El profesor estadounidense John Ruggie, desgraciadamente fallecido este mes de septiembre, fue autor, junto a un grupo de expertos, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011. 

Estos Principios, nadie lo duda, fueron un avance relevante para establecer unos baremos de comportamiento para las empresas y, sobre todo, para las transnacionales, allá donde mantienen actividades. Pero, eso sí, al derivar a los estados su cumplimentación normativa, así como los instrumentos de vigilancia y sanción, los llevan al marco de la Responsabilidad Social Corporativa y la voluntariedad. 

Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el que encargó la elaboración de estos Principios al profesor de Harvard en el año 2005, tras varios fracasos anteriores, y fue en abril de 2008 cuando el profesor Ruggie hizo pública su propuesta para fijar unos elementos de respeto de los derechos humanos internacionalmente que se viesen reconocidos por parte de las empresas. Las discusiones y aproximaciones, la búsqueda de consensos por parte de gobiernos y actores económicos le llevaron otros 3 años. El logro de estos Principios no sólo se debe al establecimiento de responsabilidades y de comportamientos empresariales correctos, sino también a la inclusión en el mismo texto de la pretensión de 'mitigar' y 'reparar' el daño potencialmente causado. Para ello, aluden a una necesaria y previa diligencia debida que ayude a las decisiones de inversión y funcionamiento empresarial. 

De este mismo árbol propositivo provienen, sin lugar a dudas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, asumidas por 42 países (más que sus actuales socios) y la revisión en 2017 de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo que, en principio, goza de un carácter más universal. 

Tanto en las Líneas de la OCDE, como en la Declaración actualizada de la OIT, hay un elemento que amplía la capacidad operativa de los Principios al crear mecanismos de acuerdo con los cuales una parte interesada puede solicitar mediación o denuncia de un supuesto mal comportamiento de una empresa –fijado en las Líneas o Declaración- ante un organismo administrativo, sito en el país en el que se encuentre la sede social de la empresa. 

Esto supone un avance claro frente a la impunidad de aquellas empresas que actúan en países con gobiernos de limitada capacidad para el control y sanción de esos supuestos malos comportamientos o en los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado del régimen de derechos humanos. Pero, no lo olvidemos, los únicos mecanismos actualmente operativos, los de la OCDE, a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) - en España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, siguen siendo voluntarios. Por lo tanto, la empresa demandada, en el mejor de los casos, por supuestas malas prácticas, y en función de su capacidad de presión ante un organismo no independiente, puede verse afectada, si acaso, en que haya unas líneas escritas en un informe que estará en algún rincón de la nube digital y en que los afectados intenten señalar esas malas prácticas corporativas sin recibir mitigación o reparación alguna por el daño sufrido. 

Pensemos en los indígenas guatemaltecos depauperados entre cinco presas construidas por Cobra (ACS) que no fueron consultados, o los palestinos inermes ante el poder israelí que ha contratado a CAF, GMV y TYCSA para facilitar la transferencia y movilidad de colonos en los Territorios Ocupados palestinos. Por cierto, Israel es socio de una OCDE que dice defender el derecho internacional.   

En cierta ocasión, y en la misma OCDE, tuvimos oportunidad de preguntar al profesor Ruggie, en el marco de una reunión del TUAC (Comité Asesor Sindical de la OCDE) por qué no figuraba en sus Principios (y en el texto, entonces no aprobado, de las Líneas) ninguna referencia contraria a las prácticas empresariales de elusión fiscal en las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos. Él nos confesó que, para que viesen la luz los Principios (y las próximas Líneas de la OCDE), había que hacer concesiones a los gobiernos, aunque éstos manifestasen en público que desean el mejor de los mundos. Muchos de ellos están cooptados por esas grandes empresas.   

Por todo ello, constatando que la voluntariedad de acceder a una mediación y seguir unas recomendaciones no obligatorias tiene un limitado recorrido frente a empresas que quieren conscientemente lucrarse con sus malas prácticas, diversos Estados, inicialmente Ecuador y Sudáfrica, promovieron, escuchando las reclamaciones de múltiples organizaciones, un tratado vinculante que, esta vez sí, tuviera un mecanismo de denuncia que pudiera obligar, en su caso, a mitigar y reparar a las víctimas por el mal comportamiento empresarial. Un tratado que tuviera esas características supondría la culminación de la obra del profesor Ruggie. 

Ahora, en octubre, se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda incluso el mandato para su elaboración o el que disponga de mecanismos de control y aplicación efectiva respecto a las empresas presuntamente infractoras. 

España, remisa a intervenir cuando ha sido miembro del Consejo, tiene la oportunidad de construir junto a los otros miembros de la Unión Europea una norma coherente y que fortalezca una gobernanza acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto se reclaman como fundamento de su actuación. 

Si las conductas delictivas no suponen rechazo y coste, el mensaje explícito es que prevalece la ley del más fuerte, la impunidad criminal y la reincidencia. Por eso la prevalencia de la ley y el derecho internacional también afectan a las empresas.  

Siendo ciertos estos axiomas, algo está fallando en la gobernanza internacional y en los estados democráticos. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió el mandato en el año 2016 de estudiar qué empresas se estaban lucrando con la ocupación israelí en los territorios palestinos. El mandato se circunscribía sólo al territorio palestino posterior a 1967, sin incluir a las empresas que se benefician de la ocupación israelí en los Altos del Golán sirios. 

Por fin, y tras superar presiones infinitas de los gobiernos de los países donde se radicaban las sedes de las empresas estudiadas, Michele Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo público el 12 de febrero de este año un primer informe que incluía a 112 empresas. Hay que decir que en el informe inicial del año 2018 se incluían a 307 empresas; las posteriores revisiones, avisos y compromisos, redujeron finalmente la lista a 112 empresas, de las cuales 94 tienen sede social en Israel. El resto son de Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia. Algunas de las compañías mencionadas son colaboradoras de la Unión Europea en diferentes programas y muchas de ellas cuentan con filiales en multitud de países. Entre las empresas listadas están Booking, TripAdvisor, Expedia y eDreams. 

Las Naciones Unidas y la Unión Europea consideran ilegales los asentamientos israelíes en territorios ocupados palestinos. Bueno, casi todos los países de las Naciones Unidas, menos Estados Unidos y, curiosamente, algunos estados-islas del Pacífico que subastan sus votos. 

Ahora bien, hay una dejadez en implementar y aplicar normas disuasorias a la potencia ocupante, denominación utilizada por la Cuarta Convención de Ginebra, y a las empresas que se lucran con la ocupación, por parte de la propia Unión Europea, sus estados miembros y los múltiples agentes reguladores. Dejadez o complicidad. 

Cuando salió la lista vimos que había relevantes carencias y falta de empresas reconocidas por su participación en esquilmar y lucrarse gracias a la fuerza del ejército y autoridades israelíes. Así, por ejemplo, una de las 112 empresas nombradas es la israelí Shapir Engineering and Industry que cuenta con canteras y ha construido colonias e infraestructuras en los territorios ocupados palestinos. Su empresa socia en la ampliación y construcción de nuevas líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), no estaba mencionada. De momento.  

Pero ¿qué repercusiones tiene el aparecer en la lista de empresas delincuentes? Una persona normal entendería que esas empresas debieran ser perseguidas en función de la gravedad de los hechos demostrados y tener sanciones sobre sus beneficios e inhabilitados sus gestores. Además, los mecanismos regulatorios debieran señalar estos extremos para conocimiento de inversores, empleados y clientes; perderían idoneidad para ofertar en concursos públicos, pertenecer a determinadas asociaciones empresariales que defiendan el derecho o participar en la Bolsa. 

Por eso, los eurodiputados Manu Pineda y Sira Rego preguntaron a la Comisión Europea, tras la publicación de la lista de las Naciones Unidas, sobre cómo ésta iba a actuar ante esas 112 empresas mencionadas y otras más que realizan actividades en los Territorios Ocupados, al servicio de la ocupación. 

La respuesta de la Comisión no podría ser más decepcionante. “La UE considera que todas las empresas deben aplicar los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011. La UE ha incorporado la aplicación de los Principios rectores en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019. Una Comunicación conjunta de la Comisión Europea y del Alto Representante sobre un Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024, publicada el 25 de marzo de 2020, también hace referencia a la necesidad de fomentar y respaldar activamente los esfuerzos de los países socios para aplicar los Principios rectores de las Naciones Unidas. Los Estados miembros de la UE tienen la responsabilidad de concienciar a las empresas y los ciudadanos europeos sobre los Principios rectores y los riesgos potenciales relacionados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos”. 

Todas grandilocuentes palabras que no trascienden al voluntarismo con que se plantean los Principios rectores dado que sus incumplimientos no albergan sanciones. Sólo hay una mera posibilidad de afectación a su imagen corporativa.  

¿Dónde están las sanciones? ¿La ley de contratos, la española Renfe o la británica Network Rail dicen algo? ¿Los auditores de Shapir o CAF, los Deloitte, han mostrado en sus informes que estas empresas se lucran por sus delitos? ¿La española Comisión Nacional del Mercado de Valores o la FTSE Russel han mostrado que CAF o Shapir aumentaron sus carteras de pedidos a costa de los palestinos? ¿Qué promoción se puede hacer de los Principios rectores cuando su incumplimiento no cuesta nada a las empresas que vulneran las leyes internacionales? Esos son los caminos que debemos recorrer.