Resulta ineficaz, si no imposible, abordar determinados conflictos ambientales con las herramientas habituales normativas o de gestión, por la sencilla razón de que, en ciertos casos, no son simples situaciones ambientales sino que sería más correcto hablar de conflictos socio-ambientales, es decir, de situaciones de conflicto (problemas) que afectan al medio natural, pero que también implican a las  personas que forman parte del relato, no solo causal, de lo que está ocurriendo. Como analizamos con la conservación del lobo ibérico.

Un problema ambiental puede abordarse desde diferentes vías: incidiendo en la gestión de lo que ocurre para minimizar o paliar sus efectos, desarrollando labores preventivas antes de su desarrollo, sean de gestión o educativas, y legislando sobre el problema para castigar a quien lo origina. Sin embargo, cuando abordamos un problema ambiental como conflicto socioambiental y con una mirada ecosocial, no podemos caer en el error de pensar que los problemas se solucionarán sin que exista una clara intención de resolverlos por parte de los agentes y de las personas que intervienen en ellos. Porque un conflicto socioambiental es, al fin y al cabo, un conflicto entre personas; y solo las personas que forman parte del conflicto pueden abordar su solución. 

No hay nada que hablar

Por desgracia, de un tiempo a esta parte, el diálogo y el acuerdo tan necesarios, se han visto denostados por una creencia casi generalizada de que el encuentro de posiciones es muestra de debilidad y no de enriquecimiento. Ante esto, proponer un proceso de mediación es casi un insulto para las personas que defienden ciegamente una posición inamovible, deslegitimando a todo aquel que se atreva a cuestionarla o a proponer un proceso de mediación para abordar el desacuerdo. ¿Os suena? Negar la posibilidad de mediar en un conflicto, solo se puede hacer desde una posición de absolutos en que “mi verdad” es la única posible; y negar legitimidad a otra persona, grupo o sector, para siquiera opinar sobre algo, solo se puede hacer desde el estrado de la soberbia y la vanidad. Un posicionamiento tan radical, puede llevarnos a una sistemática descalificación moral, intelectual o ideológica de quien no piensa igual; y quien dentro de nuestra manada expresa una posición mínimamente discrepante, automáticamente se convierte en un enemigo a batir, porque la meta se convierte tan solo en “tener razón”; y este el caldo en el que se cuece un conflicto socioambiental como el que ahora nos atañe. Un caldo que, desde hace unas semanas, hierve con más fuerza gracias a una propuesta de cambios legislativos a los que se ha llegado sin acuerdo alguno y sin transparencia, y que han sido como gasolina alimentando el fuego del conflicto alrededor del lobo. 

Opinando todas sobre conservación

La declaración de la necesidad de establecer el grado de protección de una especie, debiera estar marcada –solo– por un planteamiento científico basado en el conocimiento de la ecología de poblaciones, la genética, la ecología de comunidades y sistemas, la biología de la conservación, etc. que definiesen la norma o normas a aplicar para su correcta conservación. Pero desde una perspectiva estrictamente social, resulta incuestionable que la nueva legislación sobre el lobo, no solo no ayuda a la resolución del conflicto, sino que ni siquiera intuimos si es la mejor noticia para conservar una especie que, si antes tenía detractores, ahora está generando enemigos en el medio que habita. Reformulemos: la necesidad de protección de una especie es algo que “solo” debiera basarse en un sólido planteamiento científico, un planteamiento que “también” comprende que el asunto no atañe solo al lobo, sino a una serie de complejos sistemas y ecosistemas en el que el lobo convive y no solo coexiste, con personas, actividades, situaciones y sociedades rurales que también deben ser tenidas en cuenta en esta ecuación. He aquí la mirada socioambiental del conflicto que tan imprescindible es en el camino hacia su solución y que, lamentablemente, no se ha tenido en cuenta. He aquí el núcleo del conflicto y la clave para abordarlo: el mapa de las personas que forman parte del conflicto;  los agentes a los que hay que escuchar, con los que hay que dialogar en cada territorio afectado y cuyas posturas debemos comprender si realmente queremos avanzar. Por último, he aquí los posicionamientos, porque posicionarse y aceptar tu propia verdad es fácil; pero ponerla en duda y aceptar que puede que no haya una única verdad es el auténtico reto. 

Los que se equivocan

Por eso y, personalmente, me es imposible posicionarme radicalmente ante una situación con tantas aristas, diferencias, modelos, lugares y personas implicadas. Simplemente no puedo aceptar que un lado o el otro tengan toda la razón, que un relato sirva para diferentes personas y lugares; tan solo puedo esforzarme por entender sus argumentos y lo que los sustenta. Pero aceptar sin más unos u otros obviando al resto de partes implicadas y dejando fuera lugares y situaciones diferentes, me haría caer en una suerte de Caverna de Platón, demasiado alejado de la luz del sol: por mucho que posicionarse en los discursos extremos de un conflicto como este nos dé la seguridad de un argumentario construido y común que nos agrupa y ensalza sobre quienes todavía no han alcanzado a entender “la verdad”, (que son quienes se equivocan), lo cierto es que esto no son sino sombras sobre la pared de la caverna. 

El dialogo es un instrumento de conservación

Sin embargo, existen alternativas; es posible ir más allá de las convicciones, de la ideología y de las verdades absolutas para abordar un conflicto social con la idea de solucionar un problema y no de ganar una guerra nunca deseable. En un conflicto como este, el factor humano es fundamental y solo se podrá abordar desde la escucha activa y respetuosa de todas las posturas, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que nos permitan avanzar para desmontar el conflicto.

Desde el Grupo Campo Grande, un grupo de reflexión formado por ecologistas, ganaderas/os y expertas de diferentes posicionamientos e ideas, de distintos ámbitos territoriales y cognitivos que participan solos o como activistas en entidades muy variadas, se está reclamando al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un proceso más participativo que el Procedimiento Común de las Administraciones Pública ante su decisión de incluir en febrero a todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección. Este proceso consiste tan solo en facilitar una dirección electrónica a la que hacer llegar alegaciones por escrito durante un plazo mínimo y cierra la posibilidad de actuar de acuerdo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el derecho a “participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente”.

¿Por qué? Porque se ha comprobado que para abordar la tarea de desmontar el conflicto social hay que rebajar los graves problemas derivados, problemas que afectan directamente a personas concretas y a la especie en su conjunto, con el fin de avanzar hacia la coexistencia real entre el lobo y las personas que habitan esos mismos territorios.  De ahí surge la Declaración del Grupo Campo Grande para el tratamiento del conflicto en torno al lobo, una serie de acuerdos alcanzados desde el territorio y la escucha activa de quien piensa diferente. Un documento que, casi seguro, ninguna persona del Grupo Campo Grande comparte al cien por cien, pero que es un ejercicio modélico de responsabilidad social ante el conflicto que a más de una persona firmante, de uno u otro lado, le ha generado problemas, descalificaciones e insultos. Un acuerdo que demuestra que, desde la mediación social se puede, si no resolver, al menos paliar y  acercarnos a la solución real de un conflicto. 

De la misma manera, creo firmemente (aunque estoy dispuesto a discutirlo y negociarlo con cualquiera), que el camino para la solución de este y de la mayoría de conflictos socioambientales no puede alcanzarse, solo, mediante decretos o  a través de campañas de descalificación  o empoderamiento en RRSS, sino a través de procesos de mediación participativa que faciliten el diálogo, la empatía y la colaboración desde el respeto mutuo.