La gratuidad del transporte público de viajeros en Canarias ha sido, sin duda, una de las medidas más populares y celebradas de los últimos años. No es para menos. En un territorio fragmentado, con desigualdades territoriales evidentes y donde el coste de la vida pesa especialmente en los bolsillos, facilitar el acceso a la movilidad supone abrir puertas: al empleo, a la educación, a la sanidad, al ocio y, en definitiva, a una vida más digna.

Desde que se implementó la gratuidad en las guaguas, el número de viajeros ha aumentado de forma espectacular. Personas que antes no podían permitirse usar la guagua con frecuencia ahora lo hacen a diario. Jóvenes que dependían de terceros han ganado autonomía. Trabajadores que antes tenían que elegir entre gasolina o comida han encontrado un respiro. La medida ha democratizado el transporte y ha contribuido a reducir, al menos en parte, la brecha social. Ese es el lado luminoso de la moneda: más movilidad, más igualdad y más oportunidades.

Sin embargo, como suele ocurrir cuando una buena idea se aplica sin la planificación suficiente, la realidad termina mostrando también su cara menos amable.

El aumento masivo de usuarios no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional del servicio. Y eso se nota, y mucho, en el día a día de miles de personas. Las guaguas pasan llenas, a veces incluso sin detenerse porque ya no cabe nadie más. Las paradas se convierten en puntos de acumulación donde la paciencia se pone a prueba. Usuarios habituales, que antes podían confiar en cierta regularidad, ahora ven cómo su experiencia ha empeorado drásticamente.

El problema no es la gratuidad en sí, sino la falta de previsión. Era evidente que eliminar el coste iba a disparar la demanda. Era previsible que más personas optarían por el transporte público. Y, sin embargo, no se dimensionó adecuadamente la oferta. No se aumentaron las frecuencias de forma suficiente, no se reforzaron las líneas más saturadas, no se amplió la flota al ritmo que exigía la nueva realidad.

Aquí entra otro elemento clave: la incertidumbre. La subvención que sostiene la gratuidad se aprueba año a año. Eso genera una enorme inseguridad en las empresas de transporte. Comprar nuevas guaguas no es una decisión menor: supone una inversión millonaria, con un periodo de amortización largo. No se trata de adquirir unos pocos vehículos, sino de planificar a medio y largo plazo.

¿Quién se atreve a asumir ese riesgo si no sabe si dentro de un año la gratuidad seguirá existiendo? ¿Qué empresa se embarca en una ampliación importante de flota si puede encontrarse, de la noche a la mañana, con una caída brusca de la demanda en caso de que se retire la subvención? La lógica empresarial es clara: prudencia. Y esa prudencia, comprensible desde el punto de vista económico, se traduce en una falta de capacidad para dar respuesta a la demanda actual.

El resultado es un sistema tensionado, al límite, donde la buena intención inicial se ve empañada por la frustración de los usuarios. Porque no basta con que el transporte sea gratuito; tiene que ser también útil, fiable y de calidad.

A todo esto, se suma una paradoja que merece una reflexión más profunda. Si el número de viajeros ha crecido tanto, ¿por qué seguimos viendo atascos descomunales en nuestras carreteras?

Una posible explicación, cada vez más evidente, es que no todos los nuevos usos del transporte público están sustituyendo al coche privado en los momentos clave del día. Cabe pensar que muchas personas, que muchas familias, siguen utilizando el coche en hora punta para llevar a los niños al colegio o para acudir al trabajo, donde la puntualidad y la certeza son imprescindibles. Y, en cambio, recurren a la guagua en horas valle, para desplazamientos más relajados: un paseo por la ciudad, una visita, una tarde de compras o un fin de semana en la playa.

Es decir, la gratuidad ha ampliado el uso del transporte público, sí, pero no necesariamente ha reducido en la misma proporción el uso del coche en los momentos de mayor congestión. Se ha ganado movilidad, pero no siempre se ha transformado el patrón de movilidad. Y eso explica, en parte, por qué las carreteras siguen colapsadas mientras las guaguas también van llenas.

A este fenómeno se suma otro elemento: la propia saturación del servicio en horas punta puede estar actuando como un desincentivo. Si sabes que la guagua va llena o que quizá no puedas subir, es más probable que optes por el coche, aunque eso suponga quedarte atrapado en un atasco. Al final, muchas decisiones cotidianas se toman por fiabilidad más que por coste.

También hay un factor estructural que no se puede ignorar. El modelo de movilidad en Canarias ha estado históricamente muy centrado en el vehículo privado. Cambiar eso requiere algo más que gratuidad. Requiere planificación integral, inversión sostenida, coordinación entre administraciones y, sobre todo, una mejora real y perceptible del servicio.

La gratuidad ha sido un incentivo poderoso, pero no suficiente. Si no se acompaña de una red eficiente, de frecuencias adecuadas, de carriles preferentes, de intermodalidad y de una apuesta decidida por el transporte público como eje vertebrador, el coche seguirá ocupando un lugar central.

Por eso, el debate no debería centrarse en si la gratuidad es buena o mala. La evidencia demuestra que ha tenido efectos positivos indiscutibles. El verdadero debate está en cómo se gestiona, cómo se planifica y cómo se garantiza su sostenibilidad en el tiempo.

Hace falta estabilidad. Si se quiere que las empresas inviertan, hay que ofrecer un horizonte claro. No se puede construir un sistema de transporte sólido sobre decisiones anuales que generan incertidumbre. Hace falta compromiso político a medio y largo plazo.

Hace falta también escuchar a los usuarios. A quienes esperan en las paradas, a quienes ven pasar guaguas llenas, a quienes llegan tarde al trabajo porque no pudieron subirse a tiempo. Sus quejas no son un ataque a la medida, sino una llamada de atención para mejorarla.

Y hace falta, en definitiva, entender que la movilidad es un derecho, pero también un sistema complejo que requiere planificación, recursos y visión.

La gratuidad del transporte público en Canarias es, al mismo tiempo, un logro y un aviso. Un logro porque ha demostrado que es posible facilitar la vida a la gente de forma directa y tangible. Un aviso porque ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema que no estaba preparado para asumir ese cambio.

La moneda tiene dos caras, y ambas son reales. Negar una u otra sería un error. Lo inteligente es mirarlas de frente y actuar en consecuencia.

Porque, al final, de lo que se trata no es solo de subir a una guagua sin pagar. Se trata de poder subir. De llegar. De confiar. De sentir que el transporte público no es una opción de segunda, sino la mejor opción.

La gratuidad abrió la puerta. Pero si no se garantiza un servicio a la altura, esa puerta puede convertirse en un espejismo: accesible en teoría, frustrante en la práctica. Canarias no puede permitirse quedarse a medio camino. O se consolida un sistema de transporte público digno, eficaz y bien planificado, o la gratuidad acabará siendo solo un parche bienintencionado sobre un problema estructural que sigue sin resolverse.

Hay algo profundamente desconcertante en la condición humana. La inmensa mayoría de las personas queremos vivir en paz, despertar cada mañana sintiendo que el día vale la pena, abrazar a los nuestros, reír, caminar sin miedo y soñar con un futuro que nos sostenga. Ese deseo es universal, sencillo en apariencia, pero profundamente esencial.

Y, sin embargo, la guerra sigue ahí, siempre presente, recordándonos lo frágil que es todo. Arrasa hogares, rompe familias, roba sueños. Deja ciudades desoladas, manos vacías y corazones rotos. Donde había amor instala el miedo, donde había risas deja silencio. Y entonces nos preguntamos cómo es posible que, sabiendo todo esto, haya quienes sigan eligiendo la destrucción cuando la vida misma clama por calma.

La guerra no surge de la nada. Nace de decisiones. De quienes entienden el poder como imposición y no como responsabilidad, de quienes creen que el enfrentamiento es más útil que el entendimiento. Líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, simbolizan esa forma de ejercer el poder basada en la confrontación, en la lógica de nosotros contra ellos, en la idea de que la fuerza puede sustituir al diálogo.

Pero ese tipo de liderazgo no se sostiene por sí solo. Necesita un entorno que lo legitime, que lo amplifique y que lo normalice. En ese terreno, la extrema derecha desempeña un papel clave. En España, Vox actúa como un colaborador necesario de esa lógica, alimentando el miedo, endureciendo el discurso y contribuyendo a que posiciones que antes parecían inaceptables hoy se perciban como parte del debate político.

Lo preocupante es que esa deriva no se queda en los márgenes. El Partido Popular, lejos de reforzar un espacio de moderación, ha optado en demasiadas ocasiones por apoyarse en Vox para gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos, asumiendo marcos y discursos que desplazan el centro político y normalizan la confrontación. Cada paso en esa dirección no solo tiene consecuencias institucionales, también moldea la forma en la que convivimos.

Porque la guerra no empieza con bombas. Empieza mucho antes, en las palabras. En los discursos que dividen, que simplifican, que convierten al diferente en una amenaza. Se construye un relato en el que siempre hay un enemigo, alguien a quien señalar, alguien a quien culpar. Y en ese proceso se erosiona algo esencial, la empatía. Dejamos de ver al otro como una persona y empezamos a verlo como un problema.

Detrás de esa lógica hay una constante que se repite a lo largo de la historia, la avaricia. El deseo de poder, de control, de dominio sin límites. Se disfraza de seguridad, de patriotismo, de defensa de intereses, pero en el fondo responde siempre a lo mismo, querer más, aunque el precio sea el sufrimiento de millones. Y cuando esa ambición se desborda, como bien sabemos, termina rompiéndolo todo.

Junto a la avaricia está el miedo, un miedo que no surge solo, que se construye y se alimenta. Miedo al distinto, al extranjero, al que piensa diferente. Ese miedo se amplifica hasta convertirse en una herramienta política. Porque el miedo moviliza y, cuando se dirige contra el otro, sirve para justificar decisiones que en otro contexto nunca aceptaríamos.

Sin embargo, cuando nos detenemos de verdad, cuando miramos a los ojos a quienes sufren, cuando escuchamos sus historias, descubrimos algo que resulta imposible ignorar. Su dolor es igual al nuestro, su esperanza es igual a la nuestra, su deseo de vivir en paz es exactamente el mismo.

Por eso duele tanto esa distancia entre lo que la mayoría desea y lo que algunos promueven. Mientras millones de personas solo queremos vivir tranquilas, cuidar de los nuestros y sentirnos seguras, hay quienes insisten en alimentar la confrontación como si fuera inevitable.

La paz no es un regalo ni un accidente. Es una construcción diaria. Empieza en lo cercano, en cómo hablamos, en cómo escuchamos, en cómo tratamos a quienes son distintos a nosotros. Se construye cuando elegimos entender en lugar de rechazar, cuando tendemos puentes en lugar de levantar muros.

No basta con desear la paz. Hay que defenderla, también frente a quienes la debilitan con discursos que normalizan el enfrentamiento. Cada vez que se justifica la violencia o se banaliza el conflicto, damos un paso atrás. Cada vez que miramos hacia otro lado, dejamos espacio para que crezca la intolerancia.

La mayor tragedia no es solo la guerra. Es acostumbrarnos a ella. Es aceptar que forma parte inevitable del mundo. Es dejar de cuestionarla.

También nosotros tenemos una responsabilidad. La indiferencia, ese gesto aparentemente pequeño de no implicarse, de no mirar, de no escuchar, es el terreno donde crecen los conflictos. Cada historia que ignoramos, cada sufrimiento que no queremos ver, va construyendo poco a poco un mundo más frío, más distante, más propenso a la ruptura.

Y, sin embargo, la historia también nos enseña lo contrario. Nos muestra que la paz ha sido posible gracias a personas que, sin grandes cuotas de poder, eligieron la empatía, la compasión y el diálogo. Gestos sencillos que sostienen la convivencia y que, sumados, tienen una fuerza inmensa.

Si fuéramos capaces de recordar eso cada día, si fuéramos capaces de sentir la vida del otro como propia, quizá nadie elegiría la destrucción. Quizá entonces el mundo dejaría de ser un lugar donde unos pocos deciden sobre el sufrimiento de muchos.

Porque, en el fondo, todo se reduce a una elección. Podemos aceptar la lógica del enfrentamiento o podemos defender la cultura del entendimiento. Podemos dejarnos arrastrar por el miedo o apostar por la empatía.

La guerra es una elección. Y la paz, aunque a veces lo olvidemos, también lo es.

En los últimos años hemos escuchado demasiadas veces que el sistema público de pensiones es “insostenible”, que hay que “meterle la tijera” o que cada cual debe “buscarse su propio plan”. No son meras palabras. Son la expresión de una orientación política que, de aplicarse, debilitaría uno de los pilares más sólidos de nuestra sociedad y pondría en riesgo la seguridad de millones de personas que han trabajado toda su vida.

La pensión de jubilación no es un favor del Gobierno ni un privilegio condicionado por quien esté en el poder. Es un derecho consolidado tras décadas de esfuerzo y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Cada nómina, cada aportación, cada año de trabajo ha servido para garantizar que, al llegar el momento de dejar la vida laboral activa, existiera un respaldo digno y seguro. No hablamos de caridad ni de concesiones temporales. Hablamos de justicia y de reconocimiento a quienes han sostenido el sistema.

Quien ha trabajado 30, 40 o 45 años no solicita un favor, reclama lo que ha ganado con su esfuerzo. La jubilación forma parte de un contrato social que une generaciones: mientras unos trabajamos y contribuimos, el Estado asegura que la vida después del trabajo pueda transcurrir con dignidad. Alterar este equilibrio después de décadas de aportaciones es romper la confianza en las instituciones y en la palabra que sostiene nuestro pacto social.

Algunas personas decidieron complementar su pensión con planes privados. Fue una elección legítima y voluntaria, pero nunca una obligación ni un sustituto del sistema público. La mayoría de la ciudadanía ha organizado su vida confiando en la seguridad que ofrece la pensión pública. Esa confianza no fue ingenua. Se basó en la certeza de que, tras años de contribuciones, la sociedad y el Estado responderían con justicia y coherencia.

Plantear ahora que cada cual debe “buscarse su propio plan” supone alterar las reglas a mitad de partido. Supone trasladar al individuo una carga que siempre ha sido colectiva. Convierte un derecho compartido en una cuestión de recursos personales y genera desigualdad. Quienes tienen medios podrán asegurarse una jubilación cómoda; quienes no, dependerán de decisiones políticas inciertas. Ese no es el camino de un Estado que protege a todos, sino de uno que deja vulnerables a quienes más han trabajado.

Las pensiones no necesitan justificación añadida ni relatos emocionales para ser defendidas. No hay que explicar para qué se usan. No hay que demostrar utilidad social. No hay que argumentar su impacto en terceros. La pensión es un derecho propio, generado con décadas de cotización obligatoria. Es el resultado de una contribución directa, constante y verificable durante toda una vida laboral. Y cuando algo se ha pagado durante 30 o 40 años, no se mendiga: se exige. No es una ayuda condicionada, es una obligación del sistema con quien lo sostuvo.

Discutir la sostenibilidad del sistema es legítimo: toda política pública debe adaptarse a cambios demográficos y económicos. Pero hay una línea clara que no se puede cruzar: presentar la pensión pública como irremediablemente insostenible no es una mejora, sino un retroceso. Preparar el terreno para sustituirla por un modelo privado traslada el riesgo del Estado al ciudadano, dejando a millones expuestos a la incertidumbre.

Defender las pensiones no es retórica ni un lujo: es justicia. Significa proteger la vida digna de quienes ya perciben una pensión y de quienes nos jubilaremos en el futuro. Cuestionar estos derechos no es una propuesta, sino un ataque al contrato social que sostiene nuestra democracia y la seguridad que da sentido a décadas de esfuerzo.

El verdadero riesgo para nuestro sistema no nace de quienes lo defienden, sino de quienes lo cuestionan abiertamente. El Partido Popular y Vox han dicho que el modelo público no se puede sostener y que debe reemplazarse por otro privado. Son ellos quienes ponen en juego la estabilidad de las pensiones y, con ello, la vida digna de millones de ciudadanos.

Por eso, defender el sistema público de pensiones es un compromiso intergeneracional. Mientras haya quienes ya disfrutan de su pensión, quienes trabajamos y quienes trabajarán en el futuro, habrá quienes se levanten para proteger lo que es justo. Y debemos dejar claro que, si el Partido Popular y Vox insisten en sustituir nuestro modelo público por uno privado, serán ellos, y no nosotros, quienes pongan en riesgo la seguridad y la dignidad de todos. Y no podemos permitirlo.

En Canarias se habla del “reto demográfico” como si fuera un asunto técnico, una categoría abstracta que se resuelve con informes y estadísticas. La realidad, sin embargo, es mucho más tangible y urgente: la población crece a un ritmo que las islas no pueden absorber, y los efectos ya se sienten en la vida cotidiana. Este fenómeno no se refleja solo en cifras. Se ve en cada carretera colapsada, en cada joven que no encuentra vivienda, en cada aula saturada, en cada hospital con listas de espera interminables y en unos servicios públicos que funcionan al límite.

El crecimiento poblacional en Canarias no es casual. Existe un patrón claro: detrás del turismo llega población residente. Más visitantes generan más actividad económica, más empleo y, en consecuencia, más personas que se trasladan a las islas para trabajar. Este denominado Efecto Llamada no es ni bueno ni malo en sí mismo. Pero cuando supera la capacidad de los servicios públicos y las infraestructuras, genera una tensión constante que afecta a todos los canarios y canarias.

Hace más de veinte años, cuando comenzaban a vislumbrarse estas tensiones, el Gobierno canario buscó orientación en la Unión Europea. La respuesta fue directa: la solución estaba en nuestras manos. Los responsables europeos recomendaron limitar el Efecto Llamada, evitar un desarrollismo desenfrenado y acompasar el crecimiento económico al crecimiento poblacional. La idea era simple: un territorio finito no puede expandirse indefinidamente sin consecuencias.

En 2001, Canarias dio un paso decisivo: se estableció una moratoria turística que desclasificó 400.000 camas. En 2003, el Parlamento aprobó una ley que confirmó que la comunidad autónoma podía limitar su crecimiento poblacional. Aquella decisión no supuso ninguna carga económica para el erario público y demostraron que se podía actuar con firmeza sin comprometer las finanzas. Sin embargo, a partir de 2003 se retomaron políticas basadas en el crecimiento constante (el desarrollismo), priorizando el aumento de visitantes y sustituyendo la planificación territorial por un urbanismo ligado a proyectos concretos. El resultado fue previsible: el Efecto Llamada regresó, y con él, el crecimiento poblacional descontrolado.

Hoy, las consecuencias son evidentes. Canarias enfrenta emergencias climática, hídrica y energética; una crisis de vivienda sin precedentes; infraestructuras saturadas y servicios públicos tensionados. Las familias soportan alquileres inasumibles, los hospitales y colegios operan al límite y el transporte público resulta insuficiente. La energía y el agua, recursos limitados, sufren una presión constante. Estos no son problemas del futuro, son la realidad de hoy.

En este contexto, el Gobierno aprobó en octubre de 2024 las 51 medidas para la Canarias del futuro, un documento lleno de conceptos como cohesión, sostenibilidad, gobernanza, visores de datos, oficinas virtuales y observatorios. Sin embargo, estas medidas no han reducido la presión demográfica. La llegada de población atraída por el turismo y la actividad económica continúa sin freno, y los servicios públicos siguen desbordados. 

El foco principal de estas medidas está en la despoblación rural y los municipios pequeños, lo que es importante para equilibrar el territorio. Pero el problema central es la “sobreconcentración” en zonas urbanas y turísticas, donde la capacidad de las administraciones para ofrecer servicios adecuados se ve desbordada. La Estrategia Canaria del Reto Demográfico habla de estudios sobre capacidad de carga y planificación estratégica, pero evita enfrentar lo esencial: frenar el crecimiento en áreas donde la población ya supera lo que podemos atender de manera sostenible.

El desafío no consiste en cerrar Canarias al mundo ni en frenar el turismo. Consiste en asumir que un crecimiento ilimitado tiene consecuencias reales y tangibles. Las islas deben garantizar vivienda, energía, agua, transporte, sanidad, educación y servicios sociales a quienes viven aquí. Eso solo se logra con medidas concretas, firmes y realistas.

El problema no es técnico; es político. Las herramientas existen. Canarias puede planificar, limitar el crecimiento y priorizar la rehabilitación frente al consumo de suelo nuevo. Apostar por calidad sobre cantidad, por densidades sostenibles, por inversión en servicios públicos y por equilibrio territorial. Si no se actúa, no es por falta de instrumentos, sino por ausencia de voluntad política.

El Efecto Llamada también impacta directamente en el mercado de la vivienda. La constante llegada de personas vinculadas al turismo y la hostelería incrementa la demanda de pisos y casas, encarece los precios y expulsa a las familias y los jóvenes que buscan independizarse. Es una consecuencia directa de un crecimiento poblacional no planificado y de un modelo económico centrado únicamente en atraer visitantes y mano de obra vinculada al turismo.

La presión también se traslada a la educación. Colegios y aulas masificadas generan listas de espera y dificultan una educación de calidad. Los hospitales y centros de salud se encuentran tensionados, con urgencias saturadas y tiempos de espera cada vez mayores. Las carreteras y el transporte público padecen congestión crónica y los recursos básicos, como la energía y el agua, sienten la presión de esta población creciente. Este no es un problema de mañana: es el presente.

Ni la Estrategia Canaria del Reto Demográfico ni las 51 medidas de 2024 cuestionan el modelo económico que provoca esta presión, ni establecen límites claros al desarrollismo turístico y laboral. Tampoco definen mecanismos que frenen el efecto llamado ni garantizan que las administraciones puedan atender a quienes viven en las islas. El resultado es que tensión se acumula y retrasan decisiones que deberían haberse tomado hace años.

El verdadero reto demográfico no se resuelve con más observatorios ni con mesas de trabajo. Requiere decisiones valientes, aunque impopulares, que protejan quienes viven en las islas hoy y garanticen su sostenibilidad futura. La responsabilidad es clara: ya estamos pagando las consecuencias, y si no se actúa con rapidez, los problemas solo se agravarán.

El reto demográfico no es un número ni un concepto elegante. Es la vida diaria de cada canario y cada canaria. Son los jóvenes que no encuentran vivienda, los hospitales saturados, los colegios desbordados, las carreteras colapsadas y el agua y la energía bajo presión. Si seguimos creyendo que más turistas y más trabajadores siempre equivalen a progreso, estaremos cavando nuestra propia trampa.

El tiempo de los debates tibios y los planes de papel ha terminado. Las 51 medidas de 2020, llenas de promesas y documentos, han demostrado que sin decisiones concretas no se puede contener la presión demográfica. Canarias debe elegir entre seguir creciendo sin control y ahogarse en sus propios problemas o plantarse con valentía y construir un archipiélago donde todos puedan vivir dignamente, con servicios que funcionen y un futuro garantizado.

Canarias está al límite. Ya lo sentimos, en la vida diaria de cada persona. Si no cambiamos el rumbo, mañana será demasiado tarde. El reto demográfico no espera. La responsabilidad recae sobre quienes hoy gobiernan. Es momento de valentía, de decisiones claras y de acción inmediata. Solo así podremos garantizar que las islas que amamos sigan siendo un lugar habitable, justo y sostenible para todos.

El debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica no es una discusión técnica reservada a expertos. Es una cuestión que determina cuántos recursos tienen las comunidades para sostener la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. Y en ese debate, Canarias no puede quedar diluida en una media estadística que no refleja su realidad.

Reivindicamos que el nuevo modelo recoja todas las singularidades territoriales del Estado. La dispersión poblacional, la llamada España vaciada, el envejecimiento, la extensión territorial o la baja densidad son factores que deben ponderarse adecuadamente porque influyen directamente en el coste de prestar servicios públicos. No se trata de competir en agravios comparativos, sino de construir un sistema verdaderamente equitativo que asuma la diversidad real del Estado.

Esa misma lógica debe aplicarse a Canarias con la misma coherencia. Somos un archipiélago de ocho islas habitadas, con una fragmentación territorial que condiciona la organización administrativa y multiplica el coste efectivo de los servicios. Sin embargo, la variable de insularidad, ya insuficientemente ponderada en el modelo vigente, pierde peso en la nueva propuesta en lugar de reforzarse. Esa decisión no responde a un análisis riguroso de costes, sino a una simplificación que perjudica objetivamente a nuestra comunidad.

Prestar sanidad, educación o servicios sociales en un territorio discontinuo exige estructuras distribuidas, plantillas dimensionadas para realidades insulares distintas y redes logísticas complejas. No es una cuestión simbólica. Es un sobrecoste medible. Si el sistema no lo reconoce de forma adecuada, el resultado es una financiación que no cubre plenamente las necesidades reales.

A esa dimensión territorial se suma un factor social ineludible. Canarias mantiene tasas de pobreza y exclusión superiores a la media estatal. No hablamos solo de desempleo, sino de una pobreza estructural vinculada a salarios más bajos y a una mayor vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Esta realidad incrementa la demanda sobre los servicios públicos. Cuando los ingresos familiares son insuficientes, la sanidad pública, la educación y las políticas sociales se convierten en el principal soporte de estabilidad.

Un sistema de financiación que ignore esa combinación, mayor coste estructural y mayor presión social, no puede considerarse equitativo. La igualdad entre territorios no consiste en repartir lo mismo, sino en garantizar que todos puedan ofrecer servicios en condiciones similares. Si las necesidades y los costes son distintos, la financiación también debe serlo. 

Por ello exigimos al Gobierno de España que el nuevo modelo incorpore con rigor las especificidades de Canarias, debidamente ponderadas. No pedimos un trato excepcional, pedimos un cálculo justo. Y corresponde al Gobierno de Canarias defender esta posición con firmeza, aportando datos comparativos sobre el coste efectivo de los servicios, el diferencial de precios y el impacto presupuestario de la fragmentación territorial.

El debate no puede resolverse con fórmulas abstractas ni con porcentajes arbitrarios. Debe basarse en evidencia. ¿Cuánto cuesta mantener una red hospitalaria distribuida en ocho islas? ¿Cuál es el sobrecoste de garantizar educación en territorios insulares con menor escala? ¿Qué impacto tiene la vulnerabilidad social en el gasto sanitario y en las políticas de dependencia? Esas preguntas requieren respuestas técnicas, no aproximaciones genéricas.

Además, la coherencia territorial debe extenderse a otras decisiones financieras del Estado. Resulta difícil entender que los 1.000 millones de euros destinados a mitigar el cambio climático se orienten exclusivamente hacia comunidades mediterráneas, como si el impacto climático no afectara con intensidad a otros territorios. Canarias sufre de forma cada vez más evidente las consecuencias del calentamiento global: episodios recurrentes de calima, temperaturas extremas sostenidas, alteraciones en los patrones de lluvias y fenómenos marítimos más adversos. Nuestra condición insular nos hace especialmente vulnerables a estos cambios.

Si el criterio es la exposición al riesgo y la necesidad de adaptación, Canarias debe estar incluida de manera proporcional en ese esfuerzo inversor. El cambio climático no entiende de mapas políticos ni de etiquetas geográficas. Afecta con mayor crudeza a quienes dependen de recursos limitados, a quienes viven en territorios frágiles y cuentan con menor margen económico para adaptarse.

Financiación autonómica y transición climática son dos caras de la misma moneda: la capacidad real de un territorio para sostener derechos y afrontar desafíos estructurales. No se puede exigir resiliencia sin garantizar recursos. No se puede hablar de cohesión si se aplican criterios que invisibilizan realidades complejas.

Canarias no cuestiona que otras comunidades necesiten reconocimiento por su dispersión o por el envejecimiento de su población. Lo que reclamamos es coherencia: que todas las singularidades se midan con la máxima contundencia y precisión, y que la nuestra no pierda peso en el proceso.

El Gobierno de España debe garantizar un modelo que no simplifique la diversidad territorial. Y el Gobierno de Canarias debe asumir la responsabilidad de defender con determinación esta posición en todos los foros. No es una batalla partidista, es una cuestión de equidad institucional.

Porque cuando la financiación no refleja la realidad, los efectos no son abstractos. Se traducen en menos capacidad para reducir listas de espera, en más presión sobre los centros educativos, en menor margen para combatir la pobreza y en menos recursos para adaptarnos al cambio climático.

La justicia territorial no consiste en tratar a todos igual, sino en financiar correctamente lo que realmente cuesta sostener cada territorio. Y sostener Canarias exige reconocer su fragmentación, su vulnerabilidad social y su exposición climática con datos, con rigor y con recursos.

Porque sin financiación justa no hay igualdad real, y sin igualdad real no hay cohesión posible en un Estado que presume de ser diverso.

En Canarias está muriendo gente que no quería morir. Personas jóvenes y no tan jóvenes que pidieron ayuda, que verbalizaron su sufrimiento, que advirtieron del peligro y que, aun así, fueron devueltas a casa con un protocolo bajo el brazo y la responsabilidad de sobrevivir en soledad.

El suicidio se ha convertido, en el último lustro, en la principal causa de muerte no natural en el Archipiélago, por encima de los accidentes de tráfico y muy por encima de las víctimas de violencia machista. Este dato, por sí solo, debería haber provocado ya una profunda sacudida colectiva. Pero no ha sido así. Las autoridades repiten discursos sobre la importancia de la salud mental, pero las cifras siguen subiendo y cada nueva muerte confirma una realidad insoportable: los planes y las promesas no llegan a quienes más lo necesitan.

La depresión severa con ideación suicida no es una enfermedad invisible. No aparece de repente ni se vive siempre en silencio. En muchos casos, quienes la padecen acuden al sistema sanitario suplicando algo tan elemental como protección, porque saben que no pueden controlar sus impulsos suicidas. Algunos llegan incluso a solicitar el ingreso voluntario como única vía para sentirse a salvo.

Y aun así, la respuesta suele ser devastadora: “el hospital no es su lugar”, “debe responsabilizarse de su medicación”, “vuelva a casa”. Este tipo de respuestas ignoran la gravedad del estado mental del paciente, su extrema vulnerabilidad y el riesgo real que corre. Se exige lucidez a quienes no la poseen, autonomía a quienes están emocionalmente incapacitados y responsabilidad a quienes dependen de ayuda constante para seguir con vida.

Los protocolos de la sanidad canaria parecen haber establecido una línea tan incomprensible como cruel. Se prioriza el ingreso de personas con problemas de salud mental cuando representan un peligro para terceros. Sin embargo, quienes no son violentos, quienes no quieren hacer daño a nadie más que a sí mismos, quedan fuera del sistema de protección.

Esta lógica encierra una paradoja devastadora: se deposita toda la responsabilidad en quienes la enfermedad ha debilitado hasta el límite. Hay casos de personas que terminaron suicidándose mediante una sobredosis de la medicación que tenían prescrita precisamente para tratar su depresión. La misma medicación que debía salvarles la vida se convierte, irónicamente, en la herramienta que acaba con ella, porque el paciente no puede controlarla sin supervisión. 

Pero la depresión no mata sola. Arrastra consigo a familias enteras: padres, madres, parejas, hermanos que viven en vigilancia permanente, que duermen con un oído alerta, que revisan cajones y pastillas, que temen cada silencio. Redes de apoyo que se desgastan hasta el límite. 

Personas que reducen jornadas laborales, piden excedencias o pierden su empleo por ausencias reiteradas. Familias que se rompen por agotamiento, por miedo, por culpa. Y aun así, en demasiados casos, no han logrado evitar el desenlace fatal. El desgaste físico, emocional y económico es brutal, y la soledad de los cuidadores aumenta el riesgo de tragedias paralelas.

Cuando la red de apoyo es pequeña o inexistente, el abandono es todavía más cruel. El sistema sanitario no compensa esa fragilidad social: la agrava. Los familiares se convierten en terapeutas improvisados, enfermeros permanentes y vigilantes de vidas que no pueden proteger por completo. La presión constante deriva, con frecuencia, en ansiedad, depresión e incluso el colapso de quienes sostienen a otros.

El estigma y la negligencia institucional

Todavía existe un estigma sobre la salud mental que impide que muchas personas busquen ayuda a tiempo. Todavía se juzga a quien sufre por no “ser fuerte”, por no poder con su enfermedad. Y cuando finalmente piden asistencia, se encuentran con un sistema rígido que prioriza la seguridad de terceros sobre la protección de la vida de quien sufre. Esta combinación de estigma y protocolos fallidos alimenta un círculo de desesperanza que mata.

La negligencia institucional no es solo falta de recursos. Es también una cultura que ve la salud mental como secundaria, que gestiona estadísticas en lugar de vidas y que confía en protocolos rígidos, como sustituto de la atención humana. La realidad demuestra lo contrario: la rigidez mata y la burocracia se impone mientras las personas se pierden.

Mientras tanto, desde las instituciones se multiplican las campañas, los anuncios y los discursos bienintencionados sobre la importancia de la salud mental. Se habla de incrementos presupuestarios, de planes estratégicos, de compromiso político. Pero la realidad es tozuda: los suicidios aumentan, los protocolos fallan y las personas con depresión severa siguen muriendo tras haber pedido ayuda.

Si el principio básico de la medicina es salvar vidas resulta insoportable aceptar que, año tras año, el número de suicidios siga creciendo en Canarias. Algo falla cuando quien pide ser ingresado por miedo a sí mismo es enviado de vuelta a casa. Algo falla cuando se confunde autonomía con abandono. Algo falla cuando la propaganda institucional suena a todo volumen mientras las familias entierran a los suyos.

Cada suicidio no es solo una tragedia personal. Es un fracaso de todos nosotros como sociedad. Es la prueba de que nuestros discursos, planes y promesas no llegan a quienes más lo necesitan. Porque proteger no es solo un concepto administrativo; es una acción concreta. Es ingresar a quien lo necesita, acompañar a quien no puede caminar solo, escuchar a quienes claman por ayuda.

Mientras los discursos y las cifras llenan portadas y comunicados oficiales, Canarias sigue enterrando vidas. Vidas jóvenes y no tan jóvenes que podrían haberse salvado con decisiones valientes, protocolos flexibles y sensibilidad real. La vida de cada persona con depresión severa y tendencia suicida es urgente y no puede esperar más.

Y mientras el sistema mira hacia otro lado, cada grito que nadie escucha se convierte en un silencio eterno. Canarias sigue enterrando vidas que pidieron ayuda y nunca fueron salvadas.

En Canarias llevamos años hablando de lo mismo, pero sin atrevernos a dar el paso que la realidad nos exige: cambiar el modelo económico, y eso significa poner límites claros al turismo. 

Puede sonar duro. El turismo ha sido y sigue siendo la columna vertebral de nuestra economía. Pero si miramos con honestidad lo que está ocurriendo, veremos que no podemos seguir creciendo sin control. Ese camino ya no es sostenible, ni para el territorio ni para quienes vivimos aquí.

Hoy el debate no es si el turismo es bueno o malo. El turismo ha traído progreso, empleo e ingresos. Pero también ha provocado una presión insoportable sobre nuestras carreteras, hospitales, viviendas, recursos naturales y servicios públicos. Lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la calidad de vida de la gente, la conservación de nuestro medio ambiente y el futuro de las próximas generaciones.

En los últimos 25 años, Canarias ha sumado medio millón de habitantes. ¿De dónde viene ese crecimiento poblacional? En buena parte del desarrollismo basado en turismo y construcción.

Más turistas implican más mano de obra externa, más demanda de vivienda, más consumo de agua y energía, más coches, más residuos. El círculo es evidente: si no se controla el crecimiento turístico, tampoco se puede controlar el crecimiento poblacional.

Las consecuencias ya las vemos a diario. Jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna, colapso en los servicios de urgencias, saturación en carreteras y aeropuertos, espacios naturales degradados y barrios donde la vivienda vacacional ha expulsado a los vecinos. Todo ello mientras se sigue defendiendo un modelo de crecimiento “cuanto más, mejor”, y es aquí donde entra el debate fiscal. 

Mientras millones de turistas disfrutan de playas limpias, carreteras asfaltadas, seguridad o atención médica de urgencia, la factura de todo esto la pagamos en gran medida los canarios. 

Las políticas liberales de bajar impuestos y rechazar una tasa turística sólo nos condenan a tener menos recursos para educación, vivienda, movilidad o sanidad. 

En cambio, otras comunidades como Baleares o Catalunya, y muchos destinos internacionales líderes, ya aplican con éxito una tasa turística. ¿Por qué Canarias no?

Desde Nueva Canarias defendemos una fiscalidad justa. Eso significa introducir una tasa turística moderada y bien diseñada, cuyos ingresos se destinen directamente a lo que más falta nos hace: proteger el medio ambiente, reforzar los servicios públicos en los municipios turísticos, rehabilitar espacios degradados y garantizar que quienes nos visitan contribuyen, al menos en parte, al coste real de su estancia. No se trata de cargar sobre el turista, sino de equilibrar lo que hoy es claramente injusto.

Pero la tasa, siendo importante, no es suficiente. 

Lo fundamental es limitar y modular el crecimiento turístico según la capacidad de carga de isla, de sus infraestructuras y servicios públicos. No es lo mismo Fuerteventura o Lanzarote, ya muy saturadas, que La Palma, La Gomera o El Hierro, donde el turismo aún puede crecer de forma moderada, de calidad y respetuosa con el medio.

Esto no es nuevo. En los años 2000 Canarias aplicó una moratoria turística que frenó las camas hoteleras y desclasificó suelo. Esa decisión permitió respirar y replantear el futuro. Lamentablemente, los gobiernos posteriores dejaron caer esas directrices y volvimos a la senda del crecimiento sin control. Hoy, dos décadas después, estamos en el mismo punto, con la diferencia de que la situación es aún más grave. El modelo actual ha tocado techo.

La pregunta es sencilla: 

¿Queremos seguir atrapados en un modelo caduco, donde los beneficios son privados y los costes públicos?

¿O damos el paso hacia un modelo más justo y sostenible? 

No se trata de cerrar la puerta al turismo, sino de cuidar lo que tenemos y garantizar que ese motor económico no se convierta en nuestra mayor amenaza.

El futuro de Canarias pasa por equilibrar el turismo con la diversificación económica, la protección del territorio, el refuerzo de los servicios públicos y una política de vivienda que frene la especulación. Pasa también por apostar de verdad por el transporte público, la formación y el desarrollo de sectores innovadores.

No podemos esperar otros 25 años para darnos cuenta de que hemos crecido demasiado y mal. El momento es ahora. 

O actuamos con valentía y visión de futuro, o el modelo turístico acabará devorando la tierra que lo sostiene. 

Canarias merece un turismo de calidad, no de cantidad. Merece un modelo económico que piense primero en su gente y en su territorio. Porque lo que está en juego no es solo la economía, es nuestra forma de vida.

Canarias no puede seguir esperando a que este Gobierno actúe. La presión ciudadana es la única garantía de que algo cambie. No basta con quejarnos en casa o en redes sociales: tenemos que exigir en voz alta un modelo diferente, justo y sostenible.

Si callamos, otros decidirán por nosotros. 

Si alzamos la voz, aún estamos a tiempo de salvar lo que nos hace únicos.

Ha llegado la hora de decirlo alto y claro: Canarias no se vende. Canarias se defiende.

En Canarias, acceder a una vivienda se ha convertido en una pesadilla para miles de familias que, año tras año, ven cómo sus derechos son vulnerados por el mercado del alquiler. La situación que vivimos hoy no es solo insostenible: es una forma encubierta de extorsión. 

Grandes y medianos tenedores, muchos de ellos fondos de inversión y sociedades inmobiliarias con intereses turísticos, actúan con la impunidad de quienes saben que la moralidad no conlleva sanciones. A partir de enero de 2026, numerosos inquilinos ya han recibido notificaciones anunciando subidas de hasta 500 euros mensuales. No se trata de una exageración, sino de una realidad que amenaza la estabilidad de cientos de hogares. 

Lo más grave es que, aunque estas prácticas resultan inmorales, no son ilegales. Un vacío normativo permite que el abuso se normalice, que la especulación se imponga y que la ciudadanía se vea obligada a pagar precios imposibles solo por mantener un techo. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias permanece pasivo, eludiendo su obligación política y moral de proteger a la población frente a estas prácticas abusivas.

En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arrecife, Corralejo o Puerto del Carmen, la situación ha alcanzado niveles críticos. Los alquileres se disparan y se utilizan como herramienta de presión sobre los arrendatarios. Familias enteras se ven forzadas a aceptar incrementos desorbitados bajo la amenaza de no renovación del contrato o de un desahucio encubierto.

Esta realidad afecta especialmente a las personas mayores, a los jóvenes que buscan emanciparse y a las familias con ingresos medios, para quienes un aumento de 300 o 500 euros al mes puede marcar la diferencia entre conservar su hogar o perderlo.

El Gobierno de Canarias, que debería garantizar el equilibrio entre propietarios e inquilinos, ha incumplido su obligación más básica: declarar zonas tensionadas donde los alquileres se disparan. La Ley estatal por el Derecho a la Vivienda permite aplicar esta herramienta desde hace meses, pero la inacción del Ejecutivo de CC y PP ha impedido su puesta en marcha.

No es casualidad. Esta parálisis responde a una falta de voluntad política frente a los grandes intereses inmobiliarios que, con su poder económico, han convertido la vivienda en un bien exclusivo y especulativo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó hace ocho meses la declaración de zona tensionada. La respuesta del Gobierno de Fernando Clavijo ha sido el silencio. Y no es el único municipio ignorado por el Ejecutivo de las derechas canarias.

Mientras tanto, Canarias cuenta con más de 211.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de los mismos grandes tenedores que mantienen los precios en niveles prohibitivos. El contraste es indignante: familias sin hogar frente a un parque inmobiliario ocioso. No hablamos de escasez, sino de especulación deliberada.

En los últimos años, fondos internacionales han adquirido edificios enteros en nuestras ciudades, expulsando a inquilinos históricos para convertir sus viviendas en apartamentos turísticos o de lujo. Las familias que permanecen sufren intimidaciones y subidas abruptas de precio. Es una forma moderna de desahucio, una violencia económica que traiciona el espíritu de la ley y evidencia la pasividad del Gobierno autonómico. No podemos permitir que la legalidad sirva de escudo para la injusticia.

El derecho a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. La especulación inmobiliaria, que ha convertido los hogares en instrumentos de lucro, exige respuestas urgentes y contundentes.

Siete medidas urgentes para frenar la especulación:

1. Declarar de inmediato zonas tensionadas en los municipios más afectados, para frenar los incrementos abusivos y proteger a los inquilinos.

2. Establecer topes efectivos a los alquileres en esas zonas, con mecanismos de supervisión y sanción.

3. Movilizar las viviendas vacías, incentivando su alquiler mediante beneficios fiscales y sanciones a quienes las mantengan cerradas sin justificación.

4. Ampliar el parque público de vivienda, priorizando a jóvenes, familias monoparentales y personas mayores.

5. Garantizar seguridad jurídica a los pequeños propietarios, fomentando el alquiler responsable y asequible.

6. Crear un Observatorio Canario del Alquiler, que detecte prácticas especulativas, controle precios y proponga medidas preventivas.

7. Prohibir la conversión de viviendas residenciales en turísticas en zonas saturadas, equilibrando el desarrollo económico con el derecho a un hogar.

Estas medidas no son utópicas; son viables y dependen únicamente de voluntad política. Cada día que pasa sin aplicarlas, miles de familias pierden estabilidad, seguridad y confianza en las instituciones.

No podemos hablar de recuperación económica ni de crecimiento turístico mientras la vivienda se convierte en un lujo. Canarias no puede permitir que una generación entera destine la mayor parte de su salario al alquiler ni que continúe el éxodo silencioso de ciudadanos expulsados por los precios. La desigualdad residencial es una fractura social que amenaza nuestra cohesión.

El Gobierno de Canarias debe elegir: proteger a la ciudadanía o proteger a los especuladores. Cada día de inacción es un voto a favor de la extorsión inmobiliaria y un desprecio a los derechos de los canarios.

La ciudadanía no puede normalizar la injusticia ni resignarse al abuso. La crisis de la vivienda no es fruto de fuerzas inevitables, sino de decisiones políticas que han priorizado el beneficio privado sobre la dignidad humana.

Como diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista, asumo este compromiso públicamente: defenderé el derecho a la vivienda, denunciaré los abusos y exigiré políticas efectivas frente a la especulación. Canarias no puede esperar más. Cada familia que pierde su hogar es una derrota colectiva.

Esto no va solo de alquileres; va de justicia social, cohesión comunitaria y dignidad humana. No aceptaremos que la legalidad se utilice para justificar la inmoralidad. Canarias merece una política valiente y los ciudadanos merecen dormir tranquilos bajo el techo de su casa.

“El Régimen Económico y Fiscal (REF) beneficia no sólo a las empresas. También a todas y todos los canarios”.

Hay palabras que suenan técnicas, casi lejanas, pero que determinan buena parte de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es “Régimen Económico y Fiscal de Canarias” o, como solemos abreviarlo, REF. Muchos han oído hablar del mismo, pocos lo entienden realmente y algunos, los más atrevidos, lo despachan con frases del tipo “eso es un chollo para las empresas”. Nada más falso.

El REF no es un privilegio ni un regalo, sino un acto de justicia social e histórica. Reconoce que vivir en un archipiélago distante y fragmentado tiene un coste adicional que el resto del país no sufre. Por eso, desde hace décadas, el REF sirve para equilibrar la balanza y garantizar que Canarias pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de España.

El REF, tiene dos vertientes inseparables: la económica y la fiscal.

La primera es la que sentimos directamente en nuestros bolsillos. Gracias al REF, los canarios pagamos un 75 % menos en los billetes de avión y barco, ya sea para movernos entre islas o viajar a la península. Un vuelo a Madrid o a cualquier otra isla nos cuesta una cuarta parte de lo que pagaría alguien de otra comunidad.

El transporte de mercancías está bonificado al 100 %, lo que abarata los productos que consumimos cada día, como los alimentos, la ropa o los electrodomésticos que llegan de fuera. 

Incluso la factura de la luz y del agua es más baja gracias a este sistema de compensaciones, lo que alivia la factura de los hogares y de las empresas. 

Sin el REF, el coste de la vida en Canarias sería sencillamente inasumible para miles de familias. No hablamos de cifras abstractas, sino de algo tan concreto como poder visitar a un familiar en otra isla, acceder a productos básicos o mantener una pequeña empresa abierta.

La segunda vertiente, la fiscal, es igual de importante, aunque menos visible. En Canarias no se paga IVA, sino IGIC, con un tipo general del 7 %, frente al 21 % peninsular. No es una rebaja por capricho, sino un reconocimiento a la realidad: aquí todo cuesta más por el transporte, la logística y la distancia. Esta imposición más baja en Canarias no es un privilegio, es una forma de equilibrio.

Cuando se habla de los incentivos empresariales del REF, conviene aclarar algo: no son para evadir impuestos, sino para reinvertirlos en las islas.

Instrumentos como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) o la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) obligan a que el dinero ahorrado, por el impuesto no pagado, se destine a crear empleo, modernizar instalaciones y generar riqueza en Canarias. No se trata de llenar bolsillos, sino de sembrar futuro.

Además, es importante no confundir conceptos. Las empresas pagan el impuesto sobre Sociedades y pueden acogerse a esos incentivos, pero los empresarios, como personas físicas, pagan su Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) igual que cualquier otro ciudadano. El REF no les rebaja ni un céntimo. Mezclarlo todo solo conduce a la desinformación.

Por eso, preocupa escuchar propuestas que buscan incluir bonificaciones en el IRPF dentro del REF, como han planteado Coalición Canaria, el Partido Popular y el propio Comisionado gubernamental del REF. Eso sería desnaturalizarlo, convertir un instrumento de equilibrio en una simple rebaja fiscal. 

El REF no nació para pagar menos impuestos, sino para garantizar que Canarias tenga las mismas oportunidades que el resto del territorio estatal. Reformarlo sin comprender su esencia sería poner en riesgo una pieza clave del bienestar de las islas.

El REF es, en definitiva, nuestro fuero, nuestro derecho histórico y social. Un mecanismo que protege nuestra economía, nuestro bienestar y, en última instancia, nuestra dignidad como región ultraperiférica.

Defender el REF es defender a Canarias. Su defensa no sólo es tarea de los políticos, también de las canarias y los canarios, que deben entenderlo, exigir su cumplimiento y vigilar su buen uso. Porque si lo debilitamos, si lo convertimos en una herramienta de beneficio particular, perdemos todos.

El REF no es pasado.

El REF es presente.

Y, sobre todo, es nuestro futuro compartido.

Muchos repiten que los impuestos son un robo. A primera vista, puede sonar atractivo: ¡quedarnos con todo nuestro dinero!, pero detengámonos un segundo: ¿qué pasaría si viviéramos en un país sin impuestos? 

No habría hospitales públicos. Una operación costaría decenas de miles de euros y sólo los muy ricos podrían salvar su vida. No habría colegios ni universidades públicas. Estudiar dependería del bolsillo de cada familia, no del talento de cada niño.

No habría bomberos ni policías que garantizaran nuestra seguridad sin que primero les abonáramos la factura. No habría calles asfaltadas, aceras, carreteras, puertos, aeropuertos, parques, desaladoras, depuradoras ni plantas de tratamiento de residuos.

Y algo muy importante: no habría pensiones para que las personas que, después de una vida de trabajo, puedan jubilarse con dignidad.

En definitiva, un país sin impuestos sería un país del sálvese quien pueda, una jungla donde gana el más fuerte y los demás son abandonados.

Los impuestos, en cambio, son la hucha común que sostiene lo que necesitamos todos: sanidad, educación, pensiones, cultura, seguridad, carreteras, centros deportivos, infraestructuras hidráulicas, y un largo etcétera. Son el seguro colectivo que garantiza que nadie quede atrás.

En Canarias, el pasado mes de agosto, 354.612 personas percibían una pensión pública. La cuantía media rondaba los 1.142,9 euros al mes, siendo las de jubilación de unos 1.391,83 euros y las de viudedad de 880 euros. Además, más de 42.000 canarios y canarias dependen de pensiones no contributivas, un apoyo vital para quienes carecen de otros ingresos. Sin impuestos, esa red de seguridad simplemente no existiría.

La educación es otro ejemplo claro. Hoy, un estudiante en Canarias paga unos 12,50 euros por crédito en la universidad pública, frente a la media nacional de 17,69 euros, y muy por debajo de los casi 19-20 euros que se pagan en Madrid o Navarra. Sin financiación pública, esas cantidades se dispararían y miles de jóvenes quedarían excluidos de la formación superior, no por falta de talento, sino por falta de recursos.

En sanidad, el presupuesto público de Canarias supera los 4.000 millones de euros anuales, más del 40 % del gasto autonómico. Una operación quirúrgica, un tratamiento oncológico o una estancia en UCI cuestan miles de euros por paciente. Gracias a los impuestos, todos los canarios tenemos derecho a esos cuidados, independientemente de la renta.

Pero es cierto: no basta con defender los impuestos. Debemos exigir que sean justos y bien gestionados. No puede pagar lo mismo quien gana 900 euros que quien gana 9.000 euros. Tampoco es aceptable que las grandes fortunas y multinacionales evadan lo que les corresponde. En el Estado, el fraude fiscal se estima en más de 60.000 millones de euros anuales. Ese es el verdadero robo: que unos pocos se libren de aportar mientras la mayoría cumple.

La política fiscal debe ser progresiva y transparente: que aporte más quien más tiene, y que cada euro se utilice con eficacia y sin corrupción. Solo así se refuerza la confianza de la ciudadanía.

Los impuestos no sólo mantienen servicios. También reducen la desigualdad. España es uno de los países de la Unión Europea (UE) con mayor brecha de renta. Pero esa desigualdad se reduce de manera drástica después, gracias a la educación, la sanidad y las pensiones públicas.

Además, los impuestos son la llave del futuro:

En el fondo, los impuestos no son sólo números. Son la beca que permite a una hija o un hijo de familia trabajadora estudiar medicina. El trasplante que salva la vida de un vecino. La pensión que sostiene a nuestros mayores. Los impuestos son dinero transformado en dignidad y libertad. 

Por eso, cuando alguien diga que los impuestos son un robo, respondamos con claridad: “Lo que sería un robo es dejar a millones de personas sin sanidad, sin educación o sin pensiones”. 

Un país sin impuestos es un país sin futuro. Un país con impuestos justos, progresivos y bien gestionados es un país decente, solidario y con esperanza.

Porque los impuestos no nos quitan libertad: nos la devuelven.

La democracia necesita una ciudadanía informada, capaz de tomar decisiones libres y conscientes. Y esa capacidad depende, en gran medida, de que los profesionales de la comunicación realicen su trabajo con rigor, con ética y con responsabilidad social. No es una cuestión menor: si la información se degrada, la democracia se degrada.

No podemos resignarnos a que la información se convierta en un producto manipulado al servicio de intereses privados o partidistas. 

No nos engañemos: las noticias falsas ya no son un fenómeno marginal. Se han convertido en un instrumento de poder. Quien controla el relato, controla la opinión pública. Quien controla la opinión pública, controla el rumbo de las sociedades. Por eso vemos campañas organizadas que difunden bulos sobre cuestiones sociales, económicas o políticas de gran relevancia, con el objetivo claro de sembrar miedo, dividir y debilitar a la sociedad, al menos a quienes defendemos una sociedad más justa.

También en Canarias, como en el resto del Estado. A modo de ejemplo, cuando una noticia falsa sobre economía o cualquier otro ámbito se extiende, puede afectar a decisiones de inversión, empleo, incluso al consumo familiar o a las decisiones en el ámbito al que nos refiramos“.

El periodismo tiene una responsabilidad que va mucho más allá de “dar titulares”. Su función no debería ser alimentar la polarización ni convertir la realidad en un espectáculo. Su función es iluminar, dar contexto, investigar y, sobre todo, servir a la ciudadanía. 

Existen también muchos profesionales que, con gran esfuerzo y a menudo con recursos limitados, mantienen viva la esencia del periodismo: investigar, contrastar y ofrecer información veraz a la ciudadanía.

La democracia está en peligro cuando la mentira se normaliza. Y hoy la mentira se normaliza demasiado rápido. Por eso nos corresponde exigir a aquellos profesionales de la comunicación que han abandonado el rigor, la veracidad y la valentía, que la recuperen. Que recuerden que su compromiso no es con los gobiernos ni con las empresas, sino con la sociedad.

La información debe primar siempre sobre cualquier interés. Y eso significa apostar por periodistas formados, con condiciones laborales dignas y con independencia real. 

La ciudadanía también tiene un papel activo: verificar antes de compartir, contrastar fuentes y apoyar a los medios que apuestan por la independencia y la calidad.

En resumen, el futuro de nuestra democracia depende, en gran medida también, de la calidad de la información que consumimos. Si los bulos, la manipulación y el espectáculo sustituyen al buen periodismo, perderemos algo más que el derecho a estar informados: perderemos la capacidad de decidir con libertad, y cuando la verdad calla, la democracia muere.

En este contexto, los fondos europeos de recuperación englobados en la iniciativa Next Generation EU suponen un hito, sin precedentes, en la historia de la solidaridad europea. A diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2008, Europa aporta, en esta ocasión, 750.000 millones de euros para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia y para respaldar la recuperación de las economías de los Estados miembros de la UE. 

La iniciativa Next Generation contiene varios instrumentos, pero son dos los ejes fundamentales para nuestra tierra. Por un lado, el REACT-EU. dotado con 47.500 millones de euros, a través de una financiación adicional de los programas operativos de los Fondos de Cohesión (FEDER y FSE), con el objetivo específico de reparar el impacto en los territorios de la pandemia hasta diciembre de 2023. Fondos que serán ejecutados por las CCAA, y de los que a Canarias corresponden 630 millones de euros. Por otro, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros, de los que a España corresponden 69.500 en subvenciones y el resto hasta 140.000 en préstamos, con el mismo fin, mitigar el impacto económico y social de la pandemia y apoyar las reformas e inversiones. Este mecanismo, con un horizonte temporal más largo, durará hasta 2026.

Fondos REACT

Respecto a los fondos REACT-EU, el Gobierno de Canarias remitió al Gobierno de España, el pasado 29 de enero, una propuesta de asignación, en la que el 55% de los recursos (350 M€) se destinan a servicios públicos esenciales; el 42% (265) a apoyo a empresas afectadas por la crisis derivada de la Covid-19, con partidas relevantes para recuperación del sector turístico y conectividad (80). I+D (4,6 millones de euros) y Plocan (6 millones de euros).

Es en este programa en el que se enmarca el Plan Extraordinario de Ayudas a Empresas y Pymes, por el que el Gobierno canario hace un adelanto de crédito por valor de 165 millones de euros para ayudas directas a las pymes, autónomos y al sector turístico, y que serán afectadas al REACT-EU cuando se reciban los fondos. La primera convocatoria ya ha sido aprobada y en ella se destinan 84 millones de euros a ayudas directas a Pymes y autónomos especialmente afectadas por la crisis derivada de la pandemia.

Respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuenta con una dotación para España de 69.500 millones de euros (el 70% entre 2021 y 2022 y el 30% restante en 2023). Pero para que estos fondos lleguen queda mucho camino por andar, entre ellos que el Gobierno central presente a la CE, antes del 30 de abril el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). Plan en el que se establecerán los programas de reformas e inversiones hasta 2026. 

Pero para recibir apoyo del Mecanismo, los proyectos (y reformas) deberán centrarse en seis ámbitos de actuación: empleo y crecimiento inteligente, sostenible e integrador; cohesión social y territorial; salud y resiliencia; políticas para la próxima generación, incluidas la educación y el desarrollo de capacidades; y dos ámbitos de actuación transversales, que deben impregnar todos los proyectos y reformas, y que vienen referidos a transición ecológica, al que se destina el 37% del presupuesto y la transformación digital (20%). 

Es indudable que la pandemia ha cambiado el mundo y Europa entiende que el nuevo mundo debe ser más digital, más innovador, más sostenible y, lógicamente, también más inclusivo, en el que nadie se quede atrás, por lo que las instituciones europeas exigen que se trabaje hacia esa nueva manera de vivir y en esa forma de entender la economía.

En cuanto al Plan Estatal, España Puede, nos encontramos con un contenido de diez políticas tractoras, y hasta 30 estrategias, programas o planes sectoriales, que conllevan la ejecución de proyectos concretos, pero sólo una de las estrategias del Plan España Puede hace referencia al sector turístico. Nos preocupa que el tratamiento que se dé al motor de nuestra economía se mantenga en los mismos términos. Debemos reivindicar ante el Gobierno central la necesidad de que el turismo sea un eje estratégico para el Plan Nacional. Porque el turismo es el motor de nuestra economía, y sobre el que debe pivotar nuestra recuperación y salvo que alguien tenga otra idea mejor que genere más de 300.000 puestos de trabajo en Canarias, es el turismo el que nos permitirá remontar el vuelo. En Canarias, el turismo representa, o mejor dicho, representaba, el 35% de nuestro PIB y el 40% del empleo. Tenemos una dependencia, casi absoluta, de este sector, con lo que las restricciones aplicadas para controlar la pandemia han llevado a la deriva a nuestro motor económico. Ahora tenemos que asumir una caída de 20 puntos del PIB.

Turismo de calidad

Por ello, lo lógico es enfocar nuestra recuperación económica recuperando al sector turístico, porque va a seguir siendo un nicho importante del empleo en las Islas. Eso sí, cualquier proyecto que se plantee para Canarias tiene que apostar por el empleo inclusivo y por una oferta turística de calidad, porque, indudablemente fue nuestro pasado y asentará las bases de nuestro futuro. 

En Canarias somos pioneros en turismo de calidad, y su oferta también lo es, pero esta no se contabiliza solo en las estrellas de las que dispone un hotel. Hay que repensar mejoras en este sector para que incluya y potencie el consumo local y preste unos servicios en consonancia con la economía circular y tenga en cuenta la huella ecológica. No tengo duda de que, con ideas nuevas, estaremos en condiciones de diseñar un plan, de materializar proyectos, en los que el turismo y toda la economía que gira alrededor del turismo, la hostelería y al comercio, por poner algunos ejemplos, nos permita caminar en este nuevo mundo. Pero resulta prioritario ponernos manos a la obra y crearlo.

En definitiva, los fondos de recuperación suponen un desafío de política económica con importantes repercusiones en la política presupuestaria y, sobre todo, un reto de gestión para su ejecución eficaz que permita dar aliento a una economía bastante mermada por el impacto de la pandemia.