No es ningún secreto que El Salvador es uno de los países del mundo con medidas más restrictivas contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos. No se permite abortar en ninguna de las excepciones que despiertan mayor consenso: la inviabilidad de la vida del feto fuera del útero, el peligro para la vida de la mujer o las violaciones. Ni siquiera cuando las violaciones son a menores. 

Las mujeres de El Salvador no sólo luchan contra la vulneración flagrante de derechos humanos que eso supone, sino que también deben luchar contra la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas. No sólo deben pelear por la implementación de la educación integral sobre sexualidad en las aulas. No sólo deben pelear contra unas cifras escalofriantes de embarazos no deseados en menores de edad. No sólo deben pelear por conseguir las tres causales —de mínimos— para garantizar derechos básicos.

No sólo deben pelear y asumir el trabajo que debería hacer el estado. No sólo deben pelear contra los fundamentalistas, los antiderechos y la religión decidiendo por ellas. No sólo pelean para defender derechos, sino que lo hacen —y cómo lo hacen— por no tener mujeres condenadas a treinta años en la cárcel por haber tenido una emergencia obstétrica. Sí, si una mujer tiene una emergencia obstétrica —un aborto espontáneo, un problema durante el embarazo o una complicación cualquiera— es criminalizada y acusada por homicidio agravado. 

Hay dos casos emblemáticos en El Salvador que dan buena cuenta de la situación salvaje que viven las mujeres en el país. Por un lado, el Caso Manuela. Una mujer que sufrió una emergencia obstétrica, a la atendieron en un hospital. La profesional que la atendió concluyó que la emergencia obstétrica era un aborto denunciable, y acabó condenada a treinta años de prisión por homicidio agravado. Para el estado de El Salvador, Manuela —nombre ficticio— era una asesina. Dos años después, murió esposada a una cama, víctima de un cáncer. El Caso Manuela fue denunciado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se condenó a El Salvador: por no haber respetado el derecho a la vida privada, a la integridad personal y a la salud. Algunas de las medidas de reparación obligan al estado a diseñar, socializar e implementar protocolos contra la violencia obstétrica. Y también, y paso indispensable para proteger a las mujeres pero también a los profesionales de la salud, a proteger el derecho al secreto profesional. El personal de los hospitales puede acogerse a dicho derecho para no denunciar a las mujeres que presentan emergencias obstétricas: doble derecho, a quien sufre la emergencia y a quien debe atenderla. A día de hoy, los protocolos están diseñados, pero no se dan a conocer porque no hay voluntad política.

El segundo caso, el de Beatriz, se encuentra ahora mismo en proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de la audiencia pública en el mes de marzo. Beatriz, una mujer joven, embarazada por segunda vez, padecía lupus. El embarazo le suponía un riesgo para su vida… pero, además, si tomamos como referencia y criterio técnico las tres causales, cumplía dos de los tres presupuestos y no garantizados en El Salvador: Beatriz, además de padecer lupus, tenía un embarazo sin ninguna posibilidad de vida fuera del útero. El feto era anencefálico, una malformación que impide el desarrollo del cráneo y el cerebro. Beatriz, si El Salvador tuviera una ley que abogara por permitir el aborto en las tres causales, cumplía dos en una sola persona. Los médicos que acompañaron su embarazo recomendaron, como única salida para su caso, el aborto. Años más tarde, Beatriz acabó muriendo por una neumonía, tras un accidente de tráfico leve. Su cuerpo se vio muy afectado por todas las complicaciones que vivió y no pudo responder a las complicaciones derivadas del accidente. En cuestión de meses, quizá antes de que acabe el año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunciará. 

De la misma forma que el Caso Manuela supuso un avance con respecto a la violencia obstétrica y al reconocimiento de la responsabilidad del estado salvadoreño, el Caso Beatriz puede suponer un avance para la despenalización del aborto para El Salvador y también para los países de América Latina y el Caribe. Manuela y Beatriz son víctimas de estado. Son las vidas de dos mujeres de origen humilde, de zonas rurales, con derechos sexuales y reproductivos, con salud sexual y con derechos humanos vulnerados por el estado en el que les tocó vivir. Evidentemente, si Manuela y Beatriz hubieran tenido otro poder adquisitivo, no estaríamos hablando de sus casos. Como en todos los países que criminalizan el aborto —en el caso de El Salvador, también las urgencias obstétricas—, el aborto no desaparece: simplemente se vuelve un privilegio, un lujo, un peligro o la causa de muerte de muchas niñas y mujeres, en función de tu clase social y tus posibilidades económicas.

En medio de este contexto tremendo, las compañeras de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto son la única esperanza, la única luz en medio de tanta oscuridad: han sacado de la cárcel, a estas alturas, a 72 mujeres acusadas de homicidio agravado por emergencias obstétricas. Las feministas, organizadas en la región, aseguran que El Salvador, el estado, odia a las mujeres.

Hoy, 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, lo único que podemos hacer es dignificar las vidas de Manuela y Beatriz: el estado, el patriarcado, los antiderechos y la religión volvieron sus cuerpos política. Recogemos el testimonio y politizamos también su resiliencia: que la próxima vez que se vuelva a hablar de El Salvador y de derechos sexuales y reproductivos, sea para una nueva era en la que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos siga del lado de los derechos sexuales y reproductivos, del lado de la vida. Lo único que podemos hacer, a estas alturas, es pedir justicia para Manuela, para Beatriz y para todas aquellas mujeres en todo el mundo que siguen sin tener garantizados los derechos sexuales y reproductivos. 

El PP quiere limitar los derechos de las víctimas de violencia machista. Quiere acotarlos a su ideología. Hace unos días supimos que el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra parte de la ley catalana que blinda el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia machista, la 17/2020. Como siempre, los populares, que cada vez son más residuales en Catalunya, utilizan a los jueces para ganar en los tribunales lo que son incapaces de ganar en las urnas: legitimidad. Es el miedo a que el mundo cambie, un mundo que favorecía sus intereses particulares y obviaba los del resto.

En concreto, enmiendan cuatro aspectos de la ley. El primero, en el que se mencionan las mujeres, adolescentes y niñas trans. El segundo, la definición de consentimiento. El tercero, las tipologías de las violencias machistas que desbordan las leyes estatales, como por ejemplo la violencia de segundo orden. Y el cuarto, la necesidad que todos los partidos políticos se doten de planes de igualdad y protocolos.

En primer lugar, quisiera hacer una reflexión alrededor de cómo, los últimos meses, confluyen con el mismo argumentario fuerzas políticas que van desde Vox hasta el PSOE, pasando por el PP y el Partido Feminista de Lidia Falcón… FAES incluida. Lo único que ha hecho la ley 17/2020 referente a los derechos trans es actualizar la legislación catalana a los consensos alrededor de la ley contra la LGTBIfobia y las recomendaciones hechas por la CEDAW, la OMS o el Consejo de Europa. Pero puesto que estamos hablando de un recurso de inconstitucionalidad, y sin ánimo de convertirme yo en la defensora de la justicia española, quisiera recordar a los diputados del PP que ya existen sentencias del Tribunal Supremo español al respecto.

Concretamente en 2019, el Supremo declaró que en la identidad de género de las personas trans “debe primar el aspecto psicológico y psicosocial sobre el puramente cromosomático, gonadal e incluso morfológico”. También advirtió de que el reconocimiento de su identidad de género no puede ser condicionado “a su sometimiento a una operación quirúrgica de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal”. El amor hacia su Constitución debería haberles alertado que, hace dos años, el Supremo vinculó los derechos de las personas trans con el respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y el derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución). La nueva ley se adapta a las recomendaciones europeas sobre derechos humanos. Las víctimas de violencia machista incluyen, por supuesto, las niñas, adolescentes y mujeres trans. Y lo hará, en el siglo XXI, sin patologizar su identidad. Si es víctima de violencia machista, es sujeto de la ley.

Consideran, también, que añadir a la ley una definición de ‘consentimiento’ es una invasión de competencias. El problema que tienen con esta definición no es de quién son las competencias, sino poder empezar a tratar la violencia sexual como lo que es. La definición de ‘consentimiento’ que aparece en la nueva ley catalana sigue los principios de la Convención de Estambul. Quizás el PP preferiría que Catalunya hiciera como Turquía y abandonara el Convenio de Estambul, pero nada más lejos de la realidad. El inconveniente que ve el PP en esta definición no es competencial, sino ideológico.

La ley 5/2008 fue pionera precisamente porque abrió el abanico de las violencias machistas, estructurales y sistémicas que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Esto quiere decir que la violencia machista tiene varias formas (física, psicológica, sexual, obstétrica, económica, digital, de segundo orden o vicaria) y ámbitos (familiar, laboral, social o comunitario, digital, institucional, político o esfera pública y educativa), que es como está ordenada dicha ley. Es precisamente esta manera de concebir la violencia machista lo que hace que la ley catalana sea referente.

La violencia de segundo orden, que ha sido incluida por primera vez en el Estado, es la que sufren las personas que apoyan a las víctimas de violencia. Pueden ser profesionales (abogadas, servicios sociales, psicólogas), personas próximas a la víctima o desconocidos. La incorporación de la violencia de segundo orden es un mensaje inequívoco: la víctima no está sola. Un clamor popular hecho ley. El PP cree que “el vasto y extenso catálogo se aparta desorbitadamente de la esfera de competencias propias”. Este “vasto y extenso catálogo” ya existía en el año 2008.

Y, finalmente, tienen un problema con los planes de igualdad y los protocolos contra el acoso en el ámbito de la política. Está demostrado que las mujeres en política y en la esfera pública tienen que sufrir una violencia específica. Precisamente porque la violencia política contra las mujeres limita su participación y envía un mensaje a toda la ciudadanía decidimos añadirla al “vasto y extenso catálogo” de formas de violencia machista. Hicimos lo mismo en la ley 17/2020 y así también lo recomienda el Plan de Igualdad del Parlament de Catalunya. Esta modificación debería hacerse, sí y también, en la ley de partidos orgánica… Sin embargo, no queremos esperar más.

Así pues, y como resumen de los últimos diez años de política catalana, este es el motivo por el cual muchas feministas somos también independentistas. No queremos esperar a Madrid para avanzar en materia de derechos. Mientras el constitucionalismo para leyes catalanas porque no se ajustan a sus intereses, Catalunya quiere continuar avanzando. Las feministas y las víctimas de violencia machista no queremos esperar que un partido residual en Catalunya decida con los jueces nuestro futuro escudándose en las competencias: queremos decidirlo en nuestras instituciones, y queremos hacerlo nosotros mismas. La ley 17/2020 está redactada en base a los consensos de Catalunya, no al gusto de cuatro diputados del PP.