Hace tan solo unos días, el 1 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Protección Civil, de los hombres y mujeres, profesionales y voluntarios, que trabajan para garantizar la seguridad de todos. Ahí están siempre que se les necesita en emergencias como los incendios, las inundaciones o cualquier otra situación de riesgo provocada por los fenómenos meteorológicos adversos que tantas veces hemos vivido en La Palma.

Pero, a pesar de la experiencia acumulada en los últimos años en las múltiples situaciones de emergencia que ha vivido la isla, la realidad es que el Covid ha supuesto un reto para los profesionales y voluntarios de Protección Civil a los que hemos visto en los momentos más duros del confinamiento por la pandemia corriendo un importante riesgo mientras trabajaban en primera línea como parte de los dispositivos formados por los ayuntamientos y ONGs para dar asistencia a las personas más vulnerables, aquellas que se quedaron más solas y desvalidas.

La pandemia ha venido a demostrar algo que ya sabíamos: la globalización y el cambio climático traen consigo nuevos tipos de emergencias para las que tenemos que estar preparados. Y es ahora cuando más tenemos que preocuparnos de contar con un buen sistema de Protección Civil, organizado, formado, engranado y bien dotado, con el que podamos dar una respuesta coordinada y eficiente ante contingencias previstas o imprevistas.

Pero, para eso, las administraciones tienen que invertir más recursos, y estamos viendo con preocupación que lo que está pasando es justo lo contrario: el Cabildo de La Palma, por ejemplo, ha recortado en medio de nuestra primera pandemia mundial las partidas para seguridad y emergencias y para las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, lo que, desde mi punto de vista, es un grave error.

Para que el voluntariado de Protección Civil pueda ejercer su cometido, las administraciones han de dotar a las agrupaciones de medios suficientes y del material específico que garantice la correcta intervención y operatividad, especialmente en el ámbito de la seguridad personal, transporte, uniformidad y comunicaciones, además de proporcionarles unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. Es imprescindible, también, un marco regulador que defina sus funciones y les dé garantías en el desarrollo de las mismas.

En la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias empezó a elaborar el Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, con la estrecha colaboración y participación de todas las entidades de Protección Civil de Canarias. Ese reglamento fue presentado en las primeras Jornadas de Protección Civil de Canarias que se celebraron en La Palma en febrero de 2019 y, finalmente, se aprobó en junio de 2020.

En el Cabildo de La Palma, también en la pasada legislatura, trabajamos intensamente, mano a mano con las agrupaciones para darles el lugar que merecían dentro de la organización para afrontar las situaciones de emergencia en la isla, no solo dotándolas de recursos materiales para facilitar el ejercicio digno de su labor solidaria, sino, incluso, buscando la forma de darles un espacio físico de representación en la sala de coordinación de emergencias, algo que ahora mismo es imposible dado el escaso espacio que hay en el Cecopin.

De ahí, nuestra propuesta para trasladar la gestión de las emergencias de la isla a las instalaciones del Acuartelamiento El Fuerte, que el nuevo gobierno del Cabildo ha rechazado a pesar de contar con el visto bueno del Ministerio de Defensa.

Hoy, en este mundo postpandemia, debería ser una prioridad para las administraciones públicas dar a quienes participan en la Protección Civil, tanto desde el ámbito profesional como desde el voluntariado, la relevancia que les corresponde conforme al importante servicio que prestan. 

* Carmen Brito es consejera de CC en el Cabildo de La Palma