Cuando Jade llegó por primera vez con su familia a un centro de detención del condado de Karnes, en el estado de Texas, no supo muy bien qué pensar. “Supongo que estaba confundida y asustada”, explica la niña de 13 años. Sus padres hacían todo lo posible por transmitirle que todo iría bien, pero ella sabía que corrían peligro de ser deportados.

La de Jade es una de las primeras familias que fueron enviadas a Karnes, uno de los dos centros de detención que el Gobierno de Trump ha habilitado para alojar a familias migrantes. Al principio, ella era la única niña, por lo que pudo ver, de ese gran equipamiento de color beige. Los funcionarios de inmigración confiscaron las pertenencias de la familia, incluidos el teléfono y la Nintendo Switch de Jade.

En el centro de detención había algunos libros y juegos, y un parque infantil, pero poco más para distraerla de sus preocupaciones. “No sabía qué iba a ser de nosotros”, recuerda la niña.

En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó una práctica conocida como “detención familiar”, mediante la cual encierra en un mismo centro de detención a padres e hijos. Durante su primer mandato había apostado por otra medida polémica, la separación de los miembros de una misma familia, criticada también por organizaciones de derechos humanos y asociaciones de pediatría. 

La organización sin fines de lucro Raíces, con sede en Texas, que proporciona asistencia legal a las familias migrantes, señala que tiene conocimiento de al menos 100 familias retenidas en Karnes desde marzo. En el centro de detención, hay familias que recientemente han cruzado la frontera, pero también familias que ya se encontraban en el país y que han sido detenidas en redadas a lo largo y ancho de EEUU. Entre los detenidos más pequeños, se encontraba una niña de un año.

Jade y sus padres, Jason y Gabriela, han sido de los primeros en hablar sobre las condiciones en Karnes desde su puesta en libertad. Ahora, de vuelta a casa en Misisipi, Jade dice que todavía está tratando de dar sentido a lo sucedido. “No sé cómo explicarlo, fue una situación muy extraña”, afirma: “Todavía me siento confundida y asustada”.

El Gobierno del presidente demócrata Joe Biden suspendió la detención familiar en 2021, después de que se publicaran informes de acoso sexual y violencia, negligencia médica y alimentación inadecuada en los centros. Trump no solo ha restablecido la práctica, sino que su asesor de asuntos fronterizos, Tom Homan, ha dicho que la administración quiere acabar con el Acuerdo Flores, un pilar clave en la política migratoria del país desde 1997, que limita la cantidad de tiempo que los niños pueden permanecer detenidos.

En referencia a esta medida, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, ha señalado que “los adultos con niños son alojados en instalaciones que atienden adecuadamente su seguridad, protección y necesidades médicas”.

Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de pediatras han afirmado que estos centros, operados por empresas penitenciarias privadas, pueden causar un grave impacto emocional en los niños. En una carta a la administración Trump, destacadas asociaciones, entre ellas, la Academia Estadounidense de Pediatría, subrayaron que “la detención en sí misma representa una amenaza para la salud infantil” y que “incluso períodos cortos de detención pueden causar traumas psicológicos y riesgos para la salud mental a largo plazo”.

“Los niños perciben el tiempo de forma diferente a los adultos, e incluso breves periodos de detención pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo en el desarrollo de un niño”, explica Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Migrantes de la Facultad de Derecho de Columbia. “Es cruel”, concluye.

“Quería llorar todo el tiempo”

Jade y su familia huyeron de una oleada de violencia en Colombia en 2022, y en Misisipi lograron empezar una vida mejor. Su suerte se torció este año cuando Trump endureció las políticas migratorias y empezaron las redadas. Jade tenía miedo de ir a la escuela, preocupada de que los agentes de migración pudieran ir a buscarla en el colegio, o llevarse a sus padres mientras ella estaba estudiando. Jason y Gabriela empezaron a tener dificultades para encontrar trabajo: los empleadores se habían vuelto reticentes a contratar a personas sin papeles.

“Fue una situación muy, muy difícil”; era imposible seguir viviendo en Misisipi“, dice Jason a The Guardian. Así que decidieron marcharse. Jade empaquetó sus posesiones más preciadas, incluida su Nintendo y toda su ropa favorita. ”Estaba emocionada“, recuerda: ”Nos íbamos a Canadá, iba a hacer nuevos amigos“.

Nunca llegaron a Canadá. Se encontraron con agentes fronterizos canadienses e intentaron explicarles que buscaban asilo. Pero esos agentes les dijeron que no cumplían los requisitos y los entregaron a los agentes fronterizos estadounidenses. “Fue entonces cuando todo se descontroló”, recuerda Jason.

Los agentes los esposaron a él y a Gabriela, y los condujeron a Plattsburgh (Nueva York) y luego a Búfalo. “Tenía ganas de llorar todo el tiempo”, señala Gabriela. “Nuestra hija nunca nos había visto así, esposados como prisioneros”, añade Jason.

En Búfalo les quitaron las esposas y les enviaron en un vuelo comercial a Texas. “Todo el tiempo intentamos tranquilizar a nuestra hija: 'Amor, no pasa nada, no pasa nada'”, cuenta Gabriela: “Pero no teníamos con qué distraerla, porque ni siquiera tenía su Nintendo, su móvil, no tenía su tableta, no podía escuchar música”.

El centro de detención

Cuando entraron en el centro de detención, una extensa instalación de hormigón enclavada en el polvoriento paisaje del condado de Karnes, Texas, estaban exhaustos. “Estábamos en estado de shock”, explica Gabriela a The Guardian: “Shock máximo, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar”.

Jade es demasiado pequeña para recordar la violencia que su familia había dejado atrás en Colombia, pero las mentes de Jason y Gabriela recordaban constantemente las amenazas y extorsiones a las que se habían enfrentado. “Nos sentíamos angustiados todos los días”, recuerda Gabriela.

Durante los primeros días de detención, no sabían a quién pedir ayuda. “¿Cómo nos íbamos a defender nosotros mismos? No teníamos recursos”, cuenta Jason: “Vivir así día tras día era una tortura”. Los funcionarios les habían confiscado todas sus pertenencias, y les entregaron ropa y toallas de segunda mano. Pudieron comprar minutos para llamar por teléfono, pero era caro.

Gabriela y Jason luchaban por encontrar las palabras para ayudar a su hija. “Imagínate ver a tu hija triste porque no puede ir al colegio. Y ni siquiera puedes decirle: 'Vamos a la esquina. Vamos a por un helado. O unas patatas fritas'”, dice Gabriela. “¿Cómo le explicas todo esto a una niña? Tu mamá no puede hacer nada por ti, tu papá no puede hacer nada”. “Está entrando en la adolescencia y todo lo que le pase ahora la marcará. Todo lo que ha pasado puede haberla roto de alguna forma, puede haberla traumatizado”, añade: “Esto me angustia como madre”.

Jade explica que al cabo de unos días llegaron al centro otras familias, entre ellas, unos hermanos de tres, seis y ocho años. Los más pequeños no entendían lo que estaba pasando, así que no estaban tan asustados como ella, pero estaban igual de cansados.

A la adolescente le gustaba cuando ponían la radio en el centro de detención, sobre todo cuando sonaba The Weeknd. “Es mi cantante favorito”, dice. “Me sentaba en la hierba y escuchaba la música, y miraba al cielo”.

El alivio llegó finalmente cuando pudieron ponerse en contacto con los abogados de Raíces, que han estado trabajando con varias familias retenidas en el centro de detención. El 25 de marzo, Jade, Jason y Gabriela quedaron finalmente en libertad, tras unas tres semanas detenidos. Ahora sus abogados están explorando las vías legales para que puedan permanecer en Estados Unidos.

Desde entonces, todas las familias que estaban en Karnes han sido trasladadas a un centro de detención más grande en Dilley, Texas, que está más alejado.

La posible deportación

“Todas estas personas tienen una orden de deportación definitiva dictada por un juez federal”, puntualizó McLaughlin del DHS: “Esta administración no va a ignorar el imperio de la ley”. La asociación Raíces señala que la afirmación de las autoridades del DHS es “objetivamente falsa”.

Faisal Al–Juburi, vicepresidente de captación de fondos de Raíces, matiza que un juez de inmigración no es un juez federal. Y como resultado de la prohibición de asilo de Donald Trump en la frontera sur, “muchas familias ni siquiera han comparecido ante los jueces de migración”.

Por otra parte, la administración Trump ha puesto fin a varias iniciativas que proporcionaban servicios legales y formación a las familias migrantes. Según Raíces, las familias detenidas cada vez tienen más dificultades para contactar con organizaciones que les puedan asesorar y apoyar. 

La organización de defensa de los derechos de los migrantes también cuestiona la afirmación del DHS de que Dilley ha sido acondicionado adecuadamente para albergar a niños– 

El centro, gestionado por la empresa privada de prisiones CoreCivic, no es un centro de atención infantil autorizado y, por tanto, constituye una violación de las protecciones garantizadas a los niños en virtud del Acuerdo Flores. El decreto obliga al Gobierno a albergar a los niños en el entorno más seguro y menos restrictivo posible y a liberarlos lo más rápido posible.

Cómo empezaron las detenciones familiares

Trump no ha sido el primer presidente que impulsa la detención de familias enteras. Durante décadas, presidentes demócratas y republicanos ha recluido a familias migrantes en centros especializados. La práctica ha suscitado críticas generalizadas de pediatras y expertos en salud mental, así como demandas de organizaciones de derechos humanos.

El sistema de detención de familias se consolidó en 2001, especialmente después de los atentados del 11–S. El Gobierno de George Bush quería aumentar la detención de migrantes, y promovió la detención familiar como alternativa a la separación familiar y el envío de los niños a centros de acogida mientras sus padres estaban detenidos.

Las denuncias contra estos centros, por vulneraciones de derechos humanos, no se hicieron esperar. Las familias con niños estaban recluidas en condiciones similares a las de una prisión, sin apenas privacidad o acceso al aire libre. La alimentación y la atención médica eran inadecuadas, y varios informes describían abusos sexuales por parte de los guardias.

Pero la detención de familias no se detuvo. Incluso cuando los defensores de los derechos humanos demandaron al gobierno e hicieron campaña para cerrar algunas instalaciones familiares, el Gobierno construyó otras.

En 2014, cuando la llegada de familias y de menores no acompañados se intensificó en la frontera sur de Estados Unidos, el Gobierno de Barack Obama contrató a empresas penitenciarias privadas para gestionar las instalaciones de Karnes y Dilley. El programa de detención familiar de Estados Unidos creció a una escala que no tenía precedentes desde el internamiento de los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta práctica siguió siendo cuestionada por organizaciones de defensa de los migrantes. En 2015, un juez ordenó la liberación de los niños con sus madres, pero durante su primer mandato Trump presionó, sin éxito, para detener indefinidamente a las familias.

En 2018, una niña pequeña de 21 meses enfermó mientras estaba retenida en el centro de detención de Dilley y murió a causa de sus síntomas poco después de ser liberada.

Aunque el Gobierno de Biden dejó de detener a familias en 2021 (optando en su lugar por realizar un seguimiento de las familias migrantes a través de la supervisión electrónica y las citas periódicas de control), mantuvo gran parte de la infraestructura que permitía reactivar la práctica en cualquier momento.

Y poco después de ser investido presidente, Donald Trump la reactivó.  El Gobierno de Biden utilizaba el centro de detención de Karnes para retener a adultos. Con Trump, volvió a ponerse en marcha para retener a familias. Dilley, que había cerrado en 2024, reabrió el mes pasado.

Cómo es la “prisión” de Karnes

Javier Hidalgo, director legal de Raíces, afirma que Karnes se parece más a una prisión de adultos tradicional, que ha sido acondicionada para albergar zonas de juego. Las paredes de bloques de hormigón están pintadas con murales de animales del zoo. Las familias pueden estar juntas durante el día, pero por la noche, madres e hijos duermen juntos, mientras que los padres lo hacen en dormitorios separados.

El experto explica que el South Texas Family Residential Center de Dilley es más parecido a un “campo de internamiento”. Antes de ser un centro de detención, fue un campo de trabajo para migrantes. Pero al final, ambos centros son, “esencialmente, una prisión”.

Con anterioridad, los centros se utilizaban para retener a las familias recién llegadas a la frontera sur. Los funcionarios mantenían a las familias detenidas mientras evaluaban si reunían las condiciones para solicitar asilo, y las liberaban en los Estados Unidos si cumplían con los requisitos.

Trump ha suspendido las solicitudes de asilo en la frontera, y los cruces no autorizados han caído drásticamente. Muchas de las familias han sido identificadas y detenidas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en redadas en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Algunas fueron detenidas en controles de tráfico, y otras fueron arrestadas a pesar de cumplir las órdenes de presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias.

Hidalgo subraya que “algunas de las familias detenidas llevan mucho tiempo en Estados Unidos”. Señala que no está claro cuánto tiempo pueden estar detenidas estas familias en los centros, incluidas aquellas con procedimientos legales pendientes que podrían tardar meses en resolverse. “Mantener estas detenciones familiares parece tener el propósito de castigarlas y disuadirlas”, concluye el experto.

Raíces señala que al menos otra familia retenida en Karnes –solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, entre ellos un niño de seis años y otro de ocho– también había sido detenida en la frontera canadiense cuando intentaba salir. Entre los demás había ciudadanos de varios países, como Brasil, Rumania, Irán, Angola, Rusia, Armenia y Turquía.

“Llevo años trabajando en cuestiones de detención familiar”, explica Mukherjee, que ha litigado en nombre de niños y familias que han sufrido negligencia médica y abusos en diversos centros.: “Y no puedo creer que estemos haciendo lo mismo otra vez, casi 20 años después. La reapertura de los centros de detención familiar ejemplifica la crueldad que anima las políticas migratorias del gobierno de Trump”.

De vuelta en Misisipi

Ahora que ha vuelto a Misisipi, Jade dice que se siente más tranquila. “Pero no le he dicho a la mayoría de mis amigos que estoy de vuelta, y ya no puedo soportarlo más”, explica: “Solo se lo conté a un amigo, un buen amigo, y me prometió que no le diría a nadie”.

No sabe cómo explicarles lo que le pasó a su familia ni lo incierta que sigue siendo su vida. No sabe cuánto tiempo más podrán quedarse en Misisipi.

Los abogados podrían necesitar meses, o años, en resolver su caso. Mientras tanto, siguen con miedo de volver a ser detenidos en la ofensiva migratoria del gobierno.

Así que han intentado tener el perfil más bajo posible y ha optado por quedarse en casa la mayor parte del tiempo. La casa está un poco vacía, porque antes de irse a Canadá, la familia había vendido o habían hecho cajas con la mayoría de sus cosas. Pero Gabriela cuenta que están contentos de poder usar su propia ropa, recién lavada.

Jason luce una camiseta con la bandera de Estados Unidos. Cuando Jade le señala a su padre que en la camiseta se pueden leer las palabras “Land of the free” (“Tierra de los libres”, tradujo ella) impresas en un costado, toda la familia se ríe. 

En realidad, Jason la había comprado para usarla el 4 de julio. “De hecho, tenemos muchas camisetas como esta, somos bastante patrióticos”, señala Gabriela. Tienen gorras con banderas y conjuntos en rojo, blanco y azul para toda la familia. “Nos enamoramos de este país. Amamos su seguridad, la gente. Vivimos en un lugar hermoso. Estamos enamorados de este lugar.”

Nunca quisieron irse. “Es difícil, pero les he dicho a mi esposa y a mi hija que tenemos que vivir el presente, porque nuestra vida puede dar un vuelco mañana,” cuenta Jason. “Aquí hemos conocido la libertad. Aquí prolongar la vida que hemos elegido un poco más”.

*Nota: The Guardian no utiliza los nombres completos de Jason, Gabriela y Jade en este artículo para proteger su privacidad y su seguridad.

Traducción de Emma Reverter

Tras la toma de posesión de Donald Trump hace dos semanas, los agentes de migraciones se desplazaron a Chicago para llevar a cabo las “deportaciones masivas” planeadas por el presidente estadounidense, en cuyas escuelas han empezado a multiplicarse las ausencias de alumnos con familias en situación irregular.

Los padres han empezado a recoger a sus hijos antes de tiempo o aparcan a unas calles de distancia, temerosos de que las redadas se centren en la hora punta de recogida. Chicago ha recibido miles de nuevos estudiantes migrantes en los últimos años. En este contexto, los profesores han empezado a hacer visitas a domicilio para comprobar cómo están las familias migrantes, aterrorizadas ante la idea de tener que abandonar a su hogar. En las actividades extraescolares de Secundaria, los educadores también han empezado a repartir información sobre los derechos de las personas migrantes para que los alumnos la compartan con sus familias. Padres, madres y profesores se preguntan cuánto durará esta intensificación de las redadas.

A lo largo y ancho del país, los educadores se esfuerzan por mantener espacios seguros para que los estudiantes sigan aprendiendo. Lo hacen en un contexto en el que la administración de Trump ya ha puesto en marcha una estrategia de mano dura contra la migración, cambiando las reglas del juego y cruzando unas líneas rojas que siempre se habían respetado, como efectuar redadas en campos escolares o desplegar agentes federales en barrios residenciales y zonas suburbanas tranquilas.

En algunas ciudades y estados con políticas de migración agresivas, los educadores y los grupos de derechos civiles luchan para mantener la educación pública accesible a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. En el estado de Oklahoma, algunos profesores y cargos electos combaten la aprobación de una propuesta legislativa que obligaría a las escuelas a solicitar una prueba de ciudadanía estadounidense en el momento de la matrícula del alumno.

“Los niños pueden aprender álgebra solo si tienen un entorno de apoyo”, indica Alejandra Vázquez Baur, cofundadora y directora de la Red Nacional de Recién Llegados, una coalición nacional de educadores e investigadores que trabajan para apoyar a los niños migrantes y sus familias. “De manera que todos los profesores toman partido”, explica. En un contexto de redadas contra los migrantes en situación irregular, los profesores también tienen que lidiar con preguntas difíciles y los temores de sus alumnos por las deportaciones: “Los niños no ven el estatus migratorio; solo ven a sus amigos”, indica. “¿Qué ocurre si los alumnos ven cómo se llevan a sus compañeros de una clase? ¿Cómo les explicamos esta situación?”, se pregunta.

Desde hace meses, los profesores de Chicago se preparan para gestionar el impacto de la agenda de deportaciones de Trump en los estudiantes de las escuelas públicas. Los responsables y los profesores de los centros educativos han preparado planes de seguridad e informes sobre los derechos y protección de los alumnos y sus familias. Ashley Pérez, trabajadora social clínica titulada en las escuelas del vecindario de Brighton Park en Chicago, explica que a pesar de que estos planes estaban sobre la mesa, los colegios han tenido que dedicarse apresuradamente a apoyar a familias que ahora tienen miedo de salir de casa.

En Pilsen, un barrio de Chicago donde la mayoría de los residentes tienen ascendencia mexicana, el medio especializado en noticias sobre educación Chalkbeat Chicago informó de que el director de un instituto había dicho a los padres que, aunque el centro hacía todo lo posible por mantener la seguridad de los niños, entendía la decisión de las familias de permanecer en sus casas. “Sepan que aunque nuestra escuela es segura y que nuestros estudiantes estarán protegidos mientras estén en la escuela, también entendemos que hay mucho miedo y ansiedad entre nuestras familias” dijo el director, Juan Carlos Ocón.

Roy, profesor de segundo curso en la zona suroeste de Chicago, indica que ya ha tenido que responder preguntas difíciles de sus alumnos de seis y siete años. Muchos son recién llegados de Venezuela que han acabado en su clase tras una larga y a menuda traumática migración. “El año pasado, uno de mis alumnos vino de Venezuela y me contaba historias de gente que no sobrevivía en la selva, cruzando ríos”, explica: “Reconozco que en ese momento yo no estaba preparado para ese tipo de conversación”.

Ahora que el Gobierno de Trump tiene en su punto de mira a la ciudad de Chicago para llevar a cabo redadas a gran escala y ha movido ficha para rescindir el estatus legal temporal que ha protegido a miles de venezolanos de la deportación, los estudiantes de Roy se enfrentan a una nueva ola de incertidumbre y traumas. The Guardian no publica el nombre completo del profesor ni la escuela en la que imparte clases por temor a que sus alumnos y sus familias puedan ser blanco de las fuerzas de inmigración.

Muchos de sus alumnos son demasiado jóvenes para comprender plenamente lo que está pasando, o por qué sus mayores se muestran tan nerviosos, pero otros son muy conscientes. Poco después de que Trump fuera reelegido, un estudiante de Honduras explicó a sus compañeros de clase lo que significa ser deportado: “Si eres de Venezuela, vas a volver allí. Si eres de El Salvador, vas a volver allí. Y se señaló a sí mismo: yo soy de Honduras, así que voy a volver allí”. Horrorizado, Roy intentó tranquilizar a los niños diciéndoles que se iba a asegurar de que todos pudieran quedarse donde estaban, que la escuela era segura y que no dejaría entrar a los agentes de migraciones. Trató de quitarle hierro a la situación con humor: “Les dije: Sabéis, si de verdad os mandan de vuelta, yo también iré. Iremos a la playa”.

Por lo que se refiere a los niños mayores, algunos de los cuales tienen padres sin papeles y les preocupa pensar si deberían hacer algo para ayudarlos, Stephanie García —la directora de las escuelas comunitarias del consejo vecinal de Brighton Park— explica que hizo hincapié en la importancia de que se centrasen en los estudios “para que sus padres no tuviesen nada extra de lo que preocuparse”.

En programas extraescolares y actos comunitarios, el consejo vecinal también ha animado a niños y adolescentes a conocer sus derechos y hacer planes con sus padres. “Es difícil decirle a un estudiante de primer año de secundaria que les pida a los padres que tracen un plan en caso de deportación, por si acaso”, señala: “Pero por desgracia esta es la situación que debemos abordar”.

Es una escena que se repite en muchas ciudades. En Nueva York, los profesores se valen de conversaciones de grupo encriptadas para alertarse unos a otros cuando llega el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los vecinos se ofrecen como voluntarios para escoltar a los hijos de familias vecinas migrantes indocumentadas para ir y volver de la escuela. En Los Ángeles, el director escolar, Albert Carvalho, señaló que la asistencia en todo el distrito educativo, el segundo más grande de EEUU, había bajado un 20%. Esto significa que unos 80.000 estudiantes han dejado de asistir a clase. Atribuyó las ausencias tanto al miedo como al activismo, ya que los estudiantes han participado en protestas nacionales contra las políticas migratorias de Trump.

“Tenemos que resolver esta situación”, indica Emma Lozano, pastora de la iglesia metodista Lincoln United de Chicago y miembro de la junta de educación de la ciudad: “Me afecta porque están haciendo daño a nuestros niños, a nuestros bebés. Simplemente no está bien”, protesta.

También los padres se esfuerzan por explicar las redadas a sus hijos. Lucy, madre de una niña de ocho años y de un niño de 10, ambos matriculados en un colegio público del barrio de Gage Park, en Chicago, explica que sus hijos están “tristes y asustados”. “Y tengo que explicarles qué es el racismo, y cómo se nos señala”, lamenta. Cuenta que lo que realmente ha ayudado a la familia ha sido reclutar a sus hijos para que la ayuden a repartir octavillas que informan de los derechos de los sin papeles a la salida del colegio: “Repartir los folletos hace que estén contentos; ¡Mamá, vamos a ayudar a mucha gente!, me dicen”.

Tengo que explicar qué es el racismo, y cómo están elaborando perfiles

Lucy

Aunque Lucy, su marido y sus hijos son todos ciudadanos estadounidenses, varios de sus familiares, primos y amigos íntimos llevan años viviendo en Chicago sin documentación. The Guardian no publica su apellido para proteger a la familia de los agentes de migraciones. La semana pasada, cuando los funcionarios federales llegaron a los barrios de migrantes de la ciudad, Lucy hizo la compra para unos amigos sin papeles que estaban demasiado preocupados para salir de casa. Y se ofreció a llevar ella al colegio a los hijos de padres temerosos de que los detuviesen.

Silvia, madre de cuatro hijos, dos de ellos en edad escolar, reconoce que está nerviosa, pero señala: “Confiamos en que, si nos ocurriera algo malo, contaríamos con el apoyo de las organizaciones de nuestra comunidad”. The Guardian no publica el apellido de Silvia porque es una migrante en situación irregular y podría ser blanco de los agentes de migraciones. Trabaja como voluntaria en el Resurrection Project, una organización de defensa de los migrantes que distribuye información sobre sus derechos en comercios locales y los ayuda a ponerse en contacto con equipos de asistencia legal. Silvia relata que las redadas no son nuevas. “Lo que ocurre es que ahora se está difundiendo mucha desinformación que está sembrando el pánico. Si tenemos información correcta, no tenemos por qué tener miedo”, advierte.

Silvia ha pedido a su hijo mayor, de 26 años y con autorización temporal de residencia, que cuide de sus hijos de 8 y 14 años en caso de que la detengan a ella y a su marido, o si los deportan. También han preparado una carpeta con todos los documentos importantes de la familia, así como una maleta con artículos de primera necesidad, que su hijo puede llevar o enviarles a México. Explica que aparte de estas medidas, sigue acompañando a los niños a la escuela y también los va a buscar a la salida. Por su parte, su marido sigue yendo al trabajo. “A veces, si tenemos miedo, acabamos transmitiendo este miedo a nuestros hijos, ¿verdad?”, comenta, y concluye: “Así que mantenemos la calma... Y también la rutina de siempre”.

Robert F. Kennedy Jr. ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) este jueves, con una votación de 52 a 48. Todos los senadores demócratas y el republicano Mitch McConnell votaron en contra de su nombramiento. 

Kennedy, de 71 años, es un abogado ambientalista conocido por su escepticismo hacia las vacunas. Durante el proceso de confirmación, aseguró a los senadores que protegería los programas de vacunación existentes, lo que le ayudó a superar la oposición de senadores republicanos.

Como secretario del HHS, Kennedy supervisará agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), gestionando un presupuesto de más de 3 billones de dólares destinado a programas de salud como Medicare y Medicaid, que atienden a más de 140 millones de estadounidenses.

Robert F. Kennedy Jr., el hombre elegido por el presidente Donald Trump como secretario de Sanidad, saltó a la fama nacional como uno de los activistas antivacunas más perseverantes e influyentes del país. Como secretario de Sanidad, el abogado medioambientalista, que carece de experiencia en el sector, supervisará las principales agencias de salud del país.

Kennedy respaldó la campaña de Trump tras abandonar su propia candidatura a la presidencia en agosto. Es hijo del exfiscal general y candidato presidencial Robert F. Kennedy, y sobrino del presidente John F. Kennedy. La hija de este último, Caroline Kennedy, ha dicho públicamente que su primo “no es apto” para el cargo y no ha dudado en afirmar que es un “depredador”.

Formado como abogado medioambientalista, Robert Kennedy, conocido en EEUU con las siglas RFK Jr, se ha hecho famoso por difundir teorías conspirativas, bulos y falsedades, así como por cuestionar la investigación científica. A menudo se ha presentado como alguien mejor cualificado que los científicos para entender las enfermedades y la epidemiología.

De hecho, más de 75 premios Nobel han pedido al Senado de Estados Unidos que no lo confirme para este cargo. 

Kennedy ha difundido las afirmaciones infundadas de que el autismo infantil está vinculado con las vacunas, ha promovido la falsa idea de que el VIH no es la causa del sida y también ha relacionado, sin fundamento, ciertos antidepresivos con el aumento de los tiroteos en las escuelas y el uso de un herbicida con el aumento de jóvenes que se declaran transexuales.

Un estudio de 2019 reveló que la organización de Kennedy era una de las dos principales financiadoras de anuncios antivacunas en Facebook. En 2021, el Center for Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) lo nombró uno de los 12 principales difusores de desinformación en Internet sobre la vacuna contra la COVID-19.

En particular, Kennedy's Children's Health Defense, el grupo antivacunas sin ánimo de lucro que dirigía hasta convertirse en candidato presidencial, inundó Samoa con desinformación sobre vacunas antes de un devastador brote de sarampión en 2019. El ahora nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, envió una carta al primer ministro de Samoa en la que indicaba que la vacuna contra el sarampión podría ser la causa del brote.

Años antes se había estrenado en Samoa Vaxxed, un documental antivacunas realizado por personas del círculo de Kennedy.

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, ha señalado que incluso si no se modifican las políticas públicas tras su confirmación, que las autoridades con el sello del gobierno federal se manifiesten en contra de las vacunas “desalienta a las personas que de otro modo podrían vacunarse, y en la práctica es tan perjudicial como no tener ninguna vacuna”.

Las consecuencias no son teóricas sino que ya se pueden cuantificar. Sin ir más lejos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU publicaron un informe a final del año pasado según el cual menos de uno de cada seis trabajadores sanitarios había recibido las vacunas contra la COVID-19 actualizadas para la temporada de virus respiratorios 2023-24, y menos de la mitad se había vacunado contra la gripe.

La vacunación infantil también ha descendido desde la pandemia. Los investigadores señalan que las principales razones son las dudas sobre la vacunación y la desinformación.

“Olvidamos cómo era este país hace 50 años: cuántos niños morían cada año de polio, tos ferina, sarampión”, ha subrayado Osterholm: “Vamos a asistir al regreso de enfermedades que hemos controlado durante décadas”.

Robert Kennedy también ha recomendado eliminar el flúor del agua potable, aunque los niveles de flúor son obligatorios para los gobiernos estatales y locales. Ha luchado contra los alimentos ultraprocesados (el único punto en el que coincide con políticos de todo el espectro, como Bernie Sanders) y el uso de herbicidas como el Roundup, y critica desde hace tiempo las grandes explotaciones comerciales y las operaciones para la alimentación de animales que dominan la industria.

Asimismo, quiere acabar con la “puerta giratoria” de empleados que tienen antecedentes laborales en empresas farmacéuticas o que abandonan la administración pública para trabajar en el sector. También quiere despedir a 600 empleados de los Institutos Nacionales de Salud, que supervisan la investigación sobre vacunas, y contratar a 600 nuevos trabajadores.

Traducción de Emma Reverter

Los moderadores del primer debate presidencial de 2024 se mantuvieron totalmente al margen de la comprobación de los hechos por parte de los candidatos, dejando que las mentiras y medias verdades, sobre todo las de Donald Trump, quedaran sin respuesta.

El ex presidente ignoró con frecuencia las preguntas de los moderadores de la CNN, Jake Tapper y Dana Bash, y habló de lo que le dio la gana. En algunos casos, repitieron la pregunta y dieron a Trump la oportunidad de responder de nuevo.

Joe Biden rebatió a veces las afirmaciones de Trump, y viceversa, aunque no siempre de forma específica, más allá de decir que el otro mentía.

La ligera moderación dejó mentiras persistentes, aunque la cadena dijo antes del debate que los moderadores no intercederían.

“Obviamente, si hay algún hecho grave que necesita ser comprobado o el registro necesita ser aclarado, Jake y Dana pueden hacerlo”, dijo David Chalian, director político de CNN, a Associated Press antes del debate. “Pero ese no es su papel. No están aquí para participar en este debate. Están aquí para facilitar un debate entre Trump y Biden”.

Estos son los datos sobre algunas de las muchas afirmaciones falsas ofrecidas durante el debate del jueves por el ex presidente Trump.

Aborto

La afirmación: Trump dice que los demócratas apoyan el aborto hasta el nacimiento y que “todo el mundo” quería derogar la histórica sentencia de 1973 Roe v Wade, que garantizaba el derecho a nivel nacional y dio así un amplio margen de regulación a los estados..

Los hechos: El aborto tardío es una línea de ataque habitual entre los republicanos, pero se basa en un mito. Menos del 1% de los abortos en EEUU se practican en la semana 21 o más tarde, y son en gran parte debidos a anomalías fetales o a la falta de acceso a atención médica en etapas más tempranas del embarazo.

Además, la sentencia de Roe tuvo un amplio respaldo popular durante el medio siglo que estuvo en vigor. Algunos activistas antiabortistas también han argumentado que el gobierno federal puede utilizar una ley existente para aplicar una prohibición federal del aborto. En lo que va de año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tratado dos casos de aborto, lo que demuestra que la cuestión dista mucho de estar resuelta a nivel nacional.

Medio ambiente

La afirmación: Trump obtuvo “las mejores cifras medioambientales de la historia”.

Los hechos: No está claro a qué “cifras medioambientales” se refiere Trump, por lo que es imposible comprobar los hechos. Pero The Guardian ha recopilado 75 formas en las que Trump ensució más el país y calentó más el clima.

La frontera

La afirmación: La frontera de Trump era la más segura de la historia.

Los hechos: Trump dijo que cuando dejó la presidencia, EEUU tenía la frontera más segura de la historia y que “apenas” pasaba nadie.

Aunque las detenciones de migrantes han aumentado bajo el mandato de Biden, los incrementos comenzaron en 2020, durante la presidencia de Trump. Las razones por las que la gente buscaba emigrar incluyen el estrés económico causado por la pandemia y los desastres naturales, y problemas habituales, como la violencia y la inestabilidad política.

6 de enero

La afirmación: Trump desvió una pregunta sobre la insurrección del 6 de enero, culpando a Nancy Pelosi por rechazar la oportunidad de desplegar la Guardia Nacional.

Los hechos: Esto es falso. No hay pruebas de que Pelosi recibiera una propuesta para desplegar tropas de la Guardia Nacional, e incluso si la recibiera, no tendría poder para rechazarla. El presidente, el secretario de Defensa y el secretario del Ejército tienen el mando de la Guardia Nacional de Washington DC.

Recortes fiscales

La afirmación: Trump afirmó que sus recortes fiscales eran los mayores de la historia y que su administración tenía la economía más boyante de la historia.

Los hechos: Su recorte de impuestos fue el cuarto mayor desde 1940, según PolitiFact. Según el reciente informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización sin ánimo de lucro, Trump generó el doble de deuda (8,4 billones de dólares) que Biden (4,3 billones). Antes de la pandemia, el crecimiento económico medio durante su presidencia fue del 2,7%, lo que está bien pero no tan bien como el crecimiento medio del 4% durante la administración de Bill Clinton. El desempleo antes de la pandemia era del 3,5%, aunque no tan bajo como durante la presidencia de Clinton.

“Superdepredadores”

La afirmación: Trump dijo que Biden llamó “superdepredadores” a los negros estadounidenses.

Los hechos: La teoría de los superdepredadores de la década de 1990 sugería que un número creciente de jóvenes inusualmente violentos, especialmente chicos negros, suponía una amenaza para el país. La teoría capitalizó el miedo racializado y se utilizó para fomentar políticas que condujeron al encarcelamiento desproporcionado de jóvenes negros. No hay pruebas de que Biden utilizara la frase o se adhiriera a la teoría que la sustenta.

Sin embargo, el apoyo de Biden al proyecto de ley contra la delincuencia de 1994 ha sido objeto de escrutinio. Biden ha defendido el proyecto de ley y ha dicho que algunos de sus aspectos se aplicaron erróneamente.

Cuando el año pasado California sufrió apagones generalizados durante los incendios forestales y la “tormenta de calor” del verano, los legisladores republicanos de Texas se apresuraron a ridiculizar las políticas energéticas del estado costero. “California es incapaz de hacer funciones que son básicas en un mundo civilizado, como tener una red eléctrica adecuada”, tuiteó el senador Ted Cruz durante la ola de calor que batió récords en agosto.

La semana pasada, esos mismos republicanos, incluido Cruz, tuvieron que tragarse sus palabras cuando una enorme tormenta invernal se llevó por delante la red eléctrica de Texas, dejando a casi cuatro millones de personas sin electricidad ni calefacción en medio de un frío polar.

Las crisis vivida en California y la originada ahora en Texas son diferentes, en escala y gravedad. Mientras que un estado tuvo que lidiar con un incendio, el otro se enfrentó a una tormenta de nieve. Sin embargo, los expertos afirman que los cortes de suministro eléctrico en ambos estados evidencian una realidad: ninguno de los dos está preparado para el caos que podría generar una crisis climática.

“Se aprecian muchas similitudes entre lo que ha ocurrido en Texas y en California”, señala Roshi Nateghi, investigador de la Universidad de Purdue que estudia la sostenibilidad y la resistencia de las infraestructuras. “En ambos casos, se ha producido un evento climático o meteorológico extremo. Y en ambos casos, los estados no estaban preparados”. De hecho, Nateghi indica que en los últimos 20 años, en todo Estados Unidos, las inclemencias del tiempo han sido la principal causa de los cortes de energía prolongados.

Un análisis de los datos del Departamento de Energía publicado en septiembre reveló que los cortes de electricidad relacionados con eventos climáticos han aumentado un 67% desde 2000. Se espera que en las próximas décadas el cambio climático siga alimentando olas de calor más intensas, tormentas invernales más duras y huracanes más feroces. Como han descubierto California y Texas en los últimos años, las centrales eléctricas, los generadores y la red eléctrica no están diseñados para soportar las catástrofes que se avecinan. Y mientras tanto, los combustibles fósiles de los que dependen ambos estados para alimentar estos sistemas defectuosos están impulsando la crisis climática y acelerando el colapso de las infraestructuras.

“Estamos viendo los efectos del cambio climático”, dice Sascha von Meier, profesor de Ingeniería eléctrica de la Universidad de California en Berkeley. “Tendremos más situaciones como estas y se agravarán”.

Las carencias del sistema eléctrico

El sistema eléctrico de California está sometido a presión en dos frentes, el suministro y la demanda. En los últimos años, los grandes proveedores de electricidad del estado, Pacific Gas and Electric en el norte y SoCal Edison en el sur, han cortado el abastecimiento siempre y cuando su equipamiento haya corrido el riesgo de desencadenar incendios forestales en condiciones de sequía y fuertes vientos. En todo el estado, las líneas eléctricas obsoletas y defectuosas han provocado incendios forestales que han causado muertos, y las compañías han afirmado que modernizar sus redes llevará años.

Los apagones durante la ola de calor de agosto se produjeron después de que las agencias estatales no consiguieran suministrar suficiente electricidad para que millones de residentes hicieran funcionar sus ventiladores y aires acondicionados a la vez. La tormenta de calor fue un “acontecimiento extraordinario”, según afirmaron en un informe la Comisión de Energía del estado, el Operador del Sistema Independiente y la Comisión de Servicios Públicos. “No obstante, es nuestra responsabilidad y nuestra intención prever este tipo de acontecimientos, que son cada vez más frecuentes en un mundo que se ve rápidamente afectado por el cambio climático”, reconocieron.

Texas tampoco estaba preparada

Los republicanos de todo el país aprovecharon los apagones para ridiculizar las políticas climáticas y de fuentes de energía verde de California, argumentando que es culpa de la dependencia de las fuentes de energía renovables, como las turbinas eólicas y los paneles solares. Sin embargo, según Von Meier, el problema no es que California no pueda producir suficiente energía, sino que no ha invertido en instalaciones que le permitan acumular y almacenar energía.

Texas, como le ocurrió a California el verano pasado, no había previsto los episodios climáticos extremos a los que se enfrenta ahora. Y al igual que en California, su infraestructura está obsoleta.

A principios de mes, los operadores de la red eléctrica de Texas descubrieron que sus estimaciones sobre la cantidad de electricidad que necesitarían los residentes este invierno eran erróneas. Al mismo tiempo, las autoridades habían permitido que varias centrales eléctricas permanecieran fuera de servicio mientras llevaban a cabo labores de mantenimiento. A medida que bajaban las temperaturas, los hogares consumían cada vez más energía para conservar el calor, lo que provocó apagones. La semana pasada, la tormenta de nieve también dejó fuera de juego a las centrales eléctricas, lo que redujo aún más el suministro de energía del estado.

En un estado que depende en gran medida del gas natural para la generación de energía, la infraestructura no estaba preparada para soportar las fuertes nevadas y las bajas temperaturas. Los pozos se congelaron, y los cortes de energía hicieron imposible el bombeo del gas. “Se necesita electricidad para generar electricidad, lo que realmente hace que estos desastres se agraven”, puntualiza Nateghi. Y como la mayor parte del estado opera su red eléctrica independiente del resto de la parte oeste del país, en gran medida para evitar las regulaciones federales. Texas no pudo importar fácilmente energía de los estados vecinos.

Los más afectados

Tanto en Texas como en California, los problemas en el suministro de electricidad han puesto en mayor peligro a los residentes ancianos, pobres y discapacitados.

Cuando PG&E en California empezó a cortar la electricidad de forma preventiva durante la temporada de incendios de 2019, muchas personas discapacitadas se encontraron en una situación precaria después de que sus dispositivos médicos se quedaran sin energía y los medicamentos que requerían refrigeración empezaran a estropearse.

El año pasado, cuando la tormenta de calor desencadenó apagones, el corte de electricidad provocó un fallo en una planta de tratamiento de aguas residuales, obligando comunidades de clase trabajadora, muchas de minorías, en Oakland a elegir entre abrir las ventanas para enfriar sus hogares, o cerrarlas para esquivar el hedor mientras 50.000 galones de aguas residuales sin tratar fluían en la bahía cercana. Asimismo, la semana pasada en Texas, los barrios más pobres del estado fueron los primeros y los más afectados por los prolongados apagones.

Nateghi explica que los reguladores deciden los apagones “supuestamente de la manera más eficiente, sin tener en cuenta la equidad”. “Las comunidades de minorías con bajos ingresos son siempre las más afectadas, por los apagones, por la contaminación causada por la generación de energía y por el clima extremo y el cambio climático”.

Para abordar todos estos problemas, los científicos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos abogan cada vez más por un sistema energético descentralizado que permita a las comunidades generar y almacenar su propia energía, utilizando fuentes renovables, al tiempo que se invierte en infraestructuras que permitan a las regiones compartir la energía cuando se produzca un desastre. En este sentido, Von Meier indica que las microrredes, pequeños sistemas energéticos autónomos que podrían aprovechar los paneles solares de los tejados, las turbinas eólicas cercanas y otras fuentes, así como las redes regionales más grandes, permitirían a las comunidades generar y racionar su propia electricidad. “Un barrio podría funcionar esencialmente como una pequeña isla de electricidad”, apunta. Cuando la red más grande se caiga debido a catástrofes naturales, una comunidad podría mantener en funcionamiento las infraestructuras básicas, los hospitales y otros equipamientos esenciales con electricidad de proximidad.

Von Meier indica que a menudo se queda sin electricidad debido a los cortes de suministro, y el pasado otoño estuvo sin electricidad en su casa, situada en las colinas de la zona de la bahía, durante la temporada de incendios. “Con una red local, en lugar de tener estos cortes de electricidad rotativos tan torpes, en los que un barrio entero se queda sin suministro por completo, nuestro barrio podría haber mantenido al menos lo básico en funcionamiento”. “Lo que ha ocurrido en California y Texas debería ponernos en estado de alerta”, indica Nateghi. “Son señales de que tenemos que actuar ya, y replantearnos nuestros sistemas”.

Traducido por Emma Reverter.