Desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 que trajo consigo recortes en los servicios públicos, congelación de salarios y pensiones, paro y una reforma laboral que dejó completamente desprotegidos a las y los trabajadores, se han ido sucediendo una serie de crisis económicas que han impactado también en la sociedad vasca. Crisis económicas que han llegado sin dejar tiempo a que la gente pudiera recuperarse. Crisis derivadas de la pandemia de la COVID-19, de la guerra en Ucrania, que no son otra cosa que el reflejo de un sistema capitalista en descomposición que ha dejado temblando a las familias y a la clase trabajadora y que amenaza con llevarselas por delante.

El resultado del funcionamiento diario de este sistema voraz ha sido un crecimiento sin precedentes de la brecha de las desigualdades sociales. En un extremo de la brecha están quienes han aprovechado las sucesivas crisis como una oportunidad de lucro, incrementando su riqueza, sus ganancias y patrimonios, y al otro lado está la clase trabajadora que ha quedado empobrecida y que arrastra casi dos décadas de pérdida de poder adquisitivo. Sin olvidar, que fruto también del sistema debemos afrontar otros problemas que ha generado, como la dificultad de acceso a una vivienda digna a un precio asequible y la crisis climática.

Ante este escenario, Podemos Euskadi ha abordado la negociación de la revisión fiscal como una oportunidad para brindar un balón de oxígeno a la mayoría social vasca tras el azote de las sucesivas crisis económicas, convencidas de que era posible mejorar la calidad de vida de todas las personas y al mismo tiempo afrontar los grandes retos que como territorio tenemos por delante. Y, afortunadamente, así ha sido.

El acuerdo en el marco de la revisión fiscal supondrá un alivio para la clase trabajadora, concretamente para las rentas medias y bajas, supondrá un desahogo para los autónomos, micro y pequeñas empresas, mejorará el acceso a la vivienda digna a un precio asequible y, por contra, las rentas altas y los beneficios de las grandes empresas contribuirán más al sostenimiento de los servicios públicos. Tras la aprobación de esta revisión fiscal, el 50% de la población vasca verá mejorada su situación.

En este sentido, y entrando ya en una mayor profundidad en el análisis de las medidas, podemos decir que la clase trabajadora con salarios más bajos, en concreto las 342.500 personas que en Euskadi tienen salarios inferiores a 20.000 euros brutos anuales, no sufrirá retención por IRPF. Esta medida afectará especialmente a las mujeres, personas jóvenes y familias monomarentales, a quienes permitirá contar en su día a día con más recursos económicos. Son 138,5 millones a disposición de la clase trabajadora.

La ciudadanía vasca contará con más apoyos dirigidos a mejorar la conciliación laboral y familiar, con apoyos económicos por contratación de personal para el cuidado de menores o de personas con dependencia o discapacidad, con medidas que impulsan tanto la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras un parón dedicado al cuidado de sus criaturas, como otras medidas que empujan a los hombres a asumir y responsabilizarse de los cuidados.

Asimismo, apoyamos al tejido económico más vulnerable, a las y los autónomos y a las micro y pequeñas empresas. 76.300 autónomos y 31.300 micro y pequeñas empresas, van a ver mejorada su situación, ya que se posibilita que aquellas que tienen unos rendimientos más bajos puedan descontarse un porcentaje mayor de gasto. De tal manera que ponemos a disposición de 107.600 personas o empresas 52,5 millones que les van a suponer un desahogo importante.

Por otro lado, mejoramos el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible a través de diferentes medidas; en primer lugar las personas que viven de alquiler y que tienen salarios brutos inferiores a 20.000 euros al año van a poder recuperar hasta 2.800 euros de los pagos que realizan por el alquiler de su vivienda al presentar su declaración de la renta. En segundo lugar, direccionamos el precio del mercado del alquiler, dado que favorecemos a los propietarios que pongan la vivienda a un precio asequible de referencia, y, por el contrario, perjudicamos con más impuestos a aquellos que no lo hagan. En tercer lugar, impulsamos la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, penalizando hasta en un 150% el pago del IBI de la vivienda vacía, al mismo tiempo que mejoramos el tratamiento fiscal para animar a que se rehabiliten las viviendas vacías para que salgan al mercado del alquiler. En cuarto lugar, penalizamos subiendo los impuestos a los grandes tenedores y a quienes ejercen una actividad económica y especulativa con la vivienda.

Asimismo, se introducen medidas para impulsar la transición energética tanto de las empresas y autónomos como de los hogares.

Y tal y como señalábamos al inicio, las rentas altas contribuirán en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos, ya que, entre otras cuestiones, no podrán acceder a las deducciones por compra o alquiler de vivienda, dejando esta opción exclusivamente para rentas bajas y medias, lo que provoca un incremento de la recaudación de 18 millones de euros.

Igual efecto traerá la modificación de los tipos de las mal llamadas rentas del ahorro, que se aplicarán a las rentas procedentes de acciones, bonos, inmuebles o participaciones en sociedades, que se recogen en forma de intereses, dividendos, plusvalías o rentas inmobiliarias que pasarán de tributar un máximo de un 25% a un 28%. Una medida que incrementará la recaudación en 10 millones.

Igualmente, establecemos una limitación a las exenciones a las EPSV que se rescatan en forma de capital con lo que recuperamos 3 millones más de euros.

Y, para terminar, incrementamos los tipos en el impuesto de sociedades; por un lado, para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, pasando del 24 al 28%. Y estableciendo un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 19% para aquellas empresas que no estén comprometidas con Euskadi y no mantengan o creen empleo o no realicen inversiones orientadas al sostenimiento y arraigo de la empresa en el territorio.

En definitiva, un acuerdo en materia fiscal centrado en mejorar el bienestar de la mayoría social vasca, que trae novedades importantes importantes, como el acceso de las rentas más bajas sin obligación de declarar al sistema de deducciones, en este caso al de la deducción por alquiler. Un acuerdo que propone soluciones al problema de acceso a una vivienda, a la conciliación familiar y laboral y que impulsa la transición energética del tejido productivo y de los hogares.

Se oían ya tambores de campaña electoral en el Parlamento vasco cuando PNV y PSE aprobaron la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático al final de la pasada legislatura. Lo verde vende, así que les debió parecer buena idea en vísperas de elecciones sacar adelante lo que durante cuatro años no se habían molestado en consensuar, por muy sensible y prioritaria que fuera la cuestión.

El gran problema es que, más allá de su nomenclatura, aquello no era tan verde. Fue “su” ley, y una ley medioambiental impulsada por el PNV, el partido de las oligopuertas, nos debe hacer sospechar. Eso sí, contaron con el generoso apoyo de EH Bildu, demasiado tibios habitualmente en este tema y con una sorprendente tendencia a comprar el marco del Gobierno Vasco, Petronor e Iberdrola. Con el apoyo que no contaron fue con el del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, la única formación política capaz de alertar que lo que escondía esa Ley, más allá de las bonitas palabras, era una sumisión a las grandes corporaciones energéticas.

Bajo el loable compromiso de liquidar las inversiones en hidrocarburos, lo que nos colaron fue un modelo continuista de las políticas que ese Gobierno del PNV y PSE (ahora revalidado) venían aplicando desde hace tiempo, blindando las grandes instalaciones eólicas y solares en Euskadi e imponiendo los deseos de los gigantes de la energía sobre los de la ciudadanía y los ayuntamientos.

De aquellos polvos estos lodos. En Euskadi estamos ahora inmersas en plena controversia por los tres proyectos que planea la empresa Solaria de instalación de plantas solares fotovoltaicas en Araba y sus infraestructuras de evacuación a lo largo de un recorrido de 100 kilómetros de líneas de alta tensión hasta la subestación de Zierbena en Bizkaia. Cada uno de estos proyectos ocuparía una superficie de 110 hectáreas y conllevaría la instalación de postes de alta tensión de hasta un centenar de metros de altura.

Solaria, esa misma empresa que, de conjunto con el Ente Vasco de la Energía (EVE), constituyeron hace pocos meses la sociedad Indarberri, para desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica, dando primeros pasos con los proyectos Vitoria Solar 1 y 2, avisando de que esto no era más que la avanzadilla de una enorme carpeta de proyectos fotovoltaicos, en suelos de alto valor agrológico, que se nos venían encima, con el aval del Gobierno Vasco.

Ahora, los proyectos Zierbena Solar 2, 3 y 4, no son más que un segundo paso de ese enorme despliegue anunciado por Solaria, infalndo una burbuja especulativa sobre el suelo rural en busca de beneficio económico, a los que seguirán otros muchos, si no lo evitamos.

Evidentemente, esto es un auténtico atentado medioambiental, y contra la soberanía alimentaria, que afecta a múltiples localidades alavesas y vizcaínas, que fractura nuestro territorio, impacta contra tierras de alto valor agroecológico y contra el sector primario vasco, y destruye nuestra riqueza natural. Como no podía ser de otra manera, los vecinas y vecinas han reaccionado y han presentado hasta 5.500 alegaciones populares contra el proyecto, en las que personas expertas en diversos campos han elaborado informes y peritajes para mostrar la evidencia de que estos proyectos destruirían de manera irreversible la riqueza natural en las zonas afectadas.

El fondo de la cuestión es que estos proyectos de Solaria ejemplarizan a la perfección el problema cada vez mayor que padecemos en Euskadi con la aprobación irresponsable de este tipo de proyectos energéticos. Proliferan las macroestructuras fotovoltaicas, eólicas y líneas de alta tensión, en corredores ecológicos, y suelos de alto valor estratégico y agrícola, como consecuencia de una legislación muy laxa: proyectos autorizados por unas evaluaciones de impacto ambiental cada vez más permisivas y politizadas, y que hacen caso omiso en muchas ocasiones a informes técnicos o científicos desfavorables. Un claro ejemplo de ello es el proyecto del Parque eólico de Azazeta, de Iberdrola y el EVE, cuyo interés económico y aprobación ha terminado de un plumazo con la tramitación del PORN-Plan de Ordenación de Recursos Naturales en marcha, dando carpetazo al Parque Natural Montes de Vitoria.

Por supuesto que desde Podemos Euskadi siempre hemos apoyado el impulso de las energías renovables y la promoción de infraestructuras verdes, lo cual pasa por la electrificación en sectores clave como el transporte, la industria y la vivienda. Pero bajo la excusa o la etiqueta de energías renovables no vale cualquier cosa. Una transición energética o es respetuosa con el territorio o no puede ser ni ecológica ni justa. Si un proyecto o una infraestructura atenta contra nuestros suelos, no pueden ser proyectos ecológicos. Es una obviedad, pero resulta imperativo recordarlo cuando para algunos “lo verde” no es sino una oportunidad de negocio.

Euskadi necesita una nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático mucho más ambiciosa que la actual. Y muy importante también ante el conflicto que ahora nos ocupa: necesitamos un buen Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, construido desde el consenso y sobre las premisas de la sostenibilidad, que permita abordar la implantación y el desarrollo de este tipo de energías de una manera ordenada y bien planificada. Seguimos esperando que quieran responder a las muchas alegaciones que hay presentadas al PTS actual, incluidas las de Elkarrekin Podemos.

Por todo esto, los proyectos deben ser paralizados, y la autorización administrativa denegada. No nos vale que la empresa Solaria diga que va a replantearse el recorrido de las líneas de alta tensión. Eso es un parche, no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar nuestros suelos, sea cual sea el recorrido propuesto por la empresa, mientras no contemos con un PTS adecuado y se definan Zonas de Exclusión en las que se prohíban proyectos de grandes centrales eólicas y fotovoltaicas por sus impactos ambientales, paisajísticos o agrícolas y, paralelamente, se delimiten zonas prioritarias y sí aptas para dichos proyectos, que deberían ser siempre consensuados con los municipios.

Debemos blindar legalmente los suelos de alto valor estratégico con regulaciones que limiten o prohíban actividades que comprometan su calidad o uso agrícola. La Transición Energética sólo puede discurrir de la mano de una Transición Agroecológica. La una no puede entenderse sin la otra.

Artículo de opinión firmado por cargos públicos de Podemos en los municipios afectados por el proyecto Solaria-Zierbena:

Eneritz de Madariaga, portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia

David Rodríguez, portavoz en las Juntas Generales de Araba

Richar Vaquero, juntero en las Juntas Generales de Bizkaia

Itziar Celis, concejala en el Ayuntamiento de Barakaldo

Inés Unzaga, portavoz en el Ayuntamiento de Güeñes

Asier Rodríguez, concejal en el Ayuntamiento de Ortuella

Tamara Ballester, concejala en el Ayuntamiento de Ortuella

Ainhoa Lopera, portavoz en el Ayuntamiento de Santurtzi

José Manuel de Pablos, concejal en el Ayuntamiento de Santurtzi

Alberto Díez, portavoz en el Ayuntamiento de Trapagaran

La llegada de la pandemia entresacó las costuras de nuestra sociedad y visibilizó la importancia de los cuidados, esas tareas que, en la mayoría de ocasiones, son invisibles y realizadas por mujeres. Una y otra están directamente relacionadas. Los aplausos a las 20.00 en los balcones eran un reconocimiento a la labor de las y los profesionales de la sanidad, pero también a las cajeras, a las personas de la limpieza; era un reconocimiento a todos los servicios básicos y esenciales que mantienen la vida, nuestras vidas.  

Tal fue el reconocimiento, que los cuidados pasaron a ser el primer punto de las agendas políticas. Un compromiso que se concretó en público manifestando que a partir de entonces se iban a poner los cuidados en el centro. Sin embargo, al pasar la página con la llegada de la tan ansiada normalidad, las políticas de precarización de los cuidados han continuado.  

Gracias al 8-M y al Movimiento Feminista, los cuidados han vuelto al centro del debate. Y lo han hecho porque es urgente y necesario, porque no es ni justo ni sostenible, y porque pese a los compromisos vacíos de quienes gobiernan, lo cierto es que siguen estando ocultos, precarizados, sobre los hombros de las mujeres y lejos de las agendas de las políticas públicas. Nos merecemos repartir la carga y nos merecemos unas vidas dignas.

Porque cuando hablamos de cuidados hablamos de la limpieza de casa, de la lista de la compra, de recordar una cita médica, de poner en la mochila de tu hija el hamaiketako, de preguntar cómo estás, qué necesitas, de suplir carencias, de hacer de madres, de hermanas, y de tantas y tantas tareas no valoradas, pero esenciales para la vida y también para el sistema productivo.  

¿Cuántas mujeres renuncian a su vida laboral para cuidar a sus hijas y a sus mayores? ¿Cuántas son tachadas de poco profesionales, apartadas de los puestos de responsabilidad y de los órganos de decisión al no estar a disposición de las exigencias de sus jefes? ¿Y a cuántas nos han dicho eso de ‘malas madres’ por volver a la vida laboral tras el permiso de maternidad? Aún nos queda mucho camino por recorrer, muchos pasos por dar para que los centros de trabajo establezcan medidas reales de conciliación. Muchos pasos para sentir que la administración apoya con fuerza a las mujeres que sostienen la vida. 

Somos todas las que sentimos el peso de sostener el cuidado. También lo hacen las compañeras que han decidido ser madres solteras, las que se han separado. Y hablo en femenino porque el 83% de estas unidades familiares están formadas por una mujer y sus hijos o hijas, es decir, más de millón y medio de hogares monomarentales según el INE. De nuevo, nosotras y de nuevo el vacío por respuesta de las administraciones públicas.

Es habitual escuchar las quejas de hijas, mujeres, nietas, cuidadoras que no entienden cómo quien debería responsabilizarse desde lo público de los cuidados de su familiar araña hasta lo obsceno los puntos en la valoración de las dependencias para evitar prestaciones o servicios. No puede ser que los trámites para acceder a las prestaciones supongan un regateo, un mercadillo en el que la persona dependiente y su cuidadora principal sientan que están asistiendo a un juicio. No puede seguir pasando que las valoraciones se hagan a la baja. El objetivo entonces, nunca fue cuidar sino abaratar costes. Y son precisamente los cuidados informales, aquellos que desempeñan las mujeres en las familias, la respuesta low cost de las instituciones públicas. Cuidado sí, pero a costa de las vidas y el futuro de miles de mujeres que aparcan su profesión, sus relaciones, su vida, para dedicarse 24/7 al cuidado, por una mísera prestación económica que no reconoce ni el trabajo, ni garantiza una atención de calidad.

La decisión política de privatizar los servicios de atención a la dependencia es también una forma de abaratar costes. Esta vez a costa de las condiciones laborales de otras tantas mujeres, que sostienen los servicios con salarios precarios, jornadas parciales y ratios de personal que no permiten una atención digna a las personas. Hoy, el número de residencias y centros de día públicos son testimoniales. Sin embargo, es lo privado lo que debería ser testimonial en una red de atención a personas dependientes que reconoce el cuidado como un derecho y que realmente aspira a desfamiliarizar y desfeminizar los cuidados. 

Esto no es lo que entendemos las mujeres por poner los cuidados en el centro. Esta no es la forma de materializar el compromiso político adquirido. Así que, cuando la estrategia es vaciar de contenido la forma en que las mujeres entendemos la vida y en la que construimos nuestras relaciones, entonces nos toca volver a llenarlo de contenido y salir a reivindicar, a pelear y a recordarles que sin nosotras la vida no se sostiene. Vamos trabajar porque el derecho al cuidado se garantice. Vamos a trabajar por garantizar que esos cuidados sean de calidad y realizados por personas con condiciones de vida y laborales dignas y de calidad.  

Trabajamos para democratizar los cuidados, para que la organización de la vida sea justa y sostenible. Debemos aunar esfuerzos e impulsar un Sistema Vasco de Cuidados, para que se afronten los cuidados como una responsabilidad pública y colectiva, para que haya más haurreskolas públicas y gratuitas, para que haya más recursos reales y de calidad para nuestras criaturas y mayores, para que las personas dependientes reciban una atención adecuada y cercana, para garantizar una suficiente y adecuada prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, otro servicio privatizado, y para que exista una corresponsabilidad a la altura de nuestra sociedad que se piensa igualitaria y feminista.  

Decimos que los cuidados tienen una función social porque son la base de nuestra sociedad, porque son las tareas imprescindibles que hacen que las personas crezcamos y nos desarrollemos con amor y protección. ¿Qué sociedad vamos a construir si aquellos que están en los poderes dan la espalda a las personas? Si los políticos y empresarios no lo ven, se lo haremos ver, porque nos va la vida en ello.

El pasado 25 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El objetivo que persigue es que quienes disponen de una mayor capacidad económica aporten de acuerdo a las necesidades sociales en estos tiempos de crisis económica y de inflación. Un impuesto que pagarán aquellas personas con patrimonios superiores a 3 millones de euros. 

Desde el anuncio por parte del Gobierno español del impuesto hasta su aprobación, el PNV ha utilizado todo tipo de estrategias para evitar que, en Euskadi, los afortunados que disponen de un cuantioso patrimonio paguen un solo euro más. El mismo PNV que no duda en sacar pecho de la solidaridad del pueblo vasco cuando acoge personas refugiadas o cuando se pone en cuestión el cupo vasco. Ese PNV es el que ahora encabeza la pancarta de la manifestación en contra de este impuesto. Detrás, y entre vítores, le siguen las grandes fortunas de Euskadi. Y ya en la cola, cerrando cual coche escoba, asoman los socialistas, que a ratos anuncian que están negociando con los nacionalistas no aplicar el impuesto, y al otro rato, salen diciendo lo contrario. 

Lo han dejado claro: no todos debemos contribuir al esfuerzo colectivo. Así que mientras una parte importante de nuestra sociedad pasa serias dificultades como consecuencia de la subida de los precios de la cesta de la compra, de la electricidad o del gas, a la otra parte, la cartera se les abulta. 

Y ante esto, quizá empujados por la cercanía de las próximas elecciones forales y municipales, quienes de momento cogobiernan en las instituciones vascas, han decidido retrasar lo máximo posible los trámites administrativos para que en esta legislatura no dé tiempo a sacar un titular que les pueda arruinar los resultados electorales. A estas alturas, ya no queda ninguna duda de que, en Euskadi, los ricos pueden estar tranquilos. El gobierno de PNV y PSE vela por sus ahorros. Sin embargo, la clase trabajadora va a tener que seguir pagando a escote y de forma solidaria las necesidades y problemas que tengan sus vecinos de puerta. 

El pueblo vasco es solidario. Pero, no todo el pueblo vasco, en esto también hay clases. Porque cuando se trata de que los ricos arrimen el hombro, la actitud solidaria y la defensa del interés general solo aparece si desgrava en Hacienda.

*Eneritz de Madariaga es portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en las JJGG de Bizkaia

Desde que se declaró el estado de alarma, en marzo de 2020, la Diputación Foral de Bizkaia ha preparado una marmita indigesta de medidas fiscales. Ha hecho uso y abuso de técnicas normativas de urgencia con hasta 12 decretos forales normativos, 20 órdenes forales y diversas instrucciones que tienen la virtud de evitar un debate sosegado sobre la forma más justa y eficaz de responder a la pandemia. Lo que ha preocupado al equipo de gobierno foral de Bizkaia es transmitir a la ciudadanía la impresión de que hacía muchas cosas aunque fuera de forma irreflexiva. El resultado es un batiburrillo de medidas inconexas, dispersas y descoordinadas cuyo coste exacto es imposible de determinar dado que la Diputación arrastra el mal hábito de acompañar sus medidas fiscales de informes de impacto presupuestario que se limitan a reconocer que no son capaces de calcularlo.

A un sistema fiscal ya extraordinariamente complejo, cuajado de normas y reglamentos, que una persona normal no tiene tiempo ni ganas de conocer, durante el estado de alarma la Diputación ha añadido docenas de cataplasmas fiscales. Pero el sesgo y pretensión de esta batería de medidas es evidente: se ayuda con generosidad a quienes conservan intacta su capacidad de inversión. Si es usted una persona adinerada está de enhorabuena: se encontrará con un amplio surtido de incentivos a la inversión. Podrá reconfigurar su cartera de activos financieros con generosos plazos para invertir, por ejemplo, a través de fondos europeos de inversión. Se beneficiará de deducciones por comprar participaciones y acciones en PYMES; amortizaciones aceleradas que le permiten gestionar su cuota tributaria a placer; magnánimos plazos de reinversión de beneficios extraordinarios; exenciones de hasta el 60% de su cuota del impuesto sobre sociedades del año 2019. Si usted vive de rentas procedentes de locales comerciales puede haberse visto obligado a negociar un acuerdo con su inquilino una reducción del precio del alquiler pero Hacienda le ayuda duplicando su impacto fiscal. También es un buen momento — ¿por qué no?— para reformar su vivienda o comprarse una nueva. Si tiene vocación filantrópica también puede encontrar oportunidades de mecenazgo que, de paso, le reducirán la cuota tributaria.

Para el pequeño comercio, personas autónomas o pequeñas empresas del sector turístico o de la hostelería se ofrece un muestrario de aplazamientos de pagos, trámites, requerimientos. Es decir, la cuota seguirá siendo la misma, aunque con pagos fraccionados. Si es usted un comerciante que ha visto cómo Amazon y Ali Baba le comían la tostada está de enhorabuena: la Diputación ha tirado la casa por la ventana con una desgravación para la digitalización de su negocio de hasta 300 €. Y si es usted uno de los dos o tres perceptores del ingreso mínimo vital que viven en Euskadi, puede felicitarse: su miserable percepción de hasta 469,93 € estará exenta de tributar en el IRPF aunque cuesta imaginar cómo podría darse tal situación si el límite para tributar se ha puesto en una renta anual de 14.000 €.

La respuesta a una catástrofe como la que ha provocado la COVID-19 no debería limitarse a ayudar a quienes pueden seguir pagando impuestos sino apoyar a aquellas personas que, precisamente porque se han quedado sin negocios y rentas, no pueden tributar

Si usted quiere digitalizar su tienda, Hacienda le regala 300 €; pero si va a invertir en acciones de una nueva empresa innovadora podría llevarse hasta 40.000 €. Si le parece injusto quizá debería dejar de tratar de sobrevivir con su pequeña boutique y dedicarse a gestionar su patrimonio mobiliario. La Diputación no es capaz de calcular el impacto de todas estas medidas pero no sería demasiado arriesgado apostar que benefician desproporcionadamente a rentistas y capitalistas. Una pista nos la da la evolución de la recaudación de 2020: la del IRPF, el impuesto directo que recae sobre la mayoría, ha experimentado una caída de apenas el 3,5% respecto al año anterior; el impuesto sobre sociedades cayó un 22,2%.

Y todo tiene una sencilla explicación: el neoliberalismo. Ese proyecto político que ha conseguido transformar nuestra sociedad en un experimento de ingeniería social sin precedentes. Desde los años 80 del siglo pasado ha trabajado por someter el Estado al mercado antes que a la ciudadanía, actuando mediante una democracia constreñida que lidera una tecnocracia impermeable a las exigencias sociales. Los servicios públicos quedan sometidos a la comercialización: el suministro de agua potable y energía, la educación, la vivienda o las residencias de mayores dejan de ser bienes públicos para convertirse en oportunidades de negocio y bienes de consumo. Porque, sobre todo, el neoliberalismo es una ideología al servicio de la clase capitalista.

Este proyecto fue asumido con entusiasmo por los partidos del régimen del 78, los conservadores católicos nacionalistas (PP, PNV) y los conservadores laicos (PSOE). España es hoy el alumno aventajado del Neoliberalismo en Europa. El Estado Capitalista Neoliberal (en adelante ECN) no dirige, cede el protagonismo al sector privado, en especial a los grandes oligopolios y fondos de inversión. Son ellos quienes deciden qué recursos se emplean y movilizan y qué modelo de desarrollo económico debemos seguir. El papel del ECN se limita a crear el entorno regulatorio en el que operan las oligarquías capitalistas.

El ECN sabe crear regulaciones y licitar obras de construcción de infraestructuras. Para eso está adecuadamente configurado. Para lo que no está ideológicamente preparado es para gestionar grandes catástrofes y crisis económicas y, de todas formas, carece de los recursos necesarios para hacerlo. En Bizkaia, el ECN se manifiesta en forma de recaudador de impuestos. A medida que el proyecto del PNV ha ido perdiendo credibilidad, ha tenido que aceptar un binomio PNV/PSE para legitimar un sistema tributario profundamente clasista. Nuestro sistema tributario mima siempre a los grandes capitales sacrificando la progresividad de impuestos como el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio. Cuando ha llegado la pandemia su actuación sólo podía ser un batiburrillo de medidas fiscales confiando en que será el sector privado el que sabrá sacarnos de la emergencia.

El ECN está fallando a la mayoría social. La respuesta a una catástrofe como la que ha provocado la COVID-19 no debería limitarse a ayudar a quienes pueden seguir pagando impuestos sino apoyar a aquellas personas que, precisamente porque se han quedado sin negocios y rentas, no pueden tributar. Un Estado consciente de su responsabilidad habría asegurado que todos aquellos que han visto su actividad económica interrumpida o perjudicada por la pandemia contaran con una renta suficiente para superar la emergencia. Necesitamos complementar rentas, no rebajas fiscales.

Un Estado que se enfrenta a una gran catástrofe no confiaría en que los mecanismos de mercado y los incentivos fiscales la resolvieran, sino que se pondría al frente de su gestión, movilizando cuantos recursos fueran necesarios para minimizar su impacto y estaría desarrollando un plan. Pero esto exige contar con buenos gestores públicos, capacidad de planificación, contratar a personas y olvidarse de esas reglas de equilibrio presupuestario que, consciente o inconscientemente, siguen imprimiendo carácter a las políticas. Pero vivimos en un Estado Capitalista Neoliberal.

Entre vacunaciones a la carta y promociones de hidrógeno se ha aprobado el presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia para este año 2021. Las promesas de siempre encima de la mesa; mucha bici y zapatilla, como le gusta decir al diputado General, mucho slogan new age al estilo euskanglish, que NIC que si EIC, que si atracción de turismo, y de talento. Bizkaia el faro del universo, más compromiso, más de todo, bombo, platillo y txistu para acabar diciendo nada. Tan sólo giros retóricos y lenguaje ambiguo, o como diría mi amama: mucho ruido y pocas nueces, porque los presupuestos aprobados no sirven, parece el presupuesto para un año sin pandemia (sin crisis económica, social, climática y de cuidados). No es momento de actuar con conservadurismo. Estamos en tiempos de hechos y no de palabras, es momento de que la Diputación sea un escudo y haga de línea de defensa y protección de los derechos de todas. 

Los retos que tenemos por delante son serios. En Bizkaia hay, a día de hoy, 73.579 personas sin empleo, una tasa de paro del 13,2%, y no debemos olvidar que sin los 20.494 ERTE estaríamos aun peor. Ante esto, La Diputación tiene capacidad de crear empleo público, y al mismo tiempo, poder reforzar unos servicios públicos que languidecen. ¿Y qué ha hecho? aumentar los cargos elegidos a dedo y reducir la plantilla de trabajadores públicos; de hecho, el Instituto Foral de Asistencia Social es el paradigma de la destrucción de empleo en el sector público, cierra servicios y pierde plazas de gestión pública directa. 

Transformar el modelo de cuidados no es sólo buscar soluciones al envejecimiento de larga duración, sino atender y dar soporte a todas las tareas de cuidado, que son las tareas que sostienen la vida

Otro de los fiascos de Bizkaia lo tenemos en la red de cuidados y en las residencias de mayores. La COVID-19 se ha cebado con nuestras personas mayores, una población vulnerable que ha sufrido lo indecible con esta crisis. Entendemos que la gestión de semejante reto haya sido complicada, pero no nos engañemos, las residencias ya adolecían mucho antes de la pandemia porque la fórmula ideada por el PNV se basa en un sistema que pone en riesgo la salud; con cargas indecentes de trabajo, plantillas insuficientes y ratios desfasados que no garantizan una buena atención a las personas usuarias de residencias. De hecho, el departamento de Acción Social de la Diputación no ha sido capaz de dar datos veraces y transparentes sobre el impacto real de la COVID en cada una de las residencias de la red. Las familias han pedido incluso la dimisión del diputado. ¿Qué necesitan las residencias? Un vuelco de cabo a rabo porque si esto sigue así a una se le quitan las ganas de envejecer, pero mientras tanto es urgente aumentar el presupuesto y destinarlo a incrementar el número de plazas públicas residenciales y el número de personas de atención directa en las residencias, porque somos el territorio que menos tiempo dedica a la atención individualizada, 1 hora por persona al día, algo lamentable. También se deberían hacer más inspecciones, sobre todo en los centros privatizados, donde lo que prima es el beneficio económico. Y es que por más que el diputado Foral se empeñe, solo un 19,9% considera que las inspecciones que se realizan son suficientes. Por mucho que se esfuercen por esconder la realidad de lo ocurrido en residencias como la de Ermua, Barakaldo, Zamudio o Muskiz, por mucho que se empeñen en manipularla y retorcerla, por mucho que se empeñen en dañar la imagen de aquellas entidades que sí representan a las familias y a las personas usuarias de los servicios, la realidad es tozuda y se hace visible en forma de protesta, de huelga, de quejas e incluso de muerte. 

Transformar el modelo de cuidados no es sólo buscar soluciones al envejecimiento de larga duración, sino atender y dar soporte a todas las tareas de cuidado, que son las tareas que sostienen la vida. Es tener en cuenta que son trabajos precarizados, por estar feminizados. La crisis sanitaria no ha hecho más que empeorar las cosas para nosotras. Ya lo dijo Simone de Beauvoir: “no olvidéis nunca que bastará con una crisis para que los derechos de las mujeres retrocedan. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida”. Que tengamos una crisis sanitaria sin precedentes no es motivo para que el gobierno foral aparque la acción política en materia de igualdad. ¿Dónde está aquí la Diputación, como línea de defensa de los derechos de las mujeres? ¿Dónde está la Diputación como línea de defensa del medioambiente? ¿O del transporte público? 

Las decisiones políticas de ahora marcarán si saldremos o no de esta, con un sálvese quien pueda o si la Diputación Foral hará de línea de defensa y protección de los derechos de todas. Una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales. Si se quiere, se puede. El problema aquí es que quien gobierna hace tiempo que renunció a ser la línea de defensa de los derechos de las gentes de Bizkaia para ser la línea de defensa de los derechos de las constructoras, de los bancos, de los fondos de inversión y de las multinacionales, dejaron de trabajar para Bizkaia. Hubiera estado bien que la Diputación Foral de Bizkaia pusiera todos los medios necesarios para orientar Bizkaia hacia un futuro menos incierto.