Sería impensable, hace unos años, escuchar el desparpajo con el que se criminalizan los impuestos con total impunidad. Pero, más allá de polémicas protagonizadas por determinados niñatos que hablan de cómo “España les roba” sentando cátedra de estupidez, es preciso una reflexión y señalar, con nombres y apellidos a quienes son responsables verdaderos de abrir camino a este discurso, de quebrar el corazón del Estado, es decir, su sistema fiscal que permite la financiación justa, solidaria y equitativa de los servicios que dan respuesta a derechos fundamentales además de la redistribución de la riqueza.

Pensaba, iluso de mí, que esta pandemia sería motivo más que suficiente para reconocer el incontestable papel de los Servicios Públicos y la necesidad de un Estado fuerte (entendido este desde el último de los municipios hasta el Gobierno de la nación).

Esperaba que, por primera vez en demasiadas décadas de fomento del descrédito y el desmantelamiento de lo público, todos los poderes del Estado y sus actores, incluidos los medios de comunicación, cerrasen filas en torno al refuerzo de nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro sistema de provisión y protección social, nuestra capacidad de intervención en la economía para ponerla al servicio del bien común, la salud y el planeta.

En momentos como los que estamos viviendo, no cabría pensar otra cosa. Algo tan obvio, creía, implicaría la necesidad de reforzar los ingresos para poder pagar todo esto. Y llegados a este punto, lo normal sería que se exigiese un esfuerzo mayor a quienes más tienen o incluso están hoy haciendo negocio.

Me equivoqué. Di por sentado que los valedores de la injusticia capitalista, sean liberales, conservadores o esbirros neofascistas del sistema económico, agacharían las orejas y se retirarían de la escena, entendiendo que pedir bajada de impuestos era tanto como ponerse en la diana de todas las críticas.

Ellos, que desmantelaron lo público por inanición para venderlo a sus amiguetes, no podían defender ayudas lineales, refuerzo de plantillas docentes o sanitarias, más hospitales y a la vez bajadas de impuestos. Nadie con dos dedos de frente podría aceptar semejante falacia. Repito: me equivoqué.

Las preguntas que me hago son: ¿Por qué, cuando más necesidad de recursos y de redistribución de la riqueza tenemos, el debate público gira en torno a desmantelar los impuestos y no en torno a fortalecer el sistema fiscal y recuperar su progresividad? ¿Por qué hoy, cuando más necesitamos un Estado fuerte, cuando más necesario y legitimado está el sistema fiscal, no hay nadie que diga alto y claro que si queremos ayudas y servicios públicos a la altura del reto social y económico necesitamos pagar impuestos con justicia?

Quizá deberíamos buscar responsables en esa izquierda que ha desistido del debate cultural que implica la defensa de lo público desde la defensa de los impuestos. Señalar a esa socialdemocracia que hace muchas décadas decidió abrazar la lógica neoliberal y gobernar siguiendo la pauta de “menos Estado, más mercado”. Porque de aquellos polvos estos lodos. Deberíamos dejar claro y explicar que es más impopular perder una vida o cerrar una escuela por falta de medios que obligar a las grandes fortunas a contribuir.

Que quede claro que no hablo de subir los impuestos a los trabajadores y trabajadoras, PYMES o autónomos. Muy al contrario, con garantizar que el 3% más rico pagase un poco más bastaría para captar justamente 58.000 millones para financiar todo eso que se exige y necesita.

¿Cómo? Subiendo del 0'03 actual al 1% el impuesto a los depósitos bancarios, o transformando el impuesto sobre patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas para hacer que coticen un 1,5% frente al “0,17% actual”.

Es necesario también armonizar el impuesto de sucesiones con un mínimo y un máximo e incrementar los tipos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo, a partir de 60.000 euros en rendimientos de capital, algo en lo que ya se ha avanzado algo desde el Gobierno de Coalición.

Estas son solo algunas medidas posibles, evitando trampas, como la que va a hacer Amazon, multinacional a la que el Gobierno de Aragón pone alfombra roja aunque luego, con su “guante blanco”, traslade sus obligaciones fiscales a esas Pymes y autónomos con los que el Gobierno se llena la boca.

¿O es que no es necesario exigir más a quien más tiene y poner orden en la competición fiscal a la baja como pasa con el impuesto de sucesiones y donaciones? Fíjense, solo en Aragón con nuestra escasa capacidad fiscal, dejamos de recaudar vía bonificaciones casi 198 millones, 190 en sucesiones. Algunas de estas bonificaciones son justas, pero una gran parte son más que cuestionables y creo que debemos reflexionar sobre esto. ¿No están de acuerdo los comerciantes, autónomos, hosteleros o currantes en que la banca, los ricos y las grandes empresas contribuyan más? ¿Cómo sino vamos a garantizar las ayudas que necesitan, los ERTE para pagar el salario a sus trabajadores o sus ceses por actividad?

La habilidad por hacernos creer que pagar impuestos es injusto y un lastre para la economía ha requerido el concurso de quienes se llenan la boca de derechos, pero nunca encuentran el momento para garantizar los recursos necesarios que los satisfagan.

Y aquí nos encontramos, en mitad de una pandemia que ha hecho saltar por los aires la lógica de la insolidaridad y el sálvese quien pueda sin la valentía suficiente por quienes tienen capacidad y altavoz para decirle a esa derecha del PP, ultraderecha de VOX o a la comparsa de C´s que no se puede soplar y sorber a la vez, que no se puede pedir inversión y ayudas económicas y a la vez bajar los impuestos.

No podremos combatir su agresividad contra la fiscalidad desde posiciones timoratas, desde mensajes que impiden hablar de justicia fiscal en Aragón ocultándola detrás de comparativas con la media de presión fiscal española. Una cosa, la injusticia fiscal aquí, y otra, el dumping y la desfiscalización de otras comunidades, no son sino caras de la misma moneda que en un caso y otro favorece a los de siempre y debilita a la mayoría social. 

Por lo tanto que no nos utilicen, que dejen de usarnos a trabajadores, autónomos o pymes esos manijeros de los poderosos para justificar que no se tocan los privilegios de sus amos.

Como ven no es un problema de youtubers, es un problema del conjunto de la sociedad. La riqueza debe ser redistribuida, especialmente entre quienes la producen, la población, la fuerza de trabajo que es quien nos está sacando de esta. Para ellos, los impuestos, los servicios públicos y los salarios son las herramientas fundamentales. El momento para abordar cambios profundos en todas y cada una de ellas es ahora.