La decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto de ciento sesenta mil personas que han adquirido la nacionalidad a través de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de nietos, abre una puerta muy preocupante, al negar por primera vez el derecho de voto de nacionales españoles. Lo hace además, usando un subterfugio porque la Ley de Memoria Democrática no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y la Instrucción del Ministerio de Justicia tampoco ha sido cuestionado ante los tribunales. Son constitucionales y por tanto, plenamente aplicables. 

En estos momentos en los que una ola reaccionaria recorre el mundo, asumir que haya nacionales sin derecho de voto sienta un precedente muy peligroso para que otros colectivos puedan perderlo. Movimientos como los que piden que las mujeres casadas no voten, presentes ya en los Estados Unidos, se extienden como la pólvora por todo el mundo. Y en este caso, el Tribunal Supremo parece cooperador necesario de esta quiebra del principio de igualdad entre españoles. 

El 29 de noviembre se juegan dos elecciones, la del Congreso de los Diputados y otra de la que se habla bastante menos, la del Senado, que en la próxima legislatura está llamado a cumplir una función esencial para el funcionamiento de nuestro sistema democrático: la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, bloqueada actualmente por el Partido Popular y, avanzada la legislatura, la de diez miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial.  

Un Senado que por su configuración constitucional y su sistema electoral, mayoritario corregido, ha provocado que el Partido Popular haya gozado de mayoría absoluta en la última legislatura. Y lo haya utilizado como ariete contra el gobierno en un burdo intento de frenar el normal funcionamiento del sistema. Recordemos la reforma exprés del Reglamento de la Cámara para retrasar la tramitación de la ley de Amnistía o la creación de Comisiones de Investigación para amplificar los distintos casos de persecución judicial contra el gobierno. 

Para evitar la utilización fraudulenta del Senado es muy importante la acumulación de fuerzas, con la presentación de una única candidatura que aglutine al Partido Socialista con las fuerzas que se mueven a su izquierda. Con ello, no solo se conseguirá recuperar el Senado para que ejerza sus funciones constitucionales, sino que además se mandará un mensaje a la ciudadanía progresista de este país: las elecciones no están perdidas, el futuro no está escrito y se puede ganar. Porque no hay nada más reaccionario que el pesimismo. 

Resulta curioso que la legislatura que nació marcada por el apoyo de Junts a la investidura a cambio de la aprobación de la Ley de Amnistía pueda llegar a su fin, precisamente, por el NO de ese partido a la convalidación de los dos Decretos-Ley de Vivienda que esta semana se debían convalidar en el Congreso. 

Resulta difícil de entender esta manera de proceder de un partido que en Cataluña se encuentra más débil que nunca, asediado por un nuevo competidor de derechas y nacionalista, Aliança Catalana.

No sabemos si el presidente convocará elecciones de manera inmediata o esperará todavía un poco. Lo que parece evidente es que la votación de los Decretos-Ley de Vivienda supone un antes y un después de una legislatura que se inició muy tocada por el ataque de la derecha, que esperaba ganar y que ahora termina gracias al toque de gracia de Junts, en un movimiento que parece difícil de entender.

Esta semana, el problema de la vivienda se ha mostrado con toda su crudeza: Maricarmen, una mujer de 87 años, con el 50 por ciento de discapacidad, sola, ha sido desahuciada por un fondo buitre, propietario de la que durante más de 70 años fue su casa en régimen de alquiler. Un alquiler que pagaba religiosamente.

Aquí han fallado todos: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que tenían que haberle facilitado una alternativa digna. El poder judicial, que tenía argumentos para paralizar el desahucio. Y han fallado las Cortes Generales. En concreto, el Congreso, que hasta en cuatro ocasiones ha impedido la aprobación o prórroga de medidas que permiten paralizar el desahucio de personas vulnerables como Maricarmen. 

Ahora que el problema está sobre la mesa como nunca lo estuvo, toca ser valientes y aprobar medidas contundentes en Consejo de Ministros. Y toca ver qué hacen esta vez PP, Vox y Junts cuando tengan que pronunciarse en el Congreso. Hay muchas Maricarmen en España y no pueden esperar.  

Cada día que pasa se hace más evidente que la derecha de este país no tiene ningún interés en solucionar el drama que están viviendo miles de personas migrantes en Ceuta y sus habitantes, que han visto la ciudad colapsada por personas que deambulan en las calles sin tener donde ir. A la falta de cooperación institucional del propio Vivas, que no había contestado a una solicitud formal de traslado de 500 menores a la península, se suma ahora un nuevo intento del poder judicial de paralizar la instalación temporal en el Puerto de Ceuta de más de mil personas. La derecha, otra vez, usando todos los medios a su alcance para derribar al gobierno legítimo de coalición.

Nunca como en estos momentos la democracia se ha visto tan atacada. Lo está en Estados Unidos, por el intento de Donald Trump de limitar el derecho de sufragio para las elecciones de mitad de mandato a celebrar el próximo 3 de noviembre. Y lo está en España, donde la suspensión cautelar de la Sala II del Tribunal Supremo del derecho de voto de aquellas personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de la Disposición 8ª de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, está poniendo en cuestión la piedra angular de todo sistema democrático, el derecho de voto. 

Recordemos cómo en un Estado Constitucional, el único derecho fundamental que se reconoce solo a los nacionales es el derecho de sufragio, el derecho a participar en la conformación de la voluntad popular. Negar este derecho a personas con nacionalidad española supone atacar frontalmente la democracia, lo que puede acabar alterando la conformación de la voluntad popular. Curioso que, como también hace Trump, el Supremo español se justifica en eso mismo, en el peligro que puede suponer la alteración de los resultados si no se interviene. Y con ese argumento el que puede acabar haciéndolo es el mismo Tribunal. 

La masiva llegada de migrantes a Ceuta ha protagonizado el inicio del curso político y obliga a reflexionar si la aritmética parlamentaria permite gobernar el país o anticipa el fin de la legislatura. La gestión, que ha sorprendido a las autoridades españolas y marroquíes, pecó de optimista ante el retorno de la mayoría de migrantes. La sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente ha sido interpretada y alimentada a través de rumores en redes sociales desde el país vecino. El error de cálculo de las autoridades marroquíes y españolas parece claro, a la espera de la publicación de los informes.

Con la investidura de Moreno Bonilla, el Partido Popular da un paso más, asumiendo definitivamente la prioridad nacional y todos los postulados de la derecha ultra como propios. Ya no se puede alegar excepción, ya no hay vía andaluza que los diferencie. Vox ha conseguido que su agenda ultra pase a formar parte de la agenda de toda la derecha española.

Si a ello sumamos la prioridad nacional que esta semana proponía Aznar, una idea según la cual había que obviar a los nacionalismos de cara a la formación de gobierno para apoyarse únicamente en la derecha española, el proceso ya está completado. PP y Vox formarán a partir de ahora un todo indisoluble que aspira a gobernar España. Veremos si lo consiguen.

Si algo se está viendo de manera clara en las últimas semanas es la confluencia de la agenda parlamentaria de la derecha española, PP y Vox, y ahora también la catalana de Junts con la judicial. Se trata de acabar con el Gobierno de coalición, atacando por tierra, mar y aire.  

Llevamos viéndolo durante semanas con intentos de escenificar una derrota parlamentaria del presidente, sin usar los mecanismos que se tienen para ello. Feijóo se niega a presentar una moción de censura en el Congreso pero trata de colar iniciativas que supuestamente obligarían a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza, en un intento por confundir aún más a una opinión pública ya de por sí saturada. El que pueda hacer, que haga. 

Y mientras tanto, el juez Calama prosigue su investigación a Rodríguez Zapatero sin demostrar si las informaciones facilitadas por Estados Unidos han cumplido las mínimas garantías exigibles en un Estado de Derecho, esto es, la intervención judicial. Y vemos cómo la posesión de unas joyas se convierte en sí mismo en algo sospechoso, olvidando que en nuestro sistema siempre se presume la posesión de buena fe y que, le pese a quien le pese, tener joyas no es un delito en sí mismo. 

En un sistema parlamentario como el español, el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que elige al presidente del Gobierno, tiene la posibilidad de cesarlo a través la moción de censura, sustituyéndolo por otro. Por su parte, el presidente del Gobierno puede disolver las Cámaras y convocar elecciones. 

Lo que no está previsto es que el Congreso apruebe una moción en la que le pida al presidente que disuelva las Cámaras y convoque elecciones. Y por eso, porque no está previsto, la Mesa del Congreso de los Diputados ha inadmitido esta semana unas enmiendas a una moción que iban en este sentido, presentadas tanto por Junts como por el Partido Popular. 

Distinta suerte correrá la misma iniciativa en el Senado, donde el sistema electoral concede una amplia mayoría al Partido Popular, que usará su mayoría absoluta también para que la Mesa de la Cámara Alta permita el debate.

Pero, con independencia de lo que pase en el Senado, este ejercicio de trilerismo constitucional no puede tapar la realidad: que Núñez Feijóo no se atreve a presentar una moción de censura en el Congreso, no solo porque no le den los votos para ganarla, sino porque no tiene un proyecto político para España. 

Esta semana hemos sabido que el Tribunal Supremo se muestra contrario a la concesión del indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión que no sorprende a nadie que haya seguido el rosario de incumplimientos constitucionales que supuso la investigación y posterior condena.

Incumplimientos que también se están produciendo en el caso de las pruebas aportadas por Estados Unidos en el caso Plus Ultra y que provocaron la imputación del ex-presidente Rodríguez Zapatero. En este caso, las pruebas consisten en unas transcripciones de unas conversaciones recabadas por una autoridad gubernamental dependiente del ICE, esa Agencia tan tristemente conocida en los últimos meses y que no cumple con ninguna de los requisitos que nuestro sistema procesal exige para intervenir comunicaciones que puedan servir como prueba en un proceso penal: la autorización judicial previa y una serie de garantías que aseguren que no han sido manipuladas. Nada de eso existe a día de hoy. 

Con independencia de lo que se llegue a averiguar sobre José Luis Rodríguez Zapatero, lo que parece claro a día de hoy es que la investigación se nutre de unas pruebas que no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos en todo proceso penal. 

En los últimos días, las presiones sobre Feijóo para que presente una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez se han redoblado, sin que parezca, al menos de momento, que vayan a surtir efecto. El Partido Popular se encuentra en una situación complicada, incapaz de presentar ante la ciudadanía su proyecto de gobierno alternativo porque pasa por gobernar con Vox, al que ya se ha plegado en tres comunidades autónomas. 

Para ello, el Partido Popular ha tenido que asumir algunos de los postulados xenófobos de Vox, como la prioridad nacional. Y lo mismo ha sucedido en materia de igualdad y no discriminación, desplazando las políticas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista por un concepto rancio de familia, que es el centro ahora de toda protección social. 

Y en Andalucía, de momento, el Partido Popular de Moreno Bonilla guarda silencio.

Veremos que pasa finalmente en la comunidad autónoma más poblada de España, aunque no parece que el PP pueda zafarse, tampoco esta vez, de un gobierno con la ultraderecha.

En los últimos días, estamos asistiendo a un asedio judicial y mediático al Gobierno de Pedro Sánchez que recuerda mucho al vivido por el Gobierno socialista de Felipe González en el 95. A los ya conocidos casos contra su hermano, su mujer y el caso de Ábalos y Cerdán, hemos visto como se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero y cómo se registra la sede del Partido Socialista de Ferraz por el caso Leire Díaz. Todos estos casos conviven en un totum revolutum que no distingue y que persiguen tumbar al Gobierno salido de las urnas en el 23.

Con independencia de que hay asuntos que investigar y que merecen ser esclarecidos, de lo que no cabe duda es que hay todo un ejército cumpliendo aquella máxima de Aznar recordada estos días: el que pueda hacer, que haga. 

Y el poder judicial está haciendo. Y el poder mediático también.

Mientras, tenemos sentado en el banquillo a un exministro del Interior en la causa del caso Kitchen y no se está poniendo el foco ahí. 

Y, a pesar de todo, el Partido Popular de Feijóo continúa esperando a que la fruta madura caiga del árbol, sin atreverse a presentar una moción de censura. Y no porque la perderían, como han reconocido. Sino porque la moción de censura es a la vez un acto de investidura del nuevo presidente y para ello hay que presentar un proyecto de gobierno. Y el Partido Popular no lo tiene. 

El que pueda hacer que haga, porque el Partido Popular, haciendo solo política, no puede. 

Se van a cumplir ya tres años de unas elecciones generales que la derecha de este país creía que tenía ganadas. Y como ya sucediera en el 95, desde la misma noche electoral, se han cuestionado los resultados, se ha tildado al gobierno de ilegítimo y se le ha asediado judicial y políticamente.

Desde el punto de vista judicial, los casos contra Begoña Gómez, el hermano del Presidente o el ex Fiscal General del Estado demuestran un activismo judicial impropio de un Estado de Derecho, que ha contribuido al desgaste del presidente pero no ha conseguido hacerlo caer. 

Desde el punto de vista político, tampoco la estrategia de Núñez Feijóo de encadenar cuatro elecciones autonómicas consecutivas ha conseguido el fin esperado porque aunque el Partido Socialista sale debilitado, el Partido Popular depende cada vez más de Vox. 

Una vez que esa estrategia ha fallado, el Partido Popular trata ahora de presionar a los socios de investidura para que retiren su apoyo al gobierno, aprovechando la imputación del expresidente Rodríguez-Zapatero, conocida esta semana. 

No sabemos si Junts cederá, como cedió en el 95 Jordi Pujol. Por ahora, los socios aguantan a la espera de la declaración del presidente el día 2 de junio. Veremos entonces que pasa y si, como sucedió entonces, nos encontramos ante unas elecciones anticipadas.

La investidura de María Guardiola esta semana ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular, lejos de distanciarse de los postulados racistas y xenófobos de Vox, los va asumiendo como parte de su ideario en un intento por captar el electorado de la fuerza de Abascal.

La inclusión de la prioridad nacional como eje para posibles ayudas constituye, además de una ruptura del principio de igualdad y no discriminación, una auténtica ruina moral porque permite distinguir entre personas a la hora de recibir servicios básicos del Estado. 

Que haya pasado esto además en una Comunidad Autónoma como Extremadura, con un 4% de inmigración, demuestra que el asunto no tiene que ver con un problema social real sino con la intención de Vox de extender su programa xenófobo. La novedad vendría por lo rápido que el Partido Popular está asimilando determinados contenidos, haciéndolos suyos. 

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobaba un proceso de regularización extraordinaria, la séptima, que podría beneficiar hasta a 500.000 personas que ya conviven y trabajan con nosotros. Además de tratarse de una cuestión esencial de humanidad, porque se trata de reconocer derechos a personas que no los tenían, supone un acierto desde el punto de vista económico pues muchas de ellas pasarán a contribuir a través de sus impuestos. 

El proceso se produce, además, en un contexto internacional singular, con Donald Trump liderando una persecución sin precedentes contra los inmigrantes en su país, que son deportados e incluso tiroteados por el ICE sin ninguna garantía. Una vez más, España, con el gobierno de coalición al frente, marcando el camino a la Unión Europea, pocos días después de que Viktor Orban perdiera en las urnas tras dieciséis años en el gobierno de Hungría. 

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Han pasado ya más de 40 días del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán, desatando una guerra que se ha extendido ya a numerosos países, se ha cobrado muchas vidas y amenaza con lastrar a la economía global. Un ataque en el que Israel ha arrastrado a Estados Unidos y cuyo fin trata de boicotear atacando Líbano e incumpliendo la frágil tregua anunciada.

No podemos seguir llamando Guerra de Irán a lo que es una guerra iniciada y dirigida por Israel, en función de sus intereses estratégicos. Después de las miles de personas muertas en Gaza, los ataques se centran ahora en Irán y Líbano en una escalada en la que Estados Unidos se ha visto envuelto y del que no es capaz de salir. 

La falta de previsión y estrategia del presidente de Estados Unidos está dejando en evidencia que no había ni plan ni conocimiento de las capacidades reales de un país como Irán que no ha dudado en atacar objetivos estratégicos en los países aliados de Trump en la zona. Veremos como avanza todo esto pero, mientras tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Estamos ante la guerra de Israel. 

El anuncio de Moreno Bonilla de convocar las elecciones andaluzas el 17 de mayo ha supuesto una sorpresa a pesar de que tenían que celebrarse necesariamente antes de finales de junio. El hecho de que se hayan adelantado unas semanas, demuestra que hay cierto temor a que el viento sople en contra. 

Aunque es difícil calibrar el efecto que pueda tener el complicado escenario internacional en unas elecciones autonómicas, todo indica que el 'No a la guerra', mayoritariamente instalado en la población española, podría pasarle factura a un Partido Popular incómodo con las decisiones de Trump pero incapaz de desligarse de sus posiciones, muy influido por las tesis de Aznar y FAES.

Solo el tiempo dirá si Moreno Bonilla ha acertado, pero los 50 días que quedan hasta la celebración de elecciones, en un mundo en guerra, donde se han roto algunas cadenas de suministro esenciales y la escasez de petróleo amenaza la economía mundial puede ser un período de tiempo muy largo con el viento soplando en contra. Veremos. 

La imagen de los líderes de los 27 países de la UE con el secretario general de la ONU, António Guterres, este jueves en la cumbre de Bruselas escenifica muy bien la esencia de Europa, una entidad jurídica basada en reglas, en el respeto al Derecho y a la democracia frente a la ley del más fuerte que Trump, Netanyahu y sus aliados están tratando de imponer. 

A pesar de los titubeos iniciales de algunos líderes europeos, la posición decidida del Gobierno de España, rechazando la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán, ha conseguido marcar el paso de una Unión Europea que, no sin contradicciones, parece haber encontrado una posición común de rechazo a esta guerra. Esperemos que los elementos trumpistas en el seno de la Unión Europea -Abascal y Ayuso en España- no logren imponer su tesis porque lo que está en juego no es solo la participación en una guerra ilegal. Se busca la desestabilización de la Unión Europea y lo que representa: democracia y derechos. La vuelta a un mundo sin reglas nos llevaría inexorablemente a una supeditación a otras potencias como Estados Unidos. Y en cuanto a nuestro modelo de vida, supondría el fin del Estado de Derecho, como está sucediendo en Estados Unidos. 

La suerte ha querido que al frente del Gobierno de España esté el gobierno de coalición progresista y no Feijóo, que seguiría los dictados de Aznar y FAES: seguidismo de Estados Unidos en su voluntad por hacer caer el orden internacional establecido. Qué distinta sería la posición de Europa si el presidente del gobierno no hubiera plantado cara a Trump, a pesar de sus amenazas. Por eso, en cada elección que se produce en España, no nos jugamos solo como se resuelven los problemas domésticos. Nos jugamos un modelo de vida, el nuestro, el europeo, que apuesta por la democracia y los derechos frente a la Ley del más fuerte de Trump y los suyos. 

La semana en la que se cumplen 22 años de los terribles atentados del 11M en Madrid vuelve a resonar con fuerza el 'No a la guerra' que entonces los españoles y españolas gritamos contra la guerra de Irak y entre cuyas consecuencias se encuentra el terrorismo yihadista que nos golpeó tan duramente.

Hasta ahí los paralelismos, porque entonces Aznar nos llevó con entusiasmo a participar en una guerra para buscar unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Para ello no se escatimaron esfuerzos en convencer a la ONU de que era necesaria y se buscó el amparo del Derecho Internacional, aunque fuera con mentiras. 

Hoy la ONU ha perdido el papel relevante que tuvo entonces, ninguneada por Trump y Netanyahu, que ni siquiera han intentado convencernos de que se seguían las reglas del Derecho Internacional. Y el Gobierno de coalición de nuestro país ha rechazado de plano la participación en una guerra como esta, que se ha extendido ya a más de una docena de países, y ha negado a EEUU la utilización de las bases militares de Rota y Morón.  

En el plano interno, Aznar ha manifestado su apoyo a Estados Unidos e Israel, marcando así la posición del Partido Popular, desconociendo el sentir de la inmensa mayoría de españoles y españolas que vuelve a gritar No a la Guerra.