La reciente presentación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de RTVE nos lleva a reflexionar sobre las condiciones que, a nuestro juicio, pueden garantizar que los propósitos que se persiguen con estos planes sean algo más que buenas intenciones sobre el papel.

La discriminación de género en el sector del audiovisual está tan presente, desde cualquier punto de vista que se contemple, que no merece la pena que insistamos en mostrarla y en la necesidad de combatirla. Basta saber que la presencia de los hombres en los ámbitos de mayor relevancia o proyección suele ser el doble o incluso en algunos casos el triple que el de las mujeres.

El propósito de estas líneas es simplemente ofrecer algunas consideraciones que nos parecen fundamentales para que se pueda reducir lo más pronto posible la discriminación en el audiovisual y conseguir que sus empresas, en lugar de seguir reforzando prejuicios y sesgos de género, ayuden a eliminarlos.

En primer lugar, creemos que es fundamental plantear que estos planes deben afectar a la empresa audiovisual a la que se apliquen considerada como un todo. 

Una empresa, cualquiera de ellas y sea cual sea el sector en el que produce bienes o servicios, no es ni puede entenderse como una suma de cajones estancos. Constituye un sistema integrado y complejo cuyo buen funcionamiento depende de la perfecta integración e interdependencia de todos sus subsistemas: personal, comercial, financiero, productivo, comunicativo, etc.

Eso quiere decir que el plan de igualdad que se le aplique debe estar concebido para impregnar al sistema en su conjunto y no solo a una parte de él. No se trata de que se garantice que los recursos humanos de la empresa, la política salarial o de organización funcional, estén gobernados bajo los principios de la igualdad y no discriminación sino que estos deben estar presentes en la empresa como un todo.

Quizá en una dedicada a fabricar ladrillos esto último que acabamos de señalar pueda no ser demasiado relevante. En el caso de las dedicadas a la producción audiovisual resulta, sin embargo, una cuestión esencial.

En estas empresas, el plan de igualdad debe proyectarse y ser efectivo no solo “hacia dentro”, en su interior, sino que también y de modo muy especial debe afectar al producto que la empresa coloca en el mercado.

No tiene ningún sentido que se ponga en marcha un plan de igualdad dentro de la empresa audiovisual si esta sigue generando un producto sexista, que alienta o hace el juego a la violencia de género, fomenta la desigualdad en la sociedad, o una atribución de roles machista o patriarcal. Y quienes conocemos el funcionamiento empresarial de la producción audiovisual sabemos perfectamente que, para conseguir que eso no suceda, no basta con poner en marcha planes formales de igualdad sino que se deben establecer las condiciones materiales que garanticen que los valores de la igualdad y no discriminación impregnen la construcción del relato audiovisual.

Para lograrlo, es fundamental que los planes de igualdad en la empresa audiovisual se planteen y ejecuten como instrumentos para hacer frente, al menos, a cuatro grandes obstáculos que nuestra experiencia nos dice que son la causa más habitual de la discriminación y los sesgos de género que abundan en el sector.

El primero, la inmediatez en la producción de información que lleva a difundirla sin contexto ni profundización, muy superficialmente y con gran improvisación y déficit reflexivo.

El segundo lugar, la falta de especialización que impide que el relato se construya con rigor.

El tercero, el sometimiento al interés puramente comercial que mercantiliza la audiencia en lugar de considerarla como el otro polo, activo y consciente, del proceso de comunicación.

El cuarto, como consecuencia de esto último, es la tendencia a generar bucles, productos pura y artificialmente recursivos que producen una degeneración continuada del producto audiovisual, de la información o incluso del material de entretenimiento.

Estas son, a nuestro juicio, las cuatro principales circunstancias que banalizan la producción y comunicación audiovisual y las convierten en procesos degradados, superficiales y sin aristas que no generan necesidad de profundizar, analizar con sosiego y tomar conciencia de lo que realmente se está viendo o escuchando.

La segunda consideración que nos gustaría señalar creemos que responde a una realidad ampliamente compartida y revelada en multitud de estudios académicos e informes empíricos de todo tipo: en el sector audiovisual (seguramente como en otros, pero desde luego en este) no funciona la autorregulación.

Podríamos dedicarnos horas, días y semanas a debatir sobre la causa de por qué es así, pero lo cierto es que no se puede garantizar que exigencias como las que se puedan establecer en planes de Igualdad se lleven efectivamente a cabo si no hay una regulación y un control específico, ex profeso y riguroso al respecto.

No es ni mucho menos por casualidad que en las democracias más avanzadas del mundo haya algún tipo de autoridad independiente (en Estados Unidos desde 1934, en Alemania desde 1987 y en Francia desde 1989), para evitar que los medios se salten las leyes o que difundan producción audiovisual que atente contra los valores que sostienen la democracia y nos permiten vivir con respeto y en libertad. 

Ya hemos insistido en otras ocasiones que la ausencia de una autoridad independiente de esta naturaleza en España es una auténtica y desgraciada anomalía de nuestra democracia, ya sea producida por servidumbre hacia algunos poderes audiovisuales, o económicos y financieros (porque a veces, tanto da), por debilidad y falta de decisión de los gobiernos, o por un desconocimiento muy lamentable de la realidad del audiovisual. Y ahora hemos de insistir en que, sin ella, se puede tener la certeza de que los planes de igualdad en el audiovisual serán papel mojado.

La última consideración que hacemos no es menos evidente. Los planes de igualdad en las empresas audiovisuales requieren recursos, no es posible que sean eficaces a coste cero.

La experiencia también nos dice que una de las principales razones que provocan los fallos, el relato contaminado por la discriminación y la desigualdad, tiene que ver, además de las razones señaladas, con la precariedad y la falta de formación y profesionalidad con que se crea.

A nadie se le ocurriría en una empresa audiovisual que el relato deportivo, el de justicia o cualquier otro que requiera una mínima especialización, estuviera en manos de personas sin los conocimientos suficientes sobre lo que debiera hablar. Sin embargo, se permite que los que tienen que ver con la igualdad (es decir, prácticamente todos) se diseñen de cualquier forma y por cualquier persona. Algo que hay que evitar y para lo cual, además de voluntad de hacerlo, es necesario que haya recursos.

Y, para terminar, queremos recordar que, a la hora de determinar los costes de estos planes, no solo se pueden tomar en consideración los explícitos de formación profesionalización o elaboración de productos audiovisuales de mayor calidad, rigor y responsabilidad ante la audiencia, como suele ocurrir para poner trabas a su ejecución.

Es obligado considerar también el elevado coste social que supone la producción que envenena a la sociedad, como hemos visto que desgraciadamente ha ocurrido, por ejemplo, cuando la violencia de género se convierte en espectáculo para conseguir audiencia. O el de los productos audiovisuales que, en lugar, de promover valores de no discriminación, igualdad o cooperación, contribuyen a crear un tipo de sujeto social atado a los viejos clichés del machismo, la prepotencia y el desprecio a la corresponsabilidad.

Si los tomamos en cuenta, se entenderá mejor que garantizar el éxito de los planes de igualdad en las empresas audiovisuales, tomando en consideración lo que acabamos de señalar, no equivale a realizar un gasto sino una auténtica inversión, de las propias empresas y de toda la sociedad.

El 8M de este año se celebra en medio de una crisis demoledora y provocada por un virus que también distingue entre mujeres y hombres, en contra de lo que, a primera vista, pudiera parecer. Como dice la profesora de la London School of Economics Clare Wenham, es imprescindible distinguir entre las personas infectadas y las afectadas por la pandemia. La tasa de mortalidad es más elevada entre los hombres, pero la mayor probabilidad de sufrir sus peores consecuencias económicas y sociales la tienen las mujeres, tal y como ya se está empezando a comprobar.

Es bien sabido que las mujeres ocupan los puestos de trabajo menos remunerados y más precarios e inseguros y que están desempleadas o se consideran estadísticamente “inactivas” en mucha mayor proporción que los hombres. Las mujeres, por tanto, disponen de menos ingresos, pueden ahorran menos y, además, suelen tener peor acceso a la protección social, de modo que son más vulnerables en situaciones de crisis. En la causada por la Covid-19 se ven todavía más y peor afectadas porque ocupan en mayor proporción los trabajos, remunerados o no, más sacrificados y que han sufrido una mayor intensificación horaria, por no decir explotación, los sanitarios y los de cuidados. Y, por si eso fuese poco, miles de mujeres han tenido que convivir aún más estrechamente con sus parejas violentas durante el confinamiento, agravándose el “problema de salud mundial de proporciones epidémicas”, en palabras de directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, que sufren cada año las 770 millones de mujeres agredidas por su parejas y exparejas en el planeta.

La pandemia, por tanto, está suponiendo un empeoramiento tremendo de las condiciones de vida de millones de mujeres en todo el mundo y provocará retrocesos históricos en los grandes problemas centrales que, ya con grandes dificultades, se venían planteando en la agenda feminista: brecha salarial, conciliación familiar, violencia de género, pornografía, abuso sexual, mercantilización y venta o alquiler del cuerpo de las mujeres... entre otras expresiones de discriminación y explotación.

Por todo ello sorprende y decepciona que el 8M se conmemore en medio de debates que abordan cuestiones no diremos que sin importancia pero sí realmente periféricas o secundarias y que, además, se desarrollan con formas y expresiones excluyentes, por no decir que -demasiadas veces- totalitarias. Sería fundamental que el debate feminista se centre en los problemas que realmente tienen que ver con la discriminación, la desigualdad, la pobreza o la exclusión que sufren la mayoría de las mujeres del mundo; que no pasen a segundo plano el de las estrategias e instrumentos de los que depende que la agenda feminista pueda salir adelante.

Eso está ocurriendo, por ejemplo, con un asunto que quisiéramos subrayar en este artículo y que nos parece que sigue sin tener la centralidad que merece, pues condiciona el éxito y la eficacia de cualquier otra política encaminada a conseguir la igualdad y el fin de la discriminación de género.

Nos referimos a los escasos avances que se producen en la relación de las mujeres con el sistema de comunicación social.

Los últimos informes sobre la situación, como el Global Media Monitoring Project de 2015, siguen mostrando la enorme desigualdad que se produce en este campo. Algo fundamental porque de ahí se deriva, por un lado, que la narración de lo que ocurre en la sociedad siga reproduciendo sin cesar los estereotipos que justifican la discriminación entre mujeres y hombres; y, por otro, que los instrumentos con los que percibimos e interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor permanezcan sesgados por prejuicios e intereses patriarcales.

Unas pocas cifras como ejemplo muestran la realidad inapelable:

- Solo el 24% (28% en España) de los sujetos de las noticas de los medios son mujeres. Un porcentaje que es aún más bajo (16%) cuando se trata de noticias relativas a política y gobierno.

- Las mujeres solo son consultadas como expertas en el 19% del tiempo dedicado a ello.

- Solo el 37% de las noticias o relatos son reportadas por mujeres. Algo muy relevante porque, cuando eso ocurre, el 14% de sus noticias o relatos se enfocan centralmente en las mujeres, frente al 9% cuando lo hacen los hombres. 

- Al igual que ocurre en otros sectores, aunque las mujeres son mayoría desde hace tiempo en la profesión, a medida que se asciende en las categorías profesionales disminuye su presencia. Así, solo el 27% de los ejecutivos de medios de comunicación de todo el mundo son mujeres. Prácticamente, el mismo porcentaje de los periódicos impresos que en 2020 contaban con una mujer como directora en España (26,6%). En nuestro país, dos de cada tres mujeres periodistas denunciaban en 2020 obstáculos para ascender en su trabajo, según un estudio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

- Todos los análisis muestran que las referencias a las mujeres en los relatos, noticias o informes de los medios suelen referirse a ellas a través de atributos superficiales (apariencias, vestido...) que no se utilizan con los hombres que, por el contrario, se suelen destacar por sus connotaciones más poderosas (profesión, habilidades...).

La situación de las mujeres en el sistema de comunicación que reflejan estos datos no solo implica una discriminación injusta o formal. Significa, como hemos adelantado antes, que el relato que se difunde en la sociedad para que la gente conozca lo que pasa, las claves para poder interpretar la realidad, los instrumentos del saber que capacitan para identificar unos problemas u otros y para optar entre las diferentes soluciones posibles, entre otras cosas, están claramente sesgados. 

La insuficiente y desigual presencia de las mujeres en el sistema de comunicación social impide, en resumidas cuentas, que el conjunto de los seres humanos nos podamos hacer una idea real de lo que sucede a nuestro alrededor. O, lo que es lo mismo, que no podamos ser realmente libres. Discriminar a las mujeres a la hora de construir el relato que nos informa de lo que ocurre y nos permite ser conscientes de nuestros verdaderos intereses, nos esclaviza a todos y a todas por igual, a las mujeres -por supuesto y principalmente- y a los hombres, porque nos convierte en los seres ciegos de los que hablaba Saramago: los que, viendo, no ven.

Es de este tipo de asuntos de los que deberíamos estar discutiendo porque, mientras que los seres humanos y en particular las mujeres, no dispongamos de una capacidad efectiva para percibir con nitidez lo que nos rodea y para dejar a un lado los prejuicios y estereotipos sobre los que se basa la dominación de unos sobre otros y, en especial, sobre otras, no será posible que ningún otro debate feminista pueda convertirse en un auténtico instrumento liberador. Sin poder comunicar y comunicarse en libertad las mujeres seguirán en “la entraña misma del universo masculino”, como escribió Simone de Beauvoir en “El segundo sexo”.

Cambiar la relación de las mujeres con los medios es, pues, imprescindible y, por supuesto, perfectamente posible. Los grandes retos a los que nuestro planeta va a tener que enfrentarse en los próximos años solo podrán resolverse con éxito si la humanidad asume que la igualdad de derechos y la no discriminación entre mujeres y hombres es el punto de partida y si se asumen como principios de la acción humana los del afecto, la cercanía, la cooperación, la sostenibilidad y el cuidado. Es decir, si de una vez por todas entendemos que el universo auténtico de la vida no es el masculino, sino el “contrauniverso” -de nuevo Beauvoir- de las mujeres: el del oikos, lo doméstico, y no el de la mercancía. Algo que solo se puede asumir generalizadamente feminizando el relato sobre los seres humanos que se propaga en el sistema de comunicación.

Lograrlo no es ninguna utopía. Se han dado multitud de experiencias que han permitido, incluso en poco tiempo, feminizar la comunicación y generar otros relatos e imaginarios sociales en medios y redes y se conoce bien el camino que habría que seguir para ponerlas en marcha. 

Con voluntad política, los medios públicos podrían servir de motor y referencia en España, y el movimiento feminista debería seguir siendo el impulsor y catalizador de esos cambios, centrándose en lo esencial y empatizando con la sociedad en su conjunto.