“Cuando uno sufre, es madera que sufre”, reza un conocido proverbio árabe para describir cómo a veces la sociedad permanece impasible ante el sufrimiento ajeno. Una realidad de la que he sido testigo después de una larga temporada como activista y defensora de los derechos de la mujer migrante en el Campo de Cartagena, donde llegué a detectar un grupo de mujeres alojadas en infraviviendas en la zona de Torre-Pacheco y sus alrededores.

Cinco mujeres que habían entrado en España de manera legal, con contratos de trabajo en origen para la recogida de la fresa en la ciudad de Huelva. Una vez finalizada la campaña, vieron la posibilidad de conseguir más empleo, de manera fácil e irregular, en Torre-Pacheco y decidieron arriesgarse para mejorar sus condiciones de vida y poder enviar dinero a sus familias en Marruecos. Lo que no podían imaginar era el precio que tendrían que pagar para conseguir ese trabajo: jornadas de más de 10 horas por solo 13 euros, abusos sexuales y en ocasiones, hasta violaciones. Ninguna de las cinco se conocía con anterioridad, pero quedaron unidas por la 'Operación Yawari', practicada el pasado 28 de septiembre por la Guardia Civil.

La palabra Yawari hace referencia, en árabe, a las esclavas sexuales en la Edad Media que eran utilizadas por los hombres como sirvientas y que llegaron a servir de “moneda” para intercambios comerciales o de otro tipo; de ahí le viene el nombre a la intervención de la Benemérita.

La operación se saldó con la detención de un varón de 58 años, encargado agrícola, como presunto autor de una veintena de delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. La investigación arrancó gracias a la acción del sindicato CCOO Murcia, que fueron los primeros en denunciar.

Estamos hablando de mujeres trabajadoras que han dejado a sus hijos atrás, en Marruecos, huyendo muchas veces de malos tratos por parte de sus exmaridos y que vieron en la campaña de la fresa una forma de labrarse un futuro mejor para ellas y su familia. Mujeres que no podían imaginar que iban a volver a vivir los mismos abusos que ya conocían, o incluso peores, en un país europeo. Su testimonio es aterrador.

Gestión del alquiler de camas

Con la voz entrecortada y bajo el más estricto anonimato -por temor a represalias, pero también por vergüenza- relatan que las mafias alrededor del campo murciano y sus temporeros son reales, y que controlan hasta el más mínimo detalle, incluso fuera de los cultivos, como es el caso de la gestión del alquiler de camas.

Es tremendamente duro ser mujer, emigrante, marroquí y sin papeles. La situación laboral de estas mujeres es enormemente precaria. Para poder llegar a trabajar deben recorrer un camino que pasa por un gran número de intermediarios entre los dueños de las fincas en las que pretenden trabajar y ellas. Existe una red de 'encargados' al servicio de distintas empresas (ETT) y que solicitan mano de obra barata. El perfil que buscan está muy delimitado: prefieren mujeres, sin documentación, sin conocimiento del idioma, sin estudios, aisladas de la sociedad, sometidas a una elevada presión cultural y en situación de vulnerabilidad. Así es fácil su explotación, ya que tienen una gran necesidad de obtener ingresos económicos.

Las cinco mujeres víctimas, presuntamente, del capataz le habían contactado para que les ayudase a encontrar un empleo. Su forma de operar era siempre la misma: quedaba con las mujeres en la puerta de un supermercado para trasladarlas a la finca de trabajo. Durante el trayecto intentaba abusar de ellas -según el testimonio de las mujeres- y si se rebelaban las amenazaba con dejarlas en el camino y no llamarlas nunca más para trabajar.

¿Por qué no han denunciado antes? Por la cultura del qué dirán, el miedo a las represalias familiares y sociales, la mala información de la legislación española ( el presunto abusador las amenazaba con que las deportarían si lo denunciaban ya que estaban de manera irregular en el país), la barrera idiomática y carecer de cualquier red de apoyo.

Obligada a casarse con 13 años

Las mujeres se encuentran ahora en una casa de acogida bajo la tutela de una fundación, y siguen recibiendo el apoyo de CCOO y Cepaim, muy comprometidos con sus necesidades. Ahora, buscamos la manera de ayudarlas a regularizar su situación y resarcirse del daño que les han causado.

Detrás de cada una de las presuntas víctimas hay una historia muy dura siempre relacionada con el machismo, la cultura y la pobreza. Una de ellas fue obligada por su familia a casarse a los 13 años con un hombre de 45 y tuvo que aguantar palizas, hambre y abusos. El día que se rebeló, su familia la repudió y ella huyó a España buscando una vida mejor, pero solo encontró un pozo oscuro y sin salida.