No puedo evitar que se me encoja el estómago cuando veo día sí y día también al consejero Díez de Revenga en los medios de comunicación, haciendo ruedas de prensa acompañado por las altas esferas eclesiásticas, anunciando que un número determinado de familias de la Región de Murcia han recibido una cantidad de dinero en ayudas de auxilio social para no tener que abandonar sus viviendas.

No puedo evitar indignarme con esta forma de hacer y concebir aún la política en estos tiempos.

Es conveniente recordar que el auxilio social era una organización oficial del régimen franquista, cuya finalidad era la de prestar asistencia a los necesitados y difundir el modelo educativo imperante en España. Fue la institución asistencial más emblemática y una de las principales señas de identidad de la dictadura franquista.

Se trataba de una institución dedicada a cobijar y a alimentar a los desfavorecidos, especialmente a las mujeres e hijos de los que ellos denominaban la «Anti-España». Pero los grandes protagonistas de la historia del denominado auxilio social fueron los niños, a los que presentaban ante la sociedad española como las «víctimas» de la «barbarie marxista» y que el auxilio social rescataba, convirtiéndose en los objetos que el aparato propagandístico del régimen utilizaba para conseguir sus propios fines. 

Este retroceso en el lenguaje político, no se está utilizando de forma inocente por parte del Gobierno de nuestra Región. Yo diría que, muy al contrario, se insiste en usar esta denominación acuñada en tiempos oscuros, con la clara intención de alcanzar unos objetivos concretos. Y estos objetivos no son otros que buscar en quienes reciben estas ayudas, el agradecimiento eterno y el servilismo político, que luego deberá de traducirse en votos para seguir manteniéndolos en el poder.

Díez de Revenga se presenta ante la prensa sin el más mínimo escrúpulo, dando la imagen propia del señorito que evita con su esfuerzo personal y su dinero, que estas familias tengan que abandonar su hogar, como si lo pusiera de su propio bolsillo.

Han pasado muchos años desde la práctica de aquel tipo de beneficencia, han sido muchas las personas y los políticos que a lo largo de la historia reciente han trabajado sin descanso para avanzar hasta conseguir que la sociedad interiorice que tenemos derechos únicamente por el hecho de ser ciudadanos.

Tenemos derechos sociales e individuales al margen de la bondad y de la caridad de nadie.

Me niego a claudicar y a entrar en el juego de un consejero que no cumple con las obligaciones que tiene encomendadas por su cargo, y que son las de trabajar para garantizar el derecho a la vivienda de forma digna a los ciudadanos de su comunidad; que miente y oculta que el dinero con el que se financian esas ayudas de auxilio social, como le gusta llamarlas, lo recibe del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España y no de sus propios presupuestos.

 Un consejero cuya gestión está siendo tan pésima, que, en vez de aumentar el parque público de vivienda, se deshace de él. Tan mala, que solo ha ejecutado de los presupuestos regionales del año 2020 la ínfima cantidad de 8 millones de euros, de un total de 57 millones que tenía consignada la Dirección General de Vivienda que depende de su Consejería.

No me cansaré de reivindicar que la vivienda digna tiene que estar garantizada por los poderes públicos como un derecho humano y fundamental, como un derecho que está recogido y amparado por las leyes de mayor rango de nuestro ordenamiento jurídico. Como tampoco me cansaré de ponerme frente a esa clase de políticos que se empeñan en hacer creer a los ciudadanos que sobreviven y mantienen su techo gracias a su generosidad.

No estoy en política para resignarme a vivir en una Región donde unos pocos, durante muchos años, manejan el cotarro, utilizando sus redes clientelares, esparcidas como si de una tela de araña se tratara, para hacer y deshacer a su antojo, sin ningún tipo de pudor.

No me voy a resignar ante el retroceso en el lenguaje político que quiere volver a la beneficencia del auxilio social, propia de épocas pasadas que afortunadamente hemos superado.

“No, no te van a desahuciar”. Estas son las palabras que estaban esperando y necesitaban escuchar cientos de miles de familias vulnerables en nuestro país y en nuestra región. Familias que sienten cada día la amenaza del desahucio o el desalojo por no poder afrontar los gastos que les genera su vivienda.

Cuando la vida golpea duro, son diversas las causas que pueden originar que una familia o una persona se encuentre a la espera de una notificación judicial anunciándole que tiene que abandonar su vivienda habitual.

No es justo dar por hecho que todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades para salir de situaciones económicamente difíciles ni para ascender socialmente. Igualmente, la realidad refleja que a pesar del esfuerzo, no siempre se consigue lograr un trabajo estable en el tiempo con un salario digno.

Quizás tampoco ha sido así la evolución para otras familias, cuya vida ha dado un brusco giro colocándolas en una posición límite que jamás hubieran imaginado, abocándolas inesperadamente a la angustia de no poder hacer frente al pago de un alquiler o de su hipoteca.

Ni que decir tiene, que la pandemia que estamos sufriendo durante este año ha provocado el aumento y la agudización de los casos de vulnerabilidad en nuestro país.

El Gobierno de España al inicio del Estado de Alarma, consciente de la difícil situación a la que nos enfrentábamos, tomó cartas en el asunto y adoptó una extensa batería de medidas destinadas a proteger el derecho a la vivienda, tanto de personas y familias vulnerables, víctimas de violencia de género o personas sin hogar, como de quienes estaban viendo mermada su capacidad económica por motivo de la Covid-19, imposibilitándoles cumplir con las obligaciones relativas a su vivienda.

Estas medidas han ido dando cobertura a lo largo de este año, pero no era suficiente su extensión en el tiempo. La crisis sanitaria, desgraciadamente, aún no ha sido superada. A estas familias no se les podía dejar a los pies de los caballos, con la incertidumbre de un desahucio inmediato sobrevolando sus cabezas, como si de una guillotina se tratara.

Respiramos. El pasado 22 de diciembre muchos de nosotros y nosotras respiramos. También respiraron las asociaciones y plataformas de afectados por la hipoteca. Pero con más alivio y profundidad respiraron miles de familias al conocer que no los van a poder desahuciar mientras dure el Estado de Alarma.

Ha sido el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, el que vuelve a reforzar la protección de los más vulnerables, suspendiendo los desahucios y lanzamientos cuando no exista alternativa habitacional que ofrezca una solución adecuada en estos casos.

En ningún modo esta norma favorece el fomento de la ocupación ilegal. Falsedad que el Partido Popular se empeña en extender, aunque esto suponga generar miedo social de manera irresponsable y partidista.

Me gustaría no tener que expresar en estas líneas que el sentimiento de alivio que han provocado estas medidas de carácter nacional se ve difuminado en la Región de Murcia por la falta de vivienda pública. Esta carencia que venimos arrastrando de tantos años de gobierno de la derecha va a poner una vez más en evidencia, tanto la ausencia de política de vivienda en nuestra comunidad autónoma, como la improvisación del Gobierno regional en esta materia.

Quienes sí que merecen de forma especial el máximo respeto, reconocimiento y apoyo, son las organizaciones, asociaciones y personas que, voluntaria y desinteresadamente dedican parte de su vida a luchar para que el derecho constitucional a una vivienda digna sea una realidad en este país.

De la misma manera, también consuela saber que el Gobierno de España está por la labor, implicado y en proceso de elaboración de la necesaria Ley Estatal de Vivienda que, sin duda, dará soluciones que permitan avanzar en la garantía de este derecho fundamental que recoge el artículo 47 de la Constitución Española.