Esta semana, el Consejo de Ministros aprobaba un proceso de regularización extraordinaria, la séptima, que podría beneficiar hasta a 500.000 personas que ya conviven y trabajan con nosotros. Además de tratarse de una cuestión esencial de humanidad, porque se trata de reconocer derechos a personas que no los tenían, supone un acierto desde el punto de vista económico pues muchas de ellas pasarán a contribuir a través de sus impuestos. 

El proceso se produce, además, en un contexto internacional singular, con Donald Trump liderando una persecución sin precedentes contra los inmigrantes en su país, que son deportados e incluso tiroteados por el ICE sin ninguna garantía. Una vez más, España, con el gobierno de coalición al frente, marcando el camino a la Unión Europea, pocos días después de que Viktor Orban perdiera en las urnas tras dieciséis años en el gobierno de Hungría. 

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Han pasado ya más de 40 días del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán, desatando una guerra que se ha extendido ya a numerosos países, se ha cobrado muchas vidas y amenaza con lastrar a la economía global. Un ataque en el que Israel ha arrastrado a Estados Unidos y cuyo fin trata de boicotear atacando Líbano e incumpliendo la frágil tregua anunciada.

No podemos seguir llamando Guerra de Irán a lo que es una guerra iniciada y dirigida por Israel, en función de sus intereses estratégicos. Después de las miles de personas muertas en Gaza, los ataques se centran ahora en Irán y Líbano en una escalada en la que Estados Unidos se ha visto envuelto y del que no es capaz de salir. 

La falta de previsión y estrategia del presidente de Estados Unidos está dejando en evidencia que no había ni plan ni conocimiento de las capacidades reales de un país como Irán que no ha dudado en atacar objetivos estratégicos en los países aliados de Trump en la zona. Veremos como avanza todo esto pero, mientras tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Estamos ante la guerra de Israel. 

El anuncio de Moreno Bonilla de convocar las elecciones andaluzas el 17 de mayo ha supuesto una sorpresa a pesar de que tenían que celebrarse necesariamente antes de finales de junio. El hecho de que se hayan adelantado unas semanas, demuestra que hay cierto temor a que el viento sople en contra. 

Aunque es difícil calibrar el efecto que pueda tener el complicado escenario internacional en unas elecciones autonómicas, todo indica que el 'No a la guerra', mayoritariamente instalado en la población española, podría pasarle factura a un Partido Popular incómodo con las decisiones de Trump pero incapaz de desligarse de sus posiciones, muy influido por las tesis de Aznar y FAES.

Solo el tiempo dirá si Moreno Bonilla ha acertado, pero los 50 días que quedan hasta la celebración de elecciones, en un mundo en guerra, donde se han roto algunas cadenas de suministro esenciales y la escasez de petróleo amenaza la economía mundial puede ser un período de tiempo muy largo con el viento soplando en contra. Veremos. 

La imagen de los líderes de los 27 países de la UE con el secretario general de la ONU, António Guterres, este jueves en la cumbre de Bruselas escenifica muy bien la esencia de Europa, una entidad jurídica basada en reglas, en el respeto al Derecho y a la democracia frente a la ley del más fuerte que Trump, Netanyahu y sus aliados están tratando de imponer. 

A pesar de los titubeos iniciales de algunos líderes europeos, la posición decidida del Gobierno de España, rechazando la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán, ha conseguido marcar el paso de una Unión Europea que, no sin contradicciones, parece haber encontrado una posición común de rechazo a esta guerra. Esperemos que los elementos trumpistas en el seno de la Unión Europea -Abascal y Ayuso en España- no logren imponer su tesis porque lo que está en juego no es solo la participación en una guerra ilegal. Se busca la desestabilización de la Unión Europea y lo que representa: democracia y derechos. La vuelta a un mundo sin reglas nos llevaría inexorablemente a una supeditación a otras potencias como Estados Unidos. Y en cuanto a nuestro modelo de vida, supondría el fin del Estado de Derecho, como está sucediendo en Estados Unidos. 

La suerte ha querido que al frente del Gobierno de España esté el gobierno de coalición progresista y no Feijóo, que seguiría los dictados de Aznar y FAES: seguidismo de Estados Unidos en su voluntad por hacer caer el orden internacional establecido. Qué distinta sería la posición de Europa si el presidente del gobierno no hubiera plantado cara a Trump, a pesar de sus amenazas. Por eso, en cada elección que se produce en España, no nos jugamos solo como se resuelven los problemas domésticos. Nos jugamos un modelo de vida, el nuestro, el europeo, que apuesta por la democracia y los derechos frente a la Ley del más fuerte de Trump y los suyos. 

La semana en la que se cumplen 22 años de los terribles atentados del 11M en Madrid vuelve a resonar con fuerza el 'No a la guerra' que entonces los españoles y españolas gritamos contra la guerra de Irak y entre cuyas consecuencias se encuentra el terrorismo yihadista que nos golpeó tan duramente.

Hasta ahí los paralelismos, porque entonces Aznar nos llevó con entusiasmo a participar en una guerra para buscar unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Para ello no se escatimaron esfuerzos en convencer a la ONU de que era necesaria y se buscó el amparo del Derecho Internacional, aunque fuera con mentiras. 

Hoy la ONU ha perdido el papel relevante que tuvo entonces, ninguneada por Trump y Netanyahu, que ni siquiera han intentado convencernos de que se seguían las reglas del Derecho Internacional. Y el Gobierno de coalición de nuestro país ha rechazado de plano la participación en una guerra como esta, que se ha extendido ya a más de una docena de países, y ha negado a EEUU la utilización de las bases militares de Rota y Morón.  

En el plano interno, Aznar ha manifestado su apoyo a Estados Unidos e Israel, marcando así la posición del Partido Popular, desconociendo el sentir de la inmensa mayoría de españoles y españolas que vuelve a gritar No a la Guerra. 

Hace una semana del ataque ilegal conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Desde entonces, el conflicto se ha extendido a trece países y se ha cobrado unas mil víctimas. Y ya está teniendo consecuencias sobre el comercio internacional, las bolsas y los precios de los derivados del petróleo. 

Donald Trump vuelve a mostrar su absoluto desprecio al Derecho Internacional, no preocupándose siquiera de justificar el ataque en base a sus reglas. El orden internacional parece haber saltado por los aires dejándonos un mundo sin orden ni concierto. Tampoco ha contado con la autorización del Congreso, paso previo imprescindible según la Constitución norteamericana. Si no entiende de límites internos como va a reconocer los externos. 

En lo que respecta a España, la posición clara del Gobierno de coalición, recogiendo el sentir mayoritario de la opinión pública, no ha gustado al presidente norteamericano, que lleva días amenazando a España. La negativa a dejar que las bases estadounidenses en suelo español sean utilizadas en una guerra ilegal deja clara la posición española, en contra de una guerra que incumple con las exigencias del Derecho Internacional. Sin embargo y de manera inexplicable, el Partido Popular abraza las posiciones de Trump justificando el ataque ilegal y culpando al gobierno español de las consecuencias que pueda traernos la negativa a someternos al presidente norteamericano. 

En la Unión Europea la posición no es unánime, pero parece que empieza a primar un sentimiento contrario a esta guerra ilegal que no sabemos qué consecuencias puede acarrear. Veremos la evolución de todo esto. 

El debate surgido en torno a la necesidad de una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE ha cobrado fuerza en las últimas dos semanas, a raíz de la propuesta de Gabriel Rufián y de la presentación el sábado 21 en Madrid de una nueva coalición formada por Más Madrid, los Comunes, Izquierda Unida y Movimiento Sumar y abierta a nuevas incorporaciones. Parece claro que ante el auge de la extrema derecha, la necesidad de buscar nuevas fórmulas que además de conjurar las trampas del sistema electoral pueda ilusionar a la mayoría progresista de este país se abre camino. 

Más lejos aún van propuestas como la de Javier Pérez Royo, coautor de este videoblog, avanzada en este diario, en el que apuesta por una unidad electoral con el PSOE en el Senado, que en la próxima legislatura tiene que renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, dos piezas fundamentales en el engranaje de poderes constitucionales. Un acuerdo entre toda el ala izquierda con el PSOE impediría además el uso fraudulento de esta Cámara, que está siendo utilizado por el Partido Popular para atacar al gobierno progresista de coalición retorciendo su posición y funciones constitucionales. 

Esta semana una noticia nos ha conmocionado: el DAO de la Policía Nacional, el segundo al mando, ha sido denunciado por un caso de abuso sexual, con agresión incluida. La gravedad de los hechos se ve acrecentada por el cargo que ocupaba este señor, que por suerte ya ha dimitido. 

El caso es distinto al del alcalde de Móstoles, pero el sustrato siempre es el mismo: el patriarcado, una estructura social en la que los hombres siguen ostentando las posiciones de poder y autoridad, en todos los ámbitos, a pesar de los muchos avances que el feminismo ha logrado. Veinticinco años después del caso Nevenka la historias, las historias, siguen repitiéndose. 

Llevamos además unas semanas trágicas en lo que a violencia machista se refiere, con el asesinato de nueve mujeres y una niña de 12 años, hija de una de ellas. Seis de ellas además se encontraban en el sistema Viogen, que ha fallado estrepitosamente. 

Todo ello demuestra que como sociedad aún nos queda mucho camino que recorrer en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que muchos lo nieguen y de que el feminismo sea utilizado como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha, que no cree en la igualdad y que siempre se pone del lado del agresor. 

El líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, hizo una apuesta por adelantear las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón con un doble propósito: desgastar al Partido Socialista en una concatenación de victorias electorales que supusieran, además, el final de la dependencia del PP de Vox. Es cierto que las elecciones celebradas hasta ahora han arrojado malos resultados para el PSOE, pero, sin duda, el gran derrotado es el Partido Popular, que no solo no ha conseguido su propósito de dejar de depender de Vox sino que ahora ve cómo el partido de Abascal aumenta sus exigencias para la investidura de los candidatos populares. Está claro que Vox no tiene miedo a una repetición electoral y que no piensa ceder hasta que se hayan celebrado las autonómicas de Castilla y León. 

En este escenario que se ha dibujado en los últimos tiempos, no podemos dejar de mirar a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos pueden suponer el fin de la democracia estadounidense si Trump consigue imponer su voluntad de terminar con el Estado de Derecho. Y si eso sucede, nos afectará a todos. Veremos qué capacidad de resistencia tiene el sistema democrático estadounidense y la de los países europeos. Los próximos meses nos jugamos mucho.  

En los últimos días el presidente del Gobierno ha recibido duras críticas por parte de Elon Musk, el dueño de la red social X, y de Pável Dúrov, el dueño de Telegram, que llegó a mandar un mensaje masivo a sus usuarios acusando a Pedro Sánchez de imponer un Estado de vigilancia. El ataque se debe a las medidas anunciadas esta semana. Entre ellas, la prohibición de acceder a las redes sociales para los menores de 16 años. 

Pero no es la única medida que está provocando polémica. La decisión del Gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes que ya residen y trabajan en España es una medida que marca la diferencia en un mundo que tiende a criminalizar la inmigración, en pleno auge de la extrema derecha. La opción del Gobierno de coalición, por contra, es la de reconocerles derechos y hacerlo además, de frente, apelando a la dignidad y a razones de justicia social.

Como era de esperar, el accidente de Adamuz se ha convertido en un arma arrojadiza para el PP, que utiliza su mayoría absoluta en el Senado para elevar la tensión política y atribuir la responsabilidad al Gobierno.  

Más allá del control habitual que se produce en el Senado, con preguntas y comparecencias, el artículo 108 de la Constitución establece que “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”. Y es así porque solo el Congreso de los Diputados participa de la investidura del titular de la presidencia del Gobierno (artículo 99 CE) y solo ante el Congreso se puede sustanciar una moción de censura (arts. 113 y 114 CE) o una cuestión de confianza (art. 112 CE).  

Por ello, lo que está haciendo el Partido Popular es un uso torticero, fraudulento, de la Cámara Alta concebida como segunda Cámara sin atribuciones en el nombramiento y cese del presidente del Gobierno. Pero el Partido Popular usa su mayoría absoluta para generar ruido y contribuir al desgaste de un Gobierno al que no pueden derrotar en la Cámara prevista para ello, el Congreso de los Diputados. Se trata de un fraude constitucional en toda regla. 

Esta semana se cumplía un año de la toma de posesión de Trump y aquel discurso delirante que parecía imposible de llevar a cabo hoy no nos lo parece tanto. En tan solo un año ha combatido con fuerza al enemigo interior, amenazando a periodistas, desplegando fuerzas armadas en ciudades demócratas, atacando la autonomía de las Universidades y en general todo aquello que pudiera suponer pensamiento autónomo y crítico hacia su gestión.

En el plano internacional ha hecho saltar todo el orden mundial. Primero, con su apoyo entusiasta al genocidio de Gaza, desconociendo el derecho humanitario y toda la arquitectura institucional sustentada por la ONU, a la que ahora quiere suplantar con su Junta de Paz. Después, con la intervención en Venezuela, secuestrando a su presidente para llevarlo y juzgarlo en suelo estadounidense. Y ahora, con la amenaza sobre Groenlandia, que pone en jaque a toda la Unión Europea.

En los próximos meses nos jugamos la pervivencia de la misma democracia como forma de gobierno. Trump aboga por un modelo autoritario en el que sólo manda él y los que le siguen, desconociendo cualquier tipo de límite jurídico. Nuestro modo de vida, asentado en valores democráticos y en el reconocimiento de los derechos fundamentales podría saltar por los aires si la Unión Europea no apuesta por hacerle frente unida y sin fisuras. Veremos.

Esta semana el Tribunal Constitucional ha dictado varias resoluciones que a pesar de su importancia han pasado desapercibidas por todo el ruido mediático desatado por Trump y su afán imperialista.

La primera de ellas, una resolución que corrige una decisión del Tribunal Supremo que anuló en dos ocasiones la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Menores, por la entonces fiscal general del Estado María Dolores Delgado. El nombramiento, que cumplía con todos los requisitos legales, supuso una vulneración de los derechos fundamentales de Esteban, por quien debería ser su garante, el Poder Judicial, con la gravedad de que se produjo por el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo. Y constituye además un ataque al sistema democrático, negando a la entonces Fiscal General el ejercicio de potestades que tiene constitucional y legalmente atribuidas. El Tribunal Constitucional viene así a corregir una decisión que perseguía deslegitimar a la fiscal general del Estado y al propio Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo, una vez más, haciendo. El que pueda hacer, que haga, como dijo Aznar.

La otra resolución se refiere a la inadmisión reiterada por la Mesa de la Asamblea de Madrid de iniciativas que cuestionaban el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o que implicaban control en la gestión de la pandemia. Con absoluto desprecio a la posición de la Asamblea de Madrid, que tiene encomendada la función de control político del gobierno, el Partido Popular de Ayuso usa su mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara para inadmitir todas aquellas iniciativas de la oposición que le incomodan, con absoluto desprecio a los valores democráticos más elementales. Veremos cómo se da cumplimiento a esta sentencia y si se aplica también en otros parlamentos autonómicos.

El año ha empezado de manera muy convulsa en la escena internacional, con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y trasladándolo a Estados Unidos para juzgarlo por tráfico de drogas. Más allá de todo lo que rodea a esta intervención unilateral, desconociendo el Derecho Internacional, nos demuestra que Trump está dispuesto a cumplir todas sus amenazas. No sabemos si sus declaraciones sobre México o Groenlandia vendrán acompañadas de más agresiones de este tipo. O si sus detractores serán capaces de impedírselo.

En un año, Trump ha hecho saltar muchos de los resortes de una democracia sólida como la estadounidense, pero aún no ha conseguido hacerse con el poder absoluto al que aspira. Veremos si el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución consigue poner freno al proceso de concentración de poder en manos del Presidente y cómo afecta eso al orden internacional, claramente debilitado.

La Unión Europea también se juega mucho con este envite, su propia supervivencia como federación de estados. Hasta ahora no parece que haya sabido responder de manera unitaria y coral a lo sucedido en Venezuela. Tampoco la amenaza que se cierne sobre Groenlandia, dependiente de Dinamarca, país miembro de la UE, ha supuesto una respuesta contundente por parte de la Unión Europea donde siguen pesando las distintas visiones nacionales.

Han pasado 50 años desde la muerte de Franco y el Estado español ha evolucionado hacia un modelo de bienestar, relativamente aceptable, donde las Comunidades Autónomas han sido protagonistas en la prestación de los servicios públicos: educación, sanidad, dependencia... Sin embargo, el modelo lleva años amenazado en algunas Comunidades Autónomas como Madrid, que hace ya mucho que empezaron la senda de la privatización de sus servicios públicos.

Lo hemos visto en las últimas semanas con el caso del hospital de Torrejón o en Andalucía con el tema de los cribados, que no constituyen meras anécdotas sino que son la prueba palpable de que existen dos modelos contrapuestos: el de un Estado fuerte que cuida frente al que privatiza sus servicios convirtiendo a los pacientes en clientes y tratándolos solo cuando resultan rentables. Las Universidades públicas también se han convertido en objeto de políticas privatizadoras que las asfixian económicamente, limitando su papel de ascensor social.

Por eso son tan importantes las elecciones autonómicas que vienen, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, porque nunca como ahora ha estado en cuestión nuestro modelo de bienestar, ese modelo construido sobre la base de que el Estado tiene que prestar los servicios públicos esenciales, con independencia de los recursos que tengas. Un modelo que ahora se ataca abiertamente y que opta por destruir el sistema público de protección creado tras la aprobación de la Constitución.

La condena al fiscal general del Estado, una vez conocida la sentencia, pone en cuestión la calidad de nuestro Estado de Derecho. No se trata de un caso aislado, no es un caso más. Es la victoria de una derecha que no acepta el veredicto de las urnas y usa todo lo que tiene a su alcance para tratar de derrocar al gobierno de progreso. El que pueda hacer, que haga, que dijo Aznar. Y el Tribunal Supremo ha hecho.

Pero el asunto no acaba aquí. Todavía nos queda la decisión del Tribunal Constitucional, máximo órgano en materia de garantía de derechos fundamentales. El ya ex fiscal general tendrá que recurrir en amparo por violación de sus derechos fundamentales. Veremos qué pasa entonces. Antes, tendrá que volver a vérselas con el Tribunal Supremo en el incidente de nulidad de actuaciones, necesario para agotar la vía judicial previa y poder recurrir ante el Tribunal Constitucional. No es esperable que el Supremo rectifique.

Esperamos más del Tribunal Constitucional, porque este caso no es solo un caso. Veremos si el Estado de Derecho es capaz de corregir una situación que pone en jaque la calidad de todo nuestro edificio constitucional. 

Hace unas semanas se cumplían 50 años de la muerte del dictador Franco, que no de la llegada de la democracia, que tardaría aún tres años más. Una anomalía que explica muchos de los problemas que arrastramos hoy.

Para empezar, Franco fue sustituido por el Rey Juan Carlos I como Jefe del Estado, instaurándose así una Monarquía previa al debate constituyente. Con un Rey que juró las Leyes Fundamentales del Reino pero no la Constitución. Una Monarquía que no solo no se pudo discutir sino que vino impuesta y que sería blindada en la Constitución del 78. El Estado franquista continuaba teniendo fuerza aunque carecía de legitimidad. Haría falta tiempo para que la oposición y la ciudadanía, que sí tenían legitimidad, cogieran además fuerza.

Tres años convulsos en los que no hay manifestación pública que no termine con algún muerto, en un recordatorio constante de que se puede volver al régimen anterior.

Tres años largos en los que se configuró un Estado Constitucional en el que los poderes emanan del pueblo, sí, pero no todos. La Monarquía es previa y no se discute.

Tres años que explican muchos de los problemas que aún arrastra nuestro sistema constitucional.

Los datos que vamos conociendo de la condena al Fiscal General avalan la idea de que la decisión de condenarlo ya estaba tomada. No solo hemos visto al presidente del Tribunal en un curso pagado por la acusación (el Colegio de Abogados de Madrid), sino que sus declaraciones a modo de chascarrillo “termino ya, que tengo que poner la sentencia del Fiscal General”, demuestran que la decisión ya estaba tomada antes incluso de producirse la deliberación, incumpliendo todas las garantías del artículo 24 CE, el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Sin duda, la sentencia será anulada. La falta de imparcialidad de varios de los magistrados es notoria. Pero el daño ya estará hecho. Porque lo que se perseguía era atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Igual que en el caso de su hermano. Igual que en la causa contra su mujer. Veremos también en qué queda al final el caso Ábalos. Porque más allá de lo polémico de su entrada en prisión esta semana, el caso parece no tener las dimensiones que se apuntaban al principio. 

Parece claro que ante la falta de contundencia de la acción del Partido Popular, con un líder que no acaba de plantear una alternativa al gobierno, el Poder Judicial, su cúpula, ha decidido tomar cartas en el asunto y ocupar el espacio vacío de oposición que le deja un Feijóo desnortado, incapaz de sacar cabeza ni en las horas más bajas del gobierno. Pero los jueces no deberían hacer política y el riesgo para el sistema democrático es enorme. 

El caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha terminado con una condena de inhabilitación de dos años, una multa de 7200 euros y una indemnización a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso de 10.000 euros. No solo ha sido un proceso plagado de irregularidades desde el principio, sino que hemos conocido el fallo antes de que se haya redactado la sentencia. Además, parece que no hubo deliberación. No hacía falta. Existen motivos para sospechar que la condena al fiscal general estaba decidida desde la apertura del juicio oral. 

El proceso parecía diseñado para obligar a dimitir al fiscal general. Tras no haber ocurrido esto, el Tribunal Supremo ha optado por condenarlo. No se ha atrevido a no hacerlo, pero estamos convencidos de que nadie pensó que el asunto llegaría hasta aquí porque la presión de imputar a un fiscal general le obligaría a este dejar el cargo. Es probable que, si lo hubiera hecho, no habría sido condenado, porque el objetivo se habría cumplido igual. 

Y el fiscal general resistió porque es inocente. Al final, ha sido condenado. Y que el sentido de la sentencia se haya anunciado el 20N parece una conmemoración, como lo han demostrado algunos nostálgicos al celebrar esta aberración del sistema judicial. 

Esta semana hemos conocido el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la conformidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea, en el que refuta los argumentos de los distintos órganos que recabaron la opinión del Tribunal. De confirmarse esta posición en la sentencia, como es previsible, estaríamos ante el fin de un episodio que ha marcado toda la legislatura. 

Recordemos cómo la amnistía acordada entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez provocó la rebelión de las togas, con un episodio inédito en este país, miembros de la judicatura española concentrándose en contra de un texto que no conocían. Luego vino la negativa del Senado a aplicar el trámite de urgencia, previa reforma del REglamento de la Cámara, para dilatar lo máximo posible su aplicación. Aún así, la ley se aprobó y ha sido aplicada a centenares de personas y fue ademas declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. 

Cuando quedan por resolver algunas cuestiones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo atinentes además a los líderes del procés, se plantearon varios recursos ante el TJUE que, de resolver como es previsible, de manera acorde a la opinión del abogado general, supondrá el fin a un episodio que ha marcado toda la legislatura. Veremos si ello supone la vuelta de Junts a la mayoría de la investidura.