Es indudable que ya nada es como fue. La ruptura en la historia que ha supuesto la aparición de la covid-19, y la consecuente emergencia sanitaria mundial, ha transformado múltiples tipos de relaciones: las laborales, las de consumo, las sociales, y las de participación, entre otras. Es nuestra obligación prestar atención a que los cambios que se están produciendo no dejen a más personas en el camino, expulsadas de la vida en común y del cumplimiento de los derechos más básicos. Y en este contexto, es prioritario garantizar los derechos de toda la ciudadanía, incluidas aquellas personas afectadas e invisibilizadas por la Ley de Extranjería y que no son entendidas como ciudadanas de pleno derecho. Y es que  es nuestro deber moral exigir que el cumplimiento de derechos no sea sólo para un sector de la población. Nuestras vecinas, nuestros vecinos, no pueden estar privados de la garantía de derechos de ciudadanía. Pero es que además, no hay que olvidar aquí que la aceleración de la digitalización de las relaciones laborales y de los trámites con la administración, dejan fuera a otra gran parte de la ciudadanía. En 2021, no podemos hablar de derecho a la ciudadanía sin entender la importancia que la digitalización está teniendo en el propio concepto. Y es que, para ejercer derechos, se tienen que dar los medios necesarios para que sean efectivos. Y para muestra, un botón; la digitalización de los trámites administrativos, junto con la escasez de citas presenciales de muchos servicios, eterniza el acceso a éstos a quienes carecen de medios o de destrezas digitales. Aunque también podríamos hablar de cómo la tele-educación está afectando al rendimiento escolar, ya que en muchos hogares no se dispone de medios telemáticos para el seguimiento de las clases. O de la dificultad en el acceso al empleo para un sector de la población a la que ha afectado la brecha digital…Y así, podríamos seguir un rato.

Es por ello que, en este contexto de cambios acelerados, precisamos de una transición digital justa, que no expulse del mercado laboral y de los procedimientos administrativos a la población en situación de mayor vulnerabilidad; y de la educación, y de la participación, y del acceso a la información, y de la cultura… Necesitamos una transición digital justa que no permita que una parte de la ciudadanía quede despojada de la participación en la sociedad, de la participación en la vida en común.

Sin lugar a dudas, son muchos los retos que tenemos por delante si no queremos que se perpetúen y acentúen las situaciones de exclusión. Está claro que con la irrupción de la pandemia, decíamos, se ha acelerado la digitalización, pero es incuestionable que también se está acelerando la pobreza y la exclusión. Y en este momento, es imprescindible generar espacios de encuentro y de participación. Pasar de la coexistencia a la cohesión social y la convivencia de todo el conjunto de la ciudadanía. Este es uno de los grandes retos de los años venideros, donde el impacto de la crisis sanitaria está fomentando situaciones de gran precariedad y situaciones límite, donde es más fácil culpar al otro otro  de nuestra situación, sea el otro pobre, mujer o extranjero o cualquier acepción que haga al otro diferente. Tenemos que reivindicar que las personas somos diversas, y en nuestra diversidad podemos sumar, porque cuando tenemos espacios en los que compartimos necesidades, anhelos, experiencias y propuestas, los escenarios improbables surgen, dando pie a un sinfín de posibilidades no pensadas con anterioridad. Porque ya sabemos que el todo, es más que la suma de sus partes.

Por eso, tenemos que impulsar espacios y tiempos para relacionarnos, que contribuyan a la mejora de la comunicación, al respeto de la diversidad, al empoderamiento individual y colectivo, sin olvidarnos de impulsar espacios y tiempos para el fomento del diálogo intercultural y la convivencia. Necesitamos lugares donde participar y compartir diferentes voces con objetivos comunes. Lo podremos lograr si participamos conjuntamente en la reclamación de derechos. Y es que, es evidente que la falta de participación (política, social, comunitaria, pública al fin y al cabo) nos dificulta ejercer derechos, pero también reclamarlos. ¿Y por qué? Porque la ausencia de participación nos quita la voz, nos quita la fuerza colectiva, nos quita ese el todo es más que la suma de sus partes. Porque cuando trabajamos en colectivos, tenemos fuerza, tenemos apoyo. Y mucho apoyo y mucha fuerza hemos visto siempre en el Grupo de Derecho a la Ciudadanía de EAPN RM. En este espacio colectivo de trabajo procuramos ofrecernos esa voz. El grupo lo componen personas diversas, a las que la sociedad en algún momento les ha dicho “no vales”, “no puedes”, “no sabes”, “no produces”. Pero resulta que estas personas diversas, son personas serias (aunque nos reímos mucho) que tienen la voluntad de trabajar para otras personas, y de denunciar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Este grupo de personas diversas somos, al fin y al cabo, personas que queremos un mundo nuevo, y que queremos denunciar, de forma participativa e inclusiva, la situación de pobreza que viven muchas personas. Y lo mejor, lo más genuino y lo más significativo, es que este grupo de personas diversas lo componen personas con problemas de exclusión social, que no arrojan la toalla y que quieren (queremos) mejorar las situaciones a la que se enfrentan las personas en situación de exclusión.

Y en esas cosas nos andamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como se hacen las cosas, de manera activa y participativa. Formulamos propuestas, hacemos debates, realizamos jornadas y aportamos ideas para que sean escuchadas. Pero también sensibilizamos, ponemos rostro, pero sobre todo, ponemos voz. En este espacio nos valoramos, apoyamos y reivindicamos el derecho de la ciudadanía a que las personas sean escuchadas y se validen sus propuestas. Porque las personas que conforman el grupo de Derecho a la Ciudadanía son personas que se afirman como sujetos activos, con objetivos comunes y con motivación para implicarse en la creación de un mundo nuevo. Nuestro ámbito es la construcción conjunta de una sociedad inclusiva donde nadie quede en los márgenes. Donde a quienes la sociedad ha expulsado, recuperen su protagonismo como una parte esencial para construir una mejor sociedad, un mundo nuevo, al fin y al cabo, que no mire hacia otro lado ante la adversidad. Y es que el deseo de muchas personas que componen el grupo es aportar y poner en valor nuestra voz, porque no somos desechos sociales, somos el resultado de malas gestiones.