La izquierda, tanto la ciudadana como la política, también ha normalizado otras situaciones fácticas, contra las que hace no mucho luchaban los partidos de izquierdas (o al menos así constaba en sus programas políticos aunque ya no se hace ninguna referencia a ellas). Me refiero a la discriminación ciudadana que se deriva de los privilegios de los que actualmente goza la Iglesia Católica (IC). El antimilitarismo, el antirracismo, el feminismo y el laicismo, entre otros, han sido históricamente valores defendidos por la izquierda política y ciudadana. De todos ellos, es el laicismo el valor al que con mayor claridad han renunciado los partidos de izquierdas (hasta el punto de confundir completamente su significado). Ni PSOE, ni Sumar, ni Podemos (por nombrar partidos de ámbito estatal, pero también podríamos hablar de los de ámbito autonómico) han dado ningún paso firme en defensa de la libertad de conciencia y de la igualdad de la ciudadanía independientemente de sus opiniones o creencias. Al contrario, su programa político ha retrocedido en laicismo, a medida que han ido alcanzando cotas de poder. Ser de izquierdas no es una esencia inalterable inmune a las decisiones políticas y a las ausencias programáticas. Ser de izquierdas significa, entre otras cosas, defender los valores de la izquierda, de palabra y obra. Y el laicismo es uno de ellos.

La defensa del laicismo implica la defensa de la libertad de conciencia en un sentido amplio y para que sea efectiva deben darse condiciones de igualdad, que son incompatibles con la existencia de privilegios relacionados con las creencias religiosas o ideologías políticas. Por eso es necesario que el Estado sea neutral (laico o aconfesional, como se le quiera llamar). El Estado verdaderamente democrático no debería favorecer a ningún colectivo en función de si creen o no en Dios y en qué Dios. Pero lamentablemente en este país existen determinadas creencias religiosas que gozan de privilegios frente a otras creencias (de ciudadanos que o bien profesan otras religiones o que son ateos). La IC es la gran privilegiada. 

Enumerar los muchos privilegios de los que goza la IC en España nos llevaría a sobrepasar con creces la extensión razonable de este artículo, pero hay algunos cuya mención es obligatoria. El Estado español financia a la IC con dinero público (mío, tuyo, de toda la ciudadanía, independientemente de las creencias religiosas de cada contribuyente) a través de la Declaración de Renta (429 millones en 2024 y subiendo); la IC no paga el IBI (la Contribución que pagamos todos por los inmuebles de nuestra propiedad), lo que le supone un ahorro anual de más de 700 millones de euros; al no pagar impuestos de sociedades, de patrimonio, ni plusvalías se ahorra más de 1.300 millones, que se suman a los multimillonarios beneficios que consigue con sus negocios, como alquileres o la venta de entradas (130 millones en 2025 solo en entradas para la Sagrada Familia); la IC recibe casi 800 millones anuales para el pago de profesores de Religión Católica en la escuela pública; otros 40 millones para pagar a los curas en cárceles y hospitales; y así podríamos seguir con muchas otras fuentes de financiación pública de la IC, hasta alcanzar la cifra anual de más de 13.000 millones de euros de dinero público, de las arcas del Estado; un privilegio exclusivo que favorece a una determinada creencia religiosa.

Y no solo se trata de privilegios económicos. La IC dispone de una asignatura en todos los centros escolares públicos para propagar sus creencias con la intención clara de evangelizar al alumnado menor de edad. La IC también cuenta con la prerrogativa para indultar a condenados siempre y cuando estos demuestre su fe católica mediante la incorporación a alguna hermandad de la Semana Santa; la existencia de un arzobispo castrense con grado de general de división o la presencia de la simbología católica en instituciones públicas (colegios, hospitales, ayuntamientos) y en actos institucionales son otros tantos privilegios exclusivos de la IC.

Todos estos privilegios vienen amparados por los Acuerdos que el Estado español firmó con la Santa Sede hace ya casi 50 años. Acuerdos que en su día los partidos de izquierdas se comprometieron a derogar por suponer una clara discriminación de la ciudadanía en función de sus creencias. Esos partidos de izquierdas que están, o han estado en el gobierno de España, han renunciado a revocar estos Acuerdos discriminatorios, hasta el punto de retirar cualquier mención al respecto de sus programas de gobierno. En lugar de denunciar los privilegios de la IC se han dedicado (primero PSOE en solitario y después en coalición con Unidas Podemos y actualmente con Sumar) a consolidarlos e, incluso, a agrandarlos (el gobierno de Zapatero aumentó del 0,52% al 7% la asignación tributaria a la IC). El gobierno progresista ha dado por buena la apropiación de más de 100.000 inmuebles por parte de la IC, privándonos a todos los ciudadanos de un patrimonio que era público y que queda ahora en las manos privadas de la IC por el procedimiento inmoral de la inmatriculación por parte de los obispos. El gobierno legisló para que la IC siguiera disponiendo del altar privilegiado que supone disponer de la asignatura de Religión en la escuela pública. El gobierno ha dejado en un limbo definitivo la ley de libertad de conciencia que podría regular la intromisión de los evangelizadores (católicos o no) en las mentes de los menores de edad. O bien por acción o bien por omisión, los diferentes gobiernos supuestamente progresistas han favorecido a la IC.

Esta semana llegará el Papa de Roma a España. No viene únicamente como Jefe de Estado; viene sobre todo como líder espiritual de una determinada fe religiosa. El gobierno ha preparado mediáticamente el terreno con varias declaraciones de ministros sobre los muchos y muy satisfactorios acuerdos que han alcanzado gobierno e IC. E incluso le abren las puertas del Parlamento para que su presencia en el estrado proyecte la imagen de que este gobierno está en perfecta sintonía con la IC y su líder espiritual. Por si quedara alguna duda de que el gobierno está codo con codo con la IC, el mismo presidente del gobierno asistirá a la misa que ofrecerá el Papa en la Basílica de la Sagrada Familia; sí, el mismo que ha declinado hasta ahora su participación pública como presidente en actos religiosos. 

Y todo esto, lo hemos normalizado totalmente. Poca resistencia ciudadana ha habido contra la violación por parte del ejecutivo español de la aconfesionalidad que debería caracterizar a nuestro Estado y que deberían defender nuestros dirigentes políticos de izquierdas (a los de derechas, lamentablemente se les dio por perdidos para la causa laicista hace mucho tiempo). Y mucha menos oposición hay entre la ciudadanía contra la cantidad ingente de privilegios de los que disfruta la IC, ciudadanía que, en su mayoría, permanece ajena a la pérdida de sus propios derechos, o que considera que la IC y su estatus privilegiado forma parte natural de las tradiciones y del acervo cultural de nuestro país. El problema no solo es que la ciudadanía haya normalizado esta situación, sino que los partidos que dicen ser de izquierdas hayan renunciado a uno de los ideales esenciales de su razón de ser. No sé hasta qué punto son conscientes de que al renunciar al laicismo están renunciando a su propia esencia, pero lo cierto es que los políticos de izquierdas se han acercado a la IC con absoluta naturalidad, llegando incluso a proponerla como referente moral. Y así nos va. Y así nos irá.

El 69,92% de los contribuyentes no hemos marcado su casilla, y cada vez somos más los que nos negamos a ello. Y, sin embargo, el dinero que han recibido los obispos también ha salido de nuestros bolsillos. ¿Cómo es posible? Sencillo. Da igual si eres ateo/a, musulmán, agnóstica, judía, jainista o simplemente es que pasas de financiar a una organización religiosa que se posiciona contra el derecho al aborto o al matrimonio igualitario y que su ideología y su estructura orgánica son profundamente machistas. Da igual lo que pienses; da igual que marques la casilla de la Iglesia o no; el dinero que han recibido es de todos y todas, aunque solo un minoritario 30% de los contribuyentes haya marcado su casilla. Es dinero que en lugar de ir a la hucha común de los españoles, se desvía al bolsillo de esta organización religiosa, gozando así, año tras año, de un privilegio exclusivo que le permite sustraer del erario público una enorme cantidad de millones; dinero que podría emplearse en mejorar las inversiones públicas en sanidad, en educación, en atención a mayores o en infraestructuras.  

Habrá quienes se consuelen pensando que, a pesar de ser cierto que ese dinero podría mejorar los servicios públicos, el destino que le dan los obispos a esos millones podría justificar ese privilegio. Lamento que los datos les decepcionen: el 62% de lo recibido de Hacienda lo destinaron al pago de los salarios de obispos y sacerdotes, al pago de la seguridad social y al funcionamiento de la propia organización obispal. En su Memoria anual no hay referencia alguna a que algo de ese dinero se destinara a Cáritas, mientras se dice que se han gastado 5,7 millones de euros en publicidad y campañas para recaudar más. Decepcionante, ¿no?

Pero aún hay un dato más escandaloso en su Memoria: el conjunto de las diócesis españolas tuvieron en 2024 un superávit de 133 millones de euros. Me surgen al menos dos preguntas: si la X de la renta se planteó para asegurar “el adecuado sostenimiento económico” de la Iglesia, ¿no deberían los obispos devolver a la Hacienda pública el dinero recibido, cuando realmente le sobra el dinero a la Iglesia?; y la segunda pregunta: ¿qué hace la Iglesia católica con el dinero que le sobra, dónde lo guarda, en qué lo invierte? Resulta más que llamativo que le sobren 133 millones a una organización religiosa que alardea de su vocación caritativa y asistencial, como si no existieran pobres en España a los que poder ayudar con ese dinero. Sin embargo, prefieren guardarlo en su hucha particular y realizar inversiones financieras o de otro tipo. En los últimos 7 años, la Iglesia ha creado un Fondo de reserva con más de 360 millones del que no se sabe nada de su destino final, salvo que los beneficiarios de dicho Fondo no han sido los pobres y necesitados del país.

Y acabo. Todo esto puede ser que lo desconozca la ciudadanía en general, incluso aquellos que marcan la X de la Iglesia en la declaración de renta. Seguro que muchos piensan ingenuamente que al marcarla están siendo solidarios, aunque realmente estén actuando insolidariamente con el resto de contribuyentes, pues no es que pongan más dinero para la Iglesia, es que se lo están quitando al conjunto de los españoles. La Iglesia arroja tan poca luz sobre el asunto que puedo entender la ceguera de la ciudadanía. Pero el gobierno no tiene disculpa alguna. A él se le puede aplicar el dicho de que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. El gobierno español es conocedor del superávit de la Iglesia; el gobierno sabe que la Memoria anual de los obispos no justifica realmente el empleo del dinero público recibido: se escamotea información y se mezclan conceptos de tal modo que las cifras económicas están muy lejos de la claridad que nos merecemos los contribuyentes. El gobierno conoce y consiente. Mira para otro lado. Es a él al que hay que exigirle que ponga fin a este privilegio más propio de una época anterior a la democracia. La Iglesia no renunciará a él; al contrario, seguirá pidiendo más y más si este gobierno no lo remedia.

La Iglesia disfruta del privilegio de disponer de una casilla propia en la declaración de renta. Al marcarla el contribuyente está desviando dinero que no es suyo sino de Hacienda (y Hacienda somos todas y todos) a las manos de esta corporación privada que se denomina Iglesia católica, concretamente a la jerarquía episcopal de esta organización. El dinero público que recibe (382,4 millones de euros de la declaración de 2023) no lo emplea en labor social o caritativa. En la Memoria de 2023 que presenta la propia Iglesia no aparece ninguna partida destinada a esa labor caritativa. Ninguna mención a cáritas diocesanas en las dos últimas Memorias; ni un solo euro a la caridad. El 80% de lo recibido por las X de la renta la Igleisa lo destina a salarios de obispos y sacerdotes y a los costes laborales (seguridad social) y de funcionamiento de la propia jerarquía (Conferencia episcopal española). Otras partidas como el gasto en publicidad, labor pastoral, IVA y formación se suman a la principal de salarios. Este dinero se reparte entre las diócesis españolas que son quienes dan cuenta del empleo de las cantidades que reciben. En 2023 las diócesis en su conjunto tuvieron un superávit de 73,6 millones. Dinero que no se gastó en ayudas a las personas vulnerables ni se devolvió al erario público. Directamente se ingresó en su hucha particular para obtener rendimientos financieros y bancarios. Dinero llama a dinero.

En los últimos años, que se sepa, la Iglesia católica ha acumulado un superávit de más de 300 millones de euros. Una cantidad que no se ha gastado en atención a inmigrantes, mujeres vulnerables, personas mayores. No han sido ellos y ellas las beneficiarias, sino que el dinero ha ido a engrosar las cuentas de la propia organización eclesiástica. Pero es que además, en 2023 el conjunto de los salarios de los sacerdotes y obispos creció un 19,8% respecto al año anterior (en ese año el aumento salarial medio de los trabajadores se situó en un 5,3%), al mismo tiempo que la masa salarial de los seglares contratados por la Iglesia descendió en un 16,4% respecto al año anterior. La opacidad de las cuentas que presenta la jerarquía católica nos impide saber si es que les rebajaron el salario a las personas contratadas (al tiempo que subía el del clero) o es que la Iglesia realizó un despido masivo de sus trabajadores asalariados en todo el territorio español. En cualquier caso, no son precisamente datos compatibles con esa imagen que pretende transmitir la Iglesia de organización benefactora de la sociedad.

Los protagonistas de los anuncios publicitarios de la campaña católica se muestran asombrados por lo que acaban descubriendo de la Iglesia tras su viaje en el autobús de la renta. Pero quedarían mucho más asombrados si conocieran el verdadero destino del dinero que desvían los contribuyentes al marcar la X de la Iglesia. Salarios, IVA, publicidad, superávit, intereses financieros. Ese es el verdadero destino de lo recaudado por la Iglesia a través de la Asignación tributaria. La información la proporciona la propia Iglesia en su Memoria, aunque no de manera transparente. En la presentación de su campaña publicitaria, el portavoz confesó que querían combatir la imagen social que para muchos transmite la Iglesia, a la que se refirió con los términos “opaca y pedigüeña”. Creo que no se puede hacer mejor descripción de esta organización en dos palabras. La Iglesia quiere hacer caja un año más gracias a la publicidad engañosa a la que nos tiene acostumbrados.

El pasado viernes coincidieron en el tiempo dos realidades paralelas. La ficción publicitaria de la Iglesia por un lado y la realidad de los datos de Europa Laica por el otro. El contribuyente debe decidir si quiere que sus impuestos sirvan para pagar principalmente los salarios de obispos y curas y que lo que sobre lo guarden en su hucha, o si prefiere que los impuestos se inviertan en sanidad, educación e infraestructuras para el conjunto de la sociedad. La decisión no es difícil de tomar. Solo hay que confrontar los datos con el relato. 

Lamentablemente ha tenido que ser una tragedia de esta magnitud la que nos haya mostrado, con absoluta evidencia, la indiscutible ineptitud de Mazón y su equipo de gobierno. Esta ha sido la primera enseñanza que hemos aprendido. Y, por supuesto, que “dignidad” no rima con Mazón, aunque sí “dimisión”. Pero sin la primera rima, la segunda no puede tener efecto.

También nos ha sembrado una duda razonable sobre la decisión del gobierno central de dejar que Mazón dirigiera la emergencia post-DANA: ¿espíritu de colaboración con el gobierno valenciano dejando al margen rivalidades políticas o cálculo premeditado y maquiavélico del gobierno de la nación para obtener un rédito político? Me resisto a creer lo segundo, aunque con los aires que atraviesan la política, la colaboración entre instituciones de diferente sesgo ideológico es hoy pura ciencia ficción.

Por otro lado, podemos afirmar con absoluta seguridad que la ciudadanía valenciana (y no solo la valenciana, a juzgar por la movilización de muchos voluntarios del resto de España) se ha sentido interpelada por esta desgracia colectiva y que se ha vivido desde la empatía y la solidaridad. Voluntarios y voluntarias, donantes, ONG y empresas particulares. Todas ellas han destinado recursos materiales, que es lo que precisamente necesitan los afectados, para aliviar en lo posible el sufrimiento de las personas damnificadas: alimentos, maquinaria, horas de trabajo, casas de realojamiento, ropa y un largo etcétera.

¿Qué otras instituciones se han significado con su actitud ante esta tragedia humana? Hay otros dos actores sociales cuya reacción ha sido exactamente la misma: dar apoyo moral a los afectados aunque ningún apoyo material. La monarquía ha venido a Valencia en varias ocasiones a ofrecer su apoyo “moral” (una de ellas con lluvia de barro sobre sus cabezas). Y volverán los monarcas a Valencia para asistir a la misa-funeral que organiza el arzobispado valenciano como homenaje a los 222 fallecidos. Nuevamente vendrán cargados de apoyo “moral” para los que han sufrido este drama. Pero ni una sola palabra sobre renunciar en favor de los afectados a parte alguna de los más de 8,4 millones de euros anuales del presupuesto de la casa real obtenidos de los impuestos de los españoles.

Por otro lado, los obispos de la Iglesia Católica organizaron una eucaristía en Madrid que fue, en palabras de la Conferencia episcopal: “lo más radical que puede ofrecer la Iglesia, que es la esperanza en Jesucristo resucitado”. Es decir, lo más, ¡lo más!, que pueden ofrecer los obispos es un rezo en apoyo a los damnificados. Promovieron una colecta entre los fieles para ayudar a los afectados, pero ese dinero salió del bolsillo de los fieles (no del de los obispos) que se convirtieron así en donantes particulares. Los obispos de la Iglesia católica reciben más de 12.000 millones de euros anuales de dinero público. Solo de la declaración de la renta, la Iglesia recibió 360 millones de euros en 2022. La Iglesia no paga impuestos, no paga IBI por ninguno de sus más de 100.000 inmuebles de que dispone entre catedrales, ermitas, pisos y locales (muchos de ellos alquilados y que, por cierto, alguno podrían ceder para los que se han quedado sin sus casas), garajes, terrenos, edificios de universidades, colegios y hospitales religiosos, jardines, edificios monumentales (de los que cobra entrada a los visitantes sin pagar impuestos por lo recaudado). Ni paga el IBI, como sí tendrán que hacer quienes han visto su casa inundada hasta el techo, ni muchos otros impuestos. Cada año a los obispos les sobra dinero del que reciben de nuestros impuestos y en lugar de devolverlo o repartirlo entre las personas necesitadas, deciden invertirlo en productos financieros para obtener el máximo de beneficios (122 millones en el banco en los últimos 5 años). Para mayor enjundia, los mismos obispos declaran que en 2022 no cedieron ni un solo euro a Cáritas del dinero recibido de la X de la renta. ¡Lo único que pueden ofrecer los obispos es una eucaristía y una misa funeral!

La Monarquía y la Iglesia, además de coincidir el próximo lunes 9 de diciembre en Valencia, en el funeral religioso por las víctimas de la DANA, tienen en común el haber perdido una ocasión única para demostrar que tienen alguna utilidad para los españoles. Una ocasión de oro para convencernos de que el pueblo sí les importa. Cuando dispones de recursos económicos como los que disponen los monarcas y los obispos, y te anuncias públicamente como una institución entregada a los súbditos o a los fieles, ofrecer tan solo apoyo “moral” y “unos rezos” es, cuanto menos, una broma pesada. Si, además, tenemos en cuenta que España es un Estado aconfesional, el hecho de que los monarcas se hayan dado tanta prisa en anunciar su presencia en la misa para dar su “apoyo” a los obispos que a su vez les invitan a “rezar”, y que todo esto se hará en Valencia el día 9 de diciembre, fecha en que se celebra el Día Internacional del Laicismo y la libertad de conciencia, entonces ya solo se puede interpretar como una auténtica burla.

Quienes defienden o critican el modelo de financiación singular para Cataluña utilizan, de momento, argumentos especulativos. Realmente nadie ha aclarado cómo se llevará a cabo esa propuesta ni las consecuencias que puede tener para la hacienda catalana y española. Políticos y periodistas no pueden más que especular a partir de la escasa información disponible. El remate sobre esta cuestión lo ponen las interpretaciones contradictorias que hacen los propios firmantes del acuerdo. La crítica más contundente que se puede hacer en este momento es la falta de transparencia.

Como laicista y firme defensor del principio de igualdad de toda la ciudadanía, me llama la atención la doble vara de medir de los políticos (partidos y personas) ante el privilegio nada especulativo de la financiación singular de esa organización religiosa denomina Iglesia católica, formada por su jerarquía y su entorno. Si la financiación singular de Cataluña es un proyecto, la de la Iglesia católica es una realidad consolidada al menos desde 1979. Frente al futurible catalán muchos se rasgan las vestiduras, pero ningún partido político alza la voz contra el privilegio de los obispos, a quienes financiamos todos y todas, independientemente de nuestras creencias religiosas.

La Iglesia Católica está subvencionada por el Estado español con una cantidad estimada en más de 12000 millones de euros anuales. Dinero público, dinero de todas y todos para beneficio de un colectivo. El Estado español financia a la Iglesia Católica por dos vías, la indirecta (a través de la exención de impuestos tales como el IBI, donaciones, de sociedades, transmisiones patrimoniales, etc.) y la directa (inyección de dinero para la realización de sus actividades pastorales, económicas, para sus conciertos educativos, sanitarios, atención a la dependencia, etc.). Y especialmente destaca la asignación tributaria, mecanismo por el cual el Estado costea directamente con dinero público los salarios de obispos y curas y los gastos de la propia organización jerárquica de la Iglesia. En 2022 el montante de dicha asignación ascendió a 360 millones de euros. Además de salarios y gastos de funcionamiento, los obispos gastaron 5 millones en campañas de publicidad (contra el aborto, contra la muerte digna y en la campaña de la X en favor de la Iglesia en la declaración de renta) y otros 5 millones en centros de formación, entre otros conceptos.  Les sobró dinero (22,5 millones de euros) y en lugar de gastarlo en labor caritativa (a la que destinaron la llamativa cantidad de 0 euros), lo invirtieron en productos financieros en busca de beneficios millonarios. Cuestión añadida y aparte son las inmatriculaciones de miles de inmuebles que la Iglesia católica ha realizado con el beneplácito de todos los gobiernos habidos hasta el momento. No solo aumentó exponencialmente su patrimonio; también la Iglesia llena sus arcas todos los años con los ingresos millonarios (libre de impuestos) por las entradas y servicios relacionados con ese patrimonio.

La financiación singular de los obispos peca de todo aquello que se le critica a la propuesta de financiación para Cataluña. Pero lamentablemente la de los obispos no es una especulación, es absolutamente real.  Es el privilegio de una corporación religiosa frente al conjunto de los españoles (la asignación tributaria solo la reciben los obispos católicos). Es completamente opaca (ni la jerarquía católica ni las autoridades fiscales ofrecen información detallada sobre la cantidad total transferida de forma directa e indirecta a los obispos). Es insolidaria (de los 360 millones que recibió la Iglesia católica de la declaración de 2022 no destinó un solo euro a la acción caritativa, tal y como ella misma reconoce). Y tampoco está recogida en la Constitución (solo unos días después de su promulgación se publicaron los acuerdos con la Santa Sede que dan cobertura legal a estos privilegios, acuerdos preconstitucionales en su confección).

Dando por sentado que no son aceptables los privilegios discriminatorios y especialmente los vinculados al género de las personas, al lugar de residencia o a las creencias religiosas o ideológicas, todavía se hace más incomprensible que nuestra clase política no denuncie y ponga fin a los privilegios fiscales y económicos de la jerarquía católica, cuando solo el 18,5% de la población española se autodefine como católico/a practicante. Al fin y al cabo es un porcentaje muy similar al que representa la población catalana respecto al conjunto de los españoles.

La Iglesia invierte alrededor de 5 millones de euros anuales en publicidad cuyo objetivo es absolutamente recaudatorio. En 2022 ingresó 360 millones de euros con la X de la Iglesia: un dinero que, gracias a esas equis, se desvió a las manos privadas de la jerarquía eclesial en vez de aumentar los fondos públicos para educación, sanidad, servicios sociales y otros servicios públicos.

Para esta campaña impositiva, la Iglesia ha producido un audiovisual publicitario para animar a marcar la X de la Iglesia con la intención de generar en el espectador la falsa impresión de objetividad y veracidad de su mensaje, presentándolo con formato de documental. En este audiovisual se nos cuenta que un grupo de personas, que dicen no haber marcado hasta ahora la X de la Iglesia, viajan cada día, durante una semana, en un autobús fletado por la Iglesia para conocer los diferentes proyectos sociales que supuestamente se financian con el dinero recaudado por la X de la Iglesia. Los supuestos ciudadanos y ciudadanas reales del autobús acaban impresionados por la labor social de la Iglesia y convencidos de que este año marcarán la X en su favor.

Cuando la jerarquía eclesiástica hable del dinero gastado en publicidad en 2024, sabremos que gran parte de los 5 o 6 millones habituales se los habrán gastado en la producción y difusión de este enorme spot publicitario. Pero la Iglesia no ha tenido que pagar el total de la campaña publicitaria. Esta vez ha contado con la inestimable ayuda de una cadena televisiva. La Sexta, del grupo atresmedia, ha emitido el audiovisual en su parrilla televisiva como si se tratara de un documental más. Es posible que hasta haya pagado por los derechos de su emisión. Fue en la madrugada del lunes 17 al martes 18, a las 00:45 h. Un audiovisual anunciado previamente en los días anteriores, para que no se lo perdieran los espectadores.

No deja de sorprender que una de las cadenas televisivas de mayor audiencia, programe un falso documental repleto de publicidad engañosa. Si los programadores de La Sexta se hubieran tomado la molestia de analizar mínimamente el contenido, habrían descubierto que con el dinero que recauda la Iglesia a través de la X no se financia ningún proyecto social, ni programas de reinserción de gente que ha pasado por la cárcel, ni programas de ayuda psicológica, ni centros para personas con discapacidad, como se asegura en dicho audiovisual. No se financian centros de acogida de inmigrantes, ni centros de acogida de mujeres maltratadas. Parafraseando a una de las mujeres del audiovisual, “la Iglesia no emplea el dinero de la X de la renta en hacer un mundo mejor”. A poco que hubieran investigado (leyendo por ejemplo el Informe crítico sobre la asignación tributaria de la Iglesia católica, que elabora Europa laica anualmente, o leyendo cualquier artículo publicado a este respecto por asociaciones laicistas, o contactando con responsables de Europa laica), a poco que hubieran investigado, habrían averiguado que casi el 75% del dinero recaudado lo emplea la jerarquía eclesiástica en el pago de salarios y de la seguridad social de curas y obispos, y en gastos de funcionamiento de la propia jerarquía. El resto se reparte entre publicidad, superávit y otros conceptos y sabemos que desde 2022 la Iglesia no destina de ese dinero un solo euro a Cáritas diocesanas ni, por tanto, a proyectos sociales; podrían los programadores haber comprobado con asombro que la Iglesia ha ahorrado en los últimos años más de 122 millones de euros de lo recaudado por la X de la renta, dinero que invierte en productos financieros de alta rentabilidad aunque si cumpliera lo que dice en el audiovisual, podría haberlo empleado en proyectos de asistencia social; y habrían descubierto, con estupor, que desde 2015 a 2021 la Iglesia ha financiado con más de 42 millones del dinero de la X a 13TV, una cadena de televisión propiedad de la Iglesia católica.

No sé qué razones les habrán llevado a los programadores de La Sexta a incluir este audiovisual en su parrilla televisiva; un audiovisual que no es más que un ejercicio de publicidad engañosa. Pero lo que sí sé a ciencia cierta es que les han cedido un espacio publicitario de más de 35 minutos a los propietarios de una cadena de televisión de la competencia. Una buena forma de colaborar con la recaudación millonaria de la Iglesia Católica. Y como siempre, para la Iglesia, un negocio redondo.

El último episodio de este relato lo protagonizan las “monjitas” de Belorado (monjitas, con este diminutivo paternalista es como se han referido a ellas varios tertulianos, realzando así su buenismo intrínseco). Las noticias que llegan hablan de cisma religioso y algunos lo han calificado de “movimiento de empoderamiento” de dichas monjas. La versión ofrecida hasta ahora dice que están hartas de que el obispo les marque lo que pueden hacer o no, y han decidido liberarse de la sumisión ante Roma. Pero no para autoafirmarse, no, sino para someterse  a otro obispo pero excomulgado (por cierto, a ellos no se han referido con el diminutivo “obispitos”). ¿A esto le llaman empoderamiento?. Se ha discutido si han sido víctimas de las argucias y de la avaricia del falso cura que le sirve de fiel escudero al falso obispo (de “falsos” les han calificado algunos tertulianos bajo el presupuesto de que hay una religión verdadera y, por tanto, unos verdaderos sacerdotes; el resto unos impostores). Incluso una supuesta experta en el tema llegó a advertir de los riesgos que conlleva el intrusismo profesional al hacerse pasar ese señor con alzacuellos por verdadero cura y de las consecuencias penales que le podría acarrear. Y para ahondar en ello estableció similitudes con el peso de la ley cuando cae contra los que practican la medicina, la abogacía o la arquitectura de manera ilícita. ¡Curas y médicos situados a la misma altura!. Total, debió pensar la experta, unos curan el cuerpo otros el alma, pero ambos auténticos profesionales de lo suyo. Si no son auténticos curas, entonces son unos farsantes y su actividad puro intrusismo. Ese es el nivel de análisis que nos podemos encontrar estos días en los programas de tertulianos.

Cuando el tema se relaciona con las “monjitas” (en Mallorca también hay lío) o en general con la Iglesia, echo de menos en los tertulianos y tertulianas un análisis más racional y menos condicionado por sus favoritismos y creencias particulares. Se me ocurre que los expertos y expertas podrían haber puesto el foco en el verdadero centro del problema: lucha abierta por la propiedad de unos inmuebles, muy terrenales y nada espirituales. Podrían hablar de la voracidad insaciable de la Iglesia, que le ha llevado a registrar más de 100.000 inmuebles a su nombre sin más documento acreditativo de su propiedad que la palabra del obispo de turno convertido en fedatario público en virtud del privilegio otorgado a ellos (y a nadie más) por la legislación española. Y a la vista está que no piensan renunciar a un solo euro de los miles de millones que pueden obtener por alquileres, ventas o plusvalías. La “pela es la pela” aunque se presente transmutada en ladrillo o argamasa para la construcción. Los expertos mediáticos también podrían hablar de los más de 12.300 millones de euros de dinero público que recibe la Iglesia de manos del Estado español. Podrían hablar de que la X de la Iglesia en la declaración de renta sirve sobre todo para pagar los sueldos de obispos y curas (los auténticos, claro) y no para la caridad, como quieren hacer creer con su publicidad engañosa en los medios de comunicación (0 euros destinó la Iglesia a cáritas diocesanas en el último ejercicio contable). También podrían hablar de que ni las monjas ni los curas, ni los obispos, declaran un solo euro (y no pagan impuestos, por tanto) de sus actividades económicas, llámense postres trufados, misas, cepillo de iglesia, donaciones, recaudación de entradas, alquileres, intereses financieros, etc. Al ser considerada organización sin ánimo de lucro, ninguna orden, ningún monasterio, centro sanitario, parroquia, colegio, abadía, seminario… nada que forme parte de la estructura de la Iglesia paga impuestos como el IBI, sociedades y otros.

En muchos medios de comunicación a la Iglesia se le trata con condescendencia, con permisividad y muchas veces con velada complicidad al compartir intereses y objetivos.  Se construye un relato que intenta ocultar los datos. La Iglesia católica no es una organización buenista, sin ánimo de lucro. Constituye un entramado empresarial y financiero de proporciones bíblicas, destacando por encima de todo en el negocio del “ladrillo”: se ha convertido de lejos en la mayor inmobiliaria particular del Estado español. Y no parece que quiera dejar de serlo, a juzgar por la batalla que tiene planteada entre su propia gente. Si finalmente las monjas de Belorado resuelven la situación con un verdadero cisma, los ciudadanos por lo menos habremos ganado algo. Al dejar de estar bajo el paraguas de la Iglesia católica el ayuntamiento de Belorado podrá girarles a las monjas el recibo del IBI. A ver si entonces sí que lo pagan.

El aborto es un derecho reconocido legalmente, muy a pesar de la derecha (de la reaccionaria y de la muy reaccionaria); los alumnos y alumnas son menores de edad y subirlos a un autobús en horario escolar para asistir a una charla contra el aborto es cuanto menos inmoral (y faltaría por ver si también ilegal); que todo esto lo organice y lo pague el Ayuntamiento de Valencia (con el dinero de toda la ciudadanía) demuestra el cinismo de PP y VOX cuando califican a la Escuela Pública de adoctrinadora: para adoctrinar ya están ellos. El adoctrinamiento religioso, moral o ideológico es reprobable, venga de donde venga. Y PP y VOX, no tienen ningún reparo moral en intentar manipular las conciencias de los estudiantes con su ideología sobre el aborto, la eutanasia, la violencia de género o el feminismo.

Paralelamente, la Conselleria de Educación rebajará una hora, para el curso próximo, la asignatura de Educación en valores (de 2 horas pasará a 1 a la semana). La razón, que el temario es “ideológico”. Yo, que imparto la asignatura, la conozco bien. Se habla de la democracia, la Constitución, la familia como agente socializador, los derechos humanos, la violencia de género, el feminismo, el cambio climático, la economía sostenible, la asertividad, la inteligencia emocional, etc. Se fomenta el uso no dogmático de la razón, la autonomía del pensamiento y la reflexión crítica sobre los temas que conforman la realidad social del alumnado. Pero todo lo que “huela” a diálogo, debate, ejercicio crítico de la razón, espacio de reflexión, PP y VOX lo califican de adoctrinamiento. Ya lo hicieron con Educación para la Ciudadanía y repiten ahora. No quieren que el alumnado aprenda a pensar de forma autónoma, no creen en la libertad de conciencia. Por eso, el lunes fue lo del autobús de la manipulación; por eso el curso que viene dejarán en mínimos la asignatura Educación en valores.

En la Escuela Pública no se niega la violencia de género como quien niega que la tierra es redonda, ni se critica al feminismo como una amenaza para los hombres, ni se habla del pecado del aborto o de la eutanasia, ni se promueven terapias de conversión. De ser así, los estudiantes tendrían, seguro, transporte escolar gratuito, pagado por el Ayuntamiento o la Conselleria.

La escuela tiene la función y la obligación de formar integralmente a los jóvenes, pero se nos olvida que la familia es el primer agente socializador, con un poder educativo que ya quisiera la institución escolar para sí misma. La escuela no debe eludir responsabilidades, pero tampoco las familias deben hacer dejación de funciones. Y en el asunto de la adicción al móvil (como en el resto de asuntos mencionados) las familias son las primeras que deben actuar.

Los padres y madres que defienden vehementemente la prohibición de los móviles en la escuela (algo que, por cierto, ya está regulado en la mayoría de centros escolares), pasan por alto que si el alumnado usa el móvil en el colegio es porque la familia se lo ha proporcionado. Sí, la familia, no el colegio. Obvian que quien lleva un móvil al instituto ha salido del domicilio familiar con el aparato en su bolsillo. Olvidan que las 4 horas diarias de media que pasan sus hijos con el móvil no transcurren en el aula, sino en la intimidad de su habitación o en el salón de su casa, ante la mirada impasible de los padres. Ignoran que el uso de las pantallas no empieza en las escuelas infantiles sino en las comidas familiares, con amigos, o en los paseos en los que se quiere mantener ocupados a los hijos (algunos todavía en el carro de bebé). Los modelos de conductas adictivas al móvil no los copian los adolescentes del profesorado sino de otros adultos.

De la misma manera que prohibir el consumo de tabaco en los institutos no impide que los jóvenes fumen, si quieren, fuera del recinto escolar; del mismo modo, si las familias no asumen su papel como educadores de primera instancia, prohibir el uso de los móviles en la escuela no impedirá la adicción a las redes sociales. El problema no radica en la escuela y, por tanto, tampoco la solución. Si de verdad se quiere abordar con éxito el problema, las familias deberían, en primer lugar, mirarse a sí mismas y, en segundo lugar, dirigir sus esfuerzos contra aquellos que se benefician de esta adicción. Por supuesto, siempre contarán con el apoyo del profesorado.