El reconocimiento de la cultura en nuestro país se viene haciendo cada vez más patente en los últimos años, no en vano España es actualmente el cuarto país en influencia cultural y patrimonial por detrás de Italia, Francia y Estados Unidos y el español se habla por parte de 600 millones de individuos

Decía José Luis Sampedro, en contraposición al lema nazi de los campos de concentración “Arbeit macht frei”, (“El trabajo os hará libres”), que es la cultura lo que nos hace realmente libres. Desde su poder emancipador, sólo el pensamiento crítico nos habilita para la libertad, al margen de cualquier manipulación alienante.

Hoy, más que nunca, la reivindicación de la cultura se nos hace absolutamente ineludible, casi como respirar. Nos emplazamos en un escenario de crecimiento económico que corre paralelo a corrientes de pensamiento simplista que amenazan gravemente a la estabilidad de las democracias. Dotar a la cultura del papel preeminente que debe ostentar en sociedades como la nuestra, pasa por valorarla como un factor esencial en el avance de nuestro país, porque además de sus valores humanistas, que contribuyen a reforzar las ideas, el acceso a un derecho tan fundamental como la cultura suele estar unido a una actitud combatiente frente las perturbaciones que nos atenazan. Y, por ende, la evaluación de su potencial económico logra hacer de la cultura una herramienta poderosa, cada vez más pujante en la economía y en la sociedad. 

España es actualmente el principal motor económico de la Unión Europea, con una previsión de crecimiento para 2025 del 2,6%, según el dato facilitado por la Comisión Europea y a pesar de la incertidumbre global existente. Con este telón de fondo, se ha presentado esta semana en Madrid el último informe de la Fundación COTEC sobre los valores económicos de la cultura. A tenor de lo recogido en el informe, destaco algunas cuestiones importantes: la primera, el retorno económico que genera la inversión en cultura (en palabras del presidente Pedro Sánchez, que asistió a la presentación del informe, 1,75 euros por cada euro invertido, con un impacto superior a industrias tan destacables como la farmacéutica o la textil).  La productividad de los sectores culturales y creativos es de un 40% más que el conjunto del sector servicios y lleva un ritmo de creación de empleo post pandemia del 17%. Además, se caracteriza por una alta presencia de autónomos (34%) y por la escasa brecha de género existente respecto a otros sectores. Otro asunto relevante es la concentración geográfica de los recursos culturales, así como las expectativas de desarrollo del turismo cultural como un factor de dinamización clave en territorios sensibles al reto demográfico.

El reconocimiento de la cultura en nuestro país se viene haciendo cada vez más patente en los últimos años, no en vano España es actualmente el cuarto país en influencia cultural y patrimonial por detrás de Italia, Francia y Estados Unidos y el español se habla por parte de 600 millones de individuos.  El impulso a la proyección internacional de la cultura española se plasmará a partir de este año mediante el Plan Estratégico de Acción Cultural Exterior 25-28, que llevará a cabo el Gobierno de España y que permitirá potenciar las industrias culturales y creativas con mayor proyección internacional. Igualmente, nuestro país será próximamente sede de Mondiacult 2025, un encuentro en el marco de la UNESCO en donde se presentará el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura y se perseguirá un doble gran objetivo: defender la cultura como un bien público global y promover la creación de un ODS  específico para la cultura.

El interés por la relación entre la cultura y su impacto económico ha crecido exponencialmente en España en los últimos años, destacándose ya en Europa como uno de los países que mejor miden y elaboran diagnósticos en ese sentido. A través del portal “Culturabase”, por ejemplo, se obtienen importantes estadísticas culturales con datos desagregados. La investigación sobre economía y cultura que realizan investigadores de la academia y la sociedad civil en España es también muy considerable. Aún así, queda mucho por hacer, como expresan los autores del estudio de COTEC, que han seleccionado nada menos que doce indicadores económicos concretos que permiten mostrar el estado de salud de los sectores culturales creativos y, por extensión, del ecosistema cultural y creativo del país. Parece, por tanto, que la cultura ha dejado de ser considerada un lujo prescindible para pasar a ser un derecho y una necesidad o más aún, un “gasto” para las administraciones. Porque son innumerables los beneficios que aporta la cultura a la sociedad, no sólo en su faceta más crítica y creativa, como expresé al inicio de estas reflexiones, sino también como garante de calidad democrática. 

La cultura produce efectos altamente beneficiosos, especialmente en la salud mental, la convivencia y la educación y se va abriendo paso, ostentando un mayor reconocimiento como el bien valioso que es, cada vez más rentable. Invertir en cultura es invertir en personas libres, cada vez más cohesionadas. Es asegurar la dignidad colectiva, garantizar la sostenibilidad y abrir una ventana al futuro. Como dicen los jóvenes de la Generación Z, invertir en cultura “nos renta”. 

A estas alturas, nada nos sorprende: seguirán torpedeando todo. Así lo han venido haciendo desde el Senado, donde hemos asistido a varios intentos fallidos por parte del PP, como el de plantear un conflicto de atribuciones con el Congreso con vistas a retrasar la Ley de Amnistía o el voto en contra a los objetivos de estabilidad presupuestaria, incluso en detrimento de las comunidades autónomas en las que ellos gobiernan. Porque cualquier cosa les vale, con tal de no votar alguna iniciativa que proceda del Gobierno de España. Tampoco tenemos ninguna duda de que seguirán enarbolando el argumentario extremista de la ultraderecha, que por cierto han asumido ya sin mayor rubor, ni de que continuarán con su estrategia del desgaste. No presentarán ni una sola propuesta o iniciativa que mejore, eficazmente, la vida de las personas. Porque su único proyecto para este país es que no gobierne el PSOE.

Mientras tanto, sobre la base de un marco social y económico de crecimiento y estabilidad, los socialistas enfocamos este año político habiendo afrontado grandes desafíos en los últimos y difíciles años de pandemia y crisis internacionales, posicionando  a España entre las cuatro primeras economías de Europa, con récord en afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, casi veintiún millones de personas; preparados para continuar impulsando la transformación digital y los avances que están logrando que seamos un país cada vez más competitivo. Y vamos a seguir desmontando su  discurso apocalíptico de que “España se rompe”, con un Estado del Bienestar más reforzado,  con una Cataluña gobernada por un socialista, Salvador Illa y consolidando un país cada vez más plural e igualitario.

Y si nos ceñimos a Canarias, cabe mencionar que el Gobierno de España ha ofrecido soluciones en el marco de la Conferencia Sectorial de la Infancia para el reparto de los menores inmigrantes no acompañados de manera solidaria y obligatoria, con propuesta de modificación legislativa, rechazada lamentablemente, oh sorpresa, por parte del Partido Popular en el Congreso. A pesar de ello, el Gobierno seguirá dando cumplimiento al Pacto Canario por la Inmigración y a los acuerdos recogidos en la denominada “agenda canaria”, pactada en su día con Coalición Canaria, pese a las recientes actitudes rupturistas y estériles por parte de éstos. Y es que son muchos los retos que debemos seguir afrontando y sobre los que habrá que debatir, tanto en el Congreso como en el Senado. A pesar de todo ello, seguiremos con fuerza construyendo, luchando por la democracia, desde el respeto por las ideas y la palabra: algo que hemos venido haciendo, desde hace ya ciento cuarenta y cinco años. 

Al igual que tantos artistas de entonces, con los que compartió amistad, Miguel de Molina es expresión artística de una época cultural tan floreciente como convulsa. Pero también un exponente   del acoso más abyecto a muchos hombres y mujeres. Perpetrado durante los años del golpe militar, la guerra y la posterior dictadura de Franco, esta caza de talento traería la aniquilación de una generación completa de artistas e intelectuales florecientes. Representantes de la cultura más transgresora, libre y vanguardista, perseguidos y torturados por muchos motivos, fundamentalmente ideológicos. Pero también, y no conviene olvidarlo, homófobos. Miguel de Molina, amigo personal de Federico García Lorca, ya había visto pagar cara, con su propia vida, la libertad  y el talento  de su amigo. Tras una paliza que recibiría a la salida de una de sus actuaciones en el Teatro Pavón, en Madrid, decidió marcharse a emprender una vida de fama en Argentina, estableciéndose en Buenos Aires. No serían años sencillos, puesto que el azote de la obcecación homófoba también llegaría hasta ese país, por lo que también recabaría en otros lugares, como México. Apartado de su tierra, a la que regresó sólo en una ocasión, contempló siempre con la nostalgia del exiliado la vida que no se le permitió vivir, hasta su muerte en Buenos Aires, ocurrida en 1993. El interés que despierta hoy su figura es universal, no sólo desde el ámbito cultural, sino también académico y se extiende gracias a la magnífica labor de visibilización que ejercen sus herederos, a través de la Fundación Miguel de Molina.  

Recientemente y por iniciativa del Grupo Socialista, se ha registrado una moción en la comisión de Cultura del Senado para el reconocimiento del artista como víctima LGTB, represaliada del franquismo, y para que se valore la puesta en marcha por parte de las administraciones públicas, de un centro para la exhibición permanente de su legado. Miguel de Molina merece ser recordado como protagonista de un tiempo en el que la represión o persecución se manifestaba de múltiples formas afectando singularmente a las personas LGTB, con formas especiales de represión o violencia por causa de su orientación o identidad sexual, singularizadas incluso en normas. Llama la atención que la propia modificación de la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a «los homosexuales» sea del año 1954. Y en agosto de 1970 se aprobaría la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que definía como peligrosos sociales a «los que realicen actos de homosexualidad».

La democracia en España vive momentos de perplejidad, con las anunciadas leyes autonómicas de la concordia, que no son más que un modo de anular la memoria necesaria de un episodio oscuro de nuestra historia más reciente. El blanqueamiento del franquismo con su equiparación de la Segunda República, en un momento en los que se pretende poner a las víctimas a la misma altura que sus verdugos, hace necesaria la reivindicación de la memoria de Miguel de Molina, cuya figura siempre estará ligada, sin ninguna duda, al arte de la copla como expresión artística nacional. Especialmente en una época de privación de libertades. Por ello, consideramos significativo -y no dejaremos de hacerlo- el recordar a la ciudadanía (especialmente a los más jóvenes) lo que muchos hombres y mujeres de este país tuvieron que padecer, en un tiempo de intransigencia en el que se nos arrebató el derecho más fundamental que existe: a ser nosotros mismos.

Dejamos atrás una legislatura de complejidad enorme, con los problemas que hubo que afrontar ante la pandemia y la grave crisis económica que ésta podría traer consigo; la erupción volcánica o más recientemente la guerra de Ucrania. Una etapa nueva en la que la gobernabilidad fue posible gracias a un pacto de gobierno en coalición, bajo unas circunstancias nuevas, que requirieron de un constante ejercicio de negociación política; de debate en el marco del arco parlamentario para afrontar nuevos escenarios como son una pandemia y un confinamiento; con la aprobación de medidas urgentes para paliar las graves consecuencias que podría conllevar.

Un ejercicio de democracia sin precedentes. En estos años, la gobernabilidad ha sido posible gracias al talante democrático del Gobierno de España. Así, hemos visto cómo el tono por el conflicto de Cataluña se rebajaba notablemente respecto a la etapa anterior con Rajoy al frente y el la pluralidad de las Cortes (con trece fuerzas políticas en el Congreso y once en el Senado) ha servido como muestra de la realidad social española, cada vez más diversa.

Sin embargo, partidos como el PP y Vox se vuelcan estos días, desde un ejercicio de populismo despiadado, a generar una campaña vacía en cuanto a contenido programático, reducido a la simple burbuja mediática del odio proyectado contra Pedro Sánchez, conocida como “sanchismo”.

A lo largo de estos años, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha tenido por objetivo combatir las desigualdades y reforzar los pilares del Estado de Bienestar. Un gobierno que ha permanecido junto a las familias y la clase trabajadora; un gobierno que ha puesto en marcha la agenda de la sostenibilidad, el progreso económico, la digitalización, la transición energética y el avance en derechos sociales. Presidido por un partido de talante democrático, el PSOE, que ha sabido gobernar para las mayorías, como también supo en su momento hacer oposición responsable frente a un Partido Popular que hoy se diluye, se funde y confunde con los peores gestos de la extrema derecha, desde la tribuna en el no a todo.

Y aun así, en esta legislatura se han aprobado cerca de doscientas iniciativas legislativas, muchas de ellas con un alto contenido social. Y en muchas de ellas, el PP votó en contra. Desde las más recientes, que a priori no deberían comportar mayor controversia, como son las de ámbito educativo, aprobadas en 2022 y 2023: la LOSU (Ley Orgánica de Universidades) o la Ley de Formación Profesional. Dos leyes que actualizan la realidad educativa de una sociedad plural que se transforma rápidamente.

Se opusieron a estas leyes, pero cabe mencionar también que fueron contrarios a la ley en favor de una muerte digna en el año 2020, la Ley de Eutanasia, que facilita a quienes lo soliciten y cumplan las condiciones una muerte sin sufrimiento. Y a pesar de que pretendan lucir banderas LGTBI estos días en sus redes sociales, no engañan a nadie: pactan gobiernos con VOX para la supresión, por decreto, de esas mismas banderas; pactan gobiernos con quienes cuelgan la lona del odio. Un odio que es contra la ciudadanía.

Españoles y españolas que sí creen en los derechos sociales, en la diversidad de las familias, en el desarrollo sostenible, en la pluralidad de las autonomías… y a los que Vox envía directamente a la papelera del desprecio. Esto es lo que promueven estos días PP y VOX con sus pactos de negacionismo de realidades tan palpables como la violencia machista.

Los mismos que se oponen a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y a la de las pensiones, para luego pedir, en campaña y sin rubor, el voto a las mujeres, a las personas mayores. ¿Es esta la coherencia de la que hacen gala? Porque son los mismos que en el ejercicio de representatividad institucional lanzan improperios y contribuyen a la crispación social; los de la bajura en el tono que emplean en el atril, día sí y día también. Los del ruido vacío de ideas; los del “no” sistemático al avance y al progreso.

Espero y deseo que, el próximo 23 de julio, la gente, la opinión pública y no “la opinión publicada”, como dijo el presidente Sánchez, vaya a votar con la coherencia y el sosiego que algunos partidos no tienen. Y que lo haga masivamente. Para que en el Congreso y el Senado podamos presenciar debates constructivos para todos, que no se desdibujen entre los gritos e insultos, estratégicamente proyectados para generar descrédito y desafecto democrático. Porque ese sí que es el auténtico peligro al que nos enfrentamos.

Canarias contribuye al IV Plan de Gobierno Abierto de España con dos compromisos. Uno de ellos es la centralización en un único punto de acceso de toda la información pública de Canarias, a través del portal web datos.canarias.es, actualmente el principal portal autonómico en aportación de datos a los portales de España y Europa. El segundo de los compromisos es la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto (REDGA), con el objetivo de impulsar y fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos en las administraciones públicas canarias. Siendo relevantes estos dos compromisos, no se nos escapa que tender lazos de colaboración entre las administraciones públicas para fomentar esta cooperación entre cabildos y ayuntamientos con el Gobierno de Canarias, responde sin duda también a lograr alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, contenidas a su vez en los objetivos de desarrollo sostenible 16 y 17. 

Así, el ODS 16 aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas ante la ciudadanía. En sus metas globales se ha incorporado una meta canaria que aspira a la creación, en todas las instituciones de Canarias, de procedimientos eficaces y transparentes que propicien la información en la rendición de cuentas.  Por su parte, el ODS 17 fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible. Con este propósito y considerada una herramienta de optimización de la gestión pública, se ha creado la Red Canaria de Gobierno Abierto.

La REDGA, a través del convenio suscrito esta semana por los representantes de la FECAM, los Cabildos, el ICAP (Instituto Canario de Administración Pública) y la Consejería de Administraciones Públicas, focaliza sus esfuerzos en la sensibilización y formación en esta materia por parte de las personas que trabajan en estas instituciones y propicia el intercambio de experiencias.

Las personas que trabajan en las administraciones públicas y las que adoptan decisiones políticas son cada vez más conscientes de los valores que promueve el gobierno abierto. El reto es lograr que esta identificación con la necesaria transparencia en la gestión y la toma de decisiones participadas llegue a la ciudadanía y la interiorice del mismo modo. El plan de acciones de colaboración y sensibilización en gobierno abierto de la REDGA, que cuenta en su aspecto más formativo con el soporte del Instituto Canario de Administración Pública, ayudará a fomentar la apertura de las instituciones públicas de Canarias y contribuirá a la mejora de la credibilidad en la gestión política.

Con la firma del convenio de la Red Canaria de Gobierno Abierto (REDGA) se da un paso más para seguir logrando los objetivos y metas que en los próximos años deben llevar a Canarias hacia el plano de la sostenibilidad; garantía de un futuro mejor para las generaciones venideras.

El II Congreso de Asociaciones Vecinales Canarias fue posible, fundamentalmente, por el impulso de su comité organizador: los representantes de las AAVV Canarias y, también hay que decirlo, por la respuesta que se ha dado desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, perteneciente a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de la mano de la Concejalía de Participación Ciudadana de Arucas y de la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 

El evento contó con 150 representantes de 110 asociaciones vecinales de las Islas y con destacados ponentes especialistas en participación ciudadana. Un día para la formación, para la reflexión y para profundizar en las acciones de participación ciudadana que se deben promover y ejecutar por parte de todos los agentes implicados.

En estos tiempos de incertidumbre, de desinformación y difusión de bulos por vías rápidas (lamentablemente, efectivas) por parte de los enemigos de la democracia, es crucial que desde la Administración se vuelquen al máximo los esfuerzos por regenerar la credibilidad democrática. No en vano, la palabra transparencia fue de las más pronunciadas por la opinión pública en el año 2020 durante la pandemia. La apertura de la información y la transparencia de los gobiernos son dos de los pilares más importantes en el gobierno abierto, junto con la participación y colaboración ciudadanas. 

Desde el Gobierno de Canarias, avanzamos en la elaboración de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto, que legislará la transparencia, la apertura y reutilización de datos, la rendición de cuentas y el buen gobierno, así como la tan necesaria participación ciudadana. En pleno 2021, una de las tareas que se está llevando a cabo desde las instituciones, cada vez con más ahínco, es la de dotar de recursos y coordinar esfuerzos en promover y accionar la palanca del gobierno abierto como eje transversal para el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

En el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la cogobernanza permite tejer las alianzas que tanto beneficio y agilidad nos deberán reportar en los próximos años. Son tiempos para la apertura y el diálogo, tiempos para la promoción de las acciones comunes de manera coordinada y eficiente. El empoderamiento de la ciudadanía es un ingrediente básico en la receta democrática y no hay que tenerle miedo. Ya decía Barack Obama que cuando la ciudadanía sabe que tiene el poder para cambiar las cosas, es muy difícil pararla. Y es que la ciudadanía, en su conjunto, es el verdadero motor para el logro de los avances sociales, desde lo local hasta lo global, para contribuir con sus propuestas y acciones a este progreso sostenible tan ansiado. La riqueza de este caudal imparable, de estas olas de energía de participación ciudadana, reside en la extraordinaria diversidad del colectivo, en su base firme y, a la vez, heterogénea.

Desde el Gobierno de Canarias, y en el contexto de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, hemos fijado una meta canaria específica que persigue garantizar en todos los niveles de las administraciones públicas de Canarias la adopción de decisiones inclusivas, participativas, representativas y transparentes. Nuestro compromiso con el IV Plan de Gobierno Abierto de España incluye la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto, una almadraba de colaboración interadministrativa que incorpora al Gobierno canario, a los siete cabildos y a los 88 municipios representados por la FECAM (Federación Canaria de Municipios). 

En la estructura de esta red juegan un papel primordial la formación y sensibilización de las personas que trabajan en las administraciones públicas canarias en cuestiones tan importantes como la transparencia y apertura de datos, la participación y colaboración ciudadanas y la rendición de cuentas. La red, desde su arranque, ha activado la formación con cursos durante todo este año, gracias a la implicación del Instituto Canario de Administración Pública. Nuestros próximos pasos avanzan hacia la comunicación y la sensibilización de la ciudadanía en estas cuestiones, desde esa base que se fomenta en la formación previa de quienes deben ser el umbral o antesala a la ciudadanía.

El gobierno abierto es ese motor o eje de activación de todas las políticas que se ejecuten bajo el prisma de la ética que debe prevalecer si queremos seguir construyendo bienestar en democracia. En el congreso celebrado el sábado 13 de noviembre, se hablaba de cómo deben ser las relaciones de las asociaciones vecinales con las administraciones, del uso de las tecnologías, del liderazgo social, del papel que juega el asociacionismo juvenil, de cómo diseñar presupuestos participativos, implicar a los colectivos, y escuchar lo que tienen que decir. Y, por supuesto, de desarrollar las políticas a partir de sus aportaciones.  

En suma, de cómo seguir construyendo una Canarias más justa y próspera entre todos. Y una de las fórmulas para lograrlo, qué duda cabe, es poniéndose en marcha desde el movimiento asociativo, activando las ideas individuales para convertirlas en acciones colectivas. 

El objetivo es avanzar, desde el impulso de quienes están al frente de las instituciones, hacia sociedades más participativas e inclusivas, donde la gestión administrativa se vuelva cada vez más eficiente y eficaz, favoreciendo la creación de espacios para la colaboración e innovación entre los diversos actores, especialmente entre la administración pública, la sociedad civil y el sector privado. Bajo el prisma de esta cogobernanza entre instituciones y ciudadanía, contribuiremos al fortalecimiento de la democracia. 

Pero mejorar la democracia implica creer en ello. Acercar las instituciones a la ciudadanía, hacerles partícipes en las propuestas políticas sobre la base de una confianza basada en la apertura de la información y la transparencia. Creer firmemente en el gobierno abierto. Y en este empeño, se contribuye significativamente a trabajar en favor del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que propugna la apuesta por unas instituciones más pacíficas, sólidas y eficaces. Pero al igual que es importante la implicación de quienes están al frente de las instituciones para que los proyectos y acciones políticas se ejecuten bajo el prisma del gobierno abierto, también lo es, qué duda cabe, que la sociedad conozca lo que significa el gobierno abierto, en toda su dimensión. Y por ello es fundamental la labor de sensibilización y formación en estas materias, no solo entre las personas que trabajan en las administraciones. También es preciso que se permeabilice a toda la sociedad. Implementar redes de colaboración interadministrativa, como la Red Canaria de Gobierno Abierto; invertir en nuevas tecnologías para agilizar los portales de transparencia, datos abiertos y participación ciudadana y lograr que respondan con rapidez y en un lenguaje comprensible en el contexto de los nuevos ecosistemas cívicos, son ejemplos de pasos que se deben emprender. 

Este año, con mayor motivo, la Semana de la Administración Abierta es la oportunidad idónea para la puesta en común de los proyectos que respondan, con rapidez y eficacia, a lograr la recuperación a causa de la pandemia. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, participa con dos eventos en esta Semana de la Administración Abierta. Por un lado, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana presenta la Estrategia de gobierno abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, una guía de actuación que pretende ser un referente transversal para la consecución de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, en la aplicación de los proyectos y acciones políticas de las agendas 2030. Qué duda cabe que la filosofía del gobierno abierto debe inspirar las acciones a llevar a cabo en los próximos años. Por ello, a partir de un trabajo participativo previo elaborado durante el pasado año, se ha recabado una información concretada en el documento-borrador, que se someterá, tras la presentación del 20 de mayo, a información pública en el Portal de Participación Ciudadana. La propia Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible constituye un marco estratégico para el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias. 

Con respecto a las consecuencias de la pandemia, aún resulta precipitado cuantificar su impacto. El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, durante la emergencia sanitaria y en la recuperación, ha servido para evidenciar la importancia que tiene la prestación de los servicios. Desde hace años, la sociedad viene exigiendo a la Administración que se sume al uso de las nuevas tecnologías, que reconecte con los dministrados a través de nuevos canales y formatos más cercanos y útiles para la ciudadanía, ofreciendo así un servicio público de mayor calidad. Y es en este contexto que, el viernes 21 de mayo, la Dirección General de Relaciones con la Justicia presentará la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria, un instrumento que permita, en el período 2021-2023, abordar de forma óptima las cuestiones planteadas. 

Los dos eventos se retransmitirán en el canal YouTube de Canarias Gobierno Abierto. Si desean consultar el programa de la Semana de la Administración Abierta, se puede encontrar en el portal de transparencia del Estado. 

Termino esta reflexión mencionando a la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016), que nos recuerda lo indispensable que es contar con una administración pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Iniciativas como las que se presentan estos días en la Semana de la Administración Abierta contribuyen, sin duda, a dar un paso más hacia la formación y creencia en que una sociedad mejor es posible, si se apuesta por fortalecer la democracia a partir de los pilares del gobierno abierto. 

La alianza internacional Open Government Partnership (OGP), promovida por la administración Obama en 2011, a la que ya se han adherido setenta y nueve países y entre ellos España, permitió a principios de la pasada década enfocar la necesidad de avanzar hacia modelos de gobierno abierto mucho más transparente e inclusivo. La rendición de cuentas y el avance contra la corrupción se erigen desde la garantía de los principios de transparencia y participación ciudadana. Y, obviamente, para que todo ello sea posible, tiene que acompañarse de la apertura de la información y de facilitar el acceso a los datos a toda la ciudadanía, en formatos de fácil comprensión y utilización. La digitalización en la administración pública ha supuesto una oportunidad para aprovechar el alto potencial que contienen los datos públicos, su apertura y reutilización por parte de la población y un gran avance de los portales de datos abiertos.

Consultando los portales de datos abiertos de las administraciones públicas, los usuarios pueden hacerse una lectura rápida del grado de compromiso de sus representantes públicos con el gobierno abierto. En la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, en colaboración con la de Telecomunicación y Nuevas Tecnologías, se ha trabajado intensamente en la mejora de la calidad de los datos abiertos de Canarias publicados en el nuevo portal de datos abiertos y se ha fomentado su grado de apertura y reutilización. Se pretende avanzar hacia el objetivo de centralizar, en un único punto de acceso, los datos abiertos de Canarias, incluyendo al resto de administraciones del territorio autonómico que deseen federarse con el nuevo portal y, a su vez, con el portal de datos abiertos de España, datos.gob.es. Este objetivo se está haciendo realidad y forma parte de los dos compromisos con los que el Gobierno de Canarias participa en el IV Plan de Gobierno Abierto de España, junto con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto. 

España es el primer país de Europa en cuanto a impacto de sus datos públicos en términos económicos, sociales, políticos y medioambientales, junto a Dinamarca; y el segundo en calidad de los datos, según el informe Open Data Maturity Report que encarga anualmente la Comisión Europea. Pero si la madurez en datos abiertos de España la posiciona como referente, hay que celebrar también que Canarias, con el nuevo portal de datos abiertos, dé este paso de gigante abarcando más de siete mil quinientos conjuntos de datos y federándolos todos con el portal de datos abiertos de España, datos.gob.es. 

Este nuevo portal posiciona a Canarias como la primera comunidad autónoma en datos abiertos, pasando de la posición decimocuarta a liderar el ranking de apertura de datos en España. El portal ofrece conjuntos de datos procedentes del ISTAC (Instituto Canario de Estadística), SITCAN (Sistema de Información Territorial de Canarias) y del propio Gobierno de Canarias. Y no se trata tanto de subrayar la cantidad, sino la calidad. El nuevo portal ofrece al usuario formatos abiertos, gratuitos y reutilizables. Contiene un espacio específico de Datos COVID19, y se organiza de manera sencilla y visualmente amable, para que se puedan localizar fácilmente los datos que se deseen consultar. Datos por temas, organizaciones, fechas o popularidad. 

El portal, cuya marca se denomina Canarias Datos Abiertos, responde a la filosofía de una Canarias como origen de naturaleza abierta, una Canarias cercana a su ciudadanía y abierta al mundo. Además, el portal permite en su apartado formativo contribuir a la mejora del conocimiento en el uso y reutilización de los datos, incluyendo aspectos esenciales como la normativa relativa a los mismos, tanto europea, como española o autonómica. Con el nuevo portal de datos abiertos de Canarias se avanza en la senda de los valores fundamentales del gobierno abierto y se abre una nueva ventana hacia la administración pública sostenible del siglo XXI.