Hace aproximadamente dos décadas se crearon en Araba las últimas plazas públicas para el cuidado de las personas mayores con altos grados de dependencia. Desde aquel lejano 2008 a hoy en día, el cuidado hacia este colectivo ha ido cambiando de forma muy significativa.

Así las decisiones políticas tomadas durante estos años tanto desde la derecha española, como desde la derecha vasca junto al reto demográfico nos han llevado a la situación actual en lo respectivo al cuidado de personas dependientes. Se ha apostado por favorecer la implantación en nuestro Territorio de residencias privadas, conceder “cheques servicios” a todas aquellas personas que teniendo derecho a una plaza de responsabilidad pública esperan durante años en centros privados, y por último se ha mirado hacia otro lado en cuanto a las condiciones laborales de las profesionales que sostienen el cuidado y la vida de las personas mayores.

Legislatura tras legislatura, políticos en sus despachos decidían tejer desde la privatización y la precarización un telar de nuestro sistema de cuidados a mayores y llegamos al día de hoy con un gran ovillo difícil de desenredar. En un extremo del hilo se sitúan las familias que pagan unos 3.000 euros mensuales por derechos básicos, que firman contratos con cláusulas muy cuestionables y que esperan durante años a entrar en una residencia pública. En el otro extremo del mismo hilo, las profesionales, con salarios que apenas llegan al SMI, con jornadas de 1.772 horas, cargas de trabajo inhumanas y abuso de contratos parciales.

Hace tiempo que las profesionales dijeron basta: ya hace seis años que comenzaron las jornadas de huelga pidiendo la firma del primer convenio de residencias en Araba. Después de muchas jornadas de movilizaciones, de reuniones y de mesas negociadoras, llegamos a 2025 con seis millones de euros sobre la mesa para impulsar la firma de este esperado convenio, gracias al acuerdo presupuestario entre EH Bildu y el Gobierno Foral.

Para EH Bildu, los cuidados son un elemento central y estructural en nuestra práctica política. Entendemos que esos seis millones de euros deben servir para garantizar unos cuidados dignos y unas condiciones de trabajo dignas. La patronal de las residencias privadas debe asumir que su actividad va mucho más allá de lo meramente económico, del beneficio a costa de las personas. Unas condiciones de trabajo dignas son una condición necesaria para unos cuidados dignos. Es hora de que la patronal mueva ficha y se comprometa activamente con unos cuidados dignos.

Por su parte, la Diputación Foral de Araba también tiene que asumir su responsabilidad: si en vez de crear plazas públicas dirige a las personas usuarias a residencias privadas, debe garantizar que esas personas estén bien cuidadas y que las personas que cuidan lo hagan en condiciones óptimas. Porque sus decisiones condicionan vidas. Es hora, por tanto, de que la Diputación también mueva ficha y, más allá de los seis millones acordados con EH Bildu, lidere y establezca las delimitaciones del ámbito de negociación. Es hora de pasar de las palabras a los hechos.

A lo largo de este año quienes tienen las agujas de tejer han ido dando diferentes puntadas con más o menos acierto, pero llegamos a verano y el reloj empieza su cuenta atrás. Todas debemos dar pasos para desenredar ese ovillo, todas somos tejedoras, todas podemos tirar de un hilo. Pero les toca a quienes decidieron tejer este telar de los cuidados con hilos de privatización y precarización ejercer el liderazgo que les corresponde y coger todas las herramientas a su alcance para que de una vez por todas Araba y las trabajadoras de las residencias privadas tengan un convenio que dignifique las condiciones en las que se cuida en nuestro Territorio.

Desde EH Bildu, apostamos por un sistema público comunitario de cuidados, ese es nuestro último objetivo. Pero ese objetivo no puede cegarnos ante una situación sangrante que precariza los cuidados, perjudicando a personas cuidadoras y cuidadas.

En nuestra vida, quien más y quien menos ha corrido alguna vez: te pones unas zapatillas y a correr. Hay carreras cortas, de fondo, de obstáculos, puedes ir equipada sólo con unas zapatillas o con material técnico de última generación, pero el objetivo siempre será llegar primera a la meta.

Hoy hablamos de una carrera diferente, la carrera de los servicios sociales alaveses. Allá por el 2008, la Ley de Servicios Sociales establecía que nuestro sistema de bienestar social debía tener un acceso subjetivo y universal. Pasábamos, por tanto, de la caridad a un sistema social garantista de derechos y es aquí donde se daba el pistoletazo de salida en la carrera de los servicios sociales. En esa salida, Araba iba bien equipada: sus zapatillas, su ropa y su mochila hacían prever que llegaríamos las primeras a la meta, con mucho esfuerzo. No en vano, en 2008 las carencias de atención a algunos colectivos eran notables, pero con entrenamiento y tesón alcanzar la meta no debía suponer un ejercicio hercúleo. Como decimos, estábamos bien equipadas: red de residencias públicas de vanguardia, servicios sociales de base en cada barrio, empoderamiento del histórico Tercer Sector Alavés, servicios sociales pioneros de referencia estatal, como fue el SAD, y un largo etc. Estábamos preparadas para ganar.

Quienes hacen ejercicio, quienes corren, saben que además del entrenamiento, es importante rodearte de buenas herramientas que te permitan optimizar tu esfuerzo, sacarle todo el rendimiento. En la carrera de servicios sociales también existían este tipo de herramientas: entre ellas encontramos el Plan Estratégico y el Mapa de Servicios Sociales para cada territorio: en el primero se proyectaba y determinada la cobertura en atención, es decir, cuánto y cómo correr; en el segundo se analizaba los servicios que teníamos y cuánto necesitábamos esforzarnos para llegar a la meta. Estas herramientas nos daban las claves y marcaban el paso para que Araba triunfase. Sólo era cuestión de mucho esfuerzo, decisión y voluntad política, pero lo que se suponía que podía ser una oportunidad para mejorar nuestros servicios sociales se convirtió en una carrera de obstáculos, donde quien puso y pone las vallas a saltar pretende que Araba llegue última a la meta.

Con el nuevo Plan Estratégico presentado hace unas semanas, diseñado durante el mando de la ex consejera y candidata a la alcaldía de Gasteiz Beatriz Artolazabal, los impedimentos que PNV-PSE ponen para Araba, ya no solo ralentizan nuestra llegada a la meta, sino que generan discriminación entre la población de la Comunidad Autónoma Vasca y privatizan los cuidados. Si eres una persona mayor alavesa tendrás muchas más probabilidades de que te cuiden desde lo privado, vía “cheque-servicio”, que si eres una persona mayor de otro territorio. El PNV, con la señora Artolazabal a la cabeza y Ramiro González de la mano, quieren que la andadura de Araba en esta carrera se haga acosta de condiciones laborales de miseria y cuidados precarizados.

Lo trágico, lo lamentable, es que los obstáculos que impiden llegar a Araba a la meta en esta larga carrera acarrean sufrimiento, desatención y deja los derechos de alaveses y alavesas por los suelos. El nuevo Plan estratégico no corrige las deficiencias que existen en esta carrera ni reduce las vallas para saltarlas con más facilidad. Es más, todo lo contrario: PNV-PSE ofrecen correr a unos territorios con zapatillas último modelo, pero quieren que Araba corra o, mejor dicho, ande en chancletas.

Quienes apostamos y defendemos una sociedad más justa y equitativa, quienes queremos poner la vida en el centro, no queremos carreras donde ganar implique dejar a alguien atrás, no queremos carreras con obstáculos ni metas inalcanzables.

Desde Araba y desde EH Bildu nos calzamos las zapatillas, respiramos y nos esforzamos. A cada metro ganado en esta carrera de los servicios sociales, defendemos desde lo público unos cuidados dignos y de calidad para la gente de Araba y para el conjunto de la ciudadanía vasca, porque la carrera de los servicios sociales es la carrera del respeto a los derechos básicos. Y en esta carrera nosotras salimos a ganar.

Las preocupantes noticias que estas semanas han saltado a la prensa mediante este medio constatan lo que desde EH Bildu llevamos años denunciando. Lo diré claro y sin tapujos: la situación en algunas -insisto en el término “alguna”- residencias y viviendas comunitarias privadas es alarmante. Los casos denunciados en esta casa no son aislados, así nos lo han comunicado las propias trabajadoras de estos centros y los sindicatos. Soy (y somos) de las que no cuestiona el trabajo de las diferentes profesionales que trabajan en estos centros privados. Prefiero ser de las que denuncia el modelo precarizado que se ha ido dando en los trabajos de cuidados de personas mayores por parte del PP, PNV y PSE.

Y si privatizar y precarizar la atención a personas mayores ya es alarmante, si a este hecho añadimos que estas viviendas comunitarias reciben dinero público mediante la Prestación Económica Vinculada al Servicio - el conocido como “cheque servicio” de toda la vida-, este tema es sangrante. 

Siento utilizar estos términos, pero son las palabras que también utilizan las empleadas y familiares. Y esto lo digo yo directamente: con dinero público la Diputación financia unas condiciones de precariedad en los cuidados de las personas atendidas y una precariedad absoluta en las condiciones laborales en las personas trabajadoras. Lo hemos dicho mil veces, los trabajos de cuidados deben de ser públicos y de calidad. 

Voy a dar unos datos. No son míos, son datos “facilitados” por el Gobierno de Ramiro González después de registrar varias preguntas al respecto. De mayo a octubre solo se han realizado inspecciones en 29 residencias y en 17 viviendas. Por si fuera poco, en plena segunda ola, no se han realizado inspecciones ni en junio, ni en julio ni en agosto. Tres meses sin inspecciones y sucediendo lo que más tarde hemos sabido que sucedía y cosas que, segura estoy, todavía no sabemos.

¿Sabéis cuál ha sido el seguimiento que ha realizado la Diputación a los centros residenciales? Hutsaren hurrengoa que se diría en euskera, cero patatero. Un número, cero, que traducido a palabras significaría “irresponsabilidad que ha causado contagios, aislamientos y muertes”. Insisto, y perdón por volver al comienzo, pero esto no lo digo solo yo o mi grupo: las actas de inspecciones reflejan que por desconocimiento, descuido o irresponsabilidad los planes de contingencia no se están ejecutando al 100%. 

Y encima, los que llevan 20 años sin crear una sola plaza pública residencial en Araba -habéis leído bien, 20 años-, nos quieren hacer creer que lo que se registra en estas actas es algo puntual. Pues no. Estas condiciones indignas de trabajo y de cuidados han sido denunciadas en muchísimas ocasiones por los sindicatos y por las propias trabajadoras de estos centros. No son manzanas podridas, el cesto está podrido.

Esta pandemia ha lavado la cara a un modelo que, año tras año, legislatura tras legislatura, se ha ido precarizando y dejando en manos de empresas que huelen dinero en la atención a personas mayores. Las trabajadoras que se concentran miércoles sí y miércoles también frente al palacio foral lo suelen resumir en dos eslóganes: “Que no tenemos manos, para tanto trabajo” y “Cuidando a los abuelos, salarios por los suelos”.

Con dinero público la Diputación financia unas condiciones de precariedad en los cuidados de las personas atendidas y una precariedad absoluta en las condiciones laborales en las personas trabajadoras

Comenzó el PP privatizando centros residenciales. Continuó el tándem PNV-PSE precarizando estos cuidados y financiados con dinero público: plazas privadas donde las condiciones de las trabajadoras son pésimas, cargas de trabajo tremendas, salarios brutos anuales mínimos, funciones de enfermería sin titulación... Pero hay más.

Puede que haya pasado desapercibido en la presentación del presupuesto foral para 2021, pero, con una pandemia encima, el Diputado General Ramiro González y el Diputado de Políticas Sociales Emilio Sola pasarán a la historia como los diputados que eliminaron nada más y nada menos que 139 plazas públicas en una reconocida e importante residencia de nuestra ciudad, el CIAM San Prudencio. 20 años sin crear una plaza pública, llega una pandemia que pone los cuidados en el centro y PNV y PSE deciden eliminar 139 plazas públicas. Óleo sobre lienzo.

No es cuestión de culpabilizar. Sí es cuestión de asumir responsabilidades. Y la Diputación Foral de Araba decide poner pequeños parches a un modelo que con esta pandemia se le han saltado todas las costuras. ¿A quienes quieren proteger PNV, PSE y PP? Con la votación del pasado miércoles dejaron clara la respuesta: a las empresas que gestionan centros privados, dejando de lado, la protección a las personas mayores y sus familias y a las profesionales de estos centros. Ahí, no nos encontrarán, somos las que estaremos siempre al lado de las últimas. Siempre por unos cuidados dignos y de calidad. Siempre.