Siempre me ha llamado la atención, desde que volví de Italia a Murcia, una diferencia en el tratamiento informativo del poder: en el PSOE era relativamente fácil identificar quién mandaba y cuáles eran las familias; en el Partido Popular y en Vox, no. En estos casos, el poder resulta mucho más difícil de rastrear. No es solo una impresión. Basta revisar las hemerotecas: frente a los mapas detallados de nombres y relaciones que los periodistas han ido trazando durante años para reconstruir el poder socialista o de otros partidos progresistas, apenas existen intentos equivalentes para interpretar las dinámicas internas del PP o de Vox. Solo han trascendido episodios concretos —como el enfrentamiento entre Patricia Fernández y Fernando López Miras—, convertidos en excepción más que en regla. En el caso de Vox, además, muchas de sus decisiones, purgas y contrataciones solo han sido conocidas cuando han saltado a la prensa nacional, sin un seguimiento sostenido en el ámbito regional. Y todo ello mientras la sucesión de Ballesta, dentro y fuera del Ayuntamiento de Murcia, deriva cada vez más en una carrera de codos que lleva tiempo en marcha.

Esta asimetría no es casual. Responde, en gran medida, a cómo funcionan los medios de comunicación y a las condiciones en las que producen información. Allí donde existen mecanismos de democracia interna —primarias, procesos competitivos, estructuras más permeables— el poder se vuelve narrable. Se filtra, se discute, se expone. En esos contextos, los medios encuentran material para construir relatos, aunque a menudo lo hagan desde el conflicto, presentando la propia democracia interna como problema en lugar de como una expresión normal de pluralismo político.

Por el contrario, allí donde esos mecanismos se controlan o se diluyen, el relato se vuelve opaco. El poder no desaparece: simplemente deja de circular por canales visibles y se desplaza hacia redes informales, difíciles de penetrar para quien no conoce sus códigos. La política se acerca entonces a la lógica de un 'selectorado' restringido, donde las decisiones relevantes se toman en círculos cerrados y el conocimiento sobre quién manda realmente queda reservado a quienes manejan nombres, vínculos y lealtades. No hay ausencia de poder, sino déficit de democracia: no solo se dificulta su comprensión, sino también su relato.

Parte de esa ausencia tiene que ver con un segundo vector menos visible, pero igualmente determinante: la dependencia de las fuentes. El periodismo político, especialmente en ámbitos locales o autonómicos, se sostiene en gran medida sobre el acceso. Quien rompe ese equilibrio y señala dinámicas internas corre el riesgo de quedar fuera de los circuitos de información y perder futuras filtraciones. En entornos cerrados, además, las fuentes no hablan o lo hacen bajo condiciones de anonimato que rara vez permiten construir un relato publicable con garantías. El resultado es un incentivo claro a la contención: no tanto por falta de conocimiento, sino por el coste que tiene convertir ese conocimiento en información.

El problema, sin embargo, no es solo la opacidad, sino el silencio: el miedo —político, mediático o económico— impide que esos nombres se pronuncien. Como dice Verbal Kint en Sospechosos habituales, “el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía”: el poder siempre es más eficaz cuando nadie se atreve a nombrarlo.

Esto revela una lógica operativa poco reconocida: los medios no actúan únicamente como observadores neutrales, sino también como gestores del riesgo informativo. Publicar exige respaldo, pruebas sólidas o validación externa. En ausencia de esas condiciones, se opta por fórmulas más ambiguas que permiten insinuar sin afirmar. Así se configura una jerarquía implícita en la que determinados conflictos necesitan ser 'certificados' antes de hacerse plenamente visibles, mientras otros circulan en un terreno difuso donde todo el mundo sabe, pero pocos dicen.

Ese silencio no es casual: es autocensura nacida del miedo, en una región que periodistas de prestigio han perdido su empleo. Un miedo con varias caras, entre ellas una especialmente relevante: la económica. La fragilidad de los medios, agravada por la caída de los ingresos publicitarios, ha reforzado su dependencia de la financiación institucional, que es distribuida con escasa transparencia premiando a medios afines. Esa dependencia introduce un incentivo evidente a la prudencia —cuando no a la contención— en la cobertura de determinados actores políticos. El problema deja así de ser solo editorial para convertirse en una cuestión de gobernanza: sin reglas claras y supervisadas, la autonomía real de los medios queda condicionada y su función, más allá de sus editoriales, puesta en tela de juicio, pues sin utilidad real, su valor cae.

Todo ello favorece un fenómeno igualmente relevante: la persistencia de determinados perfiles políticos que, por su presencia o su forma de actuar, operan mediante la intimidación simbólica sin activar una respuesta social proporcional dentro de sus propias organizaciones. Son figuras que transitan de puesto en puesto sin que los costes reputacionales actúen como mecanismo de corrección. Su estilo —a medio camino entre la provocación y la normalización de lo inaceptable— acaba siendo tolerado como parte del paisaje político. Hasta el punto de que sus nombres se omiten, no sea que señalarlos desencadene reacciones con consecuencias económicas, incluidas posibles pérdidas de ingresos publicitarios abonando el camino para el poder despótico.

En este contexto, la situación del Ayuntamiento de Murcia no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la expresión más visible de ese mismo patrón de opacidad y control del relato. La recuperación de espacios por parte del Partido Popular en barrios que fueron clave en el conflicto del soterramiento apunta menos a una estrategia de gobierno que a una dinámica interna de reposicionamiento. Todo indica que el foco está en la gestión de una sucesión más que en la resolución de problemas de un ayuntamiento ahogado.

Mientras distintos perfiles del Ejecutivo regional se sitúan, el Ayuntamiento proyecta una imagen de creciente desorden. Los ejemplos son conocidos: un sistema de transporte público con licitaciones retrasadas o mal planteadas que no saldrán esta legislatura, problemas persistentes de limpieza, quejas acumuladas en barrios y pedanías, atascos estructurales como los de la Ronda Sur o la renuncia del jefe de bomberos, que evidencia tensiones internas y fallos de dirección. No se trata de incidentes aislados, sino de una acumulación de disfunciones que dibuja un problema de gestión sostenido, pero que no tienen reflejo en lo medios.

A ello se suman elementos más simbólicos, como la hibridación entre cofradías y política o el control reforzado sobre territorios donde la percepción de abandono es creciente. Pero más allá de lo simbólico, lo determinante sigue siendo la capacidad —o la incapacidad— de ejecutar políticas públicas de forma coherente.

La conclusión es incómoda, pero difícil de evitar: la falta de escrutinio sostenido no es solo un problema mediático, sino un factor que agrava la propia crisis de gobierno. Cuando el poder no se nombra, cuando sus dinámicas no se explican y cuando sus fallos no se exponen con claridad, las posibilidades de corrección se reducen y perdemos todos. Y en ese escenario, lo que queda no es un proyecto, sino una lógica de mera conservación del poder en la que la opacidad deja de ser una consecuencia para convertirse en una herramienta para que todo siga como siempre, pero el resultado es la pérdida de la democracia.

En 1982, Wilson y Kelling formularon la conocida teoría de las ventanas rotas: cuando un entorno tolera el deterioro —un bache sin arreglar, una ventana rota, una farola fundida, una calle sucia, una llamada a la policía por un coche mal aparcado, vados que no se respetan o una hoguera que se repite semana tras semana sin respuesta— y, cuando el problema llega a redes, una cuenta falsa responde insinuando que quien denuncia ni siquiera ha llamado. Esto, inevitablemente, lleva a preguntarse si acertó o manejaba otros datos y lo que se transmite no es solo abandono material, sino un mensaje político mucho más profundo: aquí no pasa nada. Y cuando no pasa nada, todo acaba pasando y es lo que está sucediendo con muchos barrios y pedanías de la ciudad de Murcia.

La teoría de las ventanas rotas, en ocasiones, se ha utilizado, sobre todo, para justificar políticas de orden público restrictivas en determinadas zonas. Sin embargo, la misma tiene una lectura más incómoda: el deterioro no siempre es casual. Puede ser inducido, amplificado o, simplemente, ignorado. No siempre es negligencia; a veces es estrategia para devaluar una zona: comprar barato y vender caro después. Y otras, sencillamente, desgobierno.

Creo que nadie puede dudar que existe una relación directa entre degradación percibida y valor urbano. La forma más eficaz de devaluar un barrio no es solo dejar que se deteriore, sino acompañar ese deterioro con un relato constante de inseguridad, conflicto o decadencia. No hace falta que sea del todo cierto; basta con que sea creíble y repetido. Aquí es donde entran ciertos discursos vecinales y mediáticos que, en teoría, buscan defender el barrio, pero acaban construyendo una imagen profundamente distorsionada. El caso del sur de Murcia —El Carmen, San Pío X, Barriomar— es paradigmático. En los últimos meses se ha instalado la idea de que estos barrios atraviesan una situación equiparable a contextos de exclusión severa. Se señalan problemas reales, pero se amplifican hasta configurar un relato de colapso que perjudica a quienes viven allí, clase con aspiraciones de mejorar. Una anécdota reciente lo ilustra bien. Hace unos días recogimos a un familiar en el pueblo para ir a comer a la playa que, por su edad, no accede a internet. Durante el trayecto, nos explicó con total convicción que en nuestro barrio: el Carmen, San Pio X… “te roban hasta los tornillos” y que aquello era poco menos que un estercolero. No hablaba desde la experiencia, sino desde lo que había oído en la televisión pública que le acompaña, La 7. Ese es el dato relevante: si alguien ajeno al entorno repite ese discurso con seguridad, es que el mensaje ha calado y obtiene votantes para determinados partidos lejos de donde se produce esa situación de degradación, que, por otro lado, es culpa del partido que gobierna.

La realidad hoy, no hace falta ya ni leer a Baudrillard, es pura construcción mediática. Los simulacros se basan en establecer comparaciones impactantes, pero falsas. Se ha llegado a equiparar El Carmen con las 3.000 Viviendas de Sevilla. Conviene detenerse aquí. He vivido allí, en la residencia universitaria Flora Tristán, creada por la rectora Rosario Valpuesta, precisamente para intervenir en un entorno de exclusión real. Y no, no tiene nada que ver. No es cuestión de matices, sino de escala: estructura social, condiciones urbanas, presencia institucional. Confundir ambos contextos no solo distorsiona la realidad local, también banaliza la gravedad de otros. Cuando se pierde la escala, se pierde la capacidad de intervenir. Y ese es uno de los problemas centrales.

Por otra parte, hay algunas cosas que se están ignorando: la posición estratégica del barrio. El Carmen no es periferia; es la prolongación natural de la Gran Vía hacia el sur. La lógica urbana es clara: los ejes centrales no se detienen en un río, continúan. Y cuando continúan, arrastran actividad, inversión y centralidad. Algunos indicios ya son visibles. La llegada de ciertos usos comerciales —aunque sean tan poco sofisticados como un Burger King— responde a flujos y expectativas de crecimiento. A esto se suma un factor clave: el futuro paso del tranvía. Donde hay infraestructura estructurante, hay ciudad en expansión. Esto tiene consecuencias claras. Si ese eje sur se consolida, la conexión con la autovía deberá replantearse. No puede seguir dependiendo de los mismos accesos. Será necesario redistribuir flujos, diseñar nuevas entradas, pensar la ciudad en términos más amplios. Y eso, hoy, no se está haciendo, lo que provoca, entre otras cosas problemas serios de acceso y salida de la ciudad.

Ese vacío de planificación del ayuntamiento contrasta con la intensidad del relato negativo. Un relato que no es inocuo: contribuye a devaluar el barrio en el corto plazo y abre oportunidades para quienes sí anticipan su crecimiento. Se compra barato hoy lo que será caro mañana. Mientras tanto, quienes más contribuyen a ese discurso suelen ser quienes menos visión tienen. Denuncian degradación sin advertir que están ayudando a producirla. Es en este punto aparece la responsabilidad política, que es directa. El Ayuntamiento de Murcia no está corrigiendo esta deriva; la está permitiendo en un contexto evidente de desgobierno. Tras dos años de mandato, los proyectos estructurales siguen paralizados, el ayuntamiento no responde a cuestiones básicas, las decisiones estratégicas no llegan y la ciudad avanza por inercia. La consecuencia es clara: ni se actúa sobre los problemas reales ni se combate el relato que los amplifica. No hay una política definida para el sur ni una visión que sitúe estos barrios en el mapa de crecimiento de la ciudad. El resultado es doblemente perjudicial. Por un lado, se consolida una imagen distorsionada. Por otro, se pierde la oportunidad de ordenar un desarrollo que ya está en marcha. Ni se arreglan las ventanas ni se evita que alguien diga que el edificio entero está en ruinas.

Conviene recordarlo: una ciudad no se degrada solo por sus grietas físicas, sino por la ausencia de quien debe repararlas. Y en Murcia, hoy, ese vacío empieza a hacerse demasiado evidente. Lo pagamos quienes vivimos en determinados barrios, donde las llamadas a la administración caen en saco roto: coches que bloquean garajes, vehículos sobre las aceras, hogueras improvisadas… El ayuntamiento debe responder, como también sus instituciones, pero da la impresión de que resulta más rentable dejar que el deterioro avance, abrazar la teoría de las ventanas rotas y empujar así a que el malestar termine orientando el voto. Una forma, cuanto menos, inquietante de hacer política.

«Es la economía, estúpido ». Así rezaba la consigna que James Carville, estratega de la campaña de Bill Clinton, colocó, en 1992, en la sede electoral demócrata para recordar cuál era el eje central del mensaje político. Hubo un tiempo en que la situación material era una de las claves —si no la única— para regular el voto, y aquella frase terminó convirtiéndose en uno de los lemas más célebres de la política del pasado siglo.

La realidad, en último término, de aquellos años no estaba mediatizada por internet. Aunque Napster (1999) había servido para intercambiar música —todavía conservo archivos en mp3 de aquellos años—, y por aquel entonces Mark Zuckerberg era solo un niñato que, pocos años después, en 2004, iba a sentar las bases de Facebook, plataforma que, junto con la llegada de Twitter en 2006 (hoy X), acabaría transformando profundamente el ecosistema digital.

No obstante, aunque este nuevo entorno aún no determinaba la percepción del mundo real, sí permitía vehicular el hartazgo de determinadas sociedades a través de un medio de comunicación novedoso. De este contexto emergieron diversas olas de movilización que despertaron tanto la esperanza de algunos sectores como el interés académico, entre ellas las primaveras árabes (2010–2011), Occupy Wall Street (2011) o el 15-M en España (2011). Todos estos movimientos concebían estas plataformas como un modelo de comunicación horizontal con potencial transformador, sin embargo, eso fue al principio, una vez creada la necesidad, las redes se transformaron.

Durante la primera presidencia de Barack Obama (2009–2013), sus asesores identificaron Facebook como una herramienta clave para teselar el mensaje político, segmentarlo y dirigirlo a públicos específicos. La capacidad de emocionar y movilizar se intensificó con el uso de técnicas de microsegmentación, cuyo ejemplo más paradigmático fue el caso de Cambridge Analytica, al que se sumaron posteriormente acusaciones de intervención extranjera en distintos procesos electorales occidentales.

En paralelo, algunos movimientos sociales —como el del soterramiento de las vías del tren en Murcia— se pudo emplear la horizontalidad y la segmentación del mensaje proporcionado por estas plataformas para ampliar su alcance y capacidad de movilización. Sin embargo, los partidos políticos pronto adoptaron estas mismas herramientas con fines estratégicos. Un ejemplo especialmente ilustrativo de su aplicación en Murcia, en primer lugar y más tarde en España, se produjo en 2019: en plena campaña electoral, tanto autonómica, en la que ganó Diego Conesa con menor margen del que daban las encuestas, como en las generales, un militante de Nuevas Generaciones de Murcia y un asesor político financiaron decenas de anuncios en Facebook e Instagram con contenidos diseñados para desincentivar el voto de la izquierda, incluyendo páginas falsas y campañas orientadas a fomentar la abstención. Estas acciones alcanzaron millones de impactos y estuvieron vinculadas, al menos parcialmente, a estructuras próximas al Partido Popular, según señalaba una investigación de este mismo diario.

A partir de 2019, las redes sociales dejaron definitivamente de ser espacios horizontales, tal y como prometía el ideal original de internet, para convertirse en estructuras profundamente verticales. En ellas, el dinero, el poder y, sobre todo, la capacidad de segmentar y diseminar ideas pasó a determinar qué mensajes circulaban y cuáles quedaban invisibilizados. En este nuevo contexto, la mentira —la menzogna, en términos casi maquiavélicos— dejó de ser un accidente del debate público para convertirse en una forma estructural de hacer política.

Este giro conecta directamente con la advertencia formulada por Hannah Arendt: cuando la mentira deja de ser un instrumento ocasional y pasa a constituir el marco mismo de la acción política, lo que se erosiona no es solo la verdad, sino la capacidad de los ciudadanos para orientarse en la realidad. No se trata únicamente de creer o no creer, sino de quedar atrapados en un entorno en el que los hechos pierden su fuerza y el mundo común se fragmenta dado lugar a percepciones irreales y pasados reconstruidos.

En este punto conviene matizar —cuando no cuestionar— el optimismo inicial de Manuel Castells respecto a internet y la llamada autocomunicación de masas. Si bien durante un tiempo las redes parecieron abrir espacios de emancipación política, esa promesa se ha revelado en gran medida ilusoria. Las plataformas no son infraestructuras neutrales sino dispositivos de poder, jerárquicos y opacos, donde el acceso a los datos, al capital y a los algoritmos determina quién habla, a quién se escucha y qué relatos se imponen y que avanzan hacia un tecno-feudalismo sin control.

Y así, a pesar de que la economía va bien y de que el paro desciende, la imagen que llega a la persona media no es esa. La percepción de la realidad ya no se construye a partir de indicadores materiales, sino desde un flujo constante de estímulos emocionales que desplazan la atención hacia otros debates. Cuestiones que poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día han pasado a ocupar el centro del espacio político y se orientan más hacia guerras culturales que hacía realidades tangibles, incluso cuando problemas estructurales como el acceso a la vivienda siguen siendo centrales en la vida cotidiana.

Al mismo tiempo, que las conexiones sociales reales se debilitan, sustituidas por un carrusel interminable de imágenes y vídeos que nos hablan del ideal —del éxito, del bienestar, de la identidad— mientras ocultan la materialidad de la vida concreta. En este contexto, la política ya no interpela a ciudadanos que comparten un mundo común, sino a individuos aislados, emocionalmente segmentados, para quienes la realidad no se vive, sino que se consume. La pregunta ahora es cómo despertar y recuperar el debate público. ¿Escribir no sirve? ¿habrá que pensar en hacer vídeos?

La Constitución española de 1978 consolidó el Estado autonómico sobre tres principios que conviven en tensión permanente: autonomía financiera, solidaridad y coordinación. De esa tensión nace un sistema complejo, con dos modelos claramente diferenciados: el foral y el régimen común. Desde 1978, la financiación autonómica ha sido reformada en varias ocasiones, empujada por la ampliación constante de competencias, el crecimiento del gasto público —especialmente en sanidad y educación— y los cambios económicos. Entre 1978 y 1987 el sistema fue, en la práctica, transitorio: se trataba de cubrir el coste de los servicios transferidos, con comunidades muy dependientes del Estado y con escasa capacidad normativa real.

La segunda gran etapa arranca a mediados de los noventa y culmina en 2002, con las transferencias generalizadas en sanidad y educación producto de los acuerdos con Pujol por parte de González primero y luego con Aznar, el denominado café para todos. Aquello disparó el gasto autonómico y obligó a reformular el sistema para garantizar la suficiencia financiera, aumentando la cesión de impuestos y la corresponsabilidad fiscal. En ese contexto, la Región de Murcia, bajo el gobierno de Ramón Luis Valcárcel, aceptó competencias que el PSOE regional había rechazado por falta de financiación. Se aceptaron mal financiadas la Educación y la Sanidad y se pagaron caro: endeudamiento estructural, decisiones políticas ruinosas —como la desaladora de Escombreras— a cambio de controlar la construcción de la administración autonómica, una decisión que todavía pesa y explica muchas cosas en una región uniprovincial.

En 2001, con una economía boyante, el gobierno de Aznar, en el marco de sus pactos con Jordi Pujol, impulsó una reforma que reforzó la autonomía financiera y contó con amplio consenso. El PSOE criticó, pero no bloqueó. Aquella reforma, sin embargo, quedó pronto superada. La siguiente, en 2009, se negoció intensamente con Cataluña, entonces gobernada por el tripartito que desarrollaría el nuevo Estatuto, más tarde recortado por el Tribunal Constitucional. Esa reforma fallida del Estatuto catalán, unida a la crisis económica, abrió la puerta a una nueva fase del nacionalismo catalán, mientras la financiación autonómica salía adelante con la oposición directa de una parte del Partido Popular.

El sistema de financiación debía revisarse en 2014. No se hizo. Tampoco en 2017. La debilidad de los gobiernos de Rajoy, la falta de consenso y la tensión territorial lo paralizaron todo. En plena crisis, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución bajo Zapatero, el Estado, con Montoro en Hacienda, creó mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA garantizó liquidez, sí, pero a costa de recentralizar de facto la financiación y vaciar de contenido la autonomía financiera que se decía defender.

En 2019, tras la caída de Rajoy, la reforma volvió a ser imposible: el conflicto territorial seguía abierto y la polarización política no dejaba de crecer. Tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, en las que el PSOE perdió una parte sustancial de su poder territorial, Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas. Logró mantener en el poder gracias a un acuerdo con diversas fuerzas parlamentarias entre las que se incluía la liderada por Puigdemont. Aquel era un pacto contra natura entre derecha e izquierda, aunque coherente con la lógica del Estado autonómico, en el que se intercambiaban votos con la pacificación de Cataluña a través de una amnistía por el intento de secesión catalana.

El acuerdo que sirvió para la llegada al poder de Pedro Sánchez paraliza, sin embargo, la acción de gobierno: las políticas de izquierdas no encuentran apoyo en una derecha catalana que observa cómo, en Cataluña, su espacio político es devorado por Aliança Catalana. El pacto denunciado como una traición por el mismo PP que pasó sin transición, ni pudor, del “¡Puigdemont a prisión!” al “Puigdemont, ¡apoya la moción (de censura)!”. Una incoherencia que, lejos de fortalecer al PP, ha acabado alimentando a la extrema derecha española, Vox.

Puigdemont, ya con la amnistía en el bolsillo, elevó la apuesta y exigió en la negociación un concierto económico para Cataluña, algo directamente inviable al no estar previsto en la Constitución. Mientras tanto, en una negociación paralela y mucho más realista, el Gobierno pactaba con ERC, ya con Salvador Illa al frente de la Generalitat tras las elecciones de 2024, un cambio en el sistema de financiación que beneficiaba al conjunto de las comunidades autónomas. Aquí está la clave que muchos no han querido leer.

Pedro Sánchez ha aprovechado la negociación con ERC para presentar un plan que, técnicamente, mejoraba de forma sustancial el modelo anterior y que ha sido avalado por organismos como Fedea, que lejos del gobierno. No era una cesión: era una jugada. Una forma de dejar a Puigdemont sin salida y, al mismo tiempo, abrir un debate que cuestionara el poder territorial del PP en comunidades donde su hegemonía se sostiene sobre un agravio permanente. Curiosamente, mientras en Cataluña algunos medios conservadores avalaban el cambio desde el dato, en regiones como Murcia, Castilla La Mancha o León se optaba por el grito.

El plan en estas regiones se ha presentado como una “cesión a Cataluña” porque en un clima de polarización eso da más votos que explicar cuánto dinero va a llegar y para qué sirve. A ese marco contribuyó incluso Emiliano García-Page, plenamente consciente de que, ante el ascenso de la ultraderecha, el mensaje emocional funciona mejor que la pedagogía fiscal. Importó más el titular que el contenido. Incluso medios que durante años publicaron informes técnicos sobre la necesidad de elaborar un cambio en el modelo fiscal reforzaron en portada una interpretación polarizante, desplazando el análisis de fondo. Una deriva reveladora: a ciertas cabeceras España les importa mientras gobiernan los suyos.

El caso de Murcia es paradigmático. Aunque el cambio podía beneficiarla de forma objetiva, permitiendo desbloquear proyectos hoy paralizados, la reacción dominante no fue un “por nosotros”, sino un “contra Cataluña”. De nuevo el “a por ellos” frente al “a favor de nosotros”. Quizá porque aquí casi nunca se discute qué nos conviene, sino a quién hay que castigar. Y mientras tanto, se aplaude como salvador al mismo Feijóo que nos dio gato por liebre con las transferencias de sanidad. Así nos va.

Siempre me gustó Astrud. Una de sus canciones habla, con ironía suave y demoledora, de una generación que lo hace todo, que nunca es vieja, que nunca se jubila y que siempre permanece en el centro del escenario. No es solo una intuición cultural: es una de las claves para entender el fracaso persistente de la política de vivienda en España y, de manera especialmente clara, en la Región de Murcia.

La crisis de la vivienda suele presentarse como una fatalidad, como el resultado inevitable del mercado, del turismo o de dinámicas globales imposibles de corregir. Sin embargo, no estamos ante un fenómeno natural, sino ante un error sostenido de diagnóstico, agravado tras la crisis de 2008, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria evidenció hasta qué punto el acceso a la vivienda estaba construido sobre bases profundamente injustas.

Aquella crisis no solo destruyó empleo y ahorros; expulsó a cientos de miles de personas de sus hogares y colocó en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿para quién estaba pensado el sistema? De ese colapso surgieron respuestas sociales y políticas inéditas, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que logró algo fundamental: nombrar el problema. No se trataba de errores individuales ni de mala suerte, sino de un marco legal —la ley hipotecaria— diseñado para proteger al sistema financiero incluso a costa de arruinar vidas enteras.

De ese mismo colapso nacieron también nuevas formaciones políticas. Tanto Podemos como Ciudadanos son hijos directos de la crisis de la burbuja inmobiliaria global, aunque respondieran a diagnósticos distintos. Ambos canalizaron un malestar social profundo que tenía en la vivienda uno de sus ejes centrales, aunque con el paso del tiempo ese conflicto material fue desplazado hacia otros registros. En lugar de resolverse políticamente, la crisis se culturalizó.

Ese desplazamiento no puede entenderse sin el papel de las redes sociales. La promesa inicial de unas redes abiertas y democratizadoras dio paso progresivamente a espacios controlados por la publicidad, la segmentación algorítmica y la explotación de datos. Casos como Cambridge Analytica marcaron un punto de inflexión: el conflicto social dejó de articularse en torno a derechos materiales para hacerlo mediante discursos identitarios y polarizantes. La posterior compra de Twitter por Elon Musk no hizo sino acelerar esa mutación: de espacio público imperfecto a herramienta privada de amplificación ideológica.

En ese contexto, el problema de la vivienda —también en Murcia— fue quedando relegado. La llegada de Podemos al Gobierno encarnó, para toda una generación, la posibilidad de que la lectura surgida de la PAH se tradujera en cambio institucional. No era casual que algunas de sus figuras más visibles procedieran directamente de ese movimiento. Sin embargo, esa expectativa chocó pronto con una realidad más compleja.

En lugar de situar la vivienda en el centro de la acción política, el impulso transformador se asentó en dinámicas culturales y simbólicas más que en una modificación sustantiva de las reglas del juego, con la excepción del Ministerio de Trabajo. Allí se demostró que, con voluntad política y respaldo social, era posible alterar equilibrios que parecían intocables. Pero ese cambio no fue suficiente para aliviar la presión sobre la vivienda. La mejora de las condiciones laborales y salariales, sin una reforma paralela del mercado inmobiliario, sin avanzar en la dación en pago y sin una modificación profunda de la legislación hipotecaria, terminó trasladándose a precios más altos y alquileres más inaccesibles. Trabajar mejor no bastó para vivir mejor.

A esta situación se ha sumado la ausencia de una política de vivienda regionalizada impulsada desde el Estado o desde aquellas comunidades con capacidad política real. En la Región de Murcia, ese vacío se expresa con especial crudeza. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que la Comunidad Autónoma solo ha construido cinco de las 566 viviendas asequibles comprometidas con Bruselas, un incumplimiento que no se ha producido en ninguna otra comunidad.

Es aquí donde reaparece con fuerza el problema generacional. Existe en España —y también en Murcia— una generación, la boomer, que no se jubila ni material ni simbólicamente. No se jubila de la política ni de los espacios de decisión. Es una generación que accedió a la vivienda en condiciones históricas irrepetibles y que, desde esa experiencia, ha impuesto un relato moralizador sobre quienes llegaron después, incapaz de asumir que las condiciones materiales han cambiado radicalmente.

De ese choque surge un desencanto profundo. Una generación que creyó que el cambio era posible constata que, pese a haber identificado correctamente el problema, las estructuras permanecen intactas. La frustración se desplaza entonces hacia otros conflictos —identitarios o culturales— mientras el núcleo material del problema, el acceso a la vivienda sigue sin resolverse. La política de vivienda queda así atrapada entre el miedo al conflicto y la renuncia a cambiar las reglas.

No es una cuestión de fatalidad. Es el resultado de haber diagnosticado bien el origen del problema y haberlo abandonado en favor de batallas más rentables en el terreno del relato. Ese desplazamiento ha convertido la falta de políticas de vivienda en un conflicto generacional, señalando a jubilaciones y mayores como responsables de la ausencia de inversión pública y poniendo en cuestión incluso el futuro del propio Estado del bienestar, olvidando que las generaciones desaparecen y también pueden hacerlo los derechos.

La Región de Murcia concentra una parte muy significativa de la contaminación atmosférica del sureste peninsular sin que los medios de comunicación le dediquen mucho más que breves notas aisladas. Sabemos —y somos plenamente conscientes— de que la contaminación atmosférica provoca problemas respiratorios y agrava patologías preexistentes, sin que nadie haya establecido un plan coherente, no ya para reducir los picos puntuales, sino los niveles elevados y continuados de polución.

A pesar de ello, la respuesta tanto de las autoridades regionales como de las municipales ha sido esconder la cabeza, como si esta situación no fuera con ellas. Quizá piensan que el problema desaparecerá por sí solo, que se resolverá sin intervención o que, simplemente, tendremos que convivir con esta contaminación persistente. No se trata de subrayar la dificultad de establecer una causalidad directa entre una afección respiratoria concreta y un episodio puntual de contaminación —algo que, como ocurrió en su día con el tabaco, podría derivar en una eventual responsabilidad —. Lo que sí resulta posible es establecer una relación causal clara entre el aumento sostenido de la contaminación atmosférica y el incremento de las afecciones respiratorias en la población, una evidencia suficiente para exigir responsabilidades políticas por la inacción a la hora de proteger la salud pública.

Resulta evidente que estos picos de contaminación están directamente relacionados con la incapacidad para adoptar medidas de variado tipo y, principalmente, en materia de transporte. Medidas que no competen únicamente a un ayuntamiento, sino a un Gobierno regional que ha hecho dejación de funciones. Hoy nos encontramos con un transporte público disfuncional que no compite con el vehículo privado. No lo hace ni por frecuencias —los sistemas de información no permiten predecir el paso de los autobuses, lo que hace imposible planificar desplazamientos— ni por tiempos, que dependen del tráfico y de una deficiente planificación de rutas. En ocasiones, esta situación provoca que sea más rápido desplazarse a pie, incluso en trayectos largos, que utilizar el transporte público. A esta combinación de bajas frecuencias y tiempos poco fiables se suma la incapacidad del Gobierno regional para pensar la Región como un entramado de ciudades interrelacionadas y una entidad de transporte que soluciones. Un sistema que no debería abarcar únicamente la capital, sino también Cartagena y su comarca, Lorca y el valle del Guadalentín, el Noroeste, así como Yecla y Jumilla.

Es evidente que esta incapacidad, antes y ahora, viene determinada no solo por un posicionamiento ideológico concreto. Ni Vox, cuando tuvo competencias en la Consejería de Fomento, quiso hacer nada; ni —lo que es peor— el Partido Popular ha hecho nada, ni antes de ceder dicha consejería ni ahora que ha vuelto a asumir sus competencias. Mientras tanto, se desvía la atención hacia ayuntamientos y alcaldes que aceptan competencias impropias con el único objetivo de ser reelegidos, pese a ser incapaces, antes y ahora, de señalar el verdadero problema: un Gobierno regional desaparecido para la gobernanza de una Región que observa cómo los hijos de las clases asalariadas con formación se ven obligados a marcharse ante un modelo económico que solo genera empleo en un sector primario que demanda mano de obra cada vez menos cualificada y que, cuando llega, es rechazada y criminalizada.

A ello se suma la dimensión ideológica del cambio climático y la negativa sistemática a reconocer tanto el problema como las medidas necesarias para minimizarlo y reducir su impacto, ya sea mediante la creación de un transporte público regionalizado o a través de la implantación de zonas de bajas emisiones, que deberían ser el resultado posterior de la primera acción pues la suma de ambas será explosiva.

Es evidente que el rechazo a los cambios en el transporte público y a la gestación de la Región que queremos para el futuro ha de situarse en un interrogante compartido. En la Región somos capaces de admirar a Europa mientras seguimos dirigiendo la crítica hacia la oposición para eludir la necesaria exigencia de responsabilidades a un Gobierno regional que lleva más de treinta años prometiendo sin cumplir. De ello se deriva una situación tan reveladora como paradójica: la inversión aumenta en aquellos periodos en los que el Gobierno central es de signo político distinto al regional, mientras este último regionaliza su discurso para culpar al Estado de la falta de inversiones y guarda silencio cuando gobiernan los suyos. En ese contexto, el electorado acaba obviando a la oposición, incluso cuando esta plantea un plan para transformar una Región cuya situación poco tiene que ver con el Gobierno de España.

La cuestión de fondo es que resulta imposible pensar los problemas de la Región desde marcos políticos ajenos a su realidad concreta. La importación constante de debates, consignas y confrontaciones nacionales sustituye cualquier intento de abordar las necesidades propias del territorio. El sanchismo funciona así como coartada de esa incapacidad para pensar la Región desde sí misma, del mismo modo que en su momento lo fueron el felipismo o el zapaterismo: categorías de alto calado en una Región que sigue sin pensarse desde su propia tierra mientras dirige la mirada hacia lo alto le roban el futuro en lo bajo. Da para reflexionar.

La llegada de Francisco Lucas a la Delegación del Gobierno, en sustitución de Mariola Guevara —quien deja un balance de matrícula tras haber afrontado situaciones difíciles con un estilo propio y elegante— responde a una vieja táctica del PSRM cuando el PSOE gobierna en la nación: situar en ese puesto a su posible candidato a la presidencia autonómica. Así lo hicieron en su día Rafael González Tovar, Diego Conesa, Pepe Vélez y, ahora, el relevo recae en Lucas.

La Delegación del Gobierno ofrece una plataforma privilegiada de visibilidad en la política regional, aunque con un coste evidente: asumir la defensa del Ejecutivo central frente a un PP murciano que ha hecho del independentismo su bandera cuando no gobierna en la nación. El ejemplo más reciente lo encontramos en Totana, donde López Miras visitó el CEIP Santa Eulalia y presumió de que 152.000 alumnos de Infantil y Primaria habían comenzado el curso gracias, en parte, a la financiación estatal. Un mensaje que, en coherencia institucional, debería haber contado con la presencia del delegado del Gobierno, pero del que se prescindió deliberadamente. 

En esa ceremonia también debió recordarse a quienes durante años lucharon por las mejoras ahora inauguradas: el añorado Juan José Cánovas y la anterior corporación municipal, que reivindicaron de forma persistente esas infraestructuras. Sin embargo, se esperó a que el PP gobernara en el municipio para ejecutarlas, culminarlas y exhibirlas como ideas propias que nunca fueron. El caso de Totana no es anecdótico: retrata una forma de hacer política en la que los servicios públicos se convierten en escenarios de confrontación, y donde lo que importa no es tanto el beneficio ciudadano como la rentabilidad partidista de retrasar inversiones hasta que se puede gobernar.

La llegada de Francisco Lucas, además, coincide con una peligrosa deriva del Ejecutivo regional: seguirle el juego a Vox para poder continuar gobernando y aprobando presupuestos. Esto se traduce en un Partido Popular rehén de un socio que tensiona la vida política a través de un discurso sobre seguridad que ha dejado de estar vinculado a datos objetivos o políticas públicas para convertirse, como advierte Zygmunt Bauman, en una construcción emocional que ocupa un lugar central en la percepción ciudadana. La promesa de seguridad se transforma así en uno de los productos más rentables del mercado político. Ese discurso se impone como uno de los pocos relatos capaces de ofrecer una ilusión de orden en medio de un presente incierto. La inseguridad —real o inducida— se convierte en mercancía electoral y mediática, y el migrante en el chivo expiatorio perfecto.

Prueba de esta estrategia fue la reciente entrevista en la que Fernando López Miras llegó a comparar los efectivos de la Guardia Civil en la Región —una comunidad uniprovincial— con los de Aragón, que cuenta con tres provincias, obviando además el número de comisarías de Policía Nacional existentes en la Región. La comparación no buscaba informar, sino reforzar un relato de inseguridad en una de las regiones más seguras del país, con el objetivo de justificar decisiones pactadas con la extrema derecha.

El resultado es un escenario arriesgado: la seguridad se convierte en un discurso político y los menores —junto con sus centros de acogida— en rehenes de la visibilidad mediática de Vox. Su estrategia es tan simple como eficaz: aparecer en los móviles, pero no en los gobiernos, con la única intención de subir en las encuestas. Y, de momento, les está funcionando. Su retirada de los ejecutivos al principio de las legislaturas es la prueba: al constatar quizás, por un lado, su falta de personal para cubrir los gobiernos y, por otro, tras haber aplicado políticas que dejaron desmantelados servicios como las emergencias en la Comunidad Valenciana o los dispositivos antiincendios en Castilla y León, acciones sobre las que no han pagado coste político alguno por la errática política de Feijoo que parece más interesado en erosionar el gobierno de España que a ganar unas elecciones por sí mismo.

La llegada de Francisco Lucas a la Delegación del Gobierno subraya que el PSRM tiene un plan, aunque aún está por ver si funcionará. En cualquier caso, el nuevo delegado arriba con un rumbo claro: ser un delegado activo, con ideas firmes, que ha hecho de la defensa de la seguridad y de la convivencia su principal bandera. Así lo demostró en la junta de seguridad de Torre Pacheco y en decisiones orientadas a evitar que se repitan sucesos como los de este verano. Sus actuaciones pueden marcar la diferencia.

En Santa Cruz permitió que los representantes de Vox montaran su enésima función contra los centros de menores: rueda de prensa incluida, con los habituales discursos incendiarios y la escenografía pensada para cosechar titulares y vídeos virales. Acudieron distintas fuerzas políticas, y todas encontraron su minuto de gloria y su ración de “me gusta” en redes que iban buscando, esa política meme que tanto se lleva ahora. Pero lo verdaderamente significativo fue lo que no ocurrió: gracias al operativo previsto por el delegado del Gobierno, la provocación no pasó de espectáculo rueda prensil y no derivó en un altercado. Una vez más, el partido que presume de defender la seguridad quedó reducido a lo que realmente es: una máquina de agitación que se alimenta del ruido, pero incapaz de asumir responsabilidad alguna cuando toca garantizar la convivencia.

Durante décadas, veranear en el norte fue sinónimo de noches frescas y días suaves, un refugio frente al calor extremo del sureste. Esa imagen, sin embargo, ha cambiado. Los veranos en la cornisa cantábrica y en Castilla y León ya no garantizan lo que antes parecía natural: temperaturas diurnas similares a las del resto de la península, aunque las noches aún conserven la memoria de otros tiempos.

Cada verano arranco en Tordesillas, muy cerca del Archivo General de Simancas, fundado por Carlos V. Desde allí recorro alguna provincia castellana en busca de románico. Esa afición me ha permitido conocer zonas que hoy aparecen en los telediarios por razones muy distintas: los incendios. Cervera del Pisuerga, por ejemplo, se menciona ahora más por las llamas que por la senda del oso o sus iglesias. Si en 2024 estuve recorriendo la montaña palentina, este año le tocó a León, provincia a la que llegamos justo cuando comenzaban los fuegos.

La Junta de Castilla y León aseguraba en los primeros compases que todo estaba bajo control. Pero la realidad desmentía aquel discurso: convoyes de la UME, jeeps del Ejército de Tierra y un incesante trasiego de helicópteros y aviones sobrevolando los cielos dibujaban una escena muy distinta. Cuando el fuego se avivó, el PP denunció en la radio la ausencia o insuficiencia de medios en las comunidades donde gobernaba, aunque no siempre asumiera su propia cuota de responsabilidad.

Favorecido por la ola de calor, el incendio se descontrolaba y, con él, también el relato público. Las certezas se bifurcaban. Lo que era evidente para cualquiera presente — convoyes de jeeps del ejército de tierra, UME y aviones— contrastaba con la narrativa política y mediática: un gobierno autonómico desaparecido y un PP más pendiente de desgastar a Pedro Sánchez que de apagar las llamas. No era un simple matiz; en plena emergencia, el discurso se fragmentaba según la trinchera ideológica.

No es la primera vez. Ya ocurrió en la pandemia, cuando la Comunidad de Madrid se negó a cerrar la capital pese a las advertencias sanitarias y hubo que cerrar un país; también con episodios de lluvias torrenciales mal gestionados en Valencia. Ahora se repite con los incendios: las comunidades delegan responsabilidades, desatienden la prevención, y cuando llega el desastre —anunciado— culpan al Gobierno central.

El ciudadano medio no entiende de competencias, y ahí radica parte del problema. En la escuela se explican, pero pronto se olvidan; la generación más mayor vivió bajo un Estado centralizado y le cuesta asimilar el modelo autonómico. A ello, se suma una oposición y una parte de la prensa, con evidente sesgo ideológico, que ofrecen versiones interesadas sobre cómo funciona el sistema. La derecha nunca ha estado cómoda con este modelo: sostiene que los artículos 148 y 149 de la Constitución quedaron mal definidos y aboga por reformarlos para recentralizar el poder. En realidad, su objetivo último es cuestionar el propio Estado de las autonomías. Así, cada desastre natural —ya sea una DANA, unas lluvias torrenciales o un incendio forestal— se convierte en munición política.

El Partido Popular carga contra el PSOE, pero el verdadero beneficiado es Vox, cuyos votos han sido clave para recortar emergencias o debilitar los servicios en algunas comunidades. El partido de extrema derecha sale indemne, mientras el PP calcula cómo gobernar con él. La deriva es peligrosa: Vox, una fuerza que incluso algunas de sus dirigentes han señalado como machista y retrógrada, marca parte de la agenda, y el PP juega a normalizar esa alianza. Todo ello, hasta ahora, sin apenas coste electoral en comunidades clave: Valencia, Castilla y León o Galicia.

El modelo autonómico funciona, pero el desconocimiento pesa. El relato mediático madrileño monopoliza la agenda y la prensa local sobrevive gracias a la publicidad institucional, repartida según la afinidad ideológica del gobierno de turno. Nadie se atreve a reformar ese mecanismo de financiación que alimenta la polarización. Mientras tanto, el dinero que se destina a propaganda no refuerza lo esencial: servicios, prevención, personal. El resultado es que competencias transferidas acaban sin ejercerse o se descapitalizan. Solo los afectados alertan de manera constante. Y basta que llegue un desastre, casi siempre previsible, para que se vean las costuras. Entonces, si el color político autonómico no coincide con el del Gobierno central, la culpa siempre se reparte hacia arriba. Lo que se erosiona, en realidad, es la confianza en el propio Estado.

El sistema autonómico solo puede funcionar si el ciudadano entiende a quién pedir responsabilidades. Hoy, algunas comunidades temen perder elecciones y prefieren derivar culpas al Gobierno central antes que asumir sus propias obligaciones. El resultado es un Estado de las autonomías convertido en un arma partidista: cada desastre natural es también un incendio político, y los ciudadanos quedan atrapados entre administraciones enfrentadas.

El ejemplo de la Región de Murcia es ilustrativo. Aquí, los ayuntamientos asumen competencias impropias para suplir carencias de un Gobierno regional que no sabe gestionar. Los alcaldes, de uno y otro signo, callan para no perder votos. El Ejecutivo de López Miras retiene fondos, lo que obliga a los municipios a subir impuestos como el IBI para cuadrar cuentas. El caso de la capital es paradigmático: en solo dos años, el incremento impositivo ha sido espectacular, más que las supuestas rebajas de López Miras. El ciudadano paga más y recibe peores servicios, pero nadie le echa cuentas. Ese es el verdadero melón pendiente: entender de una vez el reparto de competencias y asumir que el Estado autonómico funciona, a pesar de la irresponsabilidad de quienes gestionan algunas autonomías y lo convierten en coartada política al tiempo que no asumen responsabilidades.

Joseph Overton, politólogo del Mackinac Center for Public Policy, desarrolló un modelo para cambiar las políticas públicas desplazando el marco de lo socialmente aceptable: la “ventana de Overton”. Según este enfoque, aplicado en la educación, los legisladores no inventan las ideas que promueven, sino que actúan dentro de un rango delimitado por la opinión pública. Ese rango puede modificarse mediante la acción de think tanks y actores culturales que introducen propuestas inicialmente impensables, las legitiman de forma gradual y las convierten en políticas oficiales. El objetivo no es convencer directamente a los gobernantes, sino alterar el clima de opinión para ampliar lo políticamente posible.

El caso de Jumilla se inscribe en esta lógica. Allí, el Partido Popular gobierna en minoría y presentó una moción de sustitución a una de VOX que pretendía restringir el uso de los polideportivos en las fiestas musulmanas. Esta, aunque no era inédita, resultó significativa por el contexto: coincidía con el último pleno antes del parón estival y venía precedida por los sucesos de Torre Pacheco. Estos habían llevado a un intelectual orgánico a publicar en diversos medios de comunicación nacional un artículo cuyo marco narrativo replicaba casi literalmente 'Sumisión', de Michel Houellebecq, combinando el temor a la pérdida de tradiciones con una visión estereotipada del islam e impregnada de la noción spengleriana del declive de Occidente. A ello se sumaba un trasfondo ideológico propio: la tradición liberal-conservadora de la Constitución de 1876, que proclamaba la libertad de cultos bajo hegemonía católica. Esa “tolerancia vigilada”, un Cánovas 2.0, reaparece hoy en la retórica de defensa de las tradiciones frente a amenazas externas.

Un ejemplo de esta estrategia discursiva es la publicidad de VOX en Almería, que contrapone el velo integral (niqab), asociado a visiones rigoristas del islam, con la imagen de una mujer con los hombros descubiertos y un escote pronunciado. Esta contraposición simplista, basada en la demonización del “otro”, oculta que el marco ideológico subyacente es el de una Europa blanca, cristiana y jerárquica, donde los papeles sociales están fijados por la tradición. Como ocurre en otros fundamentalismos, ese ideal conduce a que la mujer obedezca, el cuerpo se oculte y la tradición —más que la fe— determine la pertenencia. La paradoja es que quienes difunden este mensaje suelen exigir, en otros contextos, recato para entrar en una iglesia o vestir en público: cubrir hombros, ocultar escotes o alargar faldas. Son prescripciones que en cualquier fundamentalismo religioso no provienen de los textos sagrados, sino de tradiciones elevadas a dogma cultural.

El problema de fondo es que la verdadera herencia ilustrada es la laicidad. En España, la aconfesionalidad del Estado —logro parcial y frágil— es un principio básico de la democracia. Lo contrario de un Estado laico no es uno religioso, sino uno sometido. Renunciar a la neutralidad confesional no protege la fe: degrada la democracia. Presentar esa renuncia como “defensa de la tradición” es un error histórico y político. Lo que está en juego no es solo la letra de la ley, sino el marco simbólico y cultural. Al convertir esa neutralidad en negociable, el marco democrático se convierte en un juego de fuerzas y no en una garantía de igualdad. En ese escenario, VOX busca instrumentalizar la religión como pilar identitario, subordinando la autoridad eclesial a un proyecto político nacionalista, cuestión que ya conocemos. No se prioriza la función espiritual, sino la capacidad de la fe para operar como cemento cultural y herramienta de movilización política.

La conciencia de esta situación llevó a la Conferencia Episcopal Española a un comunicado prudente recordando la aconfesionalidad del Estado y la necesidad de respetar los derechos fundamentales, sin entrar en confrontación directa, pero dejando claro que las políticas restrictivas basadas en criterios confesionales no son compatibles con el marco constitucional. Este posicionamiento, alineado con un magisterio más social y dialogante impulsado por el Papa Francisco y continuado por su sucesor, choca con sectores eclesiales y políticos que reclaman un fundamentalismo católico frente al liberalismo y el multiculturalismo. Así, el ataque de VOX no es una ruptura con el catolicismo, sino un intento de desplazar su centro de gravedad hacia un catolicismo culturalmente excluyente, debilitando la legitimidad de la jerarquía actual y normalizando la idea de que incluso las instituciones religiosas deben plegarse al proyecto político si quieren conservar influencia en el espacio público.

Por eso, la moción de Jumilla —más allá de su alcance inmediato en el reglamento de gestión— es parte de un proceso mayor: el ensayo de un marco cultural en el que lo excepcional se normaliza y la aconfesionalidad deja de ser principio para convertirse en concesión condicionada. Este desplazamiento semántico y jurídico erosiona la función del Estado como garante de igualdad y lo reduce a árbitro complaciente de mayorías coyunturales.

La única defensa frente a esta deriva es reafirmar la aconfesionalidad como garantía de igualdad y como núcleo de la cultura democrática. No se trata de excluir creencias del espacio público, sino de impedir que el Estado se convierta en agente de una tradición concreta. A la vez, hemos de comprender que la cuestión no es religiosa, es política una vez más y se plantea en la necesidad de plantear la cuestión.

Los recientes hechos ocurridos en Torre Pacheco han generado múltiples interpretaciones desde perspectivas periodísticas, sociológicas y antropológicas que invitan a reflexionar sobre la evolución social y política de la Región de Murcia. Entre ellas destaca el análisis de Andrés Pedreño y Miguel Ángel Sánchez, publicado en Viento Sur, que aporta una visión histórica y matizada, evitando la comparación simplista con los disturbios de El Ejido del año 2000. Dicha comparación, aunque frecuente, suele ocultar otros procesos importantes de la Región, como el ocurrido en Totana entre 1998 y el 2000.

En aquellos años más de cien inmigrantes ecuatorianos, ya integrados en el tejido agrícola y en procesos de arraigo, recibieron una orden de expulsión por parte de la Delegación del Gobierno. La respuesta social no fue el rechazo ni el miedo, sino una movilización vecinal masiva con el respaldo activo de la Iglesia —que había facilitado la llegada de estas personas desde Ecuador— y de los sindicatos locales. Esta movilización consiguió frenar parcialmente las expulsiones y consolidó un modelo de integración comunitaria.

Dos décadas después, la Región ha pasado de ese modelo de cohesión social a un escenario marcado por la instrumentalización política de la inmigración, especialmente la de origen magrebí. Este cambio ocurre en un contexto de desinversión en servicios públicos esenciales, debilitamiento de los vínculos comunitarios y una creciente desafección institucional. La transformación ha afectado profundamente los mecanismos de respuesta colectiva ante conflictos sociales.

Para comprender esta evolución, es crucial diferenciar claramente los casos de Torre Pacheco y El Ejido. En El Ejido, la violencia fue una reacción impulsiva, desencadenada por el asesinato de una mujer a manos de un inmigrante con trastornos mentales. Ubaldo Martínez Veiga ha analizado cómo aquella situación derivó en una implosión social provocada por el colapso repentino de un frágil pacto de convivencia, sostenido por un modelo agroindustrial basado en mano de obra migrante precaria e indocumentada. En ese contexto, el miedo, los rumores y la desinformación generaron un estallido de violencia racista, con saqueos y agresiones masivas, ante los cuales el Estado reaccionó tarde y con descoordinación, generando críticas internacionales sobre el racismo estructural subyacente.

En contraste, lo sucedido en Torre Pacheco representa una explosión inducida, estructurada estratégicamente y amplificada mediante discursos mediáticos externos. No fue un incidente aislado, sino el resultado de una movilización difusa con antecedentes claros en la Región. Un caso significativo fue el asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca, ocurrido el 31 de enero de 2022. Aunque inicialmente se presentó como una acción espontánea de ganaderos desesperados, Pepe Quiñonero señaló cómo había sido cuidadosamente organizada, incluyendo el uso de una megafonía ambulante que difundía un llamamiento dramático a defender “la vida y el futuro”.

Otro antecedente se produjo en Alhama de Murcia, poco antes de los sucesos de Torre Pacheco, cuando un migrante con problemas mentales intentó abusar de una menor. La noticia, difundida por perfiles vinculados a Vox, encontró cierto eco. Sin embargo, la rápida intervención del Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Rosa Sánchez, evitó que la movilización prosperara, aunque evidenció que los mecanismos de agitación ya estaban preparados y a la espera de una oportunidad.

Esa oportunidad llegó con la agresión a un vecino de Torre Pacheco, Domingo, presuntamente perpetrada por un temporero magrebí con antecedentes penales, el 7 de julio. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales. El día 10, Vox anunciaba desde su perfil nacional una concentración para el 12 de julio, mientras que el Ayuntamiento convocaba otra para la noche del 11. La instrumentalización política fue reforzada por cámaras de eco digitales, especialmente activas en las periferias urbanas de Barcelona, que facilitaron la llegada de grupos violentos al municipio. La situación obligó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a desplegar a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y cerrar los accesos a Torre Pacheco.

Con esos grupos llegaron también numerosos perfiles digitales profesionales, especializados en generar contenido y monetizar su actividad en plataformas. Estos perfiles no actúan solo como altavoces ideológicos: su modelo de negocio depende de captar atención y maximizar la viralidad. El territorio se convierte así en un set: grabar in situ aporta autenticidad y anima a los actores a sobreactuar. Conectados a redes transnacionales, amplían audiencias. El resultado es un círculo vicioso: la polarización genera beneficios, y esos beneficios financian nuevas campañas de agitación, dificultando cualquier desescalada institucional que solo es posible tras su expulsión.

Ante este panorama, la pregunta clave es inevitable: “¿y ahora qué?”. En un mundo donde se abandona el ius soli para dar pábulo al ius sanguinis, el migrante se convierte en el nuevo enemigo, pese a que —como reconoce la ciudadanía de Torre Pacheco— sin su trabajo la maquinaria económica se detendría. Nos encontramos ante una sociedad atrapada entre la dependencia estructural, el miedo y la necesidad de reforzar identidades excluyentes. En este contexto, la agresión al migrante no es implosiva, sino explosiva: no surge del colapso interno, sino que se proyecta hacia afuera como forma de gestionar tensiones económicas, sociales y políticas.

Como ha señalado Zygmunt Bauman, en las sociedades contemporáneas la inseguridad ocupa un lugar central en la percepción ciudadana, y la promesa de seguridad se ha convertido en uno de los productos más rentables del mercado político. El discurso de la seguridad se impone como uno de los pocos relatos capaces de ofrecer una falsa sensación de orden en un presente incierto. La inseguridad –sensación o realidad- se convierte en mercancía electoral y mediática, y el migrante en el chivo expiatorio perfecto. Convertir al diferente en enemigo no solo regula identidades, sino que legitima estallidos funcionales a ciertos actores políticos y digitales que buscan alcanzar el poder gestionando el miedo. Y cuando eso sucede, el otro, mañana, puedes ser tú.

Escribir es un acto de comunicación, sí, pero también de incertidumbre. Nunca se sabe quién te leerá, ni —lo que es aún más inquietante— cómo interpretará lo que has escrito. Darle a la tecla es, al mismo tiempo, oficio y aprendizaje. Y en ese camino sigo, sumando un puñado de artículos que, orbitando sobre esta ciudad y, por extensión, sobre esta Región, se preguntan por el presente sin dejar de echar un vistazo al pasado, repensando —sin lugar a dudas— cuestiones que nos interpelan desde ambos tiempos.

Siempre me ha resultado curioso que una región con vocación industriosa —en la que los huertanos, arrendadores de tierras, no podían dejar de completar sus ingresos con la producción de seda— no haya sido considerada como una ciudad industriosa y, por extensión, como una región marcada por una dualidad que, si bien no se refleja en las estadísticas, sí debería invitarnos a reflexionar sobre su carácter.

Esta reflexión, que aquí lanzo, se distancia de la interpretación clásica de la historia regional que delinearon, con rasgos generales, dos historiadores a los que admiro profundamente: María Teresa Pérez Picazo y Guy Lemeunier. En su obra, ambos planteaban la Región como un espacio exportador, semiperiférico, dentro de los marcos analíticos —ya superados, aunque en ocasiones aún útiles— de Wallerstein. Su libro, El proceso de modernización de la Región de Murcia, que guardo como oro en paño —no solo por su contenido, sino también porque la edición que poseo, comprada en una librería de viejo inglesa, perteneció a Jim Casey, uno de los grandes historiadores de la historia social hispana—, revisa con acierto los procesos clave del territorio.

A estas contribuciones habría que añadir también la Historia de la Región de Murcia, publicada por Ediciones Mediterráneo en once volúmenes y coordinada por Francisco Chacón, que reúne un extenso y diverso conjunto de trabajos —imposible de citar en su totalidad aquí— que configuran una visión plural de la Región. Más tardía es la aportación del gran medievalista Miguel Rodríguez Llopis —de muerte prematura, pero de trabajo ingente—; buena parte de la documentación simanquina que hoy conserva el Archivo Regional fue encargada por él. También merece mención la Historia económica de la Región de Murcia de José Miguel Martínez Carrión, maestro de mi añorado compañero de piso, Javier Puche Gil, a quien la parca se llevó demasiado pronto.

No menos relevante resulta la Breve historia de la Región de Juan González Castaño, discípulo de Lemeunier y Pérez Picazo, que completa ese legado intelectual con una mirada clara, precisa y firmemente arraigada sobre el devenir de una Región cuya construcción política ha sido también analizada por diversos autores.

Las reflexiones de todos ellos resultan muy interesantes, pero especialmente atractiva me sigue pareciendo la primera obra citada: El proceso de modernización de la Región de Murcia, de Guy Lemeunier y María Teresa Pérez Picazo. En ella se formulaba ya en 1984, en diálogo con la célebre propuesta de Eugen Weber sobre la transformación de campesinos en ciudadanos en la Francia del siglo XIX, una lectura incisiva de la Región de Murcia.

En una introducción que aquí entrecomillo, se destacaban ciertas condiciones estructurales que definían los umbrales de su modernización: “una ocupación humana tardía y dispersa en términos históricos; una incorporación igualmente tardía a la vida política —Murcia fue hasta 1931 uno de los principales bastiones nacionales del abstencionismo electoral—; y una conciencia de clase escasamente articulada, reflejada en los bajos niveles de conflictividad social. A estos factores, que delinean los límites iniciales del proceso modernizador, se sumaban otros rasgos cuya transformación ha sido aún más lenta, especialmente en el plano cultural: el alto grado de analfabetismo entre los mayores de cincuenta años, el fuerte individualismo comarcal, la débil conciencia regional y la quasi ausencia de tradiciones culturales compartidas”.

Estas últimas frases, releídas cuarenta años después —y evocadas aquí a modo de homenaje—, me llevan a preguntarme si nuestras actuales tasas de abandono escolar no serán, en parte, el resultado de una path dependence nunca corregida ni con inversión ni con voluntad política. Si el individualismo local, el enfrentamiento entre comarcas incapaces de articular proyectos comunes, y esa discusión perenne entre el polo industrial cartagenero y la capital murciana, en ausencia de una tradición verdaderamente compartida, no explican también la situación presente, que urge superar. Y si la falta de conciencia regional no está detrás, asimismo, de nuestra tendencia a votar mirando hacia Madrid, ignorando con frecuencia lo que sucede aquí.

Sea o no así —y pese a mis fuertes debates con ella—, merece la pena releerla. Es difícil encontrarla en una librería de viejo, pero ahora, por unos pocos euros, puede comprarse y leerse en Google. Se la recomiendo.

Uno de los principales problemas que afectan actualmente a la Región de Murcia es la elevada tasa de abandono escolar. Desde mi punto de vista, esta situación responde, fundamentalmente, a dos factores. En primer lugar, a una fuerte path dependence ligada a la historia cultural y educativa del territorio: la región ha mantenido tasas de analfabetismo elevadas hasta fechas relativamente recientes, lo que ha dificultado la consolidación de una cultura educativa sólida y estructural.

En segundo lugar, tras la crisis derivada de la reconversión industrial de 1992 —que culminó simbólicamente con el incendio de la Asamblea Regional—, el Partido Popular apostó por el sector agrario como eje de su crecimiento político —bajo el lema del 'Agua para todos'— y económico, renunciando a una reindustrialización que aún hoy parece temerse. El modelo resultante ha favorecido un sector primario intensivo que, si bien genera empleo, depende en gran medida de una población flotante con bajos niveles de formación. Frente a ello, no ha existido ningún esfuerzo institucional serio por ofrecer alternativas educativas o de cualificación profesional.

En este contexto, la inversión de la Consejería de Educación ha sido insuficiente, especialmente en aquellas zonas sometidas a un fuerte crecimiento poblacional. Esta expansión demográfica, no prevista ni planificada, ha tensionado aún más unos servicios públicos —educativos y sanitarios— que no han sido acompañados por una dotación adecuada de recursos. Casos como los de Lorca, el Mar Menor o pedanías como Corvera ilustran con claridad esta descompensación entre el crecimiento urbano y el abandono institucional, reflejada en la proliferación de barracones escolares y en la ausencia de políticas de infraestructuras adaptadas al contexto climático actual.

El resultado es una degradación progresiva de los servicios públicos, aprovechada por los partidos de derechas y extrema derecha, que articulan un discurso de odio como respuesta a los síntomas del colapso, sin abordar nunca sus causas estructurales. Así, asistimos a una paradoja inquietante: una ciudadanía que, por un lado, respalda un modelo económico basado en la explotación intensiva del campo —modelo que expulsa a sus hijos formados por falta de oportunidades— y que, por otro, vota movida por el miedo al extranjero, cuando ese mismo modelo económico se sostiene sobre la mano de obra migrante.

La experiencia estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump lo mostró con claridad: estas contradicciones se traducen en razzias simbólicas o reales contra los inmigrantes, mientras los sectores productivos que se benefician de su trabajo presionan para evitar que dichas campañas lleguen a ejecutarse plenamente. El migrante —temido, necesario y precarizado— queda atrapado en un sistema que lo excluye y lo necesita a la vez.

Esta es, sin duda, la sociedad que el Partido Popular y Vox aspiran a consolidar: una sociedad en la que el miedo opera como palanca electoral, con la convicción de que moviliza con eficacia al voto conservador. Frente a ello, una izquierda sin un discurso de región ni proyecto transformador —más allá de repetir “estamos de acuerdo con el trasvase”— se limita a protestar como un 'Pepito gruñón', sin capacidad ni de movilizar ni de convencer.

En este escenario, resulta revelador que el gran anuncio educativo de Fernando López Miras consista en imitar a Isabel Díaz Ayuso, trasladando los dos primeros cursos de la ESO a los colegios. Mientras tanto, el verdadero cambio estructural —la ampliación progresiva de la educación pública desde los tres hasta los cero años—, una medida que requiere ese mismo espacio y que todos los estudios señalan como decisiva para reducir desigualdades de origen y favorecer la conciliación, permanece completamente abandonado por el Gobierno regional.

Esa ampliación educativa solo ha avanzado en los colegios públicos cuando ha sido financiada por el Gobierno central. Por el contrario, las administraciones autonómicas de Ayuso y López Miras han delegado competencias impropias en los ayuntamientos y aumentado las subvenciones a centros privados, sin que nadie exija explicaciones sobre sus criterios de admisión o sin que exista un mapa claro que garantice una oferta educativa universal, equitativa y bien distribuida.

Pero quizá lo más grave sea el silencio institucional. Frente al triunfalismo de portada, resulta urgente recordar la necesidad de reforzar la red pública de educación infantil. El Ministerio de Infancia y Juventud —tan proclive a ampliar derechos— debería interpelar al Ministerio de Educación para impulsar una base legal y presupuestaria que garantice el futuro de la educación infantil. Esa sí sería una política transformadora: capaz de reducir desigualdades desde la raíz y de extender derechos reales.

Además, esta transformación no requiere implantar desde el primer momento la cobertura completa desde los cero años. Bastaría con empezar por los dos, reformar la legislación si es necesario e incorporar progresivamente esa etapa al marco de la educación obligatoria. Ahí tienen una enmienda concreta y urgente a la Ley Orgánica. Porque ganar el futuro no es solo un eslogan: es diseñar políticas públicas sostenidas, progresivas y con vocación de permanencia que sean útiles para la gente y que rompan con agendas de derechas que pretenden que nos olvidemos de lo importante, el futuro.

Hace años, la segunda esposa de Enrique Albacete Ayuso —entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura—, Ana Perea, con su acento porteño, inauguró en 1979 el trasvase Tajo-Segura. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos había realizado, además, otra obra que Ballesta quiso deshacer —aunque no le dejaron—, el encauzamiento del río. Tengo serias dudas, vistos algunos informes, de que dicha infraestructura, diseñada por Enrique Albacete, pueda soportar el caudal incrementado derivado de la ejecución del colector norte, a pesar de que ni la Confederación ni el Ayuntamiento hayan respondido a las preguntas formuladas desde la asociación Barriomar–La Purísima sobre estas cuestiones. Tampoco la derecha mediática ha puesto el acento, y eso que sus descendientes directos dirigen periódicos en Madrid y sus colaterales son senadores.

La cuestión del colector norte y su influencia sobre las avenidas no puede quedar sin contestación, dado que su afección sobre la ciudad de Murcia está ahí. Parece bastante claro que Ballesta quiere que nos inundemos en el sur para poder construir al norte, pues me da que los cálculos realizados por Enrique Albacete y su equipo no preveían laminaciones de agua que sobrepasasen los retornos que él mismo estimó, y que, al final, la Confederación tendrá que revisarlo todo.

La ejecución del colector norte responde a la necesidad de una ciudad endeudada hasta las cejas, obligada a cumplir los convenios para construir en la zona norte, firmados con el alcalde Cámara; convenios que asfixian unos presupuestos municipales sustentados en la venta futura de solares —salvo aquellos cedidos para la construcción de un no sé qué, que luego se transforma en un hospital, al que, en lugar de venderle el terreno, habría que cobrarle un alquiler por su uso, para así llenar las arcas municipales—.

Este capitalismo de amiguetes, que estrangula a la Región de Murcia, es criticado por un empresariado que, en una tremenda paradoja, aspira precisamente a alcanzar aquello mismo que denuncia. Promueven leyes de supuesta “simplificación administrativa” que acaban desprotegiendo al ciudadano —cuestión sobre la que habrá que escribir— y que se repiten una y otra vez —ya vamos por la cuarta—, mientras la situación empeora para la ciudadanía y no mejora para el empresariado. Y, cuando llega la desgracia, entonces nadie tiene la culpa. La cosa va bien mientras los muertos sean de los otros. Y aunque sean de los tuyos, el sistema seguirá, porque esto es la Región de Murcia.

Resulta curioso que el plan original del alcalde Ballesta —si es que alguna vez lo tuvo— fuese que el río dejase de ser una barrera. Sin embargo, hoy, los barrios del sur —los más próximos al centro— son, en términos de inversión y atención institucional, los más olvidados. Aunque sobre ellos, en una maravillosa acción de movilización agitprop, sustentó su victoria. ¿Dónde está ahora “Cierra mi barrio” cuando el barrio está peor que nunca?

La victoria del soterramiento de las vías, acompañada de un aparcamiento subterráneo y una estación intermodal, no ha traído consigo la llegada del tranvía ni la mejora del transporte público, que todavía sigue esperando a las promesas de las próximas elecciones. Parece que la victoria de tan ansiado soterramiento ha acabado en manos del PP, en una operación digna de neolenguaje, sustituido por el nombre “Conexión Sur”, sin la inversión que debería acompañar a este proyecto, que no es más que hilillos de plastilina que salen de un Prestige que se hunde.

Entre tanto, los proyectos para el sur desaparecen: ni metropolitanos, ni Toyos, ni hitos, que parecen que vayan a transformase en llanuras de inundación para justificar el colector norte, ni planes parciales. Todo ello acompañado por el hecho evidente de que carecemos de servicios: ni limpieza, ni seguridad; al margen de que tenemos semáforos pensados únicamente para los coches, que nos obligan a cruzar con miedo, mirando a todos lados.

Mientras tanto, esperamos un plan de desbroce para unas aceras donde la maleza crece por la falta de mantenimiento y hace que tengamos que ocupar el arcén —¡qué rápido se limpian los solares del centro y qué lentos los de mi zona! —, y las intervenciones —tanto de limpieza como policiales— se hacen de rogar. Pero todo esto da igual. En el fondo —y eso es lo peor—, el Partido Popular sabe que los barrios no van a cambiar de voto, más allá de irse a Vox pues todos andan más preocupados por lo que pasa en Madrid que por lo que sucede en nuestra Región.

Los barrios del sur de la ciudad, tan cerca de Murcia, pero tan lejos de todo: abandonados y sin rumbo, siguen votando lo mismo de siempre, a pesar de que las inversiones nunca llegan ni mejoran un barrio que, poco a poco, se muere sin que nadie haga nada, y donde quienes creyeron en el cambio se van mudando, poco a poco.

Al final, con el miedo a que desaparecieran los coches, lo que ha desaparecido es que la Gran Vía —dividida en el norte— continuase hacia el sur, llegando hasta la iglesia del Carmen, con el único pulmón verde de la ciudad que debería ampliarse: el parque de Floridablanca. Pero parece que mis sueños no son compartidos, porque aquí triunfa el “cochismo” movilizado, es lo que tenemos.

El 3 de abril de 2019 mi hijo se volvió a partir algunos de sus dientes jugando al fútbol, mientras se convalidaba el Real Decreto de Vivienda publicado en el BOE el 5 de marzo de 2019. Menos mal que eran de leche, pensé después, mientras limpiaba la sangre y seguía en directo la Comisión Permanente que se celebraba en el Congreso.

El caso es que, entre el fragor de la sangre, atendiendo a mi hijo y viendo qué sucedía en Madrid, leí mal una noticia y mandé un mensaje a diversos diputados, pensando que iban a votar para tumbar un Real Decreto de Vivienda “ómnibus” que incluía una disposición que permitía soterrar Murcia. No podía caer, porque la Región importa. Soy regionalista, qué le voy a hacer (y las dos capitales vascas importan más, aprendí después).

Meses antes nos habíamos reunido con Pedro Saura, quien nos había avisado de que, con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público —que regulaba los convenios sobre infraestructuras—, el soterramiento era inviable e irrealizable, y que lo único que se podía hacer era lo que había pretendido el Partido Popular: la continuidad en superficie tras la estación del Carmen. Para ello contaban con una Declaración de Impacto Medioambiental que permitía las catenarias pasando por el barrio más fiel al Partido Popular de la ciudad de Murcia: Barriomar.

La reunión fue tensa, pues en ella se evidenciaba un problema legal que habíamos intuido y que el PP había negado en las reuniones, excepto quizá aquel fiscal que fue consejero y luego dimitió (diciembre 2014). Saura nos lo explicó con claridad: la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no permitía un convenio tan largo y lo hacía irrealizable, algo que afectaba tanto a Murcia y como, aprendimos después, al País Vasco, por lo que había que cambiar la Ley si querían poder hacer infraestructuras como esas.

En la reunión quedó claro que ellos pretendían llevar aquello a una nueva legislatura porque pensaban que iban a ganar y, en todo caso, visto con tiempo, era una baza para negociar con el PNV, algo que nosotros no teníamos nada claro. Jugábamos en tiempo de descuento y nos negamos a ello, indicando que, a punto de celebrarse unas elecciones (abril 2019), no les convenía una manifestación por el soterramiento frente a Delegación. Darle continuidad al proyecto del Partido Popular con una llegada soterrada a Santiago el Mayor no era la solución, y así se lo dijimos, porque no suponía cumplir con el soterramiento prometido. Desde el principio, el soterramiento tenía que ser completo y llegar hasta Nonduermas, y así lo había expresado la ciudadanía. No íbamos a ceder en ese punto.

Según la información publicada, la presunta mordida de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán se refiere al tramo cuya licitación ya estaba lista en junio de 2018, según el Partido Popular, y organizada por el ministro anterior, Íñigo de la Serna (noviembre de 2016 – 7 de junio de 2018), del PP. Recordemos que la moción de censura se negoció y se puso en práctica entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, y que el tramo de la presunta mordida salió licitado el 9 de agosto de 2018 y fue adjudicado el 28 de mayo de 2019.

Según indica el Partido Popular, que por cierto el senador Bernabé ha reiterado y pueden comprobarlo en las hemerotecas, el único cambio del PSOE con respecto al proyecto del PP en aquella licitación de junio de 2018 era que no había llegada del AVE en superficie ni su continuidad hacia la estación de Nonduermas, lugar donde estaba previsto hacerle su estación dormitorio, pasando en superficie, pero, en suma, aquella licitación para ellos era el soterramiento y así lo han venido a repetir una y otra vez a quien ha querido oírlos.

Ahora bien, aquella licitación no era el soterramiento, porque —como he explicado al principio de este artículo— los problemas eran otros y de diverso calado. El primero era que, para soterrar lo definido en el convenio, se necesitaba una nueva adenda. Y, en segundo lugar, que esta adenda estaba limitada por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que no permitía que los convenios tuvieran tan larga duración, por lo que había que cambiar mediante la disposición adicional tercera del Real Decreto de Vivienda publicado en el BOE el 5 de marzo de 2019 la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El problema era doble: por un lado, requería negociar en Murcia, y por el otro, hacerlo en Madrid para convalidar el Real Decreto. El Partido Popular no quería que la obra se hiciera, en parte porque eso suponía alterar su licitación que ahora es de otros y se negaba a firmar la nueva adenda al convenio, aprobada por el Consejo de ministros el 22 de marzo de 2019, amparándose en las limitaciones de la Ley de Hacienda Regional, que le impedían avalar el soterramiento. Esta situación de bloqueo obligaba a cambiar la legislación regional, y que la reforma se hiciera por lectura única.

Esos días fueron de verdadera locura. Al final, tras negociaciones a diversas bandas, logramos el 27 de marzo de 2019 que el PP —gracias a que estaba en minoría— admitiese en Junta de Portavoces de la Asamblea Regional discutir una proposición de ley de Socialistas, Podemos y Ciudadanos para cambiar la Ley de Hacienda. Esta se negoció y fue aprobada el viernes 29 de marzo de 2019, logrando así poder firmar el convenio para soterrar, algo que saludé saltando desde el exterior del Patio de las Regiones.

Con aquel cambio, la adenda seguía adelante, pero quedaba un segundo paso para lograr que el soterramiento completo fuese una realidad: que se convalidase el cambio de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público mediante un Real Decreto “ómnibus” de Vivienda, que incluía en su disposición adicional tercera una modificación del artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los convenios de infraestructuras, pues si caía este todo se diluía.

El Real Decreto fue convalidado el mismo día que mi hijo se partió un trozo más de sus piños —el 3 de abril de 2019— y yo mandaba mensajes quejándome a los miembros de la Permanente. Ese cambio permitió el soterramiento con el Estudio Informativo del “Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia”, aprobado el 29 de julio de 2019, que es en el que se basa el soterramiento completo de la ciudad que sería licitado y adjudicado con posterioridad.

Mirando atrás, negarnos a que el AVE llegase en superficie y continuara hacia Nonduermas, a pesar de que, según ellos y sus técnicos, las obras se podían hacer con él pasando en superficie, fue una buena idea. El tiempo nos demostró que teníamos razón: las obras no se podían hacer sin parar el tráfico, era todo muy estrecho, y con un pájaro con catenaria moviéndose por allí, todos sabemos que la continuidad del soterramiento no se hubiera realizado. Máxime teniendo en cuenta que la siguiente presunta mordida —de la que sí hablan en Andalucía, pero callan ciertos periódicos regionales— tiene que ver con el corredor y corresponde al tramo Pulpí–Vera.

La complejidad del soterramiento de la ciudad de Murcia, la cantidad de cosas que hubo que negociar en algo parecido a un circo de tres pistas, hace que mucha gente, incluidos periodistas, no entiendan lo que pasó y toquen de oídas o al dictado, más allá de que hoy es una realidad, y que, por eso, quieran empañar algo que pertenece a la ciudadanía de Murcia por lo que hicieron tres presuntos corruptos con una licitación que comenzó el PP, como he mostrado, cambió el PSOE en la llegada en superficie del tren, pero que, en último término, no es el soterramiento que vino después y que todavía no se ha terminado: queda el bulevar, la estación intermodal y otras tantas cosas que también es soterramiento.

La corrupción no es una desviación puntual, sino un síntoma de un sistema que permite y protege las prácticas ilícitas mientras no se ataque también a los corruptores. Casos como el 3% en Cataluña, la financiación ilegal del Partido Popular señalada por el Tribunal Supremo, o la presunta trama de Ábalos, Koldo y Cerdán no son accidentes: son expresiones de una estructura de impunidad que beneficia a quienes pagan por favores públicos sin consecuencias reales.

Mientras las empresas puedan escudarse en la “responsabilidad corporativa” para eludir sanciones, y no estén obligadas a devolver lo sustraído al erario, la corrupción seguirá siendo un modelo rentable. Pero el debate actual ha renunciado a esa discusión de fondo. En lugar de buscar soluciones estructurales, los partidos se lanzan acusaciones mutuas en clave de “y tú más”, usando la corrupción como herramienta para tumbar gobiernos o reforzar trincheras ideológicas.

La ciudadanía, en muchos casos, queda atrapada entre esa polarización, la resignación y la erosión de la vida política democrática. Sin embargo, experiencias como el soterramiento —logro colectivo surgido de la presión social— demuestran que es posible incidir en el poder y quizás nos haga falta más de esto si queremos si queremos regenerar la democracia. En ese caso debemos exigir controles reales: frenar las puertas giratorias, castigar a las empresas corruptoras, conocer quién financia a quién y reclamar responsabilidades. No bastan gestos simbólicos. Se requiere voluntad cívica para desmontar una arquitectura de la corrupción que no se sostiene solo por los corruptos, sino por quienes les compran.

En 2003 viví en Italia un corte de luz. Un 28 de septiembre —como titulaba en portada uno de aquellos periódicos— se produjo un blackout que duró unas horas, con cortes intermitentes en Venecia, donde vivía, durante los tres días siguientes. En aquel corte de luz, teniendo en cuenta que Italia había prohibido por referéndum la construcción de centrales nucleares —lo que hace que dependa de Francia en su factura eléctrica-, se lanzaron a la compra de Endesa cuando el gobierno del PP decidió que esta no podía estar en manos de la empresa española Gas Natural (perdón, catalana)—. Mientras tanto, el Gobierno español asentaba la privatización de un monopolio natural como es la red eléctrica, que cotiza en bolsa con socios como BlackRock, Amancio Ortega, entre otros, y con el Estado controlando la mayoría de un 20 % —que puede reducirse a un 10 %—. La sindicación estaba prohibida para la elección de cargos, pero no para la petición de cabezas. El resultado: una empresa privada que cotiza en bolsa regula el funcionamiento de una red que es de interés general y sobre la que deberán correr sucesivas inspecciones tras este corte de luz.

De la lección italiana saqué tres cosas en claro. Primero, que tardarán meses en descubrir la causa. Segundo, que el tema de las renovables y las nucleares será motivo de discusión constante durante los siguientes meses. Y tercero, por comparación, que las salidas de tono de la derecha española no son normales. Esta, desde los gobiernos autonómicos, temiendo saqueos nocturnos —algo que contrastaba con el comportamiento de la población, con miedo tras la reciente pandemia, pero con una entereza que ha sorprendido al The New York Times—, decidió pedir al Estado el grado de emergencia 3.

Esta situación nos vino a demostrar lo que todos sabemos: que, en un país autonómico, las solicitudes de estado de alarma por epidemias, así como el plan de emergencia de nivel 3, deben partir de las comunidades autónomas. Mostrando con ello que, decisiones tomadas en Madrid durante la pandemia —que obligaron a cerrar un país— o la desaparición de Mazón durante la reciente DANA y su posterior negativa a ceder la gestión de la emergencia, son responsabilidad de las autonomías, a pesar de lo que las redes llevan diciendo desde hace ya bastante tiempo.

Sin embargo, nada de esto figura en los medios. Antes bien, por razones de venta, en los artículos de opinión que leo se confunde un corte de luz con el gran apagón de la teoría conspiparanoica. Esta última sostenía que la oferta eléctrica era insuficiente frente a la demanda y que eso provocaría un colapso de distribución que llevaría a un gran apagón prolongado. Cuando, en realidad, el problema al que nos enfrentamos no es de producción —que sobra—, sino de articulación del mallado, algo que deberán resolver los técnicos en ingeniería industrial. Porque no solo afecta a España, sino también a Portugal, y afecta, sobre todo, a nuestra competitividad como país, donde la producción de energía barata gracias a las renovables lleva atrayendo a empresas internacionales.

Mientras resolvemos estas cuestiones y los bandos litigan sobre qué energía prefieren según sus respectivas ideologías o como gestionarían ellos la electricidad, los demás debemos pensar en cómo solventar algunos problemas clave en estos casos en un país que anduvo buscando pilas para sus radios durante las horas del apagón.

La dependencia de la red eléctrica implica que deberían desarrollarse medidas que obliguen a los edificios públicos a instalar paneles solares para disponer de refuerzos que les permitan funcionar de forma independiente en caso de corte, identificando qué elementos son esenciales. Algo similar debe aplicarse a la telefonía móvil e internet: antenas, routers y demás dispositivos deberían contar, además de con baterías —cuya duración debe estar supervisada con sanciones severas en caso de incumplimiento—, con alimentación a través de paneles solares obligatorios. So pena de depender de Starlink o que, al final, el futuro pase por inundar el espacio de satélites geoestacionarios. Lo cual, por cierto, ya que estamos aumentando el presupuesto militar, no nos vendría mal considerar como inversión con retorno estratégico. No en vano, es eso o depender de que Elon te apague las comunicaciones cuando le dé la gana.

Es evidente que podríamos seguir identificando problemas como este, pero no podemos pedirle a la población que elabore kits de supervivencia si la administración no estudia sus puntos críticos y desarrolla mecanismos que le permitan sobrevivir ante una situación parecida. Vamos, que tenemos que contar con respaldos.

Hace muchos años, una mujer -Mari Carmen Lorente, del PSOE- se subió, «por sus ovarios», a una carroza del Entierro de la Sardina -esa fiesta etílica, como el Bando de la Huerta, que se celebra en la ciudad de Murcia-. Contaba Chimo Cruz, que en paz descanse, que retó a los miembros de la Agrupación Sardinera diciendo, no me dejáis porque soy mujer. Pues también soy concejal, pijo, y esta es la carroza de los concejales. Esta fue la primera vez que salió, en los años 80 del siglo pasado, una mujer a repartir juguetes en una carroza y cuarenta años más tarde seguimos con el mismo debate y cabe preguntarse los motivos.

Aunque este festejo posee un origen decimonónico que apela a una tradición continuada, su reinvención en los años sesenta del siglo XX, con la formalización de la Junta Central Sardinera luego transformada en Agrupación Sardinera, es de ayer como quien dice. De hecho, puede entenderse como la cristalización explícita de un mundo de contactos cerrado que resulta fascinante desde un enfoque sociológico y antropológico, porque en él, como en tantas otras cosas, las relaciones se heredan y la pertenencia también. Siguiendo a Bourdieu, podríamos afirmar que aquí el capital relacional, el capital simbólico y el económico van de la mano. La lógica de la inclusión —quién puede ser aceptado y quién permanece fuera— obedece a una forma de construir región y sociedad, y nos dice mucho de cómo somos, por eso creo que merece un estudio también histórico.

Si atendemos a los procesos rituales definidos por Víctor Turner, antropólogo escocés, observamos que en todos estos grupos existe una fase liminal. Esta fase supone un estado intermedio obligatorio de acercamiento, en el que el candidato a la pertenencia aún no es plenamente aceptado, antes de que los miembros consolidados voten su incorporación definitiva, al parecer casi por unanimidad. En este sentido, los grupos surgidos muestran una tendencia notable: más allá de la diversidad ideológica que puedan exhibir, preservan un fuerte sentimiento de cohesión. La pertenencia garantiza un acceso a redes sociales densas, que atraviesan y estructuran buena parte de la sociedad murciana. Este marco de análisis es fundamental para entender cómo estos grupos no solo construyen una identidad propia, sino que también reflejan y reproducen estructuras sociales más amplias, todo ello bajo la dirección vigilante de una Agrupación empeñada en que el “espíritu” de 1960 permanezca, aunque la estética sí pueda cambiar.

Por eso, no pude evitar reírme cuando Pablo Ruiz Palacios, actual presidente de la Agrupación, aseguró que en este colectivo «no existe ningún temor ante la incorporación de la mujer», puesto que «en los estatutos en ningún momento discriminan a nadie por su condición». El aprendizaje antropológico —o la antropología del derecho— nos recuerda que, más allá de los textos legales, perviven las costumbres. Y estas, profundamente arraigadas, resisten los cambios superficiales. No olvidemos que la prohibición expresa de que las mujeres participasen no se eliminó de los estatutos hasta 2010 —y no sin cierta rebelión interna entre los sardineros—. El orden ritual no depende únicamente de normas explícitas, sino de prácticas invisibles, heredadas, eficaces y persistentes, pero supongo que señalar estas cosas no está bien visto.

Hoy en día, las mujeres participan en la fiesta —algunas fueron doñas sardinas en la lectura del testamento, aunque conviene señalar que la última, nacida en Barcelona y de Madriz, leyó un testamento redactado por la actual corporación municipal para criticar, de manera algo anacrónica, a la anterior, que ni siquiera gobierna ya, como si no hubieran pasado dos años—, otras desde agrupaciones periféricas vinculadas al festejo. Sin embargo, sigue sin existir un grupo festero propiamente femenino capaz de sacar su propia carroza. ¿Por qué? No sabemos si por falta de ganas, de recursos económicos o de ambas cosas.

Tomando las palabras del propio presidente, si algún día las mujeres quisieran, solo tendrían que crear un grupo sardinero y anunciarlo en los medios. Sería interesante ver el resultado. Sin embargo, aun teniendo en cuenta esa posibilidad, la pregunta clave es: ¿de verdad quieren participar bajo las reglas actuales? Porque, seamos sinceros: el Entierro de la Sardina no es una fiesta única, sino dos revueltas: una es una celebración etílica popular, sin barreras sociales, y la otra, una procesión interna, cerrada, donde los que reparten juguetes (como si repartieran caramelos en un desfile) representan una pertenencia que no es ni espontánea ni inocente y que daría para hacer redes y prosopografías. Si alguien tiene ganas de hacer un TFG o TFM, aquí tiene trabajo. Yo ya soy mayor, pero estoy seguro de que los historiadores del futuro o quizás los del presente porque la historia de las fiestas es quién sale, los motivos y los problemas aparejados y desaparecidos, como el de las sillas. Para todos los demás, la verdadera cuestión es: ¿en qué fiesta quieres salir o cómo te gustarían que fuesen?

En un mundo donde las certezas se disuelven a pasos agigantados y donde los productores de opinión han dejado de ser unidireccionales para convertirse en emisores multidireccionales —potenciados, además, por algoritmos que permiten la multiplicación de mensajes desde el anonimato, abriendo ventanas y ampliando los márgenes del discurso—, permanecer en calma se ha vuelto casi una necesidad vital.

Conviene ser conscientes, por emplear la metáfora de Umberto Eco, de que el gritón del bar ya no es aquel individuo cuyas ideas eran censuradas por parroquianos asustados o condescendientes. Hoy, ese mismo gritón encuentra con facilidad una audiencia: otros que amplifican sus mensajes, expanden los límites del discurso y legitiman su voz. Se alimenta así una de las técnicas psicológicas más eficaces de los últimos tiempos: el miedo. Un miedo que se reproduce con facilidad y que, junto con la inclinación humana a creer la mentira más seductora —y la dificultad para aceptar verdades incómodas— convierte el escenario comunicativo en un auténtico campo de batalla.

Asistimos a una guerra cultural en la que unos intentan igualar lo desigual, y otros confunden la ampliación de derechos con amenazas a un orden que ya no comprenden. En este contexto, distinguir la verdad se convierte en un ejercicio no solo intelectual, sino también político y emocional. Las redes nos han traído esto último, la política como emoción.

En Murcia hace tiempo que hay presupuestos. Otra cosa es que logren ponerse de acuerdo en qué imagen están dispuestos a ceder unos sobre otros. En el fondo, al presupuesto solo le hace falta un titular: ese que contente a ambos espectros de votantes. Mientras tanto, esperaremos a la próxima venta y al siguiente regalo, tal vez en forma de marinera o pastel de carne. Panem et circenses, que ya lo decían los romanos.

La Región no funciona. Pero el mito del agua y de la sociedad agraria —cuidadosamente construido durante décadas— sigue operando como un sedante colectivo. Murcia ha sido siempre industrious, como diría Jan de Vries (algún día terminaré ese trabajo que se me acumula, me lo debo), del mismo modo que Cartagena ha sido industrial desde la instalación del Arsenal.

La Región debería aprovechar el momento de reconfiguración política internacional para volver a ser lo que fue antes de la reconversión: un polo de industrialización que, basado en lo militar, capilarice la sociedad: la recuperación de la escuela de aprendices nos marca el camino. Este es el momento. Este es el momento, como cantaban los M-Clan. Nadie quiere guerras, pero estar preparados para ellas —y reconocer y honrar a quienes lucharon por la libertad— no es una opción ideológica: es una necesidad. No se puede venerar a la Nueve y a la lucha antifascista sin entender que el futuro también pasa por los militares y las fuerzas de seguridad del Estada. La milicia y el ejército también es democrática, si no recuerden a la Unión militar democrática.

Tenemos un problema con el imaginario, uno que nos impide afrontar los problemas estructurales reales. La cuestión es general, sí, pero afecta especialmente a Murcia. Se gestiona el relato, pero no el territorio. Se administra el mito, pero no el presente. Y el resultado es que vivimos en un marco que, como ha señalado con precisión Nicolás Sesma en Ni una, ni grande, ni libre, retrata, entre otras muchas cosas, el origen del famoso lema 'Agua para todos'. Su libro, en esencia, es un retrato de sistema gracias a una prosopografía rigurosa. Aunque, en manos de ciertos malos lectores, se transforma en una genealogía épica de gente haciendo cosas, obviando los sustratos, los sustentos, la diferencia de ideas, y los mecanismos reales de poder que las sostienen —o las excluyen.

El ascenso de Trump un buen ejemplo del destino al que conduce la política del algoritmo, que funciona con igual vigor a un lado y otro del espectro ideológico. Para quien disfrute del fútbol, la metáfora es clara: paremos el balón y pensemos un poco. Hay que seguir jugando, sí, pero viendo dónde va el partido.

Avanzan los presupuestos de la Región de Murcia en la negociación con Vox, para mí que ya están hechos. Al Partido Popular no le interesa el cordón sanitario, solo gobernar. Vox espera que la situación estadounidense y la protección del algoritmo lo lancen hacia las nubes en las próximas elecciones. Veremos si no hay efecto rebote. El PP se niega a escuchar la mano tendida del PSOE en la negociación: es la manifestación de una espera en la que confían contar con financiación suficiente para tapar sus miserias gracias a las peticiones catalanas.

En enero, cuando las primarias del PSOE en la región arreciaban, escribí un artículo en el que exponía que la quita de la deuda del FLA que se estaba negociando favorecía a Murcia y a otras comunidades. Es más, dicha quita había sido demandada en varias ocasiones por distintos gobiernos populares y, según los últimos cálculos, ascendería aproximadamente a 2.678 millones de euros, aunque algunas estimaciones la elevan hasta los 3.100 millones y podría aumentar aún más si Compromís sigue presionando. Entre tanto, el PP de la Región calla.

Tomando las cifras anteriores como referencia, el montante del ahorro a pagar oscilaría entre 840 y 938 millones. Para que se entienda mejor: esto supondría una rebaja tanto en los intereses como en la deuda total, lo que ampliaría la capacidad de gasto, que es lo único que se conoce en la elaboración de los presupuestos, ya que de los ingresos no se sabe. Estos dependen de diversas variables, entre ellas, la evolución de la economía, por el momento positiva.

El resultado, según el informe de la AIReF, que señala que habría que establecer límites a la desviación del gasto so pena de que la quita no sirva para nada, Aunque está claro que esto permitiría aumentar diversas partidas que, desde mi punto de vista, deberían estar vinculadas tanto a la Educación como a la Sanidad regional, ambas abandonadas. Hoy, la falta de especialistas en las urgencias de la Región es una realidad, y podríamos hablar largo y tendido de barracones y cien mil cosas más que el Partido Popular tapa echándole la culpa al Gobierno central, mientras Vox señala a los migrantes para que no se vean sus miserias que tiene muchas.

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que, mientras se produce esta negociación, el mundo ha cambiado, y que esto afectará a Murcia. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, aspira a controlar las rutas comerciales actuales; de ahí el bombardeo en Yemen, el control de Panamá y su retórica encendida para dirigir los futuros pasos del norte:  buscando asociar Canadá, conquistar Groenlandia y poner aranceles. Hechos con los que reconocen, en privado, una realidad que niegan en público: el cambio climático es una realidad y ha venido para quedarse. Lo estamos experimentando. Ante esto, Europa no sabe a qué carta quedarse. En las reglas de Trump y Vladímir Putin, el comercio queda en segundo plano, y lo que resalta es la fuerza frente a Europa mientras en Asia -con China, Pakistán, India y, posiblemente, Israel- como potencias nucleares fuera del tratado el tono se relaja. Europa se la juega.

La diplomacia de la fuerza es observable en las recepciones de las recientes negociaciones: Kaja Kallas, consejera de Seguridad de la Comisión Europea, no fue recibida mientras se celebraban dos reuniones con dos potencias nucleares. Francia, representada por el presidente Emmanuel Macron, en primer lugar, y luego el Reino Unido, cuyo primer ministro, Keir Starmer, calla ante los ataques de Trump a uno de los miembros de su Commonwealth. Esta puesta en escena fue adoptada ya por Putin, quien marcó como interlocutor europeo a Francia, país que, ante los últimos hechos, indicó que mantendría su escudo nuclear sobre partes de Europa. Afirmación que enfadó al expresidente ruso Dmitri Medvédev en la ONU, lo que indica, como teme Donald Tusk y los estados bálticos, que el tema no esté solo en Ucrania, pues la Federación Rusa ha recuperado diversas retóricas que enlazan con el imperialismo eslavo zarista y que comienzan con ese en principio de la retórica del incumplimiento ruso.

A las derechas y a las izquierdas, estos cambios les han roto las dinámicas interpretativas. Como ya señalé en otro artículo, la ruptura de la globalización con el nacimiento de la pandemia supuso una relocalización industrial que permite el crecimiento económico del que disfrutamos, mientras las redes, antes ciudadanas y ahora plutocráticas, permiten el resurgir de unos identitarismos locales con ecos globales.

La situación de rearme internacional favorece a la ciudad de Cartagena como centro de producción de submarinos —uno de los catorce únicos del mundo—. La Comunidad Autónoma, que tiene miedo a su reindustrialización, relocaliza el CAETRA [proyecto de impulso a las tecnologías militares y civiles en los ámbitos de defensa, seguridad, reconstrucción y desarrollo] en el término municipal de Murcia, sin que el recién elegido rector de Cartagena diga esta boca es mía, porque le debe dar igual su universidad. Al paso que vamos, al término municipal de Murcia le pondrán un puerto de mar, visto que ya tiene una terminal aeroportuaria sin aviones. Y el problema no es que venga a Murcia, es que, para que la Región crezca, han de crecer el resto de sus ciudades.

Hoy la Región se enfrenta a una macrocefalia urbana, donde Murcia concentra la mayor parte de las funciones económicas, políticas y culturales del territorio, dando lugar, a la larga, a una serie de efectos adversos para el crecimiento regional. Todo esto, por depender de una metrópoli administrativa que no descentraliza -años llevamos con el cuento de cambiar las consejerías, que no elimina desigualdades regionales y que tiene problemas de presión demográfica y de crecimiento urbano ante los nuevos mapas inundables derivados del cambio climático-.

No es por nada, pero la falta de una planificación del Gobierno regional se traduce en problemas que serán de difícil solución a largo plazo; sin embargo, mientras el localismo cartagenero plantee esto como el problema de Murcia nos roba y no de un crecimiento regional, poco o nada podremos hacer porque su discurso echa para atrás.

La recuperación de la Cárcel Vieja plantea el desafío de aceptar un lugar con memoria histórica y transformarlo en un espacio de memoria democrática. Antes de abordar los eventos que llevaron hasta este punto, es fundamental contextualizar ciertos aspectos.

La prisión fue inaugurada en mayo de 1929 durante la dictadura de Primo de Rivera. En septiembre de 1936, se produjo un asalto que culminó con el fusilamiento de diez presos en sus muros, debido al temor de que algunos condenados por el golpe de Estado de julio del 36 pudieran ver conmutada su pena por vínculos con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Ruiz-Funes. Este episodio, carente de un procedimiento legal democrático, subraya la necesidad de establecer un lugar de memoria adecuado. Sin embargo, es crucial diferenciar entre la violencia producto de la falta de control del Estado republicano en un contexto de guerra y la violencia planificada desde el inicio por el golpe que devino en un régimen posteriormente denominado franquista. Como argumenta Nicolás Sesma en Ni una, ni grande, ni libre, el régimen se instauró mediante el miedo y el terror, con una represión sistemática que se mantuvo hasta su final.

Para ilustrar la cuestión de la violencia, basta una anécdota que, por repetida, marca una realidad: Melchor Rodríguez, el 'Ángel Anarquista', solo pudo existir entre quienes, desde la autoridad republicana y la ética anarquista, se resistieron a la barbarie de la retaguardia; no en un régimen que empleaba la violencia indiscriminada en la retaguardia y en el frente como arma. Escapar de aquella violencia únicamente era posible a través de las relaciones personales. La amistad y los contactos facilitaron la transición de las clases más altas, con conocidos, empleados, amigos y deudores actuando como testigos en los juicios, mientras otros, que rezaban por la ayuda del párroco o la intercesión de Evita Perón, morían en las cárceles atestadas de un país convertido en prisión. En la cárcel provincial de Murcia, por ejemplo, los fusilamientos superaron el medio millar, entre el estruendo que acompañaba cada ejecución y el terror de los miles de presos que morían de hambre y enfermedades en una cárcel abarrotada.

La destrucción sistemática de la cultura republicana ha afectado principalmente a la derecha republicana, menos organizada y sin instituciones que reconstruya su memoria como sucede con las izquierdas. La historia olvidó pronto a figuras como Rafael de Altamira, Niceto Alcalá Zamora y Claudio Sánchez-Albornoz, quienes fueron republicanos y demócratas. Mientras tanto, otros como Queipo de Llano, que fue republicano y luego golpista, reflejan la complejidad del período. Actualmente, no existen republicanos de derechas, lo que es un problema, ya que la palabra republicano se asocia a la izquierda, cuando no siempre fue así. Explicar este pasado es esencial para entender nuestra historia.

La democracia es frágil y depende de concebir el disenso dentro de un marco en el que los procedimientos son la bóveda del sistema. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, se creyó en la supremacía de la democracia capitalista, pero la Unión Soviética de la NEP, China y la actual autocracia rusa han demostrado que el capitalismo puede existir sin libertades, lo que subraya la importancia de preservar los valores democráticos en un mundo que camina hacia al capitalismo sin libertades.

En este contexto, la Cárcel Vieja de Murcia cerró en los años ochenta y en 1989 se propuso transformarla en una biblioteca, un museo y un archivo provincial. Sin embargo, la crisis económica de 1991-1992 frustró el proyecto. Desde entonces, el edificio pasó de una administración a otra sin un destino claro. Los panópticos, clave en la arquitectura carcelaria desde Bentham, han sido fundamentales en la interpretación de estos espacios, como señaló Foucault. Sin embargo, su valoración y catalogación han variado en distintos casos, con muchas prisiones desaparecidas sin conato de recuerdo ni llegar al BIC. La Cárcel Vieja de Murcia no podía correr la misma suerte.

El interés por la Cárcel Vieja creció en la opinión pública murciana gracias a la labor de dos documentalistas: Blanca Pérez de Tudela y Jeannette Conesa, quienes produjeron un documental sobre su historia mediante financiación colectiva. Estrenado en la Filmoteca en octubre de 2016, el documental generó debate y renovó el interés por la cárcel antes circunscrito a espacios especializados. Este impulso coincidió con la posibilidad de financiación europea para la remodelación de la Cárcel Vieja, lo que llevó a la apertura de un concurso en 2017. Sin embargo, la ausencia de asociaciones de memoria e historiadores especializados en la comisión evaluadora generó críticas e hizo posible el proyecto ganador. Este planteaba la construcción de unos muros etéreos, señalados pero inexistentes, que permitieran recordar el pasado consintiendo su permeabilidad. Sin embargo, esta propuesta no convenció a las asociaciones de memoria, que se opusieron al derribo de los muros originales. A pesar de la controversia, el proyecto siguió adelante y, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia determinó que no había impedimento legal para la demolición, ya que el edificio carecía de protección específica.

En 2021, el cambio de gobierno con la entrada del PSOE, apoyado por Ciudadanos y Podemos, alteró los plazos de intervención en la Cárcel Vieja. Se amplió el proyecto sin modificar la propuesta original de los muros etéreos. Paralelamente, en octubre de 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, permitiendo una nueva figura de protección para el recinto. En las elecciones municipales de 2023, José Ballesta (PP) ganó la alcaldía de Murcia y decidió continuar con el proyecto derribando los muros. No obstante, desde Murcia y el gobierno central, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, se buscó una solución al planteado derribo de los muros solicitando en junio de 2024 la protección de la Cárcel Vieja como lugar de memoria democrática.

El proceso incluyó la elaboración de informes por parte del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, publicados, en parte, en el BOE en noviembre de 2024. El Ayuntamiento de Murcia, que también envió su propio informe en un intento de sostener su postura, replicó el acta del comité de expertos de 2018 y se mostró dispuesto a colaborar con el gobierno en la instalación de recursos explicativos y elementos de difusión de la memoria. Sin embargo, la protección otorgada al edificio mediante la aprobación de la incoación obligaba al Ayuntamiento a acatar la normativa que protegía el inmueble. Sin embargo, lejos de hacerlo, opto, por la estrategia del “por mis huevismo y aquí no pasa nada”, procediendo a la demolición de los muros físicos para sustituirlos por unos etéreos que no lograban contentar a nadie, vulnerando el expediente de protección. Ante la flagrante contravención de la protección incoada, el gobierno central emitió un requerimiento al Ayuntamiento, el segundo grado de exigencia administrativa tras la carta de colaboración, instándole a detener la demolición. Ante la situación, el Ayuntamiento acató la orden, consciente de que seguir adelante podía derivar en consecuencias penales.

Al final, prevaleció la democracia: el respeto a los procedimientos legales expresada mediante el requerimiento. La Cárcel Vieja deberá convertirse en un lugar de memoria histórica y democrática, en el que la parte derribada pueda hasta tener una función: explicar lo que costó que no fuera demolida por completo, un homenaje a los movimientos sociales democráticos. En ese caso, el pasado de la cárcel no puede ser olvidado y debe ser conocido por las generaciones siguientes, dentro de un marco que vaya todavía más lejos y nos permita entender que la democracia se basa en participación y libertad.

Espero, por tanto, que su transformación la dote de significado, con bibliotecas y espacios adecuados para recordar que los derechos no vienen solos. Ese es el siguiente paso: plantear un lugar que vaya más allá de las placas conmemorativas y que permita contar la historia de la democracia a través de los movimientos sociales que la construyeron.

No se oyen las voces de 'Cierra mi Barrio' con la zona azul. Sus clientes la pagarán igual, pero lo notarán menos. Te tienes que reír, pero no puedes. Costará un siglo hacer entender que primero deberían llegar los disuasorios y mejorar el transporte público. Pero los disuasorios no están, la reforma es inexistente, el tranvía es solo una promesa electoral, las ZBE están perdidas y, como estamos arruinados de pagar convenios, primero te meten la ORA. Y cuidado con quejarte, que no toca, que ya pagas una barbaridad por la mala gestión acumulada. ¿Aburrido? No. Entretenido.

Mientras tanto, sin disuasorios, sin tranvía, sin transporte público y, además, sin poder cruzar la calle. Los peatones, penalizados, hacen cola para cruzar un semáforo. Algo inaudito. Peor aún: si quieres cruzar el del Rollo o el de la iglesia de San Pío, tienes que esperar y rezar para no ser atropellado. La diferencia entre el centro y los barrios olvidados es el ámbar intermitente. El “ámbar de la muerte”, lo llaman. Ojalá se equivoquen. La Policía Local lo sabe. Un agente me dijo que ya han informado, pero Ballesta calla; está de celebración. Esperemos que no ocurra una desgracia, porque ningún coche ni ningún atasco lo justifican. Así funciona la prioridad del coche: reduce los atascos, pero no la contaminación. Si no mueres atropellado, lo harás por otra causa. Pero oye, lo que antes era un problema ahora es solo cansancio. Al final, el barrio pobre siempre vota lo mismo. Mejor ignorarlo. Es lo que hay, es lo que tenemos.

Hay gente a la que le gusta el pasado, a otros el presente. Los primeros son anticuarios, los segundos, historiadores. Pero los primeros suenan más fuertes y confunden los términos. Son cosas que pasan. El tema de la Cárcel Vieja lleva coleando desde 1989 cuando se proyecto un museo, una biblioteca y un archivo, no se hizo. Ahora vienen las madres mías. Menos mal que tenemos a Ginés al quite desde la oposición municipal, aunque no se lo reconozcan. Veremos que solución adoptan, entre tanto los de siempre acudirán apuntarse el tanto.

El pobre no vota, el rico no cambia de voto, salvo si es de izquierdas o de centro. El primero, cuando se arrepiente, deja de votar. El segundo, cuando lo hace, o se tira al monte o vota a la derecha. La masa sigue al de siempre, y en la Región llevamos treinta años con lo mismo. Ahora parece que quieren reeditar Ciudadanos 2 con descaro. El Ibex, siempre al rescate.

Tenemos un árbol: un árbol que abrazar, un árbol que festejar y una cola que hacer. Mi abuelo contaba, con sorna y gracia, la historia del divisionario que regresaba para que le dieran unas botas. Las botas no las vio, pero qué bien organizado estaba todo decía a quien le quisiera oir no fuera ser que terminase en la cárcel. Las cosas no funcionan, pero ¿y lo bien que lo pasamos esperando un pastel, una marinera o una cerveza? Lo de las colas es atávico, es murciano, lo hemos aprendido de los romanos. Ya lo dicen los politólogos: las fiestas son votos. No hay nada nuevo. Un pastel de carne, en el café de la Cárcel ieja. Ya no hay fantasmas como los de antes, que asusten.

Los del PSOE votan un ejercicio de democracia; el PP, a dedo, y el problema es de los primeros. Cosas veredes. Al final, el problema no es que la oposición no entusiasme, que nunca lo hace, sino que no lo hace a quienes no lo votan. El marco no hace el cuadro, pero sí asienta la perspectiva, y aquí el marco es siempre el mismo. El PP municipal lleva meses apuñalándose por ver quién sucede a Ballesta. López Miras parece más perdido que un pulpo en un garaje. Feijóo es un desastre. Tanto hablar de Real Decreto y, al final, votan por un palacete, perdiendo las entregas a cuenta de esta comunidad tan necesitada, el rídiculo de López Miras es espectacular. Espera, que lo mismo te llega un artículo crítico completo sin palos a los otros. Porque oye, los de Vox no trabajan, pero qué bien se lo pasan. Pero ni una queja, monotonía de lluvia tras los cristales. Si al menos estudiasen, pero tampoco.

Lo del Senado, unas risas. Le copian la ley al PSOE y al PNV, la presentan allí, pero no la aprueban en el Congreso. Muchas mociones en el Senado, pero ninguna con miga suficiente. Con ChatGPT se puede hacer de todo, en el senado y en Murcia, menos abrir la Asamblea en enero, aunque luego lo hagamos en febrero, también con unas risas. Van a cambiar una ley que aprobaron ellos mismos en su anterior gestión porque se parece demasiado a la que quiere aprobar la ministra de Sanidad. Son indigentes intelectuales, pero cuela. Al final, con esto, perderemos los ciudadanos. Mis felicitaciones al corporativismo médico, que solo mira por sus sueldos y no por el funcionamiento de la sanidad que es más que su profesión. Habría que empezar a explicar esto.

Seamos sinceros: al PNV le debemos más en el soterramiento que al PP de Murcia, que votó en contra del cambio de la Ley de Contratos del Sector Público, convalidado en tiempo de descuento. El PNV no jugaba por Murcia, sino por sus tres capitales vascas. Pero es lo que tiene ser de centro. Hay nudos que se atan lejos; otros, ni para su tierra valen.