La vulnerabilidad de los colectivos más desfavorecidos se ha visto acentuada con la pandemia que está azotando el mundo, dado que ha generado más desigualdad social. Esta desigualdad social ha generado como consecuencia una mayor desigualdad en salud. En concreto, las personas con diversidad funcional y sus familias han manifestado cómo sus dificultades diarias se han visto incrementadas. Y hacen un llamamiento claro para el desarrollo de medidas que consoliden de forma decidida su inclusión en la sociedad y que garanticen el desarrollo de un proyecto de vida para cada persona.

En el ámbito sanitario, las necesidades de las personas con diversidad funcional son más complejas, de forma general, que las de las personas sin ella. Así pues, desde el Ministerio de Sanidad, desde que tomó posesión el Gobierno presidido por Pedro Sánchez en junio de 2018, hemos llevado a cabo medidas para mejorar la vida de las personas con diversidad funcional bajo los principios de equidad y cohesión social, que tienen un elevado impacto para estas personas y sus familias. 

Estas medidas se han desarrollado principalmente en dos ámbitos de la prestación sanitaria: la ortoprotésica y la farmacéutica. Estas prestaciones son de gran importancia desde el punto de vista sanitario, social y laboral, porque persiguen justamente la inclusión social y el desarrollo autónomo y personal de un proyecto de vida. 

El desarrollo de estas medidas pone el foco en el acceso equitativo a prestaciones básicas, eliminando barreras y garantizando la cohesión en todo el territorio; y la mejora de la cartera de servicios públicos sanitarios. 

En relación a la prestación ortoprotésica en España, cabe destacar que, hasta el año 2019, no existía un catálogo común que facilitara el acceso equitativo a los mismos productos y con un mismo importe de financiación por parte del sistema sanitario, para todas las personas independientemente de su lugar de residencia. Hasta esa fecha, cada comunidad autónoma elaboró sus respectivos catálogos, con distintos productos y distintos importes financiados. Una desigualdad estructural que requería impulso institucional y convencimiento en la cohesión social.

Fruto de los trabajos realizados desde el Ministerio de Sanidad, junto con las Comunidades Autónomas, y con la participación del movimiento asociativo y del sector, se publicaron en 2019 dos normas por las cuales se creó dicho catálogo común de productos ortoprotésicos para toda España, incluyendo más de 100 nuevos tipos de productos. 

Asimismo, se han minimizado las barreras económicas en su acceso, dado que se ha establecido un importe máximo de financiación para cada tipo de producto, adecuándolo a la realidad del mercado, para que las personas usuarias no tengan que pagar cantidades adicionales a las financiadas. Y se han establecido más garantías de calidad y eficiencia en la prestación, a través de un mejor control y de un procedimiento dinámico y ágil para la inclusión de nuevos productos. 

De igual manera, se han dado pasos decididos en materia de participación ciudadana y transparencia mediante la incorporación de una persona designada por el Consejo Nacional de la Discapacidad en el Comité asesor para la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS). La experiencia es altamente satisfactoria en un marco de entendimiento y enriquecimiento mutuo.

Respecto a la prestación farmacéutica, los pasos han sido recientes tras un camino andado en cada proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2018. Desde el 1 de enero de 2021, los familiares de los menores con diversidad funcional, que copagaban 5,5 veces más por los medicamentos de sus hijos e hijas, ya no tienen que asumir ese coste. Además, el Gobierno de España ha eliminado el copago farmacéutico para más de 6 millones de personas que viven en hogares muy vulnerables: más de 3,5 millones de pensionistas de rentas bajas, casi 1,2 millones de adultos y 1,3 millones de niños y niñas en toda España. 

Las personas con diversidad funcional, beneficiarias de esta eliminación del copago, son más de 259.000: los y las menores con cualquier grado reconocido y más de 128.000 personas en edad adulta con un grado igual o superior al 65%, que son beneficiarias o causantes de la prestación económica por hijo o hija, o por menor a cargo. 

Esta medida se estima que aliviará en aproximadamente 258 millones de euros los bolsillos de los hogares más vulnerables en nuestro país. Ahora bien, estas medidas no pueden quedarse aquí. Solo caben pasos firmes y hacia delante. Una sociedad inclusiva, que respeta los derechos humanos de todas las personas, es una sociedad más justa y más próspera y cuenta con mayores posibilidades de crecimiento.

La pandemia ha agravado la situación social de los colectivos más vulnerables y es una obligación, colectiva e individual, actuar desde cualquier ámbito guiados por los principios de la justicia social. Garantizando que la recuperación social y económica de nuestro país no deja a nadie atrás.