Kristalina Gueorguieva, doctora en economía, es la directora general del FMI y ciertamente conoce, como todos los funcionarios de esa institución, el manejo de la incertidumbre en determinadas variables macroeconómicas que modelizan las decisiones individuales de consumidores y productores. De hecho, el Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF), con el que el FMI disciplinó durante cuatro décadas la comprensión y dirección de las políticas económicas de los países del mundo, incluye las llamadas “variables estocásticas” al momento de prever expectativas sobre los períodos futuros de la economía.

Por ello, sorprende que lo más relevante de la declaración de la directora general, previa a la cuadragésima tercera reunión del Consejo del FMI en abril, haya sido precisamente el afirmar que el mayor “peligro” que envuelve al mundo sea la incertidumbre. El peligro ya no es, como antes se pontificaba, el déficit fiscal, los excesivos impuestos, las subvenciones, el gasto público en el área de salud, el populismo o el intervencionismo estatal. No, al contrario, ahora en un giro de 180 grados se recomienda que frente a la “gran recesión” y al “lockdown”, los gobiernos deben “transferir recursos a los ”hogares vulnerables“, ampliar ”subsidios“, ”inyectar capital“ a las pequeñas empresas, elevar la inversión pública en infraestructura, salud y educación, aplicar tributos progresivos a la riqueza, a los beneficios empresariales excesivos, a las grandes herencias, etc.

La incertidumbre a la que el FMI le teme no es pues la aleatoriedad de las expectativas de mercado de los actores individuales, fácilmente capturadas por el juego de probabilidades en las ecuaciones con las que se calculan las variables estocásticas de los GIMF. Aquello correspondía a los tiempos de una realidad social domesticada, donde productores, consumidores, gobernantes, políticos, ideólogos, comunicadores compartían un mismo horizonte cultural de destino predecible: la competencia salvaje, la ganancia, el libre mercado y la globalización.

Hoy, en cambio, hay una realidad que desborda y fisura por todos lados ese corsé predictivo y la simpleza matemática de esas variables. La incertidumbre se está apoderando de la propia organización del mundo y de su porvenir. La pandemia ha obligado a los estados a romper reglas de mercado para proteger a sus ciudadanos; la acumulación empresarial ha sido paralizada para poner por delante responsabilidades médicas, los déficits fiscales se han disparado para financiar la estabilidad de las bolsas de valores y las transferencias monetarias de emergencia. Las élites, después de 40 años de unanimidad en cuanto a horizontes de futuro, ahora divergen sobre las políticas económicas a adoptar ante la gravedad de la crisis. El venerado “mercado mundial” detrás del cual corrían todos los agentes económicos, es hoy una entelequia escurridiza descuartizada por un enfurecido nacionalismo de vacunas. Cada Estado “desarrollado” cuida las vacunas fabricadas en su territorio, dejando al resto a la suerte divina. La globalización se arrodilla ante la fuerza pura y cruda de las soberanías territoriales.

El espectáculo es grotesco. Cada uno de los fetiches de la modernidad neoliberal es inmolado en el fragor de un mundo encendido por la consigna de sálvese quien pueda, como pueda y donde pueda. Así, los sacerdotes del libre cambio han devenido proteccionistas, con Boris Johnson a la cabeza. Los promotores de la consigna de que “el Estado es el problema”, primero con Donald Trump y su “America First”, y luego con Biden y su “Made in America”, relanzan a ese Estado como único demiurgo capaz de intentar sacar de la decadencia a EEUU. Los líderes de la anteriormente detestada economía planificada, como China, ahora son los más fervientes defensores de la globalización. Y si el propio FMI hoy tiene que recomendar lo que hace dos años era condenado y sancionado, entonces estamos ante un descomunal estupor cognitivo que se ha apoderado de las élites planetarias dominantes. Los “años dorados” donde gobernantes y gobernados compartían una misma hoja de ruta global, y cuando las diferencias estaban en la velocidad para llegar a un destino fijado de antemano, ahora ha estallado en múltiples perspectivas o, lo que es peor, en la ausencia de un destino plausible.

Esta es la verdadera incertidumbre que aterra a Gueorguieva porque en este vaciamiento del sentido de la historia imaginada, el viejo mundo neoliberal ordenado alrededor de un destino ilusoriamente compartido, que le daba consistencia al cálculo probabilístico de las variables estocásticas, ahora se cae a pedazos por decisión de sus propios administradores.

Y al final, ello tiene un precio histórico.

Es el propio FMI quien alerta, en un estudio reciente, que la “larga sombra” de conflictividades post COVID-19 puede llevar a “derrocar gobiernos”. El asalto al Capitolio norteamericano del 6 de enero es la epidermis de una herida de época que recorre el mundo. Claro, las tolerancias morales de los gobernantes hacia los gobernados, lentamente comienzan a deshilacharse por todos lados.

Cuando todo el orden lógico y procedimental del horizonte dominante que ha organizado el curso de la vida cotidiana de la sociedad se desvanece, lo que emerge es el abismo de la historia en cuyo interior insondable todo puede pasar. Es la época de un caos estructural que, inicialmente, promueve la parálisis del horizonte predictivo de las clases subalternas; es decir, es la experiencia del tiempo como un hecho suspendido, como una agobiante excepcionalidad indefinida que no tiene vocación ni promesa.

¿Y que podría pasar cuando la “larga sombra” del enfado de los de abajo en algún momento quiera romper, por decisión y riesgo propios, la asfixia de un tiempo dilatado y sin futuro para inventar un nuevo destino imaginado? Si ahora el FMI, obligado por las circunstancias, propone elevar impuestos a las grandes fortunas y al patrimonio en directa contradicción con su antiguo catecismo del “goteo”, no sería raro que las clases plebeyas, quizá, vayan un poco más allá y pongan en duda la propiedad de los dueños de esas grandes fortunas, o piensen cosas “peores”. Si por el momento, con la vigencia de la gran propiedad privada, no hay futuro capaz de volver a encandilar las expectativas sociales, podría ser que, sin esa gran propiedad, las cosas sean distintas.

Nadie lo sabe, pero lo que es cierto es que el futuro se abre paso a tropezones y jaloneado por el miedo. La incertidumbre de hoy ya no es la de los valores probables de una variable, sino de la validez de la totalidad de las ecuaciones del FMI que modelizan el comportamiento social sumiso.

Entonces la “incertidumbre peligrosa” a la que teme Gueorguieva es la que hoy atenaza, en primer lugar, a los decisores del orden planetario, a los que lo dirigen. Resulta claro que si los que gobiernan el mundo no saben hacia dónde vamos, su dominación carece de validación proyectiva en el tiempo. Esta ahí por la inercia de la dominación pasada, por los sedimentos arcaicos en el sentido común de la sociedad, pero no tiene dinamismo regenerativo propio. Es pues una hegemonía crepuscular, en cierta medida zombi.

El mundo está debajo del pórtico de un extraño tiempo carente de esperanza, en el que no hay futuro y, lo peor, que nadie sabe cómo será. No es casual que la angustia de las elites planetarias respecto a si las viejas técnicas de dominación, exitosa durante 40 años, serán eficaces ante una sociedad que, al dejar de confiar en los consuetudinarios cursos de acción posibles, tienda a volverse más receptiva a explorar otras opciones de destino. En sentido estricto esa es precisamente la experiencia patética de la libertad, entendida no como la posibilidad de elegir entre lo que unos pocos han decidido, sino de decidir sobre las cosas mismas que habrá que elegir. De ahí que el temor del FMI es, sobre todo, el miedo a hallar en el fondo del abismo la premonición sartreana de que estamos “condenados a ser libres”, es decir, a perder el control sobre el horizonte de previsibilidad de las sociedades. 

“Ipso facto, ahorrando formalismos”. Esas son las palabras que se usaron el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales. Así lo confesó monseñor Ricardo Centellas, a nombre de la Conferencia Episcopal boliviana, en un comunicado leído el viernes 19 de marzo. La frase es simple y brutal a la hora de entender por qué una vicepresidenta segunda del Senado, representante de una fuerza política minoritaria en Bolivia, con un largo prontuario de posiciones racistas contra a la mayoritaria población indígena del país, fue investida con la banda presidencial en un oscuro cuarto del Palacio Quemado -el viejo palacio de gobierno que había caído en desuso en 2018-,  y de la mano de un general en uniforme de combate.

Esos “formalismos” escamoteados a los que se refiere despectivamente el Monseñor son los de la Constitución Política del Estado (CPE), madre de todo el ordenamiento normativo del país, que en su artículo 169, de manera innegociable, que en democracia, y para garantizar la democracia, establece que el orden de sucesión presidencial recae exclusivamente del Presidente al Vicepresidente; a falta de éste, en el presidente de la Cámara de Senadores; y a falta de este en el presidente de la Cámara de Diputados. Se trata de una estructura de transmisión de mando constitucional cerrada a cualquier tipo de interpretación y sin ninguna ambigüedad, precisamente para garantizar el respeto al voto mayoritario de la población y a su representación numérica expresado en la elección de sus principales autoridades

No es un “formalismo” más, con el cual limpiarse la nariz como lo hace la jerarquía católica, a no ser que precisamente se esté ante una conjura violenta contra el ordenamiento democrático del país. Claro, la lógica de la Asamblea Constituyente del 2008, al redactar esta norma fue que el mando del país, ante cualquier eventualidad, siempre recaiga en autoridades portadoras del voto mayoritario de los electores. El artículo impide imperativamente el pervertido manejo político de décadas anteriores, cuando las minorías políticas, por componendas entre las fuerzas que habían perdido la elección, llegaban sin embargo a gobernar: así Jaime Paz Zamora, candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que en las elecciones de 1989 había salido tercero, llegó a la presidencia gracias al apoyo en el Congreso del ex dictador Hugo Banzer (1971-1978). Según la nueva CEP, a la organización política que obtenga la mayoría del apoyo electoral, le corresponderá directamente la Presidencia y Vicepresidencia del Estado; a la organización que tenga mayor número de senadores elegidos por departamento, la presidencia del Senado, y a la organización que obtenga mayor número de diputados por circunscripción uninominal y plurinominal, la presidencia de la Cámara de Diputados. Y cuando tenga que proceder la sucesión constitucional, el mando democrático siempre recaerá obligatoriamente sobre la fuerza política con mayor votación y representantes en uno de los tres niveles de la jerarquía estatal. De ahí que, “ahorrarse” ese “formalismo”, era simplemente asesinar a la democracia.

Esta lógica del ordenamiento normativo que garantiza el gobierno democrático del país a las mayorías a través de sus representantes nacionales y territoriales electos, continúa en el Reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 35 establece que la Presidencia del Senado y la primera Vicepresidencia corresponden al bloque de mayorías, es decir a los que obtuvieron mayor número de senadores en el país; la segunda Vicepresidencia, el lugar que ocupaba Jeanine Áñez, al bloque de minorías. En el marco de la Constitución y la democracia era metafísicamente imposible que la segunda vicepresidenta del Senado, lugar de las minorías, pueda ocupar el lugar de las mayorías, esto es, la presidencia del Senado. A no ser, claro, que de por medio estén la espada y la biblia para “ahorrar formalismos”, es decir, dar un golpe de Estado.

Por si no fuera suficiente esta integralidad del orden jerárquico del Estado asentado en la lógica de gobierno de mayorías, el artículo 75 del citado Reglamento señala que, para convocar a una sesión de la Cámara de Senadores, el quórum obligatorio para instalar la sesión es el de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir 19 senadores sobre un total de 36. Los partidos opositores apenas tenían 11 senadores -9 del Movimiento Demócrata Social (UD) y 2 del Partido Demócrata Cristiano (PDC)-, por lo que no importaba cuántas invocaciones se hicieran al cielo, era imposible convertir 11 senadores en los 19 que la cámara necesitaba para sesionar. Y si sesionaba con el quórum la única ruta democrática y constitucional que había era elegir a un nuevo o nueva presidenta del Senado del bloque de mayorías, en este caso del Movimiento al Socialismo (MAS) que tenía 25 senadores, para que luego, inmediatamente asumiera la Presidencia del Estado. Pero esto significaba echar por la borda el financiamiento de paramilitares que quemaron Órganos Electorales departamentales, olvidarse de los jugosos sobornos empresariales a los comandantes de las FFAA y la Policía, desoír los inmorales rezos delante las puertas de los cuarteles y atragantarse los relatos de fraude con el que los opositores, tras la caída en las encuestas en enero de 2019, habían encubierto su insuperable condición de minorías derrotadas.

“Pero para qué tanta Constitución, democracia, leyes y lógica de mayorías”, exclamó alguno de los conjurados de la “católica” ese fatídico 12 de noviembre. Allí estaban los dirigentes opositores Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros. Y a falta de inteligencia y convicción democrática sobraba odio racial y revanchismo violento. Así que “ipso facto, ahorrando formalismos” según el Monseñor, 11 senadores opositores ahora serán más que 19, y las minorías serán declaradas, Dios mediante,  “mayorías”, gracias al poder de las armas y los rezos emperifollados.

Ciertamente este “milagro” no resiste la prueba de consistencia aritmética de los sumerios ni mucho menos tiene un átomo de democrático o constitucional. Pero así sucedió; sobre el poder de las bayonetas, Áñez, que por voto popular y norma constitucional solo podía leer la correspondencia de la Cámara, ahora entraba por la ventana al Palacio de Gobierno para recibir una espuria banda presidencial y ser escoltada por una cofradía de uniformados desleales a su institución y a la democracia. Los que nunca pudieron ganar elecciones nacionales, ahora eran gobierno; los eternos derrotados por el voto popular, ahora ganaban parapetados detrás de tanquetas. Al día siguiente, “ipso facto, ahorrando formalismos”, el odio y el racismo se enseñoreaban para cobrar venganza de unos indios alzados que se habían atrevido a ser gobierno. A falta del indio presidente para ser linchado, se quemaban wiphalas en La Paz y Santa Cruz, en tanto que en Cochabamba, los nietos de los hacendados se encargaban de expulsar cholas de la ciudad. Se iniciaba el año infame.

Hay, empero, que ser justos; el método “ipso facto” no es un invento enjundioso de Monseñor. Ya lo empleó Torquemada en 1485 para deshacerse de conversos y de bibliotecas “peligrosas”. La economía de “formalismos” políticos los practicó también con notable eficiencia Fray Vicente, doctrinero de Pizarro, que a decir de Waman Puma, en su magistral Nueva corónica y buen gobierno, dio la señal para que las tropas españolas, “ipso facto”, se lanzaran a “matar indios como hormigas” en Cajamarca, en 1532; y todo porque supuestamente “estaban en contra de la fe” católica.

“Ipso facto, ahorrando formalismos”, fue también el ideario que guió a Himmler para instaurar campos de exterminio que, con métodos “expeditos” y sin ataduras legales mataron a más de 12 millones de judíos y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.

En fin, este desprecio por los “formalismos” de la democracia, la dignidad de la vida, de la tolerancia y el respeto a la voluntad de las mayorías sociales, es propio del fanatismo ideológico, el racismo político y el fascismo. Pero, aún queda pendiente la pregunta sobre por qué una jerarquía de una institución religiosa tan importante haya avalado una brutal violación de la democracia y la lógica constitución de mayorías, cuando muchos de sus párrocos de base, que si comparten el dolor del feligrés, han luchado por la democracia y la igualdad. Y quizá la respuesta la tenga otro Monseñor que fue delegado a la Constituyente, como los viejos cruzados de Urbano II en el siglo XI, para hacer retroceder a los constituyentes “impíos” que querían separar la iglesia del Estado. La laicidad del Estado que al final resultó, les pareció una afrenta tan diabólica como aquella implementada por el mariscal Antonio José de Sucre al expropiar los bienes de la Iglesia. “Si para ustedes es patria o muerte –señaló ahora el Monseñor- para nosotros es Iglesia o muerte”. Y ciertamente lo fue. El 14 de noviembre, “ipso facto, economizando formalismos”, la biblia de Fray Vicente entraba a palacio con su estela de muerte de indios y de democracia por igual.