Tras la reciente operación militar llevada a cabo por Marruecos en Guerguerat contra civiles saharauis que se manifestaban de manera pacífica, quebrantando así el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en el año 1991, la represión y la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental no han hecho más que escalar. Hayat Mulay Ahmed Sidiya, una niña saharaui de 12 años, decidió dibujar el pasado 16 de noviembre una bandera de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) en la bata blanca que habitualmente se pone para ir a su escuela en El Aaiún ocupado. La junta escolar no dudó en ver aquella acción como un gesto que atentaba contra la integridad y la soberanía del Reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Los docentes del colegio de Hayat no se lo pensaron dos veces: aquello era un acto terrorista y, como tal, era competencia directa de las autoridades alauitas; las mismas que llevan ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental desde 1975 y controlando con puño de hierro la libertad de expresión de la población autóctona de esta región. La policía marroquí, sicaria de un régimen retrógrado, déspota y sin escrúpulos, no solo fue capaz de humillar y arrestar a una niña que apenas empieza a conocer los azares de la vida, sino que la torturó física y psicológicamente. Una práctica premeditada y habitual en muchas de las instalaciones gubernamentales marroquíes donde, con frecuencia, desfilan y se aglomeran saharauis de todas las edades y géneros para ser impunemente vejados, humillados y encarcelados. El trauma y las secuelas que este suceso le ha generado a Hayat la acompañarán de por vida, como a tantas otras niñas, jóvenes y adultos en el Sáhara Occidental.

El repudio infundado y desmesurado que la monarquía de Mohamed VI siente y proyecta en su ciudadanía sobre la población saharaui no tiene parangón en la historia colonial del norte de África. Desde el cese de la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991, el Gobierno marroquí lleva estableciendo un estricto control administrativo y mediático sobre un territorio que a día de hoy sigue pendiente de descolonización. El sultanato alauita creó desde la invasión de la región (con la llamada “Marcha Verde”) un consenso en la ideología nacional, basado en la premisa de que el Sáhara Occidental es —y siempre ha sido— parte fundamental de su “Gran Marruecos”. Un proyecto de expansión imperialista que, dicho sea de paso, también incluiría la totalidad de Mauritania y amplias partes de Argelia y Mali. Este discurso, reiterado hasta la saciedad en los medios de comunicación más influyentes del país norteafricano, es utilizado por sus autoridades como pretexto para justificar las violentas medidas de opresión y coacción sobre saharauis y activistas marroquíes que tratan de dar un punto de vista distinto al oficial. El gran poder propagandístico y el inflexible bloqueo informativo que ejerce Marruecos sobre el territorio desde hace casi medio siglo tienen como objetivo principal legitimar su ocupación ilegal.

De este modo, mientras que en los campamentos de refugiados de Tinduf (en Argelia) gran parte de la población saharaui vive y muere en condiciones infrahumanas desde hace ya 45 años, en las zonas ocupadas, la brutalidad policial marroquí en contra de la otra parte de esta población está amparada y legitimada por ley. Izar una simple bandera del Sáhara Occidental, por ejemplo, o convocar una manifestación pacífica en favor de la autodeterminación, es razón suficiente para acabar con los manifestantes en la cárcel o, en el mejor de los casos, devueltos a sus casas tras horas de vejación y abuso, como evidencia el reciente caso de Hayat.

Mientras tanto, los sucesivos gobiernos españoles (sin importar su color político) siguen mirando hacia otro lado. Siguen cediendo a los chantajes del régimen marroquí y eludiendo su responsabilidad legal, política y ética para con el Sáhara Occidental. A pesar de que España sigue siendo legalmente la potencia administradora, y de que es precisamente este país el principal causante de la desdicha de los saharauis, el Estado español continúa favoreciendo la ocupación marroquí. Y no solo lo hace con su silencio y su olvido histórico de la que una vez fuera su “provincia 53”, sino que permite y colabora —directa e indirectamente— en la violación de los derechos humanos de la población de este territorio. Un amplio número de antiguos altos cargos públicos y de empresas españolas contribuyen y se benefician del expolio y de la explotación de los recursos naturales de esta región, en detrimento de la salud física y mental del pueblo saharaui, tal y como muestran evidencias audiovisuales. Los intereses comerciales, políticos y migratorios entre España y Marruecos son ciertamente numerosos, pero no hay que olvidar que estos intereses no solo se encuentran manchados de sangre, sino que violan de forma sistemática y reiterada la legalidad internacional.

Al parecer, para el Estado español no ha sido suficiente colonizar, saquear y abandonar a este pueblo a su suerte. No ha sido —ni es— suficiente la miseria en la que viven los saharauis a los dos lados del conocido como “Muro de la vergüenza”, ni las innumerables trabas administrativas que la mayoría encuentra a la hora de que se les reconozca su documentación saharaui, o al solicitar la nacionalidad española (aunque lleven décadas residiendo en España). ¿Qué más tiene que ocurrir en el Sáhara Occidental para que el Gobierno español reaccione? ¿Hasta cuándo seguirá eludiendo su responsabilidad legal y continuará su olvido selectivo? ¿Hasta cuándo seguirá mereciendo el Sáhara Occidental una escueta línea en los libros de historia de España? ¿Hasta cuándo seguirá el Estado español —junto a las Naciones Unidas y la comunidad internacional— haciendo la vista gorda ante las innumerables violaciones de los derechos humanos que el Gobierno marroquí comete a diario contra civiles saharauis?