. 

Por tanto, visibilizar ambas opciones es uno de nuestros objetivos en esa línea de trabajo. Otro, no menos importante, es que las administraciones públicas entiendan y compartan este punto de vista, y que la legislación y los trámites burocráticos así lo reflejen. En este sentido, venimos reclamando, por ejemplo, que ante la avalancha de procesos concursales que se prevén en el contexto de pandemia o post pandemia, el regreso a fórmulas de autoempleo colectivo no solo cobre protagonismo, sino que sea sencillo hacerlo. 

Reclamamos una profunda reforma encaminada a reducir los plazos actuales, que abarque tanto los medios materiales y humanos de los juzgados, como del actual texto refundido de la Ley Concursal, para evitar daños irreparables a corto o medio plazo en la destrucción del tejido productivo y del empleo. Los trabajadores deberían poder adquirir preferentemente las empresas en concurso y esto es algo en consonancia con la propia ley, que prevé en todas las fases del proceso concursal la enajenación de la empresa como un todo -con objeto de no destruir esa unidad de producción de bienes y servicios cumpliendo con la finalidad conservativa o continuadora-, o formando parte de un acuerdo de refinanciación extrajudicial de pagos en fase pre concursal.

Si en los últimos años, con una legislación poco o nada favorecedora de estos procesos de reconversión, hemos logrado salvar más de 400 empresas, qué no se podrá hacer en momentos como los actuales, en que se necesita de personas decididas, que arriesguen sabiendo que su futuro sigue ligado a una empresa que pueden pasar a gestionar bajo la fórmula cooperativa.

No pedimos un imposible. Va en consonancia con la transposición de la Directiva Europea (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, descarga de deudas y descalificaciones, y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y descarga de deuda, y modificando la Directiva (UE) 2017/1132 sobre reestructuración e insolvencia. La transposición anhelada permitirá, precisamente, que nuestras demandas de reconversiones de empresas mercantiles en cooperativas de trabajo se hagan realidad.

Evidentemente, para ello ha de ser valorado el coste del cese de la actividad productiva en su dimensión social, y actualizado el principio “de conservación de empresa”. Que el sistema concursal en el contexto actual contemple la “eficiencia social”, integrada en el “interés del concurso”; algo que solo puede alcanzarse si se fija el concepto de la empresa viable a sus efectos y la adquisición preferente de la unidad productiva por parte de sus trabajadores.

Solo el elevado nivel de destrucción de empleo que se prevé debería ser suficiente razón de peso para favorecer el que las empresas de la Economía Social, entre las que tienen un papel central las cooperativas de trabajo asociado, adquieran un papel protagonista en el proceso de reestructuración y recuperación empresarial. Pero hay muchas otras razones que confluyen en la construcción -o reconstrucción- a mejor del modelo económico y social con el que hemos afrontado esta crisis brutal. Fomentar y favorecer la creación de cooperativas de trabajo es fomentar y favorecer un modelo de empresa en el que las personas trabajadoras deciden y organizan su trabajo, con la motivación que da tener la propiedad y trabajar en algo que es tuyo; donde la toma de decisiones es participada. Las cooperativas de trabajo son garantía de estabilidad laboral, además de ser empresas igualitarias y sostenibles. En definitiva, las personas se convierten en protagonistas y no el capital, porque la gestión y el gobierno de la empresa se realizan de forma democrática.  

Empresas Recuperadas, ¿al organigrama del Estado?

Poco y sencillo es lo que reclamamos desde COCETA, si tenemos en cuenta procesos que se están dando en otros países, como Argentina, donde es cierto que el cooperativismo es muy activo y la gestión colectiva de modelos de autoempleo está muy asimilada a la idiosincrasia económica y social del país latinoamericano.

Allá, justo hace un año, se incorporó al organigrama del Ministerio de Desarrollo Social una Dirección de Empresas Recuperadas, en dependencia de la Secretaría de Economía Social. Cierto es que es la consecución de un trabajo llevado a cabo por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y que está muy ligado a un contexto sociopolítico. Lo que nos interesa es ver cuál puede ser su labor y alcance y, por qué no, caso de resultar interesante, servirnos de inspiración, traduciendo a nuestro organigrama gubernamental un tipo de estamento dedicado a la transformación y recuperación de empresas desde el cooperativismo, evitando la pérdida de tejido empresarial y, muy importante, de puestos de trabajo.

Si allá han dado el paso, reconociendo que las empresas recuperadas tienen mucho que aportar, aquí, ahora que tenemos incluso un Ministerio de Trabajo y Economía Social, por qué no darle cada vez mayor contenido para transitar hacia fórmulas económicas y sociales más solidarias y cooperativas, en las que multiplicar el beneficio no sea el centro de gravedad, sino que lo sea el bienestar de las personas y del entorno. Al final, es pensar más en lo estratégico, que en lo coyuntural; pensar en un futuro mejor.