Esta semana hemos celebrado la firma de un acuerdo histórico. Con la suma de EDP, la última empresa en unirse, hemos logrado un consenso único en el mundo en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales industriales de UGT y CCOO y todas las empresas propietarias de las centrales, nos comprometemos a trabajar por una transición energética justa y equitativa que cuente con la participación de los trabajadores y el talento de las empresas en la generación de nuevas oportunidades. No es una tarea sencilla, pero la fuerza que nos da el saber que estamos juntos nos permitirá afrontar el reto con tenacidad y acierto.

Este acuerdo demuestra nuestro compromiso no solo con la descarbonización, sino también con la protección de los más vulnerables y el diálogo social, así como el de las organizaciones sindicales y de las empresas españolas en la búsqueda de soluciones.

Llevamos trabajando en esta dirección desde que llegamos al Gobierno en 2018. En aquel momento, contábamos con 15 centrales con 31 grupos térmicos y una potencia instalada de más de 10 GW y que generaban el 14% de la electricidad. Sabíamos que teníamos que cumplir con una serie de obligaciones en el ámbito ambiental y que las inversiones requeridas para que estas centrales pudieran seguir funcionando las dejaban, de facto, fuera del mercado. Además, incluso en las centrales que sí habían cumplido con las inversiones, se ha reducido drásticamente la competitividad en los últimos años. A pesar del tiempo perdido, teníamos que afrontar esta situación, y no nos podíamos olvidar de las personas que trabajaban en estas centrales ni de sus familias, ni de los territorios y comarcas donde están ubicadas.

En ese difícil momento, encontramos un escenario de complicidad y comprensión por parte de empresas, sindicatos y de muchas administraciones. Todo este tiempo hemos venido trabajando de la mano. En marzo de 2020, firmamos virtualmente este acuerdo con tres de las empresas propietarias de centrales: Endesa, Iberdrola y Naturgy. Estábamos viviendo una situación extremadamente dura, pero aun así no aparcamos la responsabilidad que teníamos delante.

El paso que damos hoy consolida la alianza que tejimos hace un año. Con este acuerdo, que ya ampara a todas las centrales de carbón, nos comprometemos, entre todos, a acompañar la transición de los trabajadores, a quienes empresas y administraciones tenemos que dar nuevas oportunidades de empleo y formación. Pero también nos comprometemos a generar proyectos innovadores en los territorios que nos ayuden a crear economías locales más diversificadas y sostenibles.

Desde el Instituto para la Transición Justa estamos realizando el seguimiento de las medidas y proyectos en todas las centrales afectadas y estamos trabajando para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia optimice los resultados de los mismos. Entre otros, hemos incluido un programa piloto en coordinación con el SEPE para la recualificación de los trabajadores, incluyendo al grupo más vulnerable, el de los trabajadores auxiliares, que permita su formación en nuevas ocupaciones verdes o la priorización de zonas de transición justa en el desarrollo de nuevas herramientas para un sistema energético 100% renovable, como el desarrollo del hidrógeno verde o el almacenamiento.

También estamos trabajando en el apoyo a proyectos de infraestructuras y servicios municipales necesarios para retener población y a la transformación de otros sectores y pequeñas y medianas empresas en estas zonas a través de los Convenios de Transición Justa, en los que nos hemos propuesto contar con todas las administraciones y agentes del territorio. El cambio nos concierne a todos, y solo si sumamos nuestro talento colectivo alcanzaremos las mejores soluciones. 

Que la transición energética sea justa solo es posible si tomamos decisiones valientes, pero además si el compromiso contempla elementos sociales y laborales. Somos conscientes de que la ciencia no permite treguas cuando hablamos de afrontar el cambio climático, pero también que la descarbonización no se puede hacer sin que personas o zonas se vean excluidas en la transformación. Por eso, en 2019 pusimos sobre la mesa tres elementos igualmente importantes: un proyecto de Ley de Cambio Climático que nos lleve a la plena descarbonización de nuestra economía en 2050, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que acelere nuestros compromisos a 2030 y una Estrategia de Transición Justa que genere oportunidades y confianza en las zonas que se sienten amenazadas por el importantísimo cambio que tenemos que emprender.

Muchas personas en las zonas donde se cierran las centrales de carbón viven una situación de dificultad agravada por la pandemia. Afortunadamente, pese al tiempo perdido, la agenda de transición energética ya está en marcha y las medidas para que sea haga de una manera más justa también. El Plan de Recuperación nos permitirá acelerar esta transformación. El presente es indudablemente complejo, pero a través del acuerdo y la colaboración podemos asegurar un futuro mejor.

Sabemos, ahora más que nunca, que no solo se trata de recuperar el empleo de los cierres o el PIB que nos arrebató la pandemia, sino de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos, en un mundo que ya ha cambiado. Se trata de virar nuestra economía hacia una mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también decididamente más sostenible en términos ambientales.