En la última sesión del pleno del Congreso de los Diputados se aprobó el RDL de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, impulsado por el Ministerio de Consumo.

El RDL introduce varias modificaciones legales, entre las cuales quiero destacar la definición de persona consumidora vulnerable más allá del estricto sentido económico, y la ampliación de la prohibición de los desahucios a personas sin alternativa habitacional. Estas dos medidas eran necesarias y urgentes para corregir las disfuncionalidades de mercado: los fallos de mercado derivados, por ejemplo, de la asimetría de la información, y ahora acentuados por la situación de pandemia mundial.

Los efectos de este RDL son beneficiosos para cada uno y cada una de nosotros, también para quienes votaron en contra. Esto es importante porque, a veces, hay quien quiere identificar el concepto de vulnerabilidad, desde el punto de vista liberal, con una situación peyorativa y culpabilizadora.

Peyorativa porque hay quien quiere pensar que la vulnerabilidad es cosa de los pobres, los vagos, los maleantes. Y culpabilizadora en el sentido católico y liberal.  Por ejemplo, si no tienes luz, a pesar de que sea Endesa la responsable del problema, es que “algo haces mal”.

El liberalismo defiende que el bienestar es fruto del esfuerzo; ergo, si estás en una situación de malestar, es porque no te esfuerzas, eres un vago, un maleante. Esta argumentación está despojada de cualquier atisbo de realidad. Porque las personas no somos solo frutos de nosotras mismas, sino de la construcción social. La sociedad nos construye, o nos destruye. El RDL define la vulnerabilidad en este sentido, como una situación, ya temporal, ya permanente, en la que todos y todas nos podemos encontrar por razón de edad, de género, de discapacidad, de conocimiento, en general o en relación a un ámbito del mercado, y, también de poder adquisitivo.

Está ampliamente, mundialmente, aceptado que la salud no depende sólo de factores individuales, sino también de factores sociales. La OMS establece que “Los determinantes sociales de la salud, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”. Asimismo, la OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Igualmente, está ampliamente aceptado que la exclusión social se define, y se mide, teniendo en cuenta varios factores, no solo la renta o índice de pobreza absoluta o relativa, sino que también contempla el estado de salud, contactos o redes sociales, origen, género, edad, etc. 

Si la salud se define a partir de la vida que podemos llevar, y esta está determinada por nuestro entorno social, en el cual las relaciones de consumo son inevitables, ¿no es imperativo que las relaciones de consumo se definan también a partir de factores sociales? Y, si la exclusión social se define a partir de parámetros sociales, ¿no es la situación de vulnerabilidad una consecuencia inmediata de lo mismo?

A pesar de esta obviedad, las derechas votaron en contra y utilizaron argumentaciones falsas en sus discursos.

Votaron en contra porque como neoliberales, no sólo culpabilizan a la persona, sino que acumulan capital, como pisos y casas vacíos, y tienen miedo de perder su posición de supremacía, dominio y explotación de las personas. Argumentaron que el RDL suponía una amenaza a la propiedad privada y una vía libre para la ocupación ilegal. Pero no es así. 

El RDL es una respuesta de urgencia al miedo que la gente tiene de quedarse en la calle, y una aplicación práctica del derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, e incluye todas las contemplaciones legales necesarias para también observar el derecho a la propiedad privada y actuar contra acciones criminales.

Quiero pensar que muchos de los que votaron en contra sienten vergüenza por pretender dejar a la gente indefensa en plena pandemia, por no reconocer que nos encontramos delante una situación de urgencia que necesitaba de una acción rápida del Gobierno. Se trata de cuidar a las personas, y de entender la vulnerabilidad y el derecho a la vivienda de una manera integral y realista socialmente, como ya se ha hecho con la salud y el concepto de exclusión social. No es tan difícil, aunque sean de derechas, ¿no?