A menudo se nos intenta convencer de que la gestión privada es, por definición, más eficiente que la pública. Nos repiten ese mantra como si fuera una verdad absoluta, pero la realidad de Bilbobus nos cuenta una historia radicalmente distinta. Tras años de externalización, la experiencia nos ha dejado un rastro de incertidumbre y quebraderos de cabeza que no podemos ignorar. La disyuntiva política es hoy más clara que nunca: o seguimos apostando por un modelo de gestión indirecta que nos resta control o nos atrevemos a ser audaces y recuperamos lo que es de todas: la gestión pública y directa de nuestro transporte municipal.

Como concejala, mi postura no nace solo de una tozudez ideológica —que también, porque creo firmemente en el valor de lo público— sino de un análisis riguroso de la realidad. No podemos olvidar lo vivido en Bilbao en 2024. Aquel conflicto laboral, con 78 jornadas de huelga, no fue solo una cifra en un informe; fue el sufrimiento de una plantilla agotada y el de miles de vecinas y vecinos de nuestros barrios que vieron cómo sus necesidades de movilidad urbana se vieron gravemente afectadas.

¿Qué aprendimos de aquello? Aprendimos que cuando un servicio esencial está en manos de empresas privadas, el beneficio industrial prima sobre el bienestar social.

Datos frente a propaganda

El gobierno municipal se aferra a informes técnicos que, a nuestro juicio, están diseñados para justificar una decisión ya tomada: volver a privatizar. Sin embargo, si analizamos los datos con honestidad, la gestión directa no solo es viable, sino que es más rentable. Según nuestros análisis, la municipalización nos permitiría ahorrar 1,6 millones de euros al año, lo que supone 16 millones de ahorro en una década.

Incluso aceptando los datos del propio Ayuntamiento, el supuesto “sobrecoste” de la gestión pública sería de un 2,5%, una cifra notablemente inferior al 5,6% que se embolsan las empresas en concepto de beneficio industrial. Es decir, estamos pagando a intermediarios privados un dinero que podría revertir directamente en mejorar las frecuencias de los autobuses o en las condiciones de quienes los conducen. Además, el informe del gobierno llega a plantear escenarios irreales de recortes salariales para desprestigiar la opción pública, algo que vulnera derechos adquiridos y que es, sencillamente, inviable.

La gestión directa como solución

La gestión directa de los servicios municipales no es una fórmula mágica, pero es la mejor herramienta para prevenir y resolver conflictos. Porque cuando el Ayuntamiento es el gestor directo: se eliminan los intermediarios que solo buscan rentabilidad económica; la comunicación con la plantilla es mucho más directa, lo que permite resolver problemas laborales mucho más rápido que cuando dependemos de los intereses de lejanos consejos de administración de grandes multinacionales y, además, se garantiza un servicio 100% público, orientado exclusivamente a la cohesión social de nuestros barrios y no a cuadrar balances de empresas externas.

Bilbao merece un Bilbobus que no dependa de las crisis de empresas ajenas. La municipalización es el camino para asegurar un servicio sostenible, eficiente y, sobre todo, humano

No hablamos de gestionar un recurso menor. Hablamos de Bilbobus, un servicio estratégico en el que invertimos más de cincuenta millones anuales del presupuesto municipal. Es hora de dejar de preparar la pista de aterrizaje para las empresas privadas y empezar a confiar en la capacidad de nuestras instituciones públicas y de sus trabajadoras y trabajadores municipales. 

Bilbao merece un Bilbobus que no dependa de las crisis de empresas ajenas. La municipalización es el camino para asegurar un servicio sostenible, eficiente y, sobre todo, humano. Por responsabilidad política y ética, elijamos lo público. Hagámoslo por la gente de Bilbao y por la dignidad de quienes con su trabajo mueven nuestra ciudad cada día.

Aunque desde los medios de comunicación y desde las Instituciones Públicas se habla muchas veces de la violencia contra las mujeres, conviene recordar que nos referimos a “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

Sin ningún género de dudas, este tipo de violencia pertenece al ámbito de los derechos humanos y por esta razón, las instituciones públicas tienen la obligación de prevenir, erradicar y castigar todo acto de violencia machista, siendo jurídicamente responsables cuando no se cumplan tales obligaciones. En este sentido, los ayuntamientos, como administraciones públicas del nivel local, también tienen el deber de tomar medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos.

En este sentido, es evidente que algo se está haciendo mal, ya que los datos de violencia contra las mujeres, mes a mes, arrojan números realmente alarmantes. Por ejemplo, sólo en Euskadi el aumento de las agresiones sexuales se ha incrementado, del año 2023 al año 2024, un 29% y a nivel de la ciudad de Bilbao, subieron un 48%. 

La realidad es muy preocupante. En Bilbao, este año, desde enero hasta septiembre incluido, llevamos ya 186 agresiones cometidas por hombres contra mujeres. Sólo en nuestra ciudad, en menos de un año, 186 agresiones y serán muchas más, porque faltan todavía por contabilizar tres meses para finalizar el año.

Si nos fijamos ahora en los datos judiciales, el machismo violento también tiene su reflejo en los tribunales. Sólo en Bizkaia, en el último año las condenas por delitos sexuales se han disparado un 54,2%. Así, el año pasado los tribunales vizcaínos dictaron 145 sentencias condenatorias firmes. Y esto muestra solamente lo que llega a denunciarse, no olvidemos que todavía hay una mayoría de mujeres que no denuncian por miedo o por vergüenza.  

Por todo ello, conviene identificar qué se hace bien y, sobre todo, qué se hace mal desde las instituciones públicas. Y en el caso concreto del Ayuntamiento de Bilbao, nosotras creemos que antes de seguir impulsando nuevas actividades, proyectos o intervenciones para enfrentar las violencias machistas, conviene hacer primero una revisión y evaluación profunda de las herramientas y protocolos existentes con el objetivo de mejorarlos.

Ha llegado la hora de evaluar de manera sistemática todos los instrumentos municipales de los que nos hemos ido dotando durante los últimos años, con el objetivo de reorganizar el trabajo que hace el Ayuntamiento, para de este modo, poder proteger mejor a las mujeres y niñas de nuestra ciudad. 

Definitivamente, no podemos normalizar semejante número de agresiones cometidas contra mujeres y niñas en una ciudad de nuestro tamaño. Sin duda, la violencia machista que sufrimos las mujeres sí que justifica una situación de alarma y una plena atención institucional, social y mediática. La violencia machista nos asalta. Las violencias machistas invaden nuestra ciudad y en consecuencia deberíamos actuar con premura para mejorar todos los protocolos, cartas de servicios o convenios que se aplican para de este modo lograr reducir el número de agresiones.

Ha llegado la hora de actuar con urgencia, acompañando y reforzando el trabajo técnico con gestos políticos contundentes. Porque al igual que sucede con otras tipologías delictivas, las 186 agresiones sexuales cometidas este año en Bilbao justifican con creces mensaje del tipo “palo al violador” o “guerra al machismo”.

El 15 de septiembre celebramos en Bilbao el debate sobre el Estado de la Ciudad. Pleno extraordinario en el que lo previsible es que el alcalde haga balance del periodo de mandato consumido y adelante lo que queda por hacer. El resto de los portavoces políticos solemos exponer nuestros análisis, aprovechando el momento para poder señalar tanto lo que marcha bien como lo que no.  

A nuestro modo de ver el alcalde hizo el balance esperado, pero no se ciñó a este mandato, sino que habló de su labor desde que es alcalde, lo que evidenció, una vez más, que no tiene un legado claro por el que se le vaya a recordar. Y aunque en términos generales, el debate fue bastante moderado y respetuoso, tenemos la sensación de que vivimos los últimos momentos de tensa calma ante los próximos periodos electorales en los que, sobre todo, los conservadores cruzarán muchos límites. Veremos. 

Mientras tanto, nosotras aprovechamos la oportunidad que nos brindaron los quince minutos de intervención para intentar mostrar el pulso de la ciudad de una manera objetiva. Reconozco que es difícil controlar los impulsos ideológicos y frenar las costumbres partidistas, pero, aun así, creo que fuimos honestas a la hora de reconocer las cosas que se hacen bien y criticar las que se hacen mal. 

En la balanza positiva, reconocimos el esfuerzo que hace este gobierno en la gestión de lo que se denomina obras menores o en la gestión de servicios como la recogida de residuos. También pusimos en valor el esfuerzo presupuestario que hace el área de acción social, destacando el modelo de gestión de las ayudas de emergencia social. Pero también hay un balance negativo, más amplio que el positivo; porque aunque reconocemos que algunas de las cuestiones a mejorar son complejas como las referidas a la convivencia e inclusión social, los problemas de segregación en nuestro modelo educativo o la elevada tasa de desempleo, aun con todo, el problema más grave se evidencia en las cuestiones importantes despreciadas por este gobierno. Y aquí he de decir, que en el debate del Estado de la Ciudad tuvimos un alcalde y tres errores notables. 

Primer error, el gran reto de Bilbao no es la seguridad, es la vivienda 

El primer gran error fue querer colocar en la repercusión mediática y de manera artificial, que el gran reto de Bilbao es la seguridad ciudadana. En este sentido, aunque sin duda, la seguridad es una cuestión importante para la sociedad bilbaína, en absoluto es el mayor problema que tenemos. 

El alcalde se equivocó, haciendo un discurso populista y ultraconservador queriendo colar mensajes clásicos y vacíos como el de que “no vamos a parar de perseguir a los delincuentes y que paguen por lo que han hecho”. El alcalde de manera interesada despreció los datos que su gobierno vienen exponiendo desde hace años, datos que evidencian que en Bilbao sí hay un problema de percepción de seguridad, pero no un problema de inseguridad ciudadana respecto al número de delitos menores. 

Además, intentando ser empáticos con su corriente ideológica, podríamos llegar a entender su enfoque securitario, pero nunca poniendo el foco en el delito menor que tanto rédito electoralista tiene, sino en la seguridad ciudadana de las decenas de mujeres y niñas que en nuestra ciudad son maltratadas, abusadas, violadas o asesinadas. 

Los datos no mienten. A nivel de seguridad, el reto no son los pequeños hurtos, el gran reto son las violencias machistas contra mujeres y niñas; por ello preguntamos ¿cuándo va a crecer el presupuesto municipal en materia de prevención y lucha contra las violencias machistas? ¿Cuándo las luchas feministas van a ser una línea prioritaria de su acción de gobierno? Los años pasan y la violencia machista se agrava. El gobierno debe abandonar la política del relato y ser coherentes, reforzando en Bilbao la seguridad de las mujeres y niñas.    

El peso de la agenda mediática y demoscópica influye en los partidos políticos, pero el alcalde se equivocó y perdió una oportunidad para reconocer que el gran problema no son los carteristas, el gran problema de Bilbao es el derecho a la vivienda. Una casa, un piso, el hogar es uno de los elementos más importantes para lograr tener una vida digna y desafortunadamente, Bilbao en esta materia no es un ejemplo. Por ello, más allá de anuncios del gobierno, en materia de vivienda deberíamos estar todos los grupos políticos trabajando en una única dirección. En este sentido, nosotras creemos que Bilbao debe contar con un plan de choque contra la emergencia habitacional, un plan con medidas realmente efectivas para facilitar que las 21.776 personas y familias que demandan una vivienda puedan lograr vivir dignamente en Bilbao.

Segundo error, la falta manifiesta de transparencia institucional

El segundo gran error fue el referido a la falta de transparencia institucional. Nosotras fuimos las únicas que criticamos la falta de transparencia de este Gobierno. Además, no lo decimos sólo nosotras desde la oposición, lo dice, nada más y nada menos, que el Ararteko. A principios de este mes de septiembre, la defensoría del pueblo del País Vasco les acusó nuevamente de falta de transparencia, cuestión realmente grave en parámetros de salud institucional y calidad democrática. Específicamente el Ararteko recordó al Gobierno Municipal que “el derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta esencial de escrutinio ciudadano y de control de la acción de gobierno, por lo que su garantía efectiva exige una actitud activa y colaborativa de las administraciones”. En este sentido, le preguntamos al alcalde ¿cuándo van a respetar las recomendaciones del Ararteko? Ignoró nuestra pregunta y no ofreció ninguna respuesta, lo que supone, a nuestro entender, un nuevo error político. 

Tercer error, priorizar lo economicista frente al humanismo

El tercer y último gran error, no fue político, fue un error ético y a nuestro entender, grave y difícilmente perdonable. En este sentido, al igual que hace un año, no entendimos su negativa a hermanarse con las ciudades de Gaza y Ramallah, tampoco entendimos su reciente reacción respecto a los incidentes ocurridos en la Vuelta Ciclista a su paso por Bilbao, cuando el alcalde, como representante máximo de todos los bilbaínos, a muchas nos hizo sentir bochorno con su reacción exagerada y sobre todo alejada de la dignidad humana del pueblo palestino. Hubiese sido muy fácil condenar las protestas exaltadas de una minoría y, al mismo tiempo, poner el foco en el valor de la solidaridad mostrada masivamente hacia el pueblo palestino. Pero el señor Aburto se quedó en lo primero, socialmente desubicado e incomprensiblemente preocupado por la imagen de Bilbao. Lo cual, no deja de ser curioso, porque donde él vio vergüenza, nosotras vimos el orgullo de un pueblo que no calla frente a la barbarie cruel y asesina del Estado Israelita.    

Duele en el alma que nuestro alcalde, en este momento de la historia, con un genocidio en vivo, con 65.062 personas muertas, incluidos 18.430 niñas y niños palestinos asesinados, priorice la imagen de Bilbao y su impacto económico y no el genocidio. Sinceramente, en este momento, de tanto dolor compartido, lo bochornoso sería seguir poniendo el foco en nuestro ombligo o en nuestra hipotética capacidad para gestionar grandes eventos. Porque si hay algo que nos duele en el alma, por lo menos a una parte de la sociedad, es ver cada día, desde el mes de octubre de 2023, a decenas de niños y de niñas asesinados inhumanamente por las bombas israelitas y por el hambre. 

También le recordamos a nuestro alcalde que el humanismo es estar incondicionalmente al lado del que más sufre, aunque hacerlo suponga perder algo a cambio. Un partido político humanista es el que prioriza la defensa de la dignidad humana frente al interés economicista. Por todo ello, y aunque no ponemos en duda la solidaridad del señor Aburto como ciudadano, creemos que como representante institucional se equivocó. En definitiva, como dijo el jugador de fútbol Borja Iglesias, “algunos dan más importancia a parar un evento que a parar un genocidio”, lo que es un error imperdonable.

El mapa de responsabilidades políticas de gobierno en Euskadi está dominado por los tonos verdes, oscuros y claros. Quitando una veintena de marcas locales, coaliciones y una decena de municipios gobernados por el PSE, la gran mayoría de municipios de Euskadi actualmente están liderados por EH Bildu y por EAJ-PNV. Este es el mapa de responsabilidades reales y este es el marco en el que se tiene que fiscalizar las políticas públicas locales.

Así, habiendo pasado ya dos años desde las últimas elecciones municipales, es tiempo de valorar que se dice y, sobre todo, que se hace desde las Instituciones Públicas.

En este sentido, centrándonos únicamente en la problemática del derecho a la vivienda, hace tiempo que caducó el momento de los discursos políticos. Por ello, tanto si se está en el gobierno como si se trabaja desde la oposición municipal, debemos pasar de las palabras a los hechos con propuestas, con iniciativas políticas concretas que faciliten soluciones habitacionales a las personas y a las familias.

Es cierto que en el ámbito municipalista de Euskadi existe un amplio consenso a la hora de reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, entendiendo esta realidad como una problemática real de emergencia habitacional. Por ello, siendo un problema que es estructural a todo el Estado y que, además, lleva muchos años afectándonos, lo lógico es que los partidos políticos ofrezcan y ejecuten soluciones reales.

Así, como concejala de Elkarrekin Podemos y desde mi experiencia personal de trabajo político dentro del Ayuntamiento de mi ciudad, sólo desde el año 2015 llevamos defendiendo en el Pleno Municipal más de una veintena de propuestas concretas con el objetivo de caminar hacia el cumplimiento progresivo del derecho subjetivo a la vivienda.

No negaremos que la tarea es sumamente difícil, esta problemática es estructural y compleja, pero, si nos centramos únicamente en el control de los precios, como uno de los elementos más importantes para movilizar viviendas, debemos fijarnos en el instrumento administrativo para declarar los municipios de Euskadi como Zonas de Mercado Residencial Tensionado.

Justamente, en estos meses se está procediendo desde los Ayuntamientos a realizar los trámites necesarios para acotar el mercado residencial tensionado. En este sentido, desde nuestro espacio político, hemos sido firmes defensoras de activar las zonas de mercado residencial tensionado como instrumento para topar los precios de los alquileres. Una medida que se recoge en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda que tanto nos costó aprobar en el Congreso de los Diputados en el año 2023. Posteriormente, el Gobierno Vasco, publicó el procedimiento a seguir para declarar los municipios de Euskadi como tensionados.

En el caso de Bilbao, el Ayuntamiento comenzó en el año 2024 a elaborar la documentación requerida por el Gobierno Vasco para declarar nuestra ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Evidentemente, como se puede constatar, vamos tarde, pero, además, desde nuestro punto de vista, no se están haciendo las cosas con la profundidad y premura necesarias como para poder intervenir legalmente y legítimante en los desproporcionados precios de los alquileres que se imponen en Bilbao.

Por todo ello, mas allá de discursos y reflexiones ideológicas, nosotras, desde la oposición, hicimos nuestro trabajo y presentamos al proceso unilateral cursado por el Gobierno Municipal, una serie de alegaciones justificadas en el hecho de que desde el Equipo de Gobierno la propuesta enviada a Gasteiz no se había contrastado de manera participativa con la ciudadanía y colectivos sociales de la ciudad y, tampoco, había pasado a discutirse en el Pleno Municipal, que es el espacio en el que estamos representados todos los partidos políticos elegidos por la ciudadanía.

No entendemos que una cuestión tan significativa como el derecho subjetivo a la vivienda y, sobre todo, una medida tan importante, como la declaración de Bilbao como una zona de mercado residencial tensionado, no sea consensuada. Hablamos de una medida que puede facilitar la intervención pública de los precios de los alquileres en una ciudad, como la nuestra, en la que los precios son insultantes y prohibitivos para la mayor parte de la sociedad.

Por ello, nosotras hicimos nuestro trabajo como oposición responsable, superando los discursos y presentando una serie de alegaciones formales que recogen, por lo menos, dos cuestiones cardinales. La primera es que Bilbao cumple con dos de los requisitos que la ley establece para declararse ciudad tensionada. Por lo tanto, desde ya mismo se puede y se debe declarar Bilbao como zona de mercado residencial tensionado. Y, segundo, alegamos también que el Plan de Acción de Vivienda presentado por el Gobierno Municipal, sea trabajado mucho mejor y de manera consensuada, porque, básicamente, el ahora presentado es sólo un compendio de medidas innecesarias, redundantes e inconcretas. Mal vamos, si queremos dar soluciones a la problemática de vivienda con herramientas mal diseñadas.

En definitiva, y con esto concluyo, nuestras alegaciones sólo quieren mejorar la débil propuesta presentada por el Gobierno Municipal de Bilbao. Porque si de verdad queremos abordar la problemática de la vivienda, más allá de los discursos políticos y de las medidas sólo hechas para cumplir expedientes, se necesitan de verdad, propuestas concretas y bien fundamentadas para proteger los derechos de las personas.

Por todo lo dicho, desde Elkarrekin Podemos alegamos que todo municipio que sea declarado como tensionado, tiene la obligación de destinar la totalidad de los suelos obtenidos por cesión de aprovechamiento urbanístico a vivienda social, a vivienda protegida de alquiler asequible. Alegamos que los municipios cumplan el artículo 115 de la Ley vasca de Suelo y Urbanismo, referente a que el destino preferente de los Patrimonios Municipales de Suelo sea la vivienda protegida. Y, por último, alegamos que el Gobierno Municipal haga uso de los instrumentos jurídicos de los que ya dispone para movilizar esas 8.000 viviendas que están vacías en Bilbao, teniendo como tenemos en nuestra ciudad, miles de personas soñando por una casa en la que poder vivir dignamente.

Desde 1986 la empresa Sader y su gemela Profersa llevan operando dentro del casco urbano bilbaíno, procesando materiales peligrosos y produciendo fertilizantes químicos. Casi cuarenta años echando sus malos humos en un entorno urbano en el que los barrios de Zorroza, Ribera de Deusto y San Ignacio-Elorrieta son los más afectados. Hablamos de miles de personas que llevan treinta y ocho años respirando sus emisiones, de día y de noche.

Afortunadamente, en todos estos años, tras muchas luchas sociales y también debido a graves desastres industriales, la legislación ambiental ha ido evolucionando, exigiendo en la actualidad que este tipo de empresas químicas no puedan instalarse dentro de núcleos de población. En este sentido, ya conocemos que Sader y Profersa saldrán de Bilbao, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo lo harán. Por este motivo, y mientras sigan en nuestra ciudad, es necesario dar pasos concretos en materia de prevención de accidentes y reducción del riesgo de desastres.

La lógica es muy sencilla, prevenir antes que curar, anticiparse antes que lamentarse. Hablamos de dos empresas químicas que operan dentro de una ciudad, por ello, desde las instituciones públicas responsables se deberían tomar todas las medidas posibles para evitar accidentes antes de que se produzcan. En la gestión pública, es clave la importancia de la anticipación para evitar que una situación se deteriore sin solución provocando daños irreparables.

De este modo, en el caso de Sader y Profersa en el que sus malos humos permanecen en Bilbao, en este eterno mientras tanto, desde el Ayuntamiento, como institución más cercana, se debería hacer todo lo posible y lo imposible, para evitar que estas empresas provoquen un accidente con consecuencias graves. Sólo hay que acercarse al barrio de Zorroza para evidenciar el estado de deterioro de las instalaciones de ambas empresas. Lógico, bajo un interés puramente economicista ¿qué empresa va a querer invertir en unas instalaciones que se van a tener que clausurar? Por eso mismo, para que sus responsables hicieran algo, tuvieron que pasar dos accidentes recientes en Profersa, que motivaron que el Gobierno vasco interviniera clausurando temporalmente sus instalaciones. Sin duda, hay empresarios que sólo saben actuar tarde, y siempre bajo la amenaza o la sanción administrativa. Pero el problema es que en medio hay personas, trabajadores y residentes expuestos a sus riesgos.

En consecuencia, los responsables políticos deberían hacer todo lo posible para minimizar dichos riesgos y asegurar que la ciudadanía de los barrios más próximos sepa cómo actuar ante otro posible incendio, explosión o fuga tóxica. Porque dichos accidentes ya han ocurrido y, durante los mismos, también se evidenció que la respuesta institucional tiene margen de mejora en cuanto a la coordinación de la información que se ofrece a la ciudadanía.

En este sentido, conviene saber que Sader y Profersa pertenecen a la Asociación de Empresas Químicas de Bizkaia y que esta asociación tiene un proyecto informativo denominado “Seguridad Kimika”. Proyecto en que deberíamos intentar integrarnos como municipio; proyecto cuyo principal objetivo es informar a la ciudadanía de poblaciones que cuentan con empresas químicas, en torno a la protección ante posibles emergencias industriales. Una llamada. En el pleno municipal del pasado mes de mayo, básicamente instábamos al Gobierno Municipal a contactarles para explorar las posibilidades de integrarnos en el mismo, aprovechando que aquí convivimos con dos empresas químicas de dicha asociación que trabajan con residuos peligrosos y con fertilizantes químicos.

Mientras Sader y Profersa sigan operando en Bilbao ¿qué hay de malo en contactar a la Asociación de Empresas Químicas de Bizkaia para explorar las posibilidades de integrarnos como municipio en su proyecto? No lo sabemos; pero lo que sí sabemos es que el Gobierno Municipal volvió a votar en contra, negándose a dar pasos en el camino de la prevención.

En definitiva, en el eterno mientras tanto, sólo esperamos que no pase nada en las instalaciones de esas dos reliquias de la industria química bilbaína. Pero nosotras, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos trabajando para que mientras Agaleus siga en Bilbao, se den pasos para mejorar las herramientas municipales de prevención y protección frente a posibles accidentes industriales.

Las personas siempre tenemos la tendencia a pensar que nuestra propia existencia es única y singular. Aunque comparemos nuestro humilde presente con la gran historia del pasado, pareciera que el ahora es un momento excepcional. Lo vivido se siente y pesa mucho, pero no es menos cierto que llevamos unos años en los que los eventos inéditos se suceden con frecuencia.

Quizás sólo sea una percepción, pero desde mi experiencia vital y de trabajo político dentro del Ayuntamiento de Bilbao, llevamos una racha considerable de eventos, cuanto menos, singulares. Si nos fijamos en los más simbólicos, en apenas cinco años, hemos vivido y sufrido unos cuantos. Así, en el último lustro, comenzamos el año 2020 con el trágico derrumbe, en el mes de febrero, del vertedero de Zaldibar; al mes siguiente, una gran pandemia fue declarada, la de la COVID-19; en septiembre de 2021 ocurrió la erupción volcánica de La Palma; en febrero del 2022, se reactivó una gran guerra en Europa, en Ucrania; a este último conflicto bélico, en el 2023 se suma la guerra de Israel contra el pueblo palestino, provocando un auténtico genocidio en Gaza.

Y además de lo citado, en todos estos años y hasta la actualidad se cruzan varios eventos ocasionados por el calentamiento global y el cambio climático, que nos llevan exponiendo a situaciones excepcionales como la borrasca Filomena, las sequías prolongadas o también inundaciones excepcionales como las sufridas en Valencia el pasado mes de octubre. Por último, como colofón existencial, este quinquenio lo cerramos con el gran apagón eléctrico ocurrido a finales de abril de este año 2025.

No entraré en dilucidar las causas de estos eventos inéditos. Tampoco creo que sea constructivo hacer sentencias ventajistas una vez que las cosas ya han pasado. Eso sí, lo que sí me parece importante y es la cuestión que motiva este artículo es saber si, desde las instituciones públicas, hemos aprendido algo de todo lo vivido. Tras estos impactantes eventos, ¿hemos tomado nota? ¿hay lecciones aprendidas?

La respuesta somera, desde mi punto de vista, sería no, pero un no constructivo, porque es evidente que las instituciones públicas, desde la contingencia, sí han actuado y, también es cierto, que todavía estamos a tiempo de poder aprender y depurar aprendizajes de los diferentes eventos inéditos que antes he citado.

Nosotras, desde Elkarrekin Podemos, en estos años, sí hemos querido ir tejiendo conclusiones y sobre todo ofreciendo respuestas. En este sentido, he de reconocer que toda nuestra labor local, por lo menos desde los últimos diez años, ha estado muy influenciada por una mirada global e internacionalista del mundo. Porque para nosotras Bilbao sólo puede ser una ciudad abierta y global, y por esa razón, debemos reconocer que el mundo nos interpela directamente, en el sentido de conocer y aprender, las soluciones que se dan en otras partes del planeta y que quizás podemos importar, ajustando las medidas a nuestro contexto bilbaíno.

Por ello, nuestro trabajo político siempre ha estado muy influenciado por miradas sistémicas como la que desde hace varias décadas se impulsan en el seno de las Naciones Unidas desde su Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres. Debemos estar preparados y, sobre todo, debemos entender, que desde el gobierno de las ciudades tenemos que trabajar con mucha más contundencia para mejorar nuestra resiliencia ante los posibles desastres, que tarde o temprano, como venimos viendo, acaban sucediendo.

No es cuestión de que las instituciones públicas sean fatalistas o alarmistas, simplemente hablamos de ser personas coherentes y proactivas que, desde nuestras obligaciones institucionales, asumamos la obligación de aprender de los eventos inéditos que hemos vivido.

Aprender para mejorar. Aprender para prevenir. Aprender para reducir el riesgo de desastres.

En este sentido, desde nuestro Grupo Municipal, son varias las propuestas que hemos presentado en el Ayuntamiento, queriendo ayudar a que Bilbao, camine por la vía segura de la prevención. De este modo y aunque es cierto que el actual Gobierno Municipal (PNV-PSE) con estos temas avanza perezosamente, todavía estamos a tiempo de anticiparnos a los acontecimientos para que los eventos que estén por venir afecten lo menos posible a la vida cotidiana de nuestros barrios.

En el año 2017 propusimos crear una Comisión Municipal Interdisciplinar sobre Resiliencia Urbana. En el año 2020 solicitamos actualizar el Plan de Emergencias Municipal teniendo en cuenta la realidad de las empresas dedicadas en Bilbao a la gestión de residuos peligrosos. También en el 2020 instamos al gobierno a diseñar una Estrategia y Plan de Comunicación Municipal para Emergencias. En el año 2024, tras varios accidentes ocurridos en la empresa Profersa, propusimos implementar de manera urgente un protocolo de emergencias frente a accidentes para el entorno de las empresas Sader y Profersa. Por último, este mismo mes de mayo, hemos propuesto integrarnos como municipio en la denominada Plataforma de Seguridad Kimika de Bizkaia, con el objetivo de mejorar la autoprotección ante posibles emergencias químicas, sobre todo en los barrios de Bilbao que están más expuestos.

Definitivamente, en esta materia, son muchos los debates que hemos querido favorecer dentro y fuera del Ayuntamiento y también, en respuesta a nuestras propuestas, han sido muchas las negativas, dilaciones o excusas ofrecidas por el Gobierno Municipal. Pero no importa, porque todavía estamos a tiempo de actuar y anticiparnos al futuro para mejorar nuestras capacidades urbanas en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres.

La opresión que sufren las personas gordas no es la obesidad, sino la gordofobia. “Gordo”, pero sobre todo “gorda”, es un adjetivo que en lugar de apelar únicamente a la condición física de una persona se ha convertido, para muchas mujeres —y también hombres— en una tortura psicológica en forma de insulto o chiste malo. 

Que algunas personas se tomen su condición física con humor no significa que otras no sufran profundamente por esa misma condición. La gordofobia es una problemática social que afecta a miles de personas. Por ello, desde las instituciones públicas no podemos resolverlo con discursos políticamente correctos en los que todo se soluciona, de manera mágica, con un enfoque superficial de respeto a la diversidad. A menudo, en ese reconocimiento generalista de la diversidad comienza y termina el compromiso ético y político institucional, cuando lo que realmente se necesita es abordar e incidir de manera directa en las diferentes problemáticas sociales que queremos transformar. 

Desde esta lógica, la gordofobia, como el racismo o el machismo, es un sistema de opresión en las sociedades occidentales, que sitúa a las personas gordas en una situación de desventaja, de injusticia y de exclusión. No es suficiente con reconocer la diversidad de nuestra sociedad, tenemos la obligación de enfrentar directamente los sistemas de opresión; y esto significa adoptar medidas concretas contra la gordofobia. 

En este sentido, desde Elkarrekin Podemos presentamos el mes pasado una propuesta en el pleno municipal del Ayuntamiento de Bilbao para que, por lo menos, se comience a desmontar la falacia de la obesidad como una preocupación de salud pública. Cada 4 marzo algunos conmemoran el Día de la Obesidad, una convocatoria que no la lidera ni las Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud, sino que está orquestada, y es fácil de contrastar, por la Federación Mundial de la Obesidad, que es simple y llanamente un ‘lobby’ de una parte de la gran industria farmacéutica y dietética.

A modo de ejemplo, nuestro representante estatal en dicha Federación Mundial, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, es básicamente una franquicia del Federación Mundial, en este caso, subvencionada y controlada por Novo Nordisk Pharma, empresa explotadora del famoso y lucrativo medicamento 'ozempic'. Los otros padrinos de esta Sociedad Española de Obesidad son la empresa de productos dietéticos PronoKal Group, la farmacéutica norteamericana Lilly y el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida. Como se puede ver, hablamos de empresas que no destacan precisamente por defender la salud pública o por ejercer un trabajo desinteresado por el bienestar de las personas. 

Por ello, es urgente que desde las instituciones públicas hagamos un análisis crítico de la situación, enfrentando la gordofobia, defendiendo la dignidad humana y, sobre todo, señalando sin miedo, la importancia de enfrentar el negocio que alimenta sin escrúpulos el estigma de la obesidad. Porque no todas las empresas o negocios son iguales. Hablamos de señalar a las empresas que se lucran sin ninguna responsabilidad social, engordando estigmas y alimentando traumas. 

Debemos ser más conscientes de la opresión de la gordofobia y esto no es ninguna exageración, sólo hay interactuar en redes sociales o medios de comunicación para darse cuenta de esta problemática; de cómo se utiliza la gordura para presionar estéticamente o atacar psicológicamente, sobre todo a mujeres y niñas, que son quienes más sufren en sus carnes y en sus mentes las normas sociales de belleza. 

Afortunadamente, y por unanimidad, nuestra propuesta salió adelante, y nos sentimos orgullosas de poder confirmar que Bilbao diseñará y activará una campaña de sensibilización contra la gordofobia. Esta campaña podría comenzar resignificando el 4 de marzo como el Día Internacional contra la Gordofobia, mediante una campaña municipal que muestre socialmente que el problema que sufren las personas gordas no es la obesidad, sino la gordofobia. Una campaña que en su diseño deberá superar el enfoque naíf de la diversidad y enfrentar activamente la discriminación por peso que se cuela en las instituciones públicas, en las aulas, en el trabajo, en la moda y en todos los ámbitos de la sociedad. Para entender de una vez que gorda o gordo no es un insulto. Porque ya basta de violentar nuestros cuerpos en nombre de la salud.

Es triste, pero en nuestra ciudad el 'bienestar animal' seguirá sin poder escribirse con 'b' de Bilbao. A finales del pasado mes, el Gobierno dio su primer paso para la aprobación definitiva de la que será la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía. Definitivamente, un nombre muy largo para una herramienta jurídica muy corta, que no aborda con rigurosidad el reto del bienestar animal dentro de la ciudad. 

El Gobierno municipal de Bilbao ha dejado pasar la oportunidad política de poder dotarnos de una normativa actualizada en materia de bienestar animal. En este sentido, no han querido aprovechar los avances en materia de derechos animales que se dieron con la aprobación en el año 2022 de la ley vasca de protección animal y el año pasado con la aprobación de la ley estatal de bienestar y derechos de los animales. Una vez más, este Gobierno no ha sabido ver el actual 'sentir social', en el que cada vez son más las personas que empatizan y defienden los derechos de los animales, tengan o no animales de compañía. Por ello, no podemos entender que este Ayuntamiento apruebe una ordenanza municipal que básicamente se distingue por desproteger a los animales y, sobre todo, por liberar de responsabilidades a nuestra institución local. 

En este sentido, no es exagerado decir que nos encontramos ante una ordenanza de “malestar animal”, una ordenanza que deja en muy mal lugar a nuestro Ayuntamiento bilbaíno, al evidenciar una total falta de empatía hacia los animales con los que convivimos en nuestro ecosistema urbano. Con esta ordenanza Bilbao nunca podrá ser una ciudad amiga de los animales, porque en la práctica los desprecia y abandona a su suerte, de una manera, a nuestro entender, intolerable. Sin duda, no podemos olvidar que la forma en que tratamos a los animales refleja nuestra forma de ser, también como sociedad. En este sentido, respetar los derechos animales es fundamental si de verdad queremos construir una sociedad cuidadora y justa.

Si nos fijamos en algunos aspectos concretos de la ordenanza propuesta por el PNV y el PSE-EE, desprotege a los animales de la ciudad porque deja fuera de su ámbito de aplicación a los animales urbanos, como a las aves. Además y esta cuestión supone un tema fundamental, la ordenanza propuesta desprotege a la gran mayoría de los gatos comunitarios, ¿por qué van a cuidar a unos gatos y a otros no? ¿Por qué sólo se van a ocupar de la gestión de las colonias felinas reconocidas? Desde el punto de vista ético, no se pueden hacer diferencias entre colonias urbanas. Por esto mismo, denunciamos que esta normativa dejará en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao. Actuar así no tiene ningún sentido, todo el mundo sabe que si se esterilizan a unos gatos y se deja a otros reproducirse, no se controlan las poblaciones y se contribuye al aumento descontrolado del número de gatos callejeros.

Decía al principio de este artículo, que esta propuesta de ordenanza exime de responsabilidades al Ayuntamiento. Básicamente porque con la nueva norma se desentienden de todo lo que pueden en base a las legislaciones vigentes. Da la sensación de que no quieren trabajar en la defensa de los animales y es por ello que interpretan las leyes superiores a su antojo, olvidando sistemáticamente el beneficio de los animales. 

Por último y a modo de ejemplo paradigmático, con esta ordenanza el Gobierno municipal de Bilbao pretenden recoger de la vía pública sólo los animales extraviados, por eso mismo nos preguntamos: ¿qué va a pasar con los animales abandonados una vez se apruebe la ordenanza? Evidentemente, no pueden saber si un animal que está en la calle está perdido o abandonado si no investigan su situación. Por ello, dar por extravío —como proponen— toda presencia de animales en la vía pública puede ocultar un posible delito de abandono. 

En definitiva y por todo lo descrito, nos encontramos ante un despropósito de normativa municipal que en la práctica puede desproteger a los animales de nuestro ecosistema bilbaíno. Sin duda, a este Gobierno municipal le interesan poco las vidas animales y en coherencia con sus desprecios gubernamentales, durante el proceso de elaboración de esta normativa, han ignorado sistemáticamente a los colectivos y asociaciones animalistas de nuestro territorio. En este sentido, ahora llega el momento administrativo de las alegaciones ciudadanas y seguro que serán muchos los aportes animalistas, aunque mucho nos tememos, que por parte del Gobierno de la ciudad, solo seguirán recibiendo palabras o excusas vacías de contenido. Mientras tanto y nunca mejor dicho ¡un ronroneo vale más que mil de sus palabras!

“Sueña que sueña la estrella. Siempre en estado de espera. Vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela”. Igual que la bonita canción 'Standby'“ del grupo Extremoduro, Bilbao se parece a esa estrella, que sueña y sueña, pero sobre todo, espera. Porque, a diferencia de la tozuda opinión del Gobierno municipal, el estado general de la ciudad, desde hace tiempo, es el estado de espera.  

Muchos programas, muchos planes y muchas estrategias, pero a la hora de la verdad y en lo referente a los grandes proyectos estratégicos, la realidad muestra que todo, o casi todo, está por hacer. 

Mientras que para el Gobierno con su alcalde a la cabeza, el primer año de mandato ha sido ilusionante, trufado de anuncios de nuevos proyectos, a nosotras nos da la sensación de que este Gobierno es lento, muy lento a la hora de ejecutar los grandes proyectos de Bilbao.

De alguna manera, este Gobierno muestra un ritmo relativamente eficiente a la hora de gestionar el día a día de la ciudad y sus obras menores, pero cuando llega la hora de la verdad, la hora de las políticas públicas importantes, se aletargan y parece que incluso se conforman con anunciar proyectos y no tanto con hacerlos realidad.

No nos valen las excusas competenciales. No es suficiente con decir que dependen de otras instituciones públicas o de la lenta burocracia administrativa. Si analizamos los grandes proyectos estratégicos, no hay ni uno sólo que podamos decir que se esté ejecutando a buen ritmo. 

Concretamente, nos referimos a proyectos como Zorrozaurre. Tras muchos años de espera, por el momento tenemos obra pública y viviendas, pero seguimos esperando a las grandes empresas y, sobre todo, a sus nuevos puestos de trabajo. En cuanto al Plan de Activación de Artxanda, casi todo por hacer. En relación al proyecto o estrategia integral de desarrollo sostenible de la ría Ibaizabal y de la cuenca del Cadagua, todo por hacer. La nueva Casilla, todo por hacer, o mejor dicho todo por privatizar. La nueva Zona de Bajas Emisiones, veremos a partir de este mes de septiembre, así que estamos también en estado de espera. Abando y el tren de alta velocidad, todo por hacer. La línea cuatro del metro, todavía no está clara ni cuál será el diseño final. Punta Zorroza, casi todo por hacer; eso sí, Sader y Profersa continúan echándonos sus malos humos dentro de la ciudad. 

Pero es que además del enorme retraso acumulado en estos proyectos urbanos, en el ámbito de los grandes retos de ciudad, las noticias no son mejores, ya que la mayor parte de la sociedad bilbaína continúa esperando avances o mejoras. 

En referencia al reto económico y del empleo, seguimos teniendo una situación muy difícil. Respecto a las personas desempleadas tenemos un problema crónico. Ya no es que sigamos sin lograr bajar de las 20.000 personas desempleadas, sino que si comparamos los datos de agosto del año pasado con los de este año, el paro ha aumentado, contabilizando ahora 21.387 personas sin un trabajo con el que poder subsistir. 

El Gobierno municipal sigue enfocado en convertir a Bilbao en una ciudad atractiva para la inversión, pero si estas inversiones no reducen el desempleo y aseguran empleos de calidad, ¿para qué sirven esos negocios? ¿A quién benefician realmente esos nuevos negocios? 

Respecto a las personas jóvenes y el reto de convertir Bilbao en una ciudad donde poder hacer realidad su proyecto vital, el panorama es desalentador. Si obviamos la realidad elitista de una pequeña minoría, para el común de los mortales poder pagar mensualmente más de 600 euros por alquilar una habitación es una quimera, es un auténtico insulto. ¿Quién puede emanciparse con esos precios? 

En materia de vivienda, este Gobierno municipal está más cerca del objetivo de convertir Bilbao en “ciudad especuladora” que en el de lograr ser una “ciudad universitaria”. 

Pero es que el problema no es sólo el precio de los alquileres de pisos o habitaciones. También el precio de la vivienda nueva en Euskadi se ha incrementado más de un 15%. Mucho nos tememos que si este Gobierno municipal sigue con las mismas políticas de vivienda, no van a lograr el reto de fijar y atraer juventud a nuestra ciudad, ni ahora ni en cien años.

En cuanto al reto de la sostenibilidad urbana y la emergencia climática también vamos con mucho retraso. Aquí todavía tenemos que seguir luchando para que no se talen árboles o para que los nuevos árboles que por ley deberían plantarse en suelo urbano no se deslocalicen al extrarradio. 

En definitiva, así estamos en Bilbao, esperando. Pero el problema es que la paciencia ciudadana no es eterna y comenzamos a ser muchas las personas que estamos cansadas de esperar un futuro que no acaba de llegar. Por este motivo denunciamos públicamente que el estado de la ciudad no puede seguir siendo, indefinidamente, el estado de espera.

Hace pocos días, en el histórico Salón Árabe del Ayuntamiento, símbolo arquitectónico de la interculturalidad y muestra viva de la influencia árabe en Bilbao, firmábamos el que es ya el Segundo Pacto por la Seguridad Ciudadana de la Villa, un documento con treinta y tres medidas concretas para ser implementadas en el actual mandato municipal.

Durante mi intervención en el acto institucional de la firma, dije públicamente, que las comparaciones en ocasiones son odiosas, pero a menudo pueden ser útiles para interpretar la realidad política, social e institucional. Por ello, es importante recordar el que fue, en el año 2018, el Primer Pacto de Seguridad. Y es importante recordarlo porque en aquel momento concreto enfrentábamos como ciudad la concatenación de dos sucesos trágicos que de alguna manera nos espolearon a todos los partidos políticos a sentarnos en la misma mesa para buscar soluciones. El resultado, fue el primer pacto de seguridad firmado por todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento. Todos y todas unidos bajo un mismo acuerdo.

En comparación, el pasado 15 de julio, se ausentó de manera interesada e injustificada el Partido Popular y por contraste, tampoco podemos obviar que en la ciudad no hemos vivido eventos trágicos recientes como los acaecidos hace seis años. Por esto último, este acuerdo político tiene más valor, ya que es un documento trabajado en conciencia, desde la libertad de decisión y con el único interés de caminar hacia una ciudad más segura en todas las dimensiones posibles de la denominada seguridad humana.

Desde aquel primer acuerdo político y securitario, han pasado ya más de seis años y muchas vivencias, pero en el ámbito de la seguridad ciudadana, durante todos estos años el PNV-PSE, el PSE, EH-Bildu y nosotras desde Elkarrekin Bilbao, hemos logrado trabajar conjuntamente siempre desde el respeto, dejando a un lado los intereses partidistas para intentar que Bilbao sea una ciudad más segura y acogedora. En este sentido, no podemos decir que lo hayamos logrado, pero sí podemos afirmar con rotundidad, que el acuerdo y el pacto es el único camino posible para lograr tener una ciudad socialmente exitosa en parámetros de cuidados. Así, las políticas públicas de seguridad ciudadana no son un fin en sí mismo, son más bien un proceso social y urbano con el objetivo de vivir mejor.

Evidentemente queda mucho por hacer y lógicamente también ha habido desencuentros con el Alcalde y su equipo de gobierno, algunos llamativos, como los relacionados con los conflictos laborales de la policía municipal o con eventos condenables relacionados con intervenciones policiales hacia personas inmigrantes. Pero todo ello y desde la lógica de la institucionalidad pública, no debería ocultar lo positivo del trabajo conjunto, lo positivo de cumplir la palabra dada y de buscar en todo momento la manera de respetar todas las ideas y propuestas con el único objetivo de mejorar la seguridad ciudadana. Con la mirada larga y lejos siempre de los intereses electoralistas.

En este sentido, es importante poner el acento en lo que la profesora Zuloaga, doctora en sociología y especialista en cuestiones de seguridad, denomina el espejismo de la seguridad ciudadana. Así, es importante reivindicar que este Segundo Pacto debe ser útil para Bilbao, mejorando nuestra seguridad mediante el reconocimiento de las causas reales que la generan y fomentan. Este Pacto debe ser un espejo veraz de nuestra ciudad y de ningún modo puede contribuir a confundir o manipular las cuestiones relacionadas con la inseguridad. De esto último, por cierto, ya se encargan con ahínco e irresponsabilidad democrática la derecha y la extrema derecha de nuestra ciudad y del Estado.

Llegados a este punto, también es importante conocer y reconocer que en el Estado ya tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa. Desde una perspectiva sociopolítica y a nuestro modo ver, no se justifica el endurecimiento de dicho código penal. Muchas veces, las tasas de criminalidad se utilizan para intentar explicar el aumento de las penas para determinados delitos, como la pequeña delincuencia, que contrasta, por cierto, con la pasividad que se muestra ante otros delitos como, por ejemplo, la corrupción.

En definitiva, para nuestro proyecto político este segundo Pacto por la Seguridad Ciudadana tiene que ayudar a mejorar la vida de la gente. Y, además, también tiene que evitar que, en nuestro ámbito municipal, el miedo y la necesidad de la ciudadanía de sentirse segura, se manipulen para obtener una rentabilidad política y electoral. Por ello, todos los partidos políticos que hemos firmado este acuerdo, tenemos la obligación de afrontar el fenómeno social de la criminalidad desde la realidad urbana de Bilbao y teniendo siempre en cuenta, la justicia social. Seguro será un proceso largo, pero el acuerdo entre las diversas ideologías democráticas es el único camino posible para mejorar nuestras vidas.  

Palestina, desde principios del siglo XX, ha sido objeto y objetivo de guerra. Casi un siglo sufriendo un martirio, resistiendo acciones continuas de masacre y exterminio. Pero, a pesar de lo vivido en este complejo conflicto, en la actualidad está sucediendo un hito en la historia, un punto de inflexión en este mapa del dolor, en el que a partir de ahora, en la conciencia de la humanidad, Gaza y genocidio serán dos palabras tristemente unidas.

Asesinar deliberadamente y en apenas siete meses a 35.091 (nota 1) personas en la Franja de Gaza es un acto de maldad, que incluso supera ya los parámetros del término clásico de genocidio. En este sentido y por la propia dignidad de estos miles de seres humanos asesinados, conviene saber que el término de genocidio se refiere a todo acto criminal perpetrado con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Según esta definición y viendo cada día los terribles actos cometidos por el Estado de Israel, no es necesario ser jurista para entender que lo que vive el pueblo palestino encaja cabalmente en dicha definición del diccionario humanitario.

Asesinar en siete meses a 7.797 niños y niñas no son daños colaterales, es un acto de genocidio. Asesinar en apenas siete meses a 4.959 mujeres palestinas no son daños de guerra marginales, es claramente un acto de genocidio decidido y ejecutado por el ejército de Israel.

Sin duda, enfrentamos un conflicto difícilmente calificable, en el que las dimensiones del sufrimiento y el dolor humano han alcanzado cotas imposibles de asimilar. Y es en este difícil contesto, en este Genocidio Palestino, donde tenemos la obligación – una vez más - de preguntarnos ¿qué podemos hacer como ciudadanía, para ayudar al pueblo Palestino? ¿Qué podemos hacer, desde las instituciones públicas, para impulsar una solución definitiva e este conflicto eterno?

Y es en este punto donde resulta fundamental reconocer la importancia que tiene el movimiento global de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). No hablamos de una simple campaña de sensibilización. Hablamos de un movimiento global creado por palestinos y palestinas, en Palestina. Un movimiento que tiene casi veinte años de historia y que ha logrado importantes éxitos. De hecho, el movimiento BDS ha tenido y tiene un rol protagónico en el germen de muchos actos de resistencia y denuncia pacífica a favor de Palestina, como los vividos en las principales universidades de Estados Unidos de América durante las últimas semanas.

Por todo ello desde Elkarrekin Bilbao consideramos que las instituciones públicas vascas deberían superar sus miedos a las represalias políticas y económicas del Estado de Israel y adoptar una posición audaz y valiente en la defensa de los derechos humanos. Sin duda, una manera de hacerlo es sumándose como instituciones públicas a la Campaña BDS; comprometiéndose a no colaborar con las políticas de apartheid en Palestina y tampoco con la ocupación ilegal en sus territorios. En definitiva, un ejemplo ético desde nuestras instituciones locales podría sumar en el objetivo de que el Gobierno Central reconozca, por fin, al Estado palestino.

Ha llegado la hora, desde el río hasta el mar, Palestina tiene que dejar de ser tierra y territorio de sufrimiento y dolor, para convertirse en un Estado libre y soberano con el que poder alcanzar una paz duradera.

Fuentes:

1. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Datos actualizados de victimas reportadas a fecha 13 de mayo de 2024.

Te encuentras ante la lectura de una triste historia urbana de Bilbao. Una historia basada en hechos de la vida real. Fundamentada en un triángulo isósceles que tiene como protagonistas a, por un lado, Sader y Profersa, dos empresas con un potencial altamente contaminante, una gestionando residuos muy peligrosos y la otra produciendo fertilizantes químicos; por otro lado, el Gobierno municipal de PNV y PSE, para el que sacar a estas empresas no es una prioridad política, y un tercer lado, representado por miles de vecinos y vecinas de los barrios de Zorroza, Olabeaga, Basurto, Ribera de Deusto, San Ignacio y Sarriko; vecinos y vecinas directamente afectados por estos malos humos que llevan más de 37 años soportando picores y olores nauseabundos y reclamando de manera justa que estas empresas salgan del casco urbano bilbaíno.

Mientras tanto, casi cuarenta años de excusas por parte de diferentes gobiernos municipales. La lista es larga: que si los retrasos son debidos al soterramiento de Renfe que depende del Gobierno central; que si para actuar, primero es necesaria la aprobación del Plan Especial de Punta Zorroza y eso lleva su tiempo; que si son empresas molestas pero no contaminantes, etcétera. Demasiadas excusas y ninguna solución. Cuando lo mínimo que debiera de hacer un buen gobierno es prevenir y controlar a estas empresas con el objetivo de velar por nuestra salud pública.

Desde la perspectiva de la prevención de crisis, sobre todo cuando hablamos del tratamiento de residuos peligrosos, hace cuatro años, desde nuestro grupo municipal solicitamos actualizar el Plan de Emergencia para incluir a la empresa Sader SA como un espacio singular de alta generación de riesgo. Nuestra propuesta fue rechazada por el gobierno. Ni siquiera el reciente desastre medioambiental y humano provocado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, sucedido apenas un mes antes, incentivó al gobierno para reforzar la prevención con este tipo de empresas peligrosas que operan dentro de núcleos urbanos.

Si bien, desde la perspectiva del control de emisiones y calidad del aire, y sin saber en qué medida el contexto electoral ha soplado a nuestro favor, algo hemos podido avanzar. Ya que después de una intensa negociación con el Área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento, en el pleno de febrero conseguimos arrancar el doble compromiso de, como tarde en el mes de abril, activar el medidor de calidad del aire situado Parque del Ferial de Zorroza que lleva casi un año fuera de servicio; y en segundo lugar, volver a solicitar al Gobierno vasco la instalación urgente de dos unidades móviles de medidores de calidad del aire. Concretamente el de Elorrieta -San Ignacio que el Gobierno vasco quitó en 2010, y también volver a instalar el situado en Zorroza junto a Sader y Profersa que fue saboteado hace casi un año.

Debido al poder que aparentan tener Sader y Profersa, no nos sorprende que a día de hoy no exista ni un solo medidor de calidad del aire operando en su entorno cercano, pero sí nos parece muy grave que desde el Ayuntamiento no se haya insistido más en la necesidad y urgencia de contar con una red de medidores de calidad del aire en los barrios colindantes a estas empresas. Hablamos de salud pública.

Efectivamente, no sabemos si el actual contexto electoral ha soplado a nuestro favor, pero lo que sí sabemos es que desde Elkarrekin Bilbao no vamos a parar hasta que estos tres medidores de calidad del aire estén operativos, controlando cada día, cada hora y cada minuto las emisiones de Sader y Profersa. De igual manera que seguiremos insistiendo en la necesidad de que este tipo de empresas no se instalen cerca de núcleos urbanos. Porque por mucho poder que tengan algunos grupos empresariales, con la salud pública de los barrios, ni se juega ni se negocia.

No tenía ningún sentido, ni político ni ético, pretender aplicar el mecanismo de delimitación de las zonas de mercado residencial tensionado con el objetivo de regular los precios desorbitados de los alquileres y que el resultado de su puesta en marcha fuera aumentar la segregación residencial. No tenía ningún sentido que en la zona centro de Bilbao, en Abando e Indautxu, donde la vivienda es la más cara y donde existen además menos oportunidades para intervenir desde lo público no se pudiesen limitar los precios de los alquileres.

Por ello, el pasado mes de enero, cuando defendimos nuestra propuesta para evitar la segregación habitacional no entendíamos por qué el Gobierno Municipal se enrocaba y ponía excusas para solicitar al Gobierno vasco la declaración de todo Bilbao como una zona de vivienda tensionada. Una vez más, a los gobiernos de Bilbao y Euskadi les tocada rectificar, y lo han hecho apenas un mes después del debate político que tuvimos en el Pleno Municipal. De este modo, y para aprender la lección, conviene tener todo el relato de lo acontecido, porque a nuestro modo de ver y más si cabe hablando de vivienda, rectificar no sólo es de sabios, sino también de personas coherentes y mínimamente comprometidas con el derecho a la vivienda.

La Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, en su artículo 18, posibilita a las administraciones competentes en materia de vivienda la “declaración de zonas de mercado residencial tensionado”. Esto es, la ley facilita a las comunidades autónomas a habilitar, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales, diferentes zonas en las que poder ofrecer viviendas de alquiler en condiciones asequibles para su acceso en el mercado libre.

En Bilbao, actualmente, hay 18.743 personas en las listas de Etxebide esperando una vivienda de alquiler protegido. De las cuales, según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, 11.814 viven ya en una vivienda de alquiler del mercado libre, siendo 9.285 personas - el 78,6% -, las que destinan más del 30% de su sueldo al pago del alquiler. Estos datos evidencian no sólo que vivimos una emergencia habitacional, sino que es urgente adoptar, desde lo público, todo tipo de medidas posibles para proporcionar viviendas dignas a precios asequibles. Ahora bien, ¿qué zonas pueden declararse tensionadas? Ahora mismo, y en base al protocolo elaborado por el Gobierno vasco, serán esencialmente las que los propios Ayuntamientos soliciten mediante una memoria justificativa que lo acredite.

Así, el pasado 14 de diciembre la viceconsejería de Vivienda del Gobierno vasco determinó los criterios y el procedimiento a seguir para proceder a declarar zonas tensionadas en distintos municipios de Euskadi. Dejando básicamente la pelota para su activación en el tejado de los Ayuntamientos. Una cuestión cuanto menos curiosa, ya que el Gobierno vasco podía haber considerado garantizar el derecho a la vivienda como un Proyecto de Interés Público Superior,obligando a los Ayuntamientos a tener que asegurarlo y garantizarlo. Pero, una vez más, parece que el negocio es el negocio, y en cuestiones de poner en marcha políticas de vivienda que beneficien a la ciudadanía, parece que es mejor dilatarlas en el tiempo, para no molestar en exceso a las mentes conservadoras.

Pero este protocolo del Gobierno vasco no vino sólo. Al mismo tiempo se presentó un estudio preliminar en el que se señalaban aquellos municipios que, potencialmente, podían resultar susceptibles de recibir la declaración de zonas tensionadas, entre ellos, Bilbao. Pero, incomprensiblemente, nuestra ciudad apareció como “parcialmente”; ya que según este estudio el Distrito 6 de la ciudad quedaba excluido. Dejando fuera, curiosamente, a los barrios de Abando e Indautxu, justamente los dos barrios de la ciudad con mayor ausencia de oferta de vivienda a precios asequibles.

Y ¿por qué este resultado tan extraño en dicho estudio? Básicamente por la metodología empleada para su elaboración. Para hacer este estudio preliminar aplicaron únicamente dos criterios que marca la ley estatal para declarar zonas residenciales tensionadas - el asociado al incremento de la renta media de alquiler en los últimos años y el relativo al esfuerzo económico para el pago de la vivienda - prescindiendo de la consideración de otros criterios, que también están en la ley, como la posibilidad real de conformación de nuevos hogares.

En este sentido, y desde nuestro punto de vista, se deberían tomar como referencia de cálculo, no sólo los ingresos de la población actualmente residente en cada uno de los distritos, sino la capacidad real de acceso de todos los bilbaínos y bilbaínas a vivir en cualquier distrito y en cualquier barrio de Bilbao. Es por ello que dicho estudio del Gobierno vasco no reflejaba la realidad del tensionamiento de la vivienda en el centro de Bilbao. Por lo que para nosotras no tenía sentido poner en marcha la aplicación de una medida con el objetivo de impulsar alquileres asequibles para todas las personas y que, en la práctica, el resultado fuera posibilitar que en el centro de Bilbao sólo pueda vivir quien puede permitirse pagar unos precios desorbitados de alquiler.

En definitiva, el Gobierno Municipal de Bilbao tenía dos opciones. Aceptar el resultado del estudio preliminar del Departamento de Vivienda y seguir agrandando la brecha de la segregación residencial en Bilbao o solicitar al Gobierno vasco declarar todo Bilbao como zona tensionada y poder así prevenir desequilibrios. La buena noticia es que en apenas un mes han rectificado y esto es positivo para los bilbaínos y bilbaínas. Sin duda, lograr la delimitación de todo Bilbao como ámbito de actuación no sólo es importante de cara a evitar procesos de segregación residencial, sino de cara a aplicar en el futuro, también en el centro de la ciudad, determinadas facultades que la ley también nos otorga a nivel municipal, como el hecho de asegurar suelo para vivienda de alquiler, o poder controlar la actividad de los grandes tenedores y fondos buitres que en ocasiones generan importantes distorsiones en el mercado de la vivienda. Queda mucho por hacer y por ello nosotras no dejaremos de trabajar e insistir en defender la vivienda como un derecho y no como un privilegio.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 recogía que los municipios de más de 50.000 habitantes -como es el caso de Bilbao- debían establecer antes del año 2023, mediante una ordenanza, una zona de bajas emisiones (ZBE). Es decir, en Bilbao, el Gobierno Municipal llega tarde. Como ciudad vamos con retraso no por casualidad, sino por la falta de convicción real del gobierno del PNV y del PSE, respecto a la importancia y urgencia de adoptar medidas ambiciosas para mejorar la sostenibilidad urbana.

Desde Elkarrekin Bilbao allá por 2019 ya defendimos lo que nosotras denominamos Bilbao Central, una zona protegida en el centro de la ciudad, libre de emisiones contaminantes. Por ello, estamos convencidas de que no era necesario esperar tanto tiempo para hacer esta ordenanza.

Todo lo dicho describe que la normativa para regular una ZBE en Bilbao, inicialmente aprobada en el pleno municipal del mes de diciembre, nace más por una obligación legal, que por una convicción política. Desafortunadamente, a estas alturas del siglo XXI, todavía muchos partidos políticos no han comprendido que proteger la salud pública y el medio ambiento es un imperativo moral antes que una obligación legal.

Con todo y aunque consideramos que tener un primer texto normativo en esta materia es un avance, lo más lógico hubiese sido aprovechar el retraso para elaborar una ordenanza con mucha más rotundidad ambientalista y hacerlo, además, de manera abierta y participativa para prevenir al máximo los previsibles conflictos inherentes a cualquier avance o cambio legal suele. Pero tampoco ha sido así, por ello la nueva Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Bilbao nace sin apenas convicción ecologista y se conforma con cumplir los mínimos que marca la ley estatal.

Desde el Gobierno Municipal, en vez de asumir una evaluación anual de la nueva normativa y así poder corregir cuanto antes los errores que se detecten o incluso valorar -si es positivo para la ciudad- su extensión a más zonas de Bilbao, han preferido ser conservadores y ajustarse a los dos años. De la misma manera que tampoco han asumido proactivamente como obligaciones legales, los valores límite de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus Guías de Calidad del Aire.

Y aun teniendo en cuenta que impulsar la participación en el diseño de las políticas públicas es un deber del buen gobierno, la realidad es que el proceso que se ha seguido para la elaboración de la ordenanza ha seguido el mismo patrón al que nos tiene acostumbrado este Gobierno Municipal, en el que el único momento en el que la ciudadanía va a poder aportar es en el período formal de alegaciones. Esperemos, al menos, que se asuman las aportaciones de los sectores sociales y ecologistas de Bilbao.

En definitiva, nosotras con nuestro trabajo político e institucional seguiremos empujando a favor de la sostenibilidad social y ambiental de Bilbao, porque, como bien dice la experta y directora de Prácticas Urbanas de Naciones Unidas, Shipra Narang, “menos coches y más árboles significa más felicidad”. Ya no es una opción, ni siquiera una decisión política, la actual crisis climática y energética nos lo impone; por ello es necesario iniciar cuanto antes, una transición ecológica global en la que la movilidad urbana tiene mucho que decir. Obviamente, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser algo progresivo, pero a la vez imparable. Pero sin ninguna duda, en las ciudades, tenemos que lograr vivir, trabajar y habitar de una manera más respetuosa con nuestro planeta y con nosotros mismos. No hay planeta B.

De nada sirve tener más o menos posibilidades vitales si nuestra salud mental está dañada. De nada sirve desarrollar nuestras capacidades humanas o profesionales si nuestro bienestar emocional no está bien. De poco sirven nuestros valiosos derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales si no tenemos ganas de ejercerlos, de disfrutarlos y sobre todo de vivirlos. 

Afrontar la salud mental nos exige cuidar la vida cotidiana y poner todos los recursos y políticas públicas necesarias para posibilitar vidas buenas, que no dependan del barrio en el que vives, ni tampoco de tu cuenta corriente. Porque hablar de salud mental es hablar de estrés, de ansiedad, de insomnio; es hablar de conciliación, de hábitos de consumo, del acceso a la vivienda, de precariedad e inestabilidad laboral. Porque los problemas de salud mental no son sólo problemas individuales, sino también colectivos, son problemas sociales que van mucho más allá de estar enfermos. 

Sin duda, la infancia y la juventud son uno de los grupos de población más vulnerable y afectado en relación a la salud mental. Ellas y ellos además de ser el presente son el futuro de nuestra ciudad. Sólo en Bilbao, según datos del Eustat, viven 48.361 personas jóvenes de entre 15 y 29 años. Sin duda, representan un grupo de población cuantitativamente importante y cualitativamente fundamental para nuestro desarrollo urbano. Y por eso es importante poner el foco en todos ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas de vida tienen? ¿Qué se les está ofreciendo desde la sociedad adulta? ¿De qué manera les impactan los condicionantes sociales? Y lo más importante, ¿qué debemos hacer desde las instituciones públicas para abordar mejor la salud mental? ¿Qué podemos hacer desde el Ayuntamiento de Bilbao para cuidarles mejor? 

En este contexto, el pasado 28 de septiembre se celebró en el Ayuntamiento de Bilbao el primer pleno municipal del nuevo mandato y desde Elkarrekin Bilbao quisimos comenzarlo destacando la importancia del bienestar psíquico de las personas y sobre todo de nuestros jóvenes. De este modo y aun siendo conscientes de que las competencias municipales en materia de salud pública son limitadas, nos hemos marcado como objetivo político exprimir hasta la última gota competencial para mejorar la salud de los bilbaínos y bilbaínas. Hasta el punto de lograr el compromiso del equipo de Gobierno para seguir dando pasos concretos en materia de salud mental.  

Concretamente, hemos logrado el compromiso de actualizar el Diagnóstico de Salud cuantitativo y participativo de Bilbao. Algo básico para conocer cómo estamos y poder así diseñar el ‘II Plan Municipal de Salud’. Un plan que va a incluir un programa específico de ‘Salud Mental y Emocional’. Adicionalmente también se van a desarrollar las medidas que se contemplan en el ‘Programa de Salud Infantil de Osakidetza’ y en la nueva ‘Estrategia de Salud Mental’. Y por último,  también hemos logrado que, en el marco de la ‘Estrategia Municipal contra la Soledad no deseada y el aislamiento social’, se preste especial atención a la situación de la niñez y la juventud de Bilbao. 

En este sentido, aunque resulta lógico que cuando hablamos de soledad automáticamente pensemos en las personas mayores, los datos también reflejan que cuatro de cada diez personas en situación de soledad no deseada son jóvenes. La juventud representa casi la mitad de los casos identificados y no es un tema menor, ya que la soledad no deseada aumenta la morbilidad y el riesgo de muerte prematura, incidiendo directamente en el aumento de los casos de suicidio. 

En definitiva, y como dice el psicólogo y terapeuta Iñaki García Maza hablar de salud mental es hablar de asuntos “inter- nos”, asuntos que ocurren en la sociedad, entre nosotras, entre las personas. Por todo ello, consideramos que ha llegado la hora de repensar la salud mental desde las Instituciones Públicas, como un elemento fundamental de nuestro sistema público de salud y también como un pilar básico de nuestra pequeña democracia local. 

Si has nacido entre los años ochenta y noventa, perteneces a la generación Millennial. Probablemente la más criticada y señalada por los adultos, tanto en los medios de comunicación como en la vida cotidiana. Una generación quemada, cansada, desgastada y agotada por el esfuerzo de tratar de mantener un mínimo equilibrio vital con la familia, las amistades, las relaciones, los estudios, el trabajo, la crianza, llegar a fin de mes con uno, dos o incluso tres trabajos precarios.

Pareciera que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto no es una simple percepción. Según muchos analistas, por primera vez en nuestra historia, las nuevas generaciones van a vivir peor que las de sus padres y madres. Somos una generación criada bajo el falso mito de la meritocracia y la idea de que con esfuerzo y constancia todo saldrá bien y, si esto no sucede, es por nuestra culpa, porque no nos esforzamos lo suficiente. La gran mentira.

En realidad lo que se ha perdido no es la cultura del esfuerzo, sino las oportunidades. Que la media de edad de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi sea elevadísima, no es por falta de esfuerzo, sino porque con sueldos precarios y alquileres por las nubes, es imposible alcanzar la tan ansiada y necesaria independencia para poder desarrollar proyectos de vida de manera autónoma y mínimamente digna. No es un problema individual ni tampoco de las personas jóvenes. Es un problema social y estructural, fruto de un sistema precario que no se va a corregir con viejas recetas.

Juventud, divino tesoro

Desde hace mucho tiempo la juventud ha sido esa época dorada en la que uno puede vivir el presente sin preocuparse demasiado del futuro. Por lo general, una etapa ligada a connotaciones positivas relacionadas con el disfrute, la ambición, el querer alcanzar metas, las ganas de mejorar cada día o con la fuerza del inconformismo. Sin embargo, la sociedad adulta, al mismo tiempo, nos transmite otro mensaje que nada tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente. Así, de una manera ambivalente, más que ser un tesoro nos señalan muchas veces como un lastre.

La generación millenial es – sin duda - la generación más formada, pero que al mismo tiempo se tiene que marchar lejos para encontrar un trabajo relacionado con todo lo aprendido

A día de hoy, es muy duro darse cuenta de que todas las aspiraciones con las que una soñaba en la niñez difieren completamente de la realidad. Hoy, lo más común es que los años de estudio se prolonguen eternamente. Hace tiempo que la carrera universitaria dejó de ser suficiente. Ahora tras el máster toca el doctorado u otro máster, para después culminar con un sinfín de prácticas, becas y contratos precarios que te sirven, como mucho, para poder sobrevivir. Lo que nos lleva a la terrible paradoja de que la generación millenial es – sin duda - la generación más formada, pero que al mismo tiempo se tiene que marchar lejos para encontrar un trabajo relacionado con todo lo aprendido.

En este sentido, el ámbito universitario es sólo uno de nuestros posibles caminos, existen otros como la formación profesional, pero aquí también las circunstancias se han endurecido. Por supuesto existen excepciones exitosas, aunque bien comprenderán los adultos que lo grave, es lo normal, lo corriente, lo que vivimos la mayoría y no tanto las premiadas excepciones.

Esta situación nos obliga a tener que plantearnos seriamente si queremos seguir nuestro sueño y poder así responder con realismo a la pregunta que tantas veces nos han hecho en la niñez ¿Qué quieres ser de mayor? La respuesta es bien sencilla, simplemente quiero “ser” y “hacer” lo que sea necesario para poder desarrollarme dignamente, en lo personal y en lo colectivo, y sobre todo, sintiéndome dueña de mi propia vida.

En definitiva, gracias a los adultos por todo lo que nos habéis ofrecido en términos de bienestar y educación. Pero no olvidéis que las reglas generales del juego de la vida se han transformado radicalmente. Ahora la norma es el cambio, la incertidumbre es la rutina y a nosotras y nosotros nos está tocando improvisar cada día. Por ello, os pedimos que dejéis de juzgarnos. La juventud somos el presente y estamos aquí, como siempre ha sucedido, para mejorarlo.

(*) Artículo escrito por la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao y candidata a la alcaldía por Elkarrekin Podemos-IU-Alianza Verde, Ana Viñals y Janire Álvarez, técnica de comunicación.

Quizás una parte importante de la ciudadanía no sepa que en estos días se ha aprobado el nuevo PGOU de Bilbao, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La “Constitución Urbana” de Bilbao, un instrumento jurídico y urbanístico, que nace viejo, viene tarde, con poca participación social, y que marcará las políticas urbanísticas de la ciudad para los próximos decenios. No es una cuestión baladí.

Cómo se configura una ciudad es importante e incide directamente en las vidas de las vecinas y vecinos. Pero este supuesto plan de futuro carece de elementos fundamentales para lograr que Bilbao sea una ciudad más amable, que asegure una ciudad que apuesta por los cuidados de las personas, de los barrios y de nuestro medio ambiente.

Lamentablemente, el texto finalmente aprobado no incluye ni mínimamente la necesidad de desarrollar Bilbao desde una lógica sostenible, en el que los pilares que deben sostener nuestra gran ciudad sean tanto el bienestar de todos los barrios como también el bienestar de nuestro ecosistema urbano. Y es que la propuesta que el Gobierno Municipal defiende no tiene alma, le falta el corazón verde y morado, y en consecuencia, plantea una ciudad excesivamente utilitarista, exageradamente mercantilista e incluso, deshumanizada.

Las políticas del Ayuntamiento de Bilbao en las últimas décadas están llevando al vaciamiento de la vida de los barrios pero el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado no frenará esta problemática ni, lamentablemente, asegurará un equilibrio social en Bilbao.

El modelo urbano del gobierno no se prepara ni para futuras pandemias ni tampoco para la emergencia climática que ya tiene consecuencias sobre nuestra ciudad y sobre nuestras vidas

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana no apuesta de forma decidida por la Movilidad Urbana Sostenible, uno de los retos de actuales. Parece que Bilbao seguirá teniendo una red de bidegorris que no estarán interconectados, ni serán seguros, con carriles bici que llegan a ninguna parte y una de las peores redes ciclistas de España, tal y como sostiene la OCU.

Un plan que ni tan siquiera asegura el derecho a la vivienda. Algo totalmente incomprensible si tenemos en cuenta el grave problema de vivienda que existe en nuestra ciudad. Bilbao es una de las ciudades con la vivienda más cara, el precio medio del alquiler ronda los 1.000€. La gente joven tiene serias dificultades para acceder a un piso y hay casi 13.000 personas que demandan alquiler social-asequible.

Tampoco muestra ningún tipo de aprendizaje respecto a los dos años de pandemia que hemos vivido y sufrido. El modelo urbano del gobierno no se prepara ni para futuras pandemias ni tampoco para la emergencia climática que ya tiene consecuencias sobre nuestra ciudad y sobre nuestras vidas. De alguna manera podemos afirmar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana nace obsoleto y desactualizado. 

Este nuevo plan debería ofrecer una orientación clara sobre cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin olvidar que los ODS son el único pacto global, acordado a nivel internacional, con el único propósito de abordar el cambio climático, fomentando la justicia social. Por ello, estos Objetivos deben ser el faro ético hacia el que caminar como una ciudad moderna y democrática.

Debemos pensar en Bilbao a lo grande, como una ciudad que puede ser un actor clave para abordar la emergencia climática, con capacidad de hacer una gestión ética de los flujos migratorios, con herramientas municipales para combatir futuras pandemias u otros desafíos globales. En este sentido, la Nueva Agenda Urbana que defendemos puede contribuir positivamente a que nuestros barrios sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En definitiva y aunque nos queda mucho por hacer, vamos a seguir trabajando para que nuestra ciudad sea un hogar seguro donde poder vivir nuestros proyectos de vida y hacer realidad nuestros sueños.  

Todavía tenemos una segunda oportunidad, nos queda una final de Copa. Por ello, quizás valga la pena hacer memoria y recordar hoy el 90 aniversario de la II República. Y es que para quienes no lo sepan, sólo entre el periodo republicano de 1931 a 1936 el Athletic ganó tres ligas y tres Copas. Por eso hoy, deberíamos reivindicar sin complejos nuestra identidad y valores, apelando a una parte fundamental de nuestra historia como ciudad porque, aunque ha pasado un siglo desde el nacimiento de la II República, muchos de sus logros sociales y avances políticos dejaron una marca imborrable, que define y sostiene nuestra imperfecta, pero tan necesaria, democracia.

Conviene tener memoria y, sobre todo, no simplificar la historia, ni tampoco estigmatizar de forma simplona bajo pesados prejuicios partidistas. Hoy 14 de abril, no toca hablar de monarquía versus república, no toca hablar de fascistas o antifascistas, de rojos o azules, de comunistas o carlistas, ni de buenos o malos. Hoy es el día para recordar la II República y sobre todo a las personas que la defendieron dentro y fuera de las Instituciones Públicas de Bilbao.

La vida del alcalde Ernesto Ercoreca explica muy bien lo que acabo de decir. Él lo cuenta en sus memorias, cuando tras ser detenido en Biarritz, es trasladado a la frontera franco-española para ser entregado a las autoridades sublevadas. Merece la pena recordar la cita textual del Alcalde Ercoreca:

“Una vez en la frontera, fuimos entregados a un sargento de la Guardia Civil, faltando con ello a todas las leyes internacionales y a todas las leyes de hospitalidad francesas. El sargento me interrogó:

—¿Su nombre? —me pregunta.

—Ernesto Ercoreca Regil.

—¿Ha ocupado usted algún cargo público?

—Sí, señor: Alcalde de Bilbao.

—¿En tiempo de los rojos?

—En tiempos de la República.

—Quiero decirle a usted si fue en tiempos que dominaban los rojos.

—En tiempos de la República —contesté.

Otro policía presente dijo: Este señor le preguntaba si usted fue Alcalde en tiempos de los rojos.

—En tiempos de la República —volví a contestar“.

Hablamos hoy en definitiva de República, de la II República, de sus valores, de sus principios y sobre todo de los bilbaínos y bilbaínas que la defendieron y que ahora también la defendemos, sin complejos, desde el recuerdo y la memoria.

Y justamente para eso, el Colectivo Republicano de Euskal Herria presentó una moción en el Ayuntamiento de Bilbao para conmemorar el aniversario de la II República y pidió colocar, de manera simbólica, la bandera republicana. El gobierno municipal rechazó hacerlo.

Conviene tener memoria y, sobre todo, no simplificar la historia, ni tampoco estigmatizar de forma simplona bajo pesados prejuicios partidistas

En este sentido, podemos entender, aunque no compartamos, las argumentaciones jurídicas que desestiman la colocación de la bandera republicana dentro de una Institución Pública. Incluso lo entendemos durante este excepcional mes de abril, en el que de la plaza Ernesto Ercoreca se retiró la bandera de la ciudad para izar la bandera de nuestro querido Athletic.

Quizás convendría aprender más de la historia y en este sentido, este gobierno con su alcalde Aburto a la cabeza, debería reivindicar y recordar mucho más la II República. Quizás así, además de hacer memoria y celebrar como se merece su 90 aniversario, logremos con ello que la historia se repita y nuestro Athletic, como hizo entonces, nos dé un nuevo título. En definitiva, sobran los motivos éticos, políticos y también deportivos para hacer un guiño a la historia republicana de Bilbao. Si no es por justicia, hagámoslo, aunque sea, por superstición rojiblanca.

El 2020 será recordado como el año de la pandemia. Un año terrible del que nos va a costar recuperarnos y del que debemos sacar enseñanzas sobre todo lo que hemos descubierto para acabar con todas las calamidades que muchas veces pasaban desapercibidas y que este virus ha evidenciado.

Hemos descubierto, a pesar de la falta de información, la lamentable situación en la que se encontraban la mayoría de nuestros mayores. Hemos quedado aterrados al comprobar de qué manera la vulnerabilidad y la dependencia se han convertido en un auténtico negocio. Hay que poner remedio de inmediato a esta situación, las personas mayores ya no tienen tiempo para esperar. Su situación debe mejorarse con urgencia y es nuestro deber exigirla por todos los medios.

También hemos redescubierto el valor y la importancia del Movimiento de Pensionistas. Una lucha centrada no sólo en mejorar las exiguas pensiones que percibe la mayoría, sino en mejorar nuestro futuro, el de todas las personas jóvenes cuyo horizonte también es vivir dignamente cuando se termine nuestro periodo laboral. Y vemos su trascendencia en cuanto nos fijamos en lo que está ocurriendo estos días en la política nacional con los complicados movimientos del ministro Escrivá y los palos en la rueda a la ministra Díaz respecto de las mejoras laborales que quiere aprobar. Así, mientras a la Ministra de Trabajo se le ponen todas las trabas posibles para mejorar el salario mínimo, el Ministro de Seguridad Social plantea alargar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión.

Por otro lado, otro aprendizaje ha sido el incalculable valor de la sanidad pública como bien común. A estas alturas ya nadie se atreve a discutir la necesidad de una sanidad pública y universal como única opción para hacer frente a esta pandemia o a los retos del futuro. Se han hecho evidentes los efectos de años de recortes y privatizaciones encubiertas en un momento en el que nuestra salud depende de una amplia red de atención primaria que detecte y ataje las dolencias en cada barrio y evite que se conviertan en graves. Invertir en salud pública es siempre socialmente rentable, aunque no lo sea para algunos interesados que tratan de convencernos de la eficacia de lo privado.

A estas alturas ya nadie se atreve a discutir la necesidad de una sanidad pública y universal como única opción para hacer frente a esta pandemia o a los retos del futuro

Y todos los retos de este año pandémico han puesto al descubierto el trabajo esencial de las mujeres en el poco reconocido ámbito de los cuidados, trabajos que en demasiadas ocasiones son precarizados. Resulta evidente que la mayor parte del trabajo de cuidados lo realizamos las mujeres. Somos mayoría en la sanidad, en los trabajos de dependencia, sin contar con todas las labores gratuitas que realizamos en el ámbito de nuestra vida privada. Sin el trabajo de las mujeres no hay vida sostenible y las mujeres no podremos aspirar a la igualdad y a la libertad sin unos servicios públicos de calidad.  

Alguien me podría decir que estoy tratando cuestiones generales cuando el ámbito de mi labor política es municipal, pero debo asegurar que las decisiones que se toman respecto de estas cuestiones terminan afectando siempre al campo de las políticas municipales.

En definitiva, terminamos este desdichado año magulladas pero sin miedo, porque hemos aprendido qué es lo realmente importante y estamos seguras de que en el 2021 superaremos la pandemia siendo más fuertes, para conseguir el bienestar social y recuperar la necesaria alegría de vivir.