En 1561, Felipe II trasladó la corte a Madrid y, sin saberlo, consolidó el germen de un modelo administrativo hipercéntrico que ha sobrevivido hasta nuestros días. Cuatro siglos y cuatro “felipes” después, aquella decisión sigue condicionando la arquitectura del Estado. Lo que ha cambiado —y mucho— es el contexto: si en el siglo XVI Madrid era una ciudad en expansión que necesitaba concentrar funciones, hoy es una megalópolis en tensión, con riesgo de colapso, y cuya centralidad ya no responde solo a razones administrativas, sino también a inercias económicas, sociales, políticas y simbólicas que penalizan al conjunto del país.

Esa vieja simbiosis entre capital y Administración se traduce en una concentración humana y funcional difícil de justificar. De los 242.409 efectivos —excluidos los de las fuerzas y cuerpos de seguridad— que integran la Administración General del Estado, 94.085 trabajan en la Comunidad de Madrid. Es decir, casi un 39% del total, más del triple que en Andalucía, la comunidad más poblada y con una extensión mucho mayor. Ese desequilibrio revela hasta qué punto el centralismo es una estructura instalada, no una decisión contemporánea.

Pero antes de entrar en soluciones, conviene despejar un equívoco. La descentralización no es un capricho ideológico ni una operación cosmética de cara a la galería. No se trata de un gesto simbólico ni de una bandera partidista. Es una reforma de gobernanza con efectos tangibles sobre la vida de las personas. Y, sin embargo, el reciente acuerdo entre Gobierno y sindicatos —que apenas menciona la creación de nuevas oficinas de atención ciudadana— no invita al optimismo en términos de ambición.

La concentración administrativa en Madrid no es solo un mapa de oficinas: es una dinámica. Funciona como un imán que atrae a empresas deseosas de “estar cerca del poder”, consultorías, despachos, firmas de ingeniería, servicios profesionales y un sector terciario que crece para atender a una población en permanente expansión. Ese efecto arrastre genera un círculo vicioso: suben los precios del suelo, se dispara el coste de la vivienda, se saturan las infraestructuras y se tensionan los salarios únicamente para sostener el mismo nivel de vida. La centralización es, también, un problema económico.

Descentralizar —trasladar oficinas, convocar plazas fuera de la capital, crear centros administrativos regionales, extender el teletrabajo— tiene impactos directos y relativamente rápidos. Ayuda a moderar la demanda inmobiliaria, alivia la presión sobre el mercado madrileño y mejora el poder adquisitivo real del funcionariado. Menos gasto en alquiler o hipoteca, menos horas perdidas en desplazamientos y una calidad de vida más equilibrada. No es una entelequia: es el efecto que ya han demostrado otros países cuando han emprendido reformas similares.

En los territorios receptores, la llegada de sedes estatales crea empleo directo e indirecto, dinamiza servicios locales, genera actividad económica y amplía la base fiscal. Pero, sobre todo, envía un mensaje claro: el Estado está aquí, también aquí, no solo allí. Ese “también aquí” es un activo político de primer orden. A ello se suma otra dimensión clave: el equilibrio territorial. La centralidad madrileña actúa como una “aspiradora” que absorbe talento, oportunidades y recursos, generando una transferencia implícita de rentas desde la periferia al centro. Una descentralización bien diseñada puede revertir esa dinámica histórica, redistribuir actividad económica y contribuir a un desarrollo más armonioso. No se trata de quitarle nada a Madrid; se trata de que España deje de depender tanto de un único nodo para funcionar.

La concentración, además, nos vuelve vulnerables. Un fallo localizado puede convertirse en un problema nacional. La experiencia de Filomena, de los cortes energéticos o de las caídas de telecomunicaciones demuestra que cualquier parálisis en Madrid puede cortocircuitar funciones esenciales del Estado. Una arquitectura administrativa distribuida —con nodos operativos estratégicos en distintas comunidades autónomas— genera redundancia, garantiza la continuidad del servicio y reduce el riesgo de fallos sistémicos. La resiliencia no es solo una palabra de moda: es una obligación de cualquier Estado moderno.

Descentralizar no significa dispersar sin criterio ni repartir sedes como si fueran cromos. Significa construir una red de centros interconectados, con funciones claras, protocolos eficaces de coordinación y un uso inteligente de la digitalización y el teletrabajo. Significa pensar el Estado como una red y no como una torre.

Existe también un argumento democrático. Una Administración cercana —física y simbólicamente cercana— fortalece la confianza ciudadana. Acercar la AGE a la ciudadanía facilita el acceso a los servicios, reduce la sensación de distancia institucional y refuerza la legitimidad del Estado. En la denominada España vaciada, la llegada de sedes administrativas supone no solo empleo, sino actividad económica, servicios, oportunidades y una narrativa distinta: la de un territorio que cuenta, que importa, que tiene futuro.

Y hay un beneficio adicional que rara vez se menciona: la diversidad institucional. Equipos que trabajan desde distintas regiones, con conocimiento directo de sus contextos socioeconómicos, tienden a diseñar políticas más adaptadas, más ajustadas y, en consecuencia, más eficaces. La homogeneidad geográfica empobrece la visión; la diversidad la enriquece.

Nada de esto es ciencia ficción. Existen ya proyectos piloto en funcionamiento que prueban la viabilidad y el potencial de una Administración deslocalizada. La pandemia obligó a reinventar la organización del trabajo público en tiempo récord, y el resultado fue mucho más exitoso de lo esperado. La administración aprendió, innovó y demostró que era capaz de funcionar —y de funcionar bien— sin depender de la presencialidad masiva en un único lugar.

Descentralizar la Administración General del Estado no es una panacea ni un bálsamo milagroso. Pero sí es una actualización imprescindible para un país que aspira a ser eficiente, resiliente y justo en términos territoriales. El debate real no es si descentralizar, sino cómo hacerlo con sensatez: mediante planes graduales, pilotos evaluables, protección de los derechos laborales, inversiones sostenidas en infraestructuras digitales y una monitorización constante de resultados.

España tiene hoy la oportunidad de redibujar su mapa administrativo y asumir que el Estado no es, ni debe ser, un punto geográfico concreto. Descentralizar la AGE es devolver a la Administración su sentido original: ser útil a todas las personas, vivan donde vivan. Una reforma que mejora la vida del funcionariado, sí, pero que, sobre todo, refuerza un principio básico de cualquier democracia avanzada: que el Estado esté cerca de quienes lo sostienen.

Como casi siempre que se abre un nuevo debate en nuestro país, lo primero son los comentarios jocosos. No sé si será una reacción natural, pero muchos se toman a broma lo desconocido. Después viene el interés real en la propuesta y, tras ello, todos los agentes políticos tratan de subirse al carro. Como uno de los redactores de la proposición de Ley presentada por Más País para establecer una regulación integral del cannabis, trataré de sortear esa primera fase y adelantarme a la segunda, en la que muchas personas pueden cuestionar, legítimamente, la necesidad o la idoneidad de una normativa como esta. 

¿Por qué establecer una regulación integral del cannabis?

No hay una sola respuesta a esta pregunta, aunque sí hay una que destaca por encima de las demás: por salud. Este argumento, a su vez, se desdobla en dos. En primer lugar, para reducir su consumo, especialmente entre los menores, y limitar las consecuencias perjudiciales de éste. No podemos olvidar que el cannabis es una droga, como el alcohol o el tabaco, y que su utilización no está exenta de riesgos ni de perjuicios. Sin embargo, las cifras de consumo no hacen más que aumentar año a año. Pensamos que la información y la educación son más útiles para desincentivarlo que la represión y las multas. Pero también lo hacemos por la salud física y mental de miles de pacientes que a día de hoy utilizan el cannabis como una forma efectiva de paliar algunas de las peores consecuencias de enfermedades como el cáncer, la epilepsia o la esclerosis múltiple. Estamos convencidos de que una regulación como la que hemos registrado facilitará y mejorará el tratamiento de estas personas, con la seguridad de que se producirá bajo prescripción médica, fomentando la investigación y el desarrollo de nuevas terapias.

En segundo lugar, creemos que es la mejor manera de luchar contra las mafias y el narcotráfico, que se ha convertido en un verdadero problema de orden público en lugares como Andalucía o Catalunya. La falta de regulación es el mejor caldo de cultivo para las organizaciones criminales que, sin una competencia en el suministro por la vía legal, campan a sus anchas en lo que, de facto, es un monopolio de las mafias. La discusión no gira en torno a si esto facilitará el acceso a la sustancia o no, sino si ese acceso será responsabilidad de un Estado que protege a sus ciudadanos o si seguimos dando alas a organizaciones criminales de todo pelaje. La llamada Guerra contra las Drogas ha sido un estrepitoso fracaso, y toca corregir los errores de una política de drogas que ya está siendo revisada en multitud de países.

Y en tercer lugar, por economía. No podemos taparnos los ojos ante los avances legislativos que se están produciendo en los países de nuestro entorno. A las regulaciones establecidas en multitud de Estados como California, Colorado o Washington (y la más que previsible despenalización a nivel federal) se unen las de Canadá, Uruguay, Chile, Argentina o Colombia, que con legislaciones más o menos ambiciosas han abordado de una u otra forma regulaciones del cannabis. Pero no hay que cruzar el Atlántico para observar esta tendencia. Portugal o Alemania ya permiten el consumo medicinal, mientras que Italia ha despenalizado recientemente el autocultivo, y prepara un referéndum para legalizar el uso recreativo de la planta para el año próximo. Ante un escenario internacional como éste, y teniendo en cuenta la posición de privilegio que ostenta nuestro país, sería una necedad no plantearse algo así. España es vanguardia en lo que a cannabis se refiere, contando con algunos de los bancos de semillas (las empresas que desarrollan, producen y distribuyen las diferentes variedades de cannabis) más importantes del mundo, y muchas de las investigaciones más avanzadas en la materia también llevan sello español. Nuestro especial vínculo con América Latina nos da la opción de ser socio preferente y el enlace comercial entre aquel continente y el nuestro. Con estas posibilidades, España estaría en condiciones de ser el mayor productor de cannabis a nivel europeo, sustituyendo en el mercado a las empresas norteamericanas que actualmente suministran esta sustancia a nuestros socios comunitarios. Sirva como ejemplo que un 32% de las importaciones de cannabis medicinal realizadas por Alemania durante el primer semestre del año provenían de Canadá, ante la ausencia de productores en territorio europeo. Además, tal y como indica el estudio realizado por el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, una regulación como la que presentamos podría contribuir al cumplimiento de hasta 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la ONU en la Agenda 2030.

¿Y por qué ahora?

Porque es el momento. Obviamente la regulación integral del cannabis no es un artefacto mágico que consiga la paz en el mundo, pero sí puede contribuir a que nuestro país sea un poquito mejor. En un momento de crisis, como el que atravesamos tras la pandemia generada por la COVID-19, el Estado debe de reforzarse tanto para asistir a los más golpeados por las consecuencias de la pandemia como para pertrecharse de cara a futuras situaciones indeseadas. Nuestra propuesta generaría cientos de millones de euros en impuestos de los que, al menos, un 60% deberán ser destinados a partidas de Sanidad. La posibilidad de reimpulsar nuestro sistema de Salud Pública debería de ser un aliciente hasta para los más reacios. Pero no se trata solo de impuestos, sino también de las miles de cotizaciones y altas en la seguridad social que se derivarían de sacar del oscurantismo y la marginalidad a un sector que, de hecho, ya existe. La Universidad Autónoma de Barcelona publicó un estudio en el año 2018 en el que se calculaba la creación de unos 92.000 puestos de trabajo y 3.300 millones de euros en ingresos públicos fruto de una regulación como la que presentamos. Esta cifra seguramente haya quedado obsoleta, y tras los últimos movimientos en el ámbito internacional, podría incrementarse.

Pero no todo es dinero. Hay casos conocidos, como el de la activista Carola Pérez o el de Juan Manuel Rodríguez Gante, personas que necesitan consumir cannabis para poder resistir los dolores que les producen sus patologías. Si no se hace por los motivos anteriormente expuestos, al menos que sea por una cuestión de humanidad. Hay vidas que no pueden esperar más.

Y es que ya existe un amplio consenso social en torno a la regulación del cannabis. Los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas señalan que un 49,7% de la población española está a favor de una regulación integral del cannabis, frente a un 40,9% que se sitúa en contra. El apoyo a esta medida asciende al 90,1% cuando se pregunta por una regulación del cannabis terapéutico. Nuestra voluntad no es sino que lo que ya es una realidad en la calle, se transforme en Ley.

Anteriormente se han presentado otras propuestas de regulación. ¿Qué tiene la vuestra de especial?

Es cierto que con posterioridad al registro de nuestra proposición, Esquerra Republicana hizo lo propio con su propuesta de regulación. También que Unidas Podemos, como ya había hecho en otras ocasiones, anunció que presentaría su ley durante el mes de octubre, aunque aún no se conocen los extremos de su texto. Con anterioridad se habían desechado otras, como la que presentó Geroa Bai en el Senado, no siendo admitida a trámite con los votos en contra de PP, PSOE y Vox, que actualmente conforman el bloque prohibicionista.

Pero nuestra proposición de ley es, quizás, la más completa, y seguramente la más ambiciosa. Algunas de las principales características de nuestra propuesta son las siguientes:

Estoy seguro de que nuestra Ley Integral del Cannabis será mejorable, y estamos abiertos a que desde el Gobierno, el resto de fuerzas políticas o la sociedad civil se nos hagan llegar propuestas a tal efecto, pero estoy igual de convencido de que con esta propuesta se abre un camino de no retorno, de que estamos iniciando uno de esos debates, como el de la reducción de los tiempos de trabajo o los problemas de salud mental, que se asumen por los españoles y españolas con la madurez de un pueblo que exige ser tratado como adulto. La pregunta ya no es si el cannabis tendrá una regulación o no, la pregunta es cómo y cuándo.

Algo está girando en la política española. Cada día parece más cercano el final de la pelea contra este virus que hace año y medio suprimió nuestra cotidianeidad, destruyendo expectativas y cambiando, por completo, nuestra forma de vida. Cuando esto sucedió, allá por marzo del pasado año, el “saldremos mejores” pasó de ser un mantra, a convertirse en casi un deseo. Probablemente no salgamos mejores de este impasse de año y medio, lo que es seguro es que seremos diferentes. Políticamente, esta transformación social parece estar cristalizando en tres efectos con desigual resultado.

En primer lugar, las prioridades de la ciudadanía han ido virando con el transcurso de la pandemia. En un principio, la mayor preocupación, como era lógico, pasaba por la cuestión de la salud. Los aplausos de cada día a las 8 de la tarde eran la traducción comunitaria de un sentimiento que todos albergábamos: el agradecimiento a nuestros sanitarios y sanitarias que, a pesar de ser un colectivo altamente precarizado, se estaban dejando la vida y la salud por salvar las nuestras. Pero una vez concluido el primer estado de alarma, el sonido de los aplausos acabo disuelto en el ruido de una disputa política cuyos resultados hemos podido palpar en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid. La polarización, la simpleza y el cortoplacismo se han impuesto a la necesidad de replantear nuestro sistema económico y de cuidados.

En segundo lugar, parece evidente, y las encuestas lo están atestiguando, que existe un desgaste enorme del Gobierno de coalición. Moncloa ha permanecido demasiado tiempo impertérrita ante las necesidades de nuestro país. Un Consejo de Ministros ensimismado y más pendiente del anuncio que de la propuesta es la mejor munición para una derecha ultramontana que no duda en promover la guerra del último contra el penúltimo. Habrá notables spin doctors en las filas socialistas que opinen que regalar el gobierno de la Comunidad de Madrid al neoliberalismo más atroz puede ser una oportunidad estupenda para confrontar y presentarse como el mal menor, pero nosotros y nosotras llevamos meses advirtiendo de la necesidad de que Pedro Sánchez tome las riendas, y sea capaz de promover medidas que realmente mejoren las condiciones de vida de una población (especialmente la más joven) que, tras dos crisis seguidas, no puede aguantar más.

Y por último, también con su correspondiente reflejo en los comicios madrileños y en las encuestas publicadas después, se asienta la certeza de que en nuestro país crece una fuerza verde, transversal, feminista, proactiva y cuya prioridad es la justicia social. Nuestros compañeros y compañeras de Más Madrid han obtenido un resultado histórico, aunque agridulce. A pesar de ser capaces de liderar el bloque progresista, y de superar, por primera vez en la historia, al Partido Socialista, no se ha podido cumplir el objetivo: evitar que el fanatismo de Ayuso siga apoltronado en la Puerta del Sol. Los de Mónica García, con casi todo en su contra, han hecho la mejor campaña y han demostrado que hay espacio más que suficiente para un discurso que, ajeno al barro y al maniqueísmo infantiloide, ha puesto sobre la mesa los problemas que de verdad lastran la vida de sus gentes.

Más País Andalucía nace como respuesta a la necesidad de un pueblo, el andaluz (...). No claudicamos ante los que presentan el desempleo como una maldición bíblica, ni ante los que justifican el exilio masivo de jóvenes como “movilidad exterior”.

Somos conscientes de que existe una ola verde que recorre Europa, sirva como ejemplo la más que plausible victoria de Die Grünen (Los Verdes) en Alemania, o las movilizaciones promovidas por los y las más jóvenes, conocidas como Fridays For Future, cuyo principal eslogan es “No hay un planeta B”. Esta ola, que se tornará marea, ya empieza a mojar algunos pies que, molestos, tratan de desvirtuar la potencialidad de un espacio político que no interpela en función de una identidad predeterminada, sino que es capaz de hablar al conjunto de una población que ha de ser consciente de que el cambio climático nos va a golpear a todos, independientemente de nuestra ideología, y especialmente a los que menos tienen. Porque ser “verde” no es una etiqueta más, es una forma de entender la política: la de hacerse cargo de los dolores del día a día, de los problemas de la mayoría, y con la mirada puesta, no en la próxima elección, sino en la próxima generación.

Por eso, humildemente nos presentamos como representantes de esta manera de hacer política para Andalucía. Ante una izquierda que aún no ha sido capaz de purgar el veneno de la corrupción y que anda enfrascada en sus guerras intestinas, nosotros ofrecemos una alternativa, tan radical como simple, tan revolucionaria como amable: un andalucismo real, alejado de la bronca y el folclore, y con la voluntad explícita de teñir de verde y blanco todas y cada una de nuestras instituciones. Sin renuncias, sin fronteras.

Más País Andalucía nace como respuesta a la necesidad de un pueblo, el andaluz, que ha sido sistemáticamente relegado al ostracismo por los partidos que, se llamen socialistas o populares, actúan como franquicias de sus matrices madrileñas. No claudicamos ante los que presentan los datos de desempleo como si fuesen una maldición bíblica, ni ante los que justifican el exilio masivo de nuestros jóvenes como “movilidad exterior”. Si Andalucía ocupa el vagón de cola del Estado Autonómico es por culpa de 40 años de políticas ineficientes e injustas para con los intereses de la mayoría de andaluces y andaluzas.

La tarea es ardua, pero Andalucía tiene los mimbres para convertirse en una potencia a nivel europeo. Creemos que nuestra tierra debería de ser un lugar de atracción del talento, no un vivero de jóvenes que, una vez formados, se ven obligados a escapar del modelo de ladrillazo y chiringuito al que nos han condenado. Los fondos europeos deben de ser el punto de partida para que Andalucía dé el salto, modernizando nuestro sistema productivo y creando empleo verde y de calidad. Desde Más País Andalucía, avanzamos cuatro líneas fundamentales de lo que creemos que debe de ser la Andalucía del futuro:

Pero, para desarrollar estas propuestas, no basta con anunciarlas en campaña electoral, y estamos convencidos de que, más pronto que tarde, serán ideas de consenso. La Junta de Andalucía tiene que convertirse en una Administración emprendedora, que apoye las inversiones en nuestra tierra. Nuestro Gobierno autonómico tiene que ser valiente, y priorizar el empleo y la salud a sus “guerritas culturales” y sus fuegos de artificio. Porque no son bajadas de impuestos para ricos lo que necesita nuestra tierra, sino una reforma fiscal que reequilibre la balanza y proteja a los más frente a los menos.

Recuperemos el orgullo de ser del sur, hagamos valer nuestra historia y nuestro acento ante los que nos quieren hacer de menos, y honremos a los que nos precedieron construyendo una Andalucía mejor que la que nos legaron, de la que no haya que irse y a la que merezca la pena volver, la Andalucía que soñamos, la Andalucía que merecemos.

Yo aún no había nacido cuando José Luis Perales triunfaba con su “Un velero llamado libertad”. Cuatro décadas más tarde, aquel velero hace aguas, naufragando entre las distintas acepciones que se le dan a una palabra, “Libertad”, que resulta una pieza clave de cualquier discurso político actual.

No hace falta tener el oído especialmente entrenado para apreciar que existe una enorme batalla por llenar de contenido un significante en disputa como este y, en plena precampaña madrileña, el que consiga llevarse el gato al agua tendrá mucho camino hecho.

Porque no, la “libertad” no significa lo mismo para todo el mundo. Comentaba con unos amigos que, para nosotros, hijos de la crisis y entrados en la treintena, la libertad es poco más que tener un techo, un salario digno y poder salir al campo de vez en cuando. Nos han cercenado tanto las aspiraciones que ya ni siquiera soñamos con un buen coche, viajar a otros países o disponer de una segunda vivienda en la playa; eso, como el empleo estable, muere con la generación de nuestros padres. Con un paro juvenil que supera el 40% y unas tasas de precariedad indecentes, perdonen nuestra falta de expectativas.

Sin embargo, para Ayuso, los márgenes del debate están mucho más claros. SOCIALISMO O LIBERTAD (Así, en mayúsculas) , escribía en Twitter la todavía presidenta madrileña, minutos después de convocar elecciones. Podría haber sustituido “socialismo” por “estrella de la muerte”, y hubiese dado igual. Para IDA, la libertad es que 60.000 turistas franceses hayan viajado en los últimos meses a la capital del reino para emborracharse como piojos, saltándose todas las medidas sanitarias que en su país sí cumplirían. Y es esta idea de libertad la que practica la derecha española, la que intentan invocar con llamamientos genéricos y articulándose como excusa universal: libertad para no pagar impuestos, libertad para recibir dádivas de empresarios amigos o para pactar con la ultraderecha. Han convertido en un claim publicitario algo que costó sangre, sudor y lágrimas.

Es esta idea de libertad la que practica la derecha española (...) como excusa universal: libertad para no pagar impuestos, libertad para recibir dádivas de empresarios amigos o para pactar con la ultraderecha.

En el extremo opuesto, encontramos la “libertad” que propugnan Mónica García y Más Madrid, en este escaparate político que se ha convertido la CAM. Según su óptica, libertad son condiciones materiales, es llegar a fin de mes, tener una vivienda digna, respirar un aire limpio o que no tengas que recibir una paliza por tu condición sexual. Una libertad vitalista, la de poner la vida en el centro de la gestión pública, en contraposición a un economicismo neoliberal que supedita todo a los sacrosantos mercados. Hubo mucha gente extrañada de que, en plena contienda preelectoral, el diputado Íñigo Errejón preguntase al gobierno sobre salud mental, requiriéndole, entre otras cosas, para que ampliarse las plantillas de psicólogos de nuestra sanidad pública. Seguramente Ayuso y sus correligionarios, que recibieron la pregunta entre atroces risotadas, lo verían como un gasto, pero ¿cuánto cuesta tener a un pueblo deprimido y al borde del colapso? La libertad no existe si tienes que elegir entre comer y poder conciliar el sueño.  

Y entre ambas propuestas tenemos la del candidato Gabilondo, que ya se ha enterado de que hay elecciones. Dio pistoletazo de salida a su precampaña con un vídeo en el que aparecía él, sobre un fondo naranja nada sutil, y absorbiendo en gran medida el discurso que ha desarrollado Ciudadanos durante los últimos años. Tras describirse como soso, serio y formal, una paupérrima carta de presentación para alguien que dice querer presidir una Comunidad Autónoma, presentó su propuesta estrella: “No vamos a subir ni a bajar impuestos”. Porque para el PSOE la libertad es eso, la equidistancia entre el poder económico y los más golpeados por el sistema. Es igual que sea su política fiscal, como este caso, en una comunidad que vive de extraer recursos económicos y personales de la periferia, o su políticas migratorias o de vivienda, que son una mera reproducción de las del Partido Popular. “Estamos en campaña”, sentenció Ábalos, dando carta de naturaleza a la mentira en periodo electoral.

Libertad, como igualdad o justicia, son banderas que a todo el mundo gusta ondear, pero pocos deciden defender. No dejemos que nos roben ideas tan hermosas para envilecerlas, trocearlas y servirlas en raciones individuales. Necesitamos políticas y políticos capaces de hablar de lo real, de acercar el concepto de libertad a los anhelos y padecimientos de un país que está cansado de ruido y necesita horizonte. Nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo.