La Cañada Real está poblada desde hace más de 60 años con una distancia de 14km del centro de Madrid. Un viaje de 20 minutos en coche que resulta ser un viaje al pasado, difícilmente imaginable en pleno siglo XXI.

Un espacio lineal e informal de 16 kilómetros divididos en 6 sectores que discurren por los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, con una alta diversidad cultural, diversidad en las construcciones, y diversidad económica, pero con un denominador común. Se trata de familias trabajadoras, con un parte importante de alta vulnerabilidad, que sufren las crisis de manera acentuada y determinante al carecer de los recursos que ofrece una ciudad.

Desde hace más de cinco meses, el Sector 6, el más poblado, sufre un corte de luz permanente, y el Sector 5, de forma intermitente. Más de 4.500 personas, de ellas 1.800 niños y niñas, carentes de un derecho básico como es el suministro eléctrico. Y esto en un contexto de pandemia, del frío invierno y de sus temperaturas extremas acentuadas por la borrasca Filomena.

Estos cortes de luz están afectando a las condiciones de vida, la salud física, mental y emocional de las personas. Un sufrimiento agravado por la tormenta perfecta de la indiferencia, la inacción y la criminalización de responsables públicos, a la que se suma la imagen sesgada de algunos medios de comunicación. Se culpabiliza a la población de su propia situación. La losa del racismo, de la generalización, de tratar a toda una comunidad por los supuestos delitos de una minoría, se reproducen en esta crisis de manera agudizada. Esto, además de generar discursos de odio, evita que la población mayoritaria perciba estas graves vulneraciones de derechos humanos; solo hay que leer los comentarios en redes sociales.

Durante estos meses las asociaciones vecinales y culturales, lideradas por mujeres, han denunciado con una titánica dignidad y de forma pacífica sus exigencias. Bajo el lema “luz, contratos y mesa de trabajo” se han dirigido a las administraciones y a la compañía eléctrica. La infancia y los jóvenes tienen un papel destacado en todas las acciones. Las organizaciones sociales han emitido comunicaciones, establecido interlocución con responsables a todos los niveles además, las AMPAS, los centros educativos, los sanitarios y las trabajadoras sociales han hecho un llamamiento por los graves riesgos para la población.

Se suman relevantes instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil o el Relator Especial de la ONU sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Olivier De Schutter, que está señalando de manera certera al Estado, y al gobierno español como máximo responsable, a fecha de hoy, sigue sin haber una respuesta al relator. Ya en enero de 2020, el antecesor del Relator actual presentó un informe demoledor exigiendo celeridad en el Pacto Regional para la Cañada.

¿Estamos, o no, en un Estado de Derecho? Formamos parte de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Española o la Convención sobre los Derechos del Niño deberían ser los principales instrumentos garantes, que pongan fin a la vulneración de los derechos de la población y especialmente de los niños y niñas de la Cañada. Pero el entramado de competencias, la complejidad jurídica y la falta de arrojo y voluntad decidida de las instituciones a solucionar situaciones estancadas a lo largo de décadas nos lleva a estar hoy sin soluciones.

Si bien Cañada podría ser el caso extremo, estamos viendo problemas de luz en barrios como Font de la Pólvora en Girona, el Barrio Norte en Granada o El Puche en Almería. Y a esto se añaden terribles acontecimientos como los incendios, el último en un asentamiento de personas temporeras de la campaña agrícola en Palos de la Frontera. 

En definitiva, nos sitúa en un problema estructural y pandémico en este país como es el acceso a una vivienda digna, al derecho a la ciudad, los equipamientos y la garantía de suministros. Como se señala en la Agenda Urbana Española, una hoja de ruta para conseguir pueblos y ciudades más humanos, “la segregación social que se produce en ciertas zonas crea, de hecho, problemas de inestabilidad, como son la inseguridad o la marginación, que tienden a enquistarse entre las poblaciones más vulnerables si no se le dedica la atención adecuada. La desigualdad en el acceso a los servicios básicos, la vivienda, la educación, el empleo, etc. tiene repercusiones en términos socioeconómicos, ambientales y políticos”. 

Es necesario el restablecimiento de la luz en Cañada; nos jugamos mucho, esto no es solo un asunto de Cañada o de determinados barrios, es de justicia una respuesta urgente, primero por las personas, sus niños y niñas perplejos ante los acontecimientos, que nada tienen que ver con las disputas competenciales. Pero, en otro orden, la sociedad civil organizada y las instituciones, si no llega pronto una solución a un problema de esta índole, ¿de qué sirven las Convenciones, los Tratados o las propias instituciones que más tarde o más temprano tendrán que responder? Es un asunto de responsabilidad ética, moral y política.

Tenemos la oportunidad, a través de los Fondos de Recuperación Next Generation de la UE, la propia Agenda Urbana o la futura Ley de Vivienda ahora en debate, para generar un contexto favorable y poner en marcha un Programa de inversiones para asentamientos y barrios en situación de alta vulnerabilidad que suponga un compromiso del conjunto de las Administraciones y aplique un enfoque específico, integral y de coherencia de las políticas públicas. Una estrategia para la regeneración de los espacios más degradados dentro del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana que, de una vez por todas, en una década de inversiones (con fondos europeos FEDER), ponga fin a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial. Esto sería avanzar en la cohesión social y no dejar atrás a ningún barrio o grupo vulnerado y vulnerable. Es ahora o nunca. 

En Cañada existe una hoja de ruta, el Pacto Regional para la Cañada suscrito por la Comunidad de Madrid, propietaria del suelo, los distintos ayuntamientos y la Delegación de Gobierno. Un Pacto que establece los órganos de trabajo, así como los plazos para avanzar hacia una solución definitiva para las personas que viven en Cañada. Pero el tiempo apremia, y cada día que pasa, estos acuerdos cada vez están más en entredicho, unido a la convulsión política actual harán que de nuevo pasen a un segundo plano.