*Javier Sánchez Serna. Diputado por Murcia en la XI, XII, XIII, XIV Y XV Legislatura. Coordinador autonómico de Podemos Región de Murcia.  

Las filípicas contra Podemos se han convertido en el género periodístico de moda. Un género que, además, goza de toda la simpatía, espacio y difusión dentro del establishment mediático. Estos días pocos se resisten a sumarse a la 'nueva causa' y se disponen a arrojar a los infiernos a Podemos y a todo lo que representa. El último de ellos -y no se puede decir que sorprenda- ha sido el filósofo Antonio Campillo.

Campillo comienza su artículo (El alacrán y la rana, 13 de enero) cuestionando el voto de Podemos al decreto de subsidios para mayores de 52 años para acabar impugnando toda la trayectoria de la formación, definir a Podemos como “secta” y, finalmente, pedir el acta del diputado que escribe estas líneas. Pues bien, vayamos por partes.

El pasado miércoles el Gobierno de Pedro Sánchez presentó cinco iniciativas para su aprobación en el pleno del Congreso. Podemos votó favorablemente a cuatro de ellas y rechazó el decreto del subsidio para mayores de 52 años. ¿Por qué rechaza Podemos dicho decreto? Porque, a pesar de contener medidas positivas, incluía un recorte injustificado en la cotización de los mayores de 52 años que representan el 60% de los perceptores de este tipo de subsidios, lo cual supondría futuras pensiones más bajas -en algunos casos hasta 2.200 euros menos al año. Recorte, por cierto, impuesto por Nadia Calviño antes de marcharse al Banco europeo de Inversiones. Desde Podemos planteábamos retirar este recorte para votar favorablemente. Sencillamente, porque pensamos que no hay que elegir entre los derechos de los mayores de 52 años y los demás.

Como todo el mundo sabe, el de Sánchez es un Gobierno en minoría y, por tanto, necesita negociar los apoyos parlamentarios en cada pleno. Lo sorprendente es que el Gobierno buscara antes el apoyo del PP que el de Podemos para mantener el recorte, y suponemos que de haberlo conseguido nadie les habría reprochado votar con la derecha. Lo que resulta inaudito es que parezca más sencillo negociar con Junts y ceder las competencias en inmigración a Cataluña, que negociar con un partido de izquierdas un recorte que perjudicaba objetivamente a los trabajadores. En cualquier caso, este decreto no entraba en vigor hasta el 1 de junio y todavía quedan meses para negociar y mejorarlo. Estoy convencido de que finalmente el recorte se retirará y que, en consecuencia, Podemos podrá votar a favor.

Estos argumentos políticos, sin embargo, parece que carecen de valor para el profesor Campillo, que pretende reducir la posición de un partido político a una cuestión psicológica, casi patológica: Podemos hace lo que hace porque tiene un “obsesivo rencor” contra Yolanda Díaz. Además, sufriría de una “nostalgia melancólica” al no ser ya la fuerza mayoritaria del espacio y se obstinaría en representar una opción “auténtica, pura y revolucionaria”. Incluso se atreve a decir que Podemos aspiraría a ser una izquierda “viril” frente a un Sumar más “femenino”, despreciando el hecho de que las principales dirigentes de Podemos son mujeres y tirando por tierra todos los avances feministas que se han logrado desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

La conclusión de su argumentación es evidente. Si Podemos muestra su desacuerdo con una ley del gobierno de Sánchez y pide negociar, no lo estaría haciendo por razones políticas, sino por cuestiones personales y, por tanto, ilegítimas. Si, por el contrario, Podemos fuera “responsable” debería votar a favor cualquier ley que el gobierno le pusiera delante, aunque fuera contraria a sus principios programáticos. Luego, Podemos no debería hacer política y ya solo le quedaría disolverse.

No es un razonamiento nuevo ni demasiado original. Desde que Podemos irrumpiera en el panorama político, rompiendo el tablero bipartidista, numerosos intelectuales 'progres' nos han recomendado que no le lleváramos demasiado la contraria al PSOE ni hiciéramos ruido. El relato de Campillo recuerda a aquel manifiesto que exigía que Podemos diera sus votos a un Gobierno Sánchez-Rivera (2016) o aquel otro que pedía que Podemos apoyase un gobierno del PSOE en solitario (2019). Lo contrario, por supuesto, era hacerle el juego a la derecha. Desde luego, y visto en perspectiva, de haber hecho caso a estos lumbreras jamás se habría conseguido un gobierno de coalición progresista ni Yolanda Díaz habría llegado a ministra.   

El profesor Campillo desliza un segundo argumento para negar la capacidad de agencia política a Podemos: los resultados electorales del 28-M. La formación morada habría sufrido un “batacazo” que la inhabilitaría como fuerza política viable, algo que se agravaría por su negativa a hacer autocrítica. A Podemos, por tanto, solo le quedaría ser disuelta dentro de otro espacio, sin mucha más discusión ni consulta. Eso, en parte, era la operación Sumar.  

Es cierto que las elecciones del 28-M supusieron un retroceso evidente para todas las fuerzas progresistas y nadie lo niega. Pero el profesor omite otros datos que también son relevantes para esta historia. En la Región de Murcia, el 28-M se presentaban dos opciones electorales a la izquierda: por un lado, Podemos-IU-Alianza Verde que obtuvo un exiguo 4,68% y, por otra, Más Región-Equo que solo obtuvo un 1,29%. Algunos todavía estamos esperando a que Antonio Campillo pida la misma autocrítica a los dirigentes (como Óscar Urralburu) que rompieron el espacio de Unidas Podemos en 2019.

En cualquier caso, lo preocupante de esta argumentación es que se pretenda dar o quitar legitimidad política a raíz de unos resultados electorales, porque si éstos dieran la medida de la legitimidad de un partido, ¿no debería haberse disuelto Equo hace años? ¿no deberían haber dimitido los dirigentes de Más País después del batacazo del 10-N y de poner en riesgo la posibilidad de un gobierno de coalición? Creo, en todo caso, que es un argumento peligroso que lesiona la pluralidad política.

Llama la atención, además, que estos intelectuales que siempre piden tanta autocrítica a los demás, pocas veces sean capaces de hablar de la guerra sucia -política, judicial y mediática- contra Podemos y los efectos electorales que ha tenido.  Lo digo con pesar, pero la realidad es que ante los montajes más gruesos, jamás recibimos un mínimo apoyo de quienes ahora pretenden darnos lecciones.

Y así llegamos a las elecciones generales del 23 de julio. En este punto, el profesor Campillo pierde su calma estoica y lanza toda una serie de ataques furibundos. En su opinión, la formación morada habría engañado a Sumar y fingido aceptar su liderazgo, con “cinismo” y sin la “más mínima ética política”. Creo que el juicio del profesor Campillo se debe más a un autoengaño que a una cuestión de mala fe: efectivamente, Podemos firmó un acuerdo de coalición electoral con otras fuerzas políticas, pero muchos pensaros que aquello significaba la disolución definitiva de Podemos en un nuevo partido (Movimiento Sumar). Eso jamás estuvo contemplado, pero algunos quisieron mantener la ficción.

La realidad es que tanto Podemos como Sumar tenían incentivos para llegar a un acuerdo electoral el pasado verano. La victoria de las derechas era una posibilidad más que plausible y el retroceso de las izquierdas una evidencia. Tengo la convicción de que mi formación política actuó con responsabilidad siendo parte de la coalición y ello a pesar de los vetos, las humillaciones y la falta de un proceso democrático. El profesor Campillo también sugiere que Podemos se habría quedado fuera de Congreso de haberse presentado en solitario. Quién sabe. Aunque también se podría interrogar por cuántos diputados habría obtenido Sumar de presentarse sin Podemos. Nunca lo sabremos, lo que sí es seguro es que sin los votos de Podemos, Sumar no tendría hoy cinco ministerios.

Por último, el profesor Campillo completa el argumentario habitual criticando a Podemos por su marcha al grupo mixto, acusando a sus diputados de transfuguismo y pidiendo que, por “coherencia”, entreguemos nuestras actas. Por supuesto, Campillo no hace ninguna referencia a la gestión del grupo parlamentario de Sumar ni dice qué le parece que Podemos no pudiera presentar iniciativas parlamentarias, ni que no pudiera hablar en tribuna ni que, en definitiva, no tuviera los mismos derechos que los demás miembros de la coalición electoral. Supongo que le parecerá bien, pues, como ya se ha dicho, el objetivo originario de Sumar era disolver el partido de Ione Belarra y conseguir con ello una relación más dulce con el PSOE. Lo que sí le parece mal es la salida de los cinco diputados de Podemos al grupo mixto para poder hacer política.

Da igual que antes lo hiciera Compromís separándose de Podemos, para algunos solo es transfuguismo si la decisión la adoptan los morados. Le sugeriría a Antonio Campillo que, si tan claro lo tiene, anime a sus colegas de Sumar a llevarlo al pacto anti-transfuguismo. Lo mismo, entonces, descubre que dicho pacto no aplica a las decisiones de un partido. Dicho de otro modo, los diputados de Podemos lo son porque su partido los propone para participar en una coalición electoral y marchan al Grupo Mixto por la misma razón. No son los diputados de Podemos los que han cambiado de partido estos años o, peor, los que componían otros partidos mientras cobraban como representantes de Podemos.

Siento, por tanto, no poder atender a la petición infundada del profesor Campillo y abandonar el Congreso. Por coherencia considero que debo seguir realizando la labor que he desplegado estos años y defender también a los 24.000 perceptores del subsidio en la Región de Murcia que, de aprobarse el recorte del decreto, habrían visto su pensión seriamente mermada. Sinceramente, pienso que hacen falta representantes que pongan pie en pared ante las políticas de recortes que pronto vendrán de la Unión Europea, representantes que puedan equilibrar la balanza cuando el PSOE vuelva a enseñar la patita neoliberal.

Podemos sigue teniendo la mano abierta para llegar a acuerdos, más necesarios si cabe en esta Región de Murcia. Lo que nunca vamos a aceptar son insultos, vetos ni humillaciones.

Pasó con la privación del escaño de Alberto Rodríguez. Ocurrió antes con la arbitraria conculcación de derechos de diputados independentistas. Y podría haber pasado una vez más este jueves si el Tribunal Constitucional hubiera ordenado al Congreso suspender la votación de la reforma que permite renovar sus miembros con mandatos caducados. La víctima, una vez más, habría sido la autonomía parlamentaria. Un nuevo atropello a la autonomía de la Cámara que, como miembros de la Mesa del Congreso, nos habría obligado a dar un paso al frente en defensa de la legalidad. 

La gravedad de la situación es indiscutible. El Partido Popular lleva tiempo instrumentalizando de manera espuria el Tribunal Constitucional para bloquear iniciativas progresistas o que sencillamente cuentan con mayorías legislativas contrarias a sus posiciones. De ese modo, están dinamitando un modelo constitucional que lleva un siglo a sus espaldas. Los tribunales constitucionales se crearon en Europa en los años veinte del siglo pasado. Su impulsor, el jurista austríaco Hans Kelsen, lo hizo con un objetivo claro: proteger derechos básicos, asegurar la división de poderes y evitar que minorías conservadoras pudieran bloquear por sistema reformas impulsadas por mayorías parlamentarias progresistas o simplemente democráticas.

Lo que Kelsen vio a comienzos del siglo pasado fue cómo el sufragio universal permitía que partidos obreros, partidarios de reformas sociales profundas, ganaran peso en los parlamentos. Y vio también cómo las derechas políticas recurrían a jueces vinculados a las élites tradicionales o directamente provenientes de regímenes autoritarios o dictatoriales para frenar esos avances. Para contrarrestar esta ofensiva judicial antidemocrática, Kelsen consideró que había que reforzar el papel de los parlamentos como máximos representantes de la soberanía popular. De ahí su propuesta de crear un órgano específico, el Tribunal Constitucional, que funcionara de manera autónoma del Poder Judicial, con miembros que podrían ser escogidos por los propios partidos en función de las mayorías sociales del momento. Sus funciones, eso sí, estaban muy delimitadas. Proteger los derechos, resolver conflictos entre órganos y censurar aquellas leyes que, una vez promulgadas, pero no antes, contradijeran nítidamente el contenido de la Constitución.

El Tribunal Constitucional no estaba concebido para paralizar preventivamente los trámites legislativos. Por el contrario, su función era respetar la presunción de legitimidad de las actuaciones de los parlamentos democráticos y actuar como una suerte de “legislador negativo”, expulsando del ordenamiento solo aquellas leyes ya promulgadas que lesionaran claramente la Constitución.

A la derecha política y judicial de aquel período de entreguerras nunca le gustó este modelo constitucional democrático. A las derechas actuales vinculadas al PP y a Vox, tampoco. Por eso han intentado dar un golpe contra él por diferentes vías. De entrada, intentando controlar la composición y la orientación ideológica del poder judicial, impidiendo que jueces o juezas progresistas, o simplemente garantistas, puedan abrirse camino. Por otra, convirtiendo al Tribunal Constitucional en una herramienta partidista con capacidad de bloquear cualquier iniciativa de una mayoría social o parlamentaria que no sea la propia.

En estos días se ha visto con toda claridad. La minoría integrada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pretendido que el Tribunal Constitucional actúe como un ariete contra la autonomía del Congreso y contra las mayorías legislativas allí existentes. Supuestamente lo hacían para proteger los derechos de sus diputados. Pero valerse de un amparo “preventivo” para solicitar medidas cautelarísimas que bloqueen el procedimiento legislativo en el Congreso es otra cosa. Es intentar introducir de manera furtiva un control previo de las leyes que la Constitución no recoge y que hoy el Tribunal Constitucional tiene vedado.

Insistimos: que las derechas quieran proteger sus derechos es lícito y tienen muchos momentos procesales para hacerlo. Lo que resulta inadmisible es su intento de frenar debates y votaciones legítimas, aunque con ello se lesionen, a su vez, los derechos de una mayoría parlamentaria clara y transversal que sí quiere que salgan adelante. Y lo que más subleva: que lo hagan instrumentalizando un Tribunal Constitucional con mandatos caducados cuya renovación ellas mismas han bloqueado por todos los medios.

Si el jueves de la semana pasada se hubiera impedido la votación en el Congreso, no solo se habría consumado una grave adulteración de la función que la Constitución y las leyes atribuyen al Tribunal Constitucional. Se habría producido un golpe irreparable contra la división de poderes y contra la inviolabilidad del Parlamento como principio irrenunciable en cualquier democracia constitucional digna de ese nombre.

Tras la reforma del 2015 impulsada por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional ya impidió al Parlament de Catalunya discutir simplemente sobre el derecho de autodeterminación o reprobar los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón. Lo que se pretende ahora es ir un paso más allá y suspender cautelarmente iniciativas legislativas de ámbito estatal sin tener jurisdicción para ello.

Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía. Ya actuamos así cuando, en tutela de dicha inviolabilidad, nos negamos a suspender los derechos de diputados independentistas que habían sido votados por la ciudadanía. Y lo hicimos, también, cuando nos opusimos a que la presidenta Meritxell Batet privara a Alberto Rodríguez de su escaño en supuesto cumplimiento de un mandato de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Haber acatado ahora un nuevo atentado contra la autonomía parlamentaria, esta vez proveniente del propio Tribunal Constitucional, hubiera sido consentir una insubordinación antidemocrática que habría marcado para siempre la historia de nuestro parlamentarismo. En virtud del recurso de recusación presentado contra Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional se ha visto obligada a posponer para el lunes la resolución de las peticiones del Partido Popular. Si ese sector, sin embargo, rechaza la recusación, podría consumar el golpe e intentar que el debate no prosiga en el Senado.

Una situación semejante nos colocaría nuevamente ante lo que venimos denunciando a lo largo de estas líneas: un atentado artero contra la Constitución, contra la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y contra una tradición de constitucionalismo democrático que se remonta a los tiempos de Kelsen. Esperemos que no ocurra. Y, si finalmente pasa, si el Tribunal Constitucional insiste en agredir la legalidad constitucional, tanto el Congreso como el Senado deberían levantar una voz de dignidad y negarse a aceptar su requerimiento, tal como plantea el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Lasagabaster. Ese sería su deber. En defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la legalidad vulnerada, y contra un intento de “atropello democrático” que debe frenarse en seco antes de que el daño resulte irreparable. 

Una semana de provocaciones y de improperios han bastado para reactivar el debate. De entrada, porque no se está ante exabruptos aislados sino ante una estrategia deliberada. Que ni es nueva ni es exclusiva de nuestra ultraderecha vernácula. Las actuaciones de Vox en el Congreso de estas semanas han sido ensayadas ya por el trumpismo en Estados Unidos, por el bolsonarismo en Brasil, y por algunos de sus nuevos émulos en Europa y América. Se trata, pues, de una estrategia de tensión con objetivos claros. El más evidente, trasladar al Parlamento discursos de odio y noticias falsas ya utilizados en mítines, redes sociales, y medios afines, y minar con ello las condiciones para un debate mínimamente democrático.

Como ya ocurrió en otros momentos históricos, la gran cuestión es cómo lidiar con estas actuaciones. Que en el Congreso se produzcan debates que impliquen discrepancias contundentes entre diferentes fuerzas políticas no solo es legítimo. Resulta imprescindible en sociedades con intereses diversos y a menudo contrapuestos. Pero aquí hablamos de otra cosa: de evitar que esas discrepancias se expresen a través de formas vejatorias, sexistas, racistas, que lesionan la dignidad de las personas y degradan las instituciones representativas.

No se trata de algo sencillo. En el rifirrafe parlamentario, todos los grupos suelen incurrir en salidas de tono. El problema es cuando esto deja de ser un hecho puntual para convertirse en un patrón sostenido en el tiempo, que es lo que Vox viene haciendo desde los inicios de esta legislatura y lo que ha decidido reactivar para recuperar el impulso perdido tras las elecciones en Andalucía.

Ni los insultos y descalificaciones de Vox a la ministra Irene Montero, ni sus ataques a diputadas defensoras de políticas feministas, ni sus incumplimientos sistemáticos del Reglamento de la Cámara, son nuevos. Y lo peor es que en muchos casos han gozado de impunidad. A día de hoy, la presidencia de la Cámara no ha tomado medida alguna para sancionar a los 52 diputados de Vox que se niegan a presentar su declaración de intereses. Tampoco se sancionó a dos diputados de Vox que sabotearon abiertamente un acto dentro del Congreso en el que se condenaba la criminalización de seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una manifestación antifascista. Y lo que es especialmente grave, no se adoptó ninguna amonestación clara contra el diputado de Vox que desobedeció a Alfonso Gómez de Celis, cuando este, presidiendo la sesión, lo expulsó del hemiciclo tras haber llamado “bruja” a la diputada socialista Laura Berja.

El problema es que ya no se trata solo de la impunidad creciente de la ultraderecha, sino de que la propia presidencia del Congreso, en su afán de mostrarse firme “con unos y otros”, acabe por equiparar a agresores y agredidos y a actuaciones que poco tienen que ver entre sí.

No es de recibo, por ejemplo, que la presidencia censure por igual a un diputado de Vox que acusa a otros de ejercer el “terrorismo etarra”, que a quien utiliza la expresión “fascismo” para calificar la exaltación del franquismo o de personajes como Millán Astray. Y es que lo primero supone la atribución de un delito grave recogido en el Código Penal. “Fascismo”, en cambio, es un concepto político históricamente datado, como “comunismo”, “socialismo” o “anarquismo”, que un parlamento democrático no puede pretender proscribir.

Tampoco es de recibo intentar, como se ha hecho, equiparar supuestas faltas de respeto institucionales “cometidas por unos y otros” sin que medie justificación suficiente. Recientemente, por ejemplo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego envió una nota a la Mesa cuestionando que la presidencia le obligara a retirar una serie de críticas a la institución monárquica. Su queja estaba plenamente justificada, toda vez que el propio Tribunal de Estrasburgo ha recordado que las críticas parlamentarias a la monarquía y al propio rey son cuestiones de interés público que la libre expresión de los diputados y diputadas ampara.

Tras debatir algunos de estos temas en la Mesa, la presidenta Meritxell Batet se comprometió ante sus miembros a aplicar el reglamento con rigor para evitar estas arbitrariedades. Pero es significativo que el primer caso en que lo hizo fue para llamar al orden a la propia Irene Montero, quien en respuesta a los ataques sufridos, recordó al Partido Popular que campañas como las que impulsaron en Galicia fomentaban lo que la propia ONU denomina “cultura de la violación”. La impresión, una vez más, fue que Batet intentaba afirmarse en que “aquí todos se exceden” para no incomodar a Vox ni entrar en conflicto con el Partido Popular.

Todo esto, obviamente, es peligroso, ya que un parlamento que se quiera democrático y plural debería poder garantizar con firmeza un principio básico: toda la libre expresión posible para sus miembros y todas las restricciones necesarias cuando de lo que se trate es de evitar humillaciones sexistas, xenófobas u otras formas de difamación dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

No se trata de algo imposible. Ahí está el ejemplo del ex presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien consiguió atajar con firmeza las bravuconadas machistas del mismísimo Boris Johnson. Ahí está, también, el papel del presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Partido Popular, quien no dudó en retirar la palabra a un diputado de Vox que insistía en difamar a sus adversarios. Y ahí están, igualmente, casos como el del diputado de la ultraderecha francesa, Grégoire de Fournas, expulsado de la Asamblea Nacional y sancionado a cobrar dos meses la mitad de su sueldo por espetar a un diputado negro de izquierdas que volviera a África.

Lo que Vox está intentando hacer en el Parlamento español para recuperar protagonismo no puede normalizarse ni naturalizarse. Porque no es algo aislado. Es una estrategia ya defendida por juristas de inclinaciones nazis como Carl Schmitt, y por los Trump y los Bolsonaro de turno: erosionar el parlamentarismo y sustituirlo progresivamente por una forma más autoritaria y concentrada de gobierno en manos de algún nuevo Führer o caudillo.

La presidencia del Congreso no puede ser condescendiente ni neutral ante las agresiones reiteradas y sistemáticas de la ultraderecha. Y la sociedad tampoco. Hoy, más que nunca, hacen falta pedagogía y contrapoderes sociales, ciudadanos, capaces de mantener a raya a actores con poder público y privado que no se autolimitarán sin esa presión externa. No es sencillo. Pero es la única manera de evitar que las derechas radicalizadas vayan demoliendo poco a poco espacios democráticos que han sido arduamente conquistados, que hoy deben ser ampliados, pero que bajo ningún concepto podemos permitirnos perder. 

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, y Javier Sánchez Serna es diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa.

El último Consejo de Ministros del año 2021 nos deja la primera reforma laboral de Unidas Podemos, la primera en 40 años en la que son los trabajadores los que ganan derechos. La última de estas reformas, la del PP en 2012, solo contribuyó a agravar aún más el mal endémico de nuestro mercado de trabajo: la precariedad, con sus dos caras, la temporalidad y los bajos sueldos.

España frente a Europa. En España uno de cada cuatro contratos duro unos pocos meses o incluso días, el 24,7% frente al 13,6% europeo. En este ranking de la vergüenza solo estamos por detrás de Montenegro. Los españoles, además, ganamos menos. En 2020 el salario medio en España estaba más de 400€ por debajo del europeo, una diferencia de más del 20%.

La lógica neoliberal de todas las reformas laborales anteriores nos aseguraba que este era el precio a pagar para reducir el desempleo. Cobramos menos y el despido es más barato, así que los grandes inversores deberían lanzarse sobre España como un paraíso. Lógico, pero no. Casi una década después de la reforma laboral del PP, sin embargo, nuestra tasa de paro sigue doblando a la europea (14,5% frente al 6,7% en octubre) y afecta a tres de cada diez jóvenes, otro triste ranking en el que solo nos supera Grecia.

Después de haber pasado el peor golpe de la pandemia, había que cambiar las cosas. Es lo que se hace cuando algo no funciona. Es lo que se ha hecho después de una dura negociación en la que no han faltado zancadillas y fuego amigo, pero también valentía, determinación y paciencia, las cualidades que mejor describen a Yolanda Díaz.

Hablábamos de la precariedad y sus dos caras, la temporalidad y los bajos sueldos. A la primera se le pone coto, eliminando el contrato de obra o servicio y acabando con la contratación temporal abusiva. En 2022 el contrato indefinido será la norma. Se consolidan además los ERTE para tiempos de crisis, la receta con la que se han salvado medio millón de empresas y millones de puestos de trabajo en esta pandemia, frente a los despidos masivos que siguieron al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Esta reforma también golpea a la precariedad en su otra mejilla, los salarios basura. El convenio laboral del sector prevalecerá sobre el convenio de empresa y no como hasta ahora, una situación en la que el trabajador estaba prácticamente vendido ante su jefe, en un país en el que el 95% de las empresas son PYMEs y en el que la negociación en igualdad de condiciones es una quimera. Las subcontratas se verán también obligadas a cumplir las condiciones del sector de referencia en cada caso, lo que pone fin también a la práctica extendida de subcontratar servicios para ahorrarse costes laborales. Esto asegura unos suelos salariales más justos y estables.

Por supuesto que hay cosas que no hemos conseguido y en las que hay que seguir trabajando. Las críticas son comprensibles, pero que nadie se lleve a engaño. Esto es solo el principio. En solo dos años de gobierno y teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas, se han podido revertir los principales retrocesos de los últimos cuarenta. Pero además se han puesto las bases para seguir avanzando con algo no menos importante: un cambio de enfoque, un paradigma nuevo que ha llegado para probar que se pueden ganar derechos y empleos al mismo tiempo.

Ya lo hicimos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En 2019 la presión de Unidas Podemos fue clave para que se incrementara un 22,3% hasta los 900€, el mayor aumento en cuatro décadas. Los agoreros del PP y la patronal vaticinaron millones de nuevos desempleados y el apocalipsis laboral, pero no pasó nada de eso, sino todo lo contrario. Hasta la llegada del Covid más de 224.000 personas abandonaron las listas del paro.

Se quedaron sin argumentos. Por eso el SMI ha vuelto a subir hasta alcanzar los 965€ este año, mientras nuestro mercado de trabajo sigue recuperándose. Por eso volverá a subir en 2022 y en 2023 hasta alcanzar como mínimo los 1.100€. Porque hemos demostrado que se pueden subir salarios y crear puestos de trabajo al mismo tiempo y lo hemos demostrado con hechos, haciendo añicos las pizarras de los discípulos neocon de la Escuela de Chicago.

En 2022 volveremos a demostrar por esta misma vía, la de los hechos, que se puede reducir la temporalidad y generar empleo. Que se puede recuperar la negociación colectiva mientras se moderniza nuestra economía, no desde un modelo basado en la precariedad e imitando a los países en vías de desarrollo, sino acercando España a Europa, mejorando la capacidad adquisitiva de nuestra gente y liderando una transición verde en la que nuestro país aspira a mucho más que a esa economía de sol, playa, tapas y cañas a la que nos condenó Rajoy.

Más derechos y más empleos. Con hechos tangibles y no con los dogmas de las viejas recetas económicas. Si llegamos a 2023 con ese bagaje y sumamos algunos apoyos más, estaremos en la mejor disposición para acabar la tarea que nos propusimos al entrar a este gobierno: cambiar de arriba abajo nuestro mercado laboral. Ojo, que Yolanda Díaz solo acaba de empezar.

El último Consejo de Ministros del año 2021 nos deja la primera reforma laboral de Unidas Podemos, la primera en 40 años en la que son los trabajadores los que ganan derechos. La última de estas reformas, la del PP en 2012, solo contribuyó a agravar aún más el mal endémico de nuestro mercado de trabajo: la precariedad, con sus dos caras, la temporalidad y los bajos sueldos.

España frente a Europa. En España uno de cada cuatro contratos duro unos pocos meses o incluso días, el 24,7% frente al 13,6% europeo. En este ranking de la vergüenza solo estamos por detrás de Montenegro. Los españoles, además, ganamos menos. En 2020 el salario medio en España estaba más de 400€ por debajo del europeo, una diferencia de más del 20%.

La lógica neoliberal de todas las reformas laborales anteriores nos aseguraba que este era el precio a pagar para reducir el desempleo. Cobramos menos y el despido es más barato, así que los grandes inversores deberían lanzarse sobre España como un paraíso. Lógico, pero no. Casi una década después de la reforma laboral del PP, sin embargo, nuestra tasa de paro sigue doblando a la europea (14,5% frente al 6,7% en octubre) y afecta a tres de cada diez jóvenes, otro triste ranking en el que solo nos supera Grecia.

Después de haber pasado el peor golpe de la pandemia, había que cambiar las cosas. Es lo que se hace cuando algo no funciona. Es lo que se ha hecho después de una dura negociación en la que no han faltado zancadillas y fuego amigo, pero también valentía, determinación y paciencia, las cualidades que mejor describen a Yolanda Díaz.

Hablábamos de la precariedad y sus dos caras, la temporalidad y los bajos sueldos. A la primera se le pone coto, eliminando el contrato de obra o servicio y acabando con la contratación temporal abusiva. En 2022 el contrato indefinido será la norma. Se consolidan además los ERTE para tiempos de crisis, la receta con la que se han salvado medio millón de empresas y millones de puestos de trabajo en esta pandemia, frente a los despidos masivos que siguieron al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Esta reforma también golpea a la precariedad en su otra mejilla, los salarios basura. El convenio laboral del sector prevalecerá sobre el convenio de empresa y no como hasta ahora, una situación en la que el trabajador estaba prácticamente vendido ante su jefe, en un país en el que el 95% de las empresas son PYMEs y en el que la negociación en igualdad de condiciones es una quimera. Las subcontratas se verán también obligadas a cumplir las condiciones del sector de referencia en cada caso, lo que pone fin también a la práctica extendida de subcontratar servicios para ahorrarse costes laborales. Esto asegura unos suelos salariales más justos y estables.

Por supuesto que hay cosas que no hemos conseguido y en las que hay que seguir trabajando. Las críticas son comprensibles, pero que nadie se lleve a engaño. Esto es solo el principio. En solo dos años de gobierno y teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas, se han podido revertir los principales retrocesos de los últimos cuarenta. Pero además se han puesto las bases para seguir avanzando con algo no menos importante: un cambio de enfoque, un paradigma nuevo que ha llegado para probar que se pueden ganar derechos y empleos al mismo tiempo.

Ya lo hicimos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En 2019 la presión de Unidas Podemos fue clave para que se incrementara un 22,3% hasta los 900€, el mayor aumento en cuatro décadas. Los agoreros del PP y la patronal vaticinaron millones de nuevos desempleados y el apocalipsis laboral, pero no pasó nada de eso, sino todo lo contrario. Hasta la llegada del Covid más de 224.000 personas abandonaron las listas del paro.

Se quedaron sin argumentos. Por eso el SMI ha vuelto a subir hasta alcanzar los 965€ este año, mientras nuestro mercado de trabajo sigue recuperándose. Por eso volverá a subir en 2022 y en 2023 hasta alcanzar como mínimo los 1.100€. Porque hemos demostrado que se pueden subir salarios y crear puestos de trabajo al mismo tiempo y lo hemos demostrado con hechos, haciendo añicos las pizarras de los discípulos neocon de la Escuela de Chicago.

En 2022 volveremos a demostrar por esta misma vía, la de los hechos, que se puede reducir la temporalidad y generar empleo. Que se puede recuperar la negociación colectiva mientras se moderniza nuestra economía, no desde un modelo basado en la precariedad e imitando a los países en vías de desarrollo, sino acercando España a Europa, mejorando la capacidad adquisitiva de nuestra gente y liderando una transición verde en la que nuestro país aspira a mucho más que a esa economía de sol, playa, tapas y cañas a la que nos condenó Rajoy.

Más derechos y más empleos. Con hechos tangibles y no con los dogmas de las viejas recetas económicas. Si llegamos a 2023 con ese bagaje y sumamos algunos apoyos más, estaremos en la mejor disposición para acabar la tarea que nos propusimos al entrar a este gobierno: cambiar de arriba abajo nuestro mercado laboral. Ojo, que Yolanda Díaz solo acaba de empezar.

La semana pasada se debatía en el Congreso sobre el Mar Menor. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico era el escenario. En esta Comisión se debaten todas las propuestas que tienen que ver con la línea de acción de un Ministerio que debe impulsar políticas valientes, en un momento en el que nuestra laguna salada se debate entre la vida y la muerte. Sin embargo, las medidas planteadas por los socialistas murcianos volvieron a quedarse muy cortas.

El Mar Menor no está para estos parches. Ya no hay tiempo. Nuestra laguna salada ha sufrido en las tres últimas décadas los efectos de un urbanismo y una agricultura descontrolados. Los responsables son los que han permitido ese descontrol, aunque decir esto es quedarse corto, cuando lo que han hecho ha sido fomentarlo. Desde aquel Consejero de Agricultura y Medio Ambiente que aseguraba que una lechuga del campo de Cartagena era más ecológica que un pino, hasta su penúltimo sucesor, el que editó en febrero de 2019 una guía para incumplir la Ley de Medidas Urgentes de protección de su propio gobierno.

Ocho meses después se producía la masiva mortandad de peces, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Tras años de dejadez y ocultamiento, el Mar Menor le escupía la verdad a la cara a un gobierno irresponsable y ecocida. Hoy tiran balones fuera, pero la situación catastrófica del Mar Menor tiene un culpable en mayúsculas, con nombre y apellido: el Partido Popular. Los 25 años de gobiernos del PP han sido 25 años de puñaladas al Mar Menor, ahora con la inestimable colaboración de sus socios de gobierno en Ciudadanos.

De Vox y sus grandes soluciones mejor ni hablar. Abrir las golas que conectan el Mar Menor y el Mediterráno sería algo así como amputar una pierna para tratar un esguince. Suena muy loco y ni pagando han encontrado a algún científico dispuesto a avalar tal disparate. Pero mucho ojo, que estos son los socios de López Miras en Murcia, y la historia nos ha enseñado muchas veces que no cabe subestimar a ningún grupo de locos peligrosos, tampoco a los de Vox.

Si queremos revertir la situación debemos ir a la raíz del problema. El Mar Menor recibe cada año 1.600 toneladas de nitratos a través de la rambla del Albujón, a los que hay que sumar los que se filtran por el acuífero cuaternario. Después del ecocidio, todo sigue igual. El Mar Menor acumula ya en total más de 300.000 toneladas de nitratos. Para que puedan visualizarlo, es como si 8.300 trailers, formando una cola de 136 kilómetros y cargados hasta los ejes, hubieran volcado su carga de veneno a las aguas de la albufera.

Por eso no se entiende que el PSOE se pusiera al lado de PP y Ciudadanos para aprobar en la Asamblea Regional el pasado mes de julio la mal llamada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. ¿Cómo puede recuperar y proteger el Mar Menor una ley que permite seguir arrojando nitratos a la laguna, en concreto, 170 kilos por hectárea al año? La solución para el Mar Menor no puede pasar por blanquear las prácticas de una agroindustria, que ha expulsado a nuestra agricultura sostenible tradicional.

Como tampoco se entiende que el PSOE se conformara con una referencia por encima a la cuestión de los nitratos en su Proposición No de Ley. Nuestra laguna no admite ni un nitrato más. Por eso llevamos al Congreso la necesidad de una moratoria indefinida al uso de estas sustancias en la franja de protección. Por eso vamos a seguir insistiendo para los socialistas murcianos se retiren de esa foto del pacto del nitrato con Partido Popular y Ciudadanos.

Pero hay que ir aún más allá. Si este desastre ha sido posible, ha sido solo porque las actuales figuras de protección no son efectivas, porque han fallado estrepitosamente a la hora de proteger al Mar Menor. Por eso defendimos también en la Comisión la propuesta que nos trasladaron las asociaciones en defensa del medioambiente, que piden incluir la albufera en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición. Es el primer paso para un futuro Parque Regional del Mar Menor, que incluya los espacios ya protegidos como Calblanque y las Salinas de San Pedro, y los amplíe con una barrera blindada a los nitratos en torno a la laguna. Es la mayor protección jurídica que puede tener un espacio natural.

Lamentablemente tampoco tuvimos el apoyo del PSOE, pero el debate sobre el Parque Regional ya está abierto y volverá con más fuerza. El Mar Menor es una joya única y debe tener una protección a la altura. Es hora de que algunos se lo crean de verdad. La próxima foto, el próximo pacto, debe ser el de ese futuro Parque Regional de nuestro Mar Menor.