De manera recurrente se reabre el debate sobre la necesidad de una reforma fiscal que equilibre la imposición entre las rentas del capital y del trabajo y permita, además, recaudar más para hacer frente a las crecientes necesidades del Estado de Bienestar. La educación, la salud, las pensiones, la dependencia o los servicios sociales requieren de ingresos suficientes, además de políticas eficientes. Asimismo, la creciente demanda de políticas de vivienda, con la extensión del alquiler social y la necesidad de sufragar el Ingreso Mínimo Vital demandan un Estado fuerte, con una mayor capacidad de ingreso. 

Ahora, además, que la pandemia ha puesto patas arriba nuestra sociedad, demostrando la fragilidad de nuestro modelo productivo, con una altísima dependencia del sector servicios, necesitamos llevar a cabo una gran transformación verde y digital mediante el Pacto Social Verde (el Green new deal). Esa apuesta tiene que ir acompañada de una fiscalidad verde, que favorezca las energías renovables, la movilidad sostenible, las reducciones de gases de industria y transporte, la distribución comercial de cercanía, el fomento de la economía circular, la agricultura sostenible y ecológica, etc.

Para hacer frente a todo ello, necesitamos una reforma fiscal basada en la suficiencia de recursos, redistribuyendo la carga fiscal con criterios de justicia social, con más progresividad, que impida el fraude y la elusión, impulse la transición ecológica, incentive la economía productiva y sostenible, apoye a la pequeña y mediana empresa, penalice las actividades especulativas, contaminantes y destructoras de los recursos naturales, sea más sencillo y transparente, y se gestione mejor. Se trataría de reformar el sistema para favorecer aquellas actividades que produzcan valor añadido y sean respetuosas con nuestro entorno, contribuyendo a la necesaria transformación del modelo productivo. Por el contrario, las rentas de capital y las actividades meramente especulativas, por su nula contribución a este cambio, tienen que resultar gravadas en mayor proporción. La fiscalidad es una arma poderosa en manos del Estado que hay que utilizar para redirigir la actividad económica.

Nuestra propuesta se basa en siete grandes bases:

1. Más justicia fiscal

En las últimas décadas ha habido un desplazamiento de la carga tributaria al gravarse mucho menos a las rentas del capital que las del trabajo, al mismo tiempo que se ha reducido la tributación sobre los rendimientos del capital extranjero.

Es necesario impulsar las reformas necesarias para el desarrollo de políticas fiscales progresivas y redistributivas. Solo gravando mejor los grandes patrimonios, las rentas elevadas y las que provienen del capital, podremos obtener más recursos y, al mismo tiempo, más justicia social. Hay que poner el acento en la fiscalidad efectiva de los grandes grupos empresariales y en el refuerzo de la contribución fiscal del sector financiero.

2. Una reforma fiscal para la transición ecológica

La Fiscalidad debe ser un motor imprescindible para la transición ecológica de la economía. Se trata, por un lado, de favorecer las actividades económicas que impulsan la transición verde, digital y social con especial apoyo a la pequeña y mediana empresa y, por otro, establecer un sistema impositivo verde que se acerque a la media europea, que grave las actividades contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y el consumo excesivo de recursos.

3. Lucha contra el fraude y la elusión fiscal

El próximo día 3 de abril, se celebra el día global de acción contra los paraísos fiscales, aniversario de la revelación de los papeles de panamá. La lucha contra el fraude y la elusión fiscal debe ser un objetivo fundamental de la reforma. Por un lado, debemos impulsar un Pacto europeo, político y social, que comprometa a sus actores a luchar de forma eficaz contra el fraude y la evasión y la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, y por otro, endurecer las sanciones contra el delito fiscal, ampliando sustancialmente el plazo de prescripción, rebajando y homogenizando las cuantías, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las deudas y eviten el vaciamiento patrimonial previo, incluso promoviendo una reforma constitucional para prohibir el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.

4. Fiscalidad autonómica

El sistema fiscal en España es muy centralista porque apenas deja espacio para la fiscalidad autonómica. El espacio fiscal autonómico es especialmente el idóneo para desarrollar la fiscalidad verde que consolide el principio “quien contamina paga” reforzando el vínculo entre tipo impositivo y las emisiones de CO2, acercándonos las mejores prácticas europeas en esta materia.

5. Un sistema federal

La perspectiva federal debe presidir tanto la reforma del sistema como de la propia administración tributaria. La ausencia de mecanismos federales genera una dinámica de competencia a la baja entre las CC.AA. y socaba el desarrollo del espacio fiscal autonómico.

Por otro lado, es necesario introducir mecanismos que progresivamente mejoren la eficiencia de la gestión pública, en especial mecanismos federales que conecten la gestión, local, autonómica, estatal y europea, e incrementar los recursos de la agencia tributaria teniendo en cuenta la infradotación en inversiones y personal, creando unidades especializadas para los fraudes más complejos, como son aquellos relacionados con transacciones internacionales, y reforzando los programas de cooperación con la inspección de la Seguridad Social.

6. Un sistema más simple y transparente

El sistema fiscal debe ser más transparente y sencillo para el ciudadano, simplificando las obligaciones tributarias, con generalización de la factura electrónica, el refuerzo de los sistemas de asistencia a los contribuyentes y avances en los mecanismos que deben dotar de seguridad jurídica a las empresas y particulares en el ejercicio de su actividad económica.

7. Educación fiscal

Todas estas reformas pendientes necesitan de un cambio de paradigma en cuanto al valor social de pagar impuestos. Se necesita un cambio cultural y es necesario que ese proyecto de cambio sea un proyecto esencialmente pedagógico. Proponemos incluir en la educación sobre valores cívicos una materia relacionada con el fraude fiscal, y sus negativos efectos en el conjunto de la sociedad, y el significado de los tributos como derecho de ciudadanía.

Esta reforma resulta imprescindible si queremos que el coste de la reestructuración económica que necesitamos no recaiga, otra vez, sobre las personas más desfavorecidas. Somos conscientes de que ese cambio necesita amplios consensos sociales y acuerdos políticos que lo hagan posible. Pero es sólo cuestión de voluntad política.