Cuando se perdona una deuda, se soluciona una dificultad para el deudor, pero se premia un comportamiento poco responsable que, de esta forma, tiene más papeletas para repetirse. Es el riesgo moral. Sin embargo, en el caso de la condonación de la deuda autonómica por la administración general (AGE) hay algunas razones en favor de hacerlo. El ministro Montoro, a partir de 2012, usó el palo de las reglas de estabilidad que encorsetaron a las CCAA; y, al mismo tiempo, mostró la zanahoria del FLA, que permitía un endeudamiento autonómico generoso y con escasa condicionalidad. El palo de las reglas rígidas y la zanahoria de un FLA generoso, ¿Es de extrañar que algunos gobernantes autonómicos optasen por hacer crecer sus pasivos, en una suerte de patada hacia adelante? En mayor medida, aquellos a los que el modelo de financiación entregaba menores recursos en relación con sus necesidades, máxime cuando se incumplía el calendario para la revisión del modelo.

Por tanto, existe una justificación para aliviar la carga de la deuda a las CCAA. La clave es cómo hacerlo para no generar inequidad entre ellas e incentivos equivocados para su comportamiento futuro. 

El Ministerio de Hacienda ha optado por una condonación autónoma, incondicionada y desigual entre autonomías, mientras que un perdón ligado a la reforma del modelo, con condiciones, e igualitario produciría mejores resultados.

La desigualdad nace de sumar a un primer reparto de la deuda global a condonar en función de los habitantes ajustados regionales, otras tres asignaciones con criterios y resultados difíciles de justificar: una segunda distribución que prima a las regiones de régimen común más endeudadas con el Fondo de Financiación estatal (Cataluña, Valencia, Murcia, CLM e Baleares); una tercera que favorece a las CCAA peor tratadas por el sistema entre 2010 y 2022, con la excepción de Valencia (Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia); y una cuarta que favorece el mayor esfuerzo fiscal  (Cataluña, Baleares, Canarias, Aragón). 

Usar la población (o la población ajustada) es claro y neutral en relación con las estrategias fiscales y de deuda de las regiones. Reduce el riesgo moral, lo que no sucede al primar el mayor endeudamiento. Favorecer más a las peor tratadas por el modelo no puede obviar que el FLA (o los fondos que lo continúan) ya han significado una ventaja significativa para estas comunidades, al facilitar su acceso al crédito y bonificar sus intereses. Además, de tener en cuenta la infrafinanciación, habría que hacerlo de forma proporcional a su intensidad. Utilizar el esfuerzo fiscal como elemento discriminante introduce un sesgo en favor de la subida de impuestos frente al ajuste del gasto que debería ser objeto de decisión por los ciudadanos, no por el Ministerio. 

Sería suficiente con repartir los 83.252 millones condonados exclusivamente con el primer criterio (población ajustada o población). Y acompañar esta propuesta con dos elementos:

—Un plan de ajuste fiscal para las comunidades que se acojan y mantengan un nivel de deuda sobre el PIB superior al marcado por la Ley de Estabilidad (2012), de acuerdo con los nuevos parámetros de las reglas europeas. Con un nivel de exigencia creciente conforme aumente el nivel de los pasivos. El riesgo moral, es sabido, se combate haciendo partícipe al beneficiario en el coste de la solución.

Algunas regiones seguirán muy endeudadas (Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha). Queremos que acudan a los mercados para resolver sus necesidades financieras. El Fondo de Financiación, ¿se cerrará?; ¿se mantendrá reestructurando la deuda? Sería bueno saberlo.

—Una revisión íntegra del modelo de financiación. Para resolver la infrafinanciación de algunas comunidades, evitando que la solución de hoy a la deuda se convierta en el quebradero de cabeza de mañana, si no se atiende a las causas; y aprovechando para mejorarlo en equidad, en autonomía y responsabilidad fiscal, o en transparencia. Reforzando también su gobernanza. Ir aplicando terapias parciales o ad hoc complica las negociaciones futuras y deja a la AGE con menos recursos e instrumentos para abordar una reforma integral -que, sin embargo, el acuerdo PSC-ERC ha colocado en primera línea.

Una preocupación legítima de las CCAA es saber quién gana y quién pierde con la nueva propuesta. De hecho, las más endeudadas con el Fondo de Financiación ya estaban siendo favorecidas con un tipo de interés muy inferior al de mercado. En general, son también las más beneficiadas con la solución propuesta, por lo que hay pocos cambios, más allá de la mejora notable de la situación de Andalucía. 

Aunque la deuda no desaparece. La asume la AGE, y al menos, los intereses debemos pagarlos entre todos. Si los ciudadanos de cada región contribuyen de acuerdo con su PIB a la financiación del gasto público central, Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía saldrán ganando. Cuanto mayor sea la condonación igualitaria, menor será su ventaja.

Por último, es legítimo criticar la condonación; pero, una vez decidida, es poco inteligente para cualquier región no participar. Pagará los costes sin participar de los beneficios.

Cando un gobernante acomete unha rebaixa fiscal debe existir algún motivo, máis alá da pura propaganda. O descoñecemento das razóns esgrimidas por Feijóo para alterar a estrutura dos tipos impositivos do IRPF e introducir unha notable bonificación na cota do Imposto de Patrimonio súmase ao insólito déficit de transparencia nos documentos públicos. Busquen vostedes nos tomos dos Orzamentos 2022 da Xunta de Galicia explicacións, cálculos ou simulacións… e non os atoparán. Todo se queda nun lema simple: baixamos os impostos. Baixamos os impostos?

Pois depende -tamén son da Galicia “profunda”, da ría de Muros e Noia. Estimamos para distintos supostos de base liquidable xeral do IRPF o resultado de aplicar os tipos autonómicos en 2021 e 2022 e obtivemos resultados moi ilustrativos: a caída nas obrigas tributarias prodúcese de xeito destacado nas rendas medias altas e altas, seguido dunha penalización crecente para as moi altas.

O desequilibrio é manifesto. Para as rendas baixas ou medias -o 80% dos contribuíntes están por debaixo dos 30.000 de base liquidable xeral-, a incidencia é nula (por debaixo de 14.500 euros de base impoñible os cidadáns non adoitan ter que contribuír) ou o efecto pinta extremadamente limitado. O groso do esforzo do Goberno galego diríxese a ese 5% dos contribuíntes con rendas superiores a 50.000 euros que chegarán a recibir un alivio fiscal perceptible. Teñamos en conta ademais para apreciar o perfil social dos beneficiarios que estamos falando só das bases liquidábeis xerais; as bases liquidábeis do aforro son importantes a partir dese nivel de renda, e súmanse ás que estamos considerando. A base impoñible total dos afortunados será aínda superior. Desde logo, ese segmento social (o 5% máis próspero do total) non pode conceptuarse na categoría de “clase media” sen facer demasiadas contorsións… Certo que un mínimo número de superafortunados (apenas un 0,3% do total dos contribuíntes) terá que contribuír un pouco máis.

Podiamos pensar inxenuamente que Feijóo está considerando facer tributar máis aos perceptores de rendas por riba de 150.000 euros, os únicos perdedores do cambio. Ao redor de 4.000 persoas en Galicia. Podiamos, pero sería demasiado inxenuo.

Xustamente preocupouse de facer o axuste á baixa no Imposto de Patrimonio para que saísen tamén beneficiados. O importe medio da base impoñible en IRPF dos declarantes de Patrimonio en Galicia era de 226.121 euros en 2019. O aforro medio que experimentarán na sua cota estimámolo no entorno dos 3.000 euros, cos datos dese exercicio. Ao final, ese mínimo segmento social será o máis beneficiado polas argucias fiscais de Feijóo. Todo isto para perdoarlle unha cuarta parte das súas obrigas tributarias en Patrimonio a aqueles que declaran bens por importe promedio de 6 millóns de euros? Actuando ademais na cota tributaria para que os máis ricos sexan tamén os que observarán unha maior rebaixa en termos absolutos?

Por tanto, se temos en conta ambos tributos, o groso do esforzo de Feijóo concéntrase en aliviar a carga fiscal do 5% da sociedade con máis riqueza acumulada e con maiores rendas percibidas.

Viviremos nunha sociedade demasiado igualitaria, para o criterio do presidente da Xunta de Galicia? Considera que é imperativo actuar con decisión para evitar que a máquina niveladora anule o esforzo e a creatividade na nosa sociedade? Será que a pandemia prexudicou en exceso as rendas e os patrimonios altos, ou que hai que compensar a suba no salario mínimo e a implantación do Ingreso Mínimo Vital que un Goberno central ilexítimo perpetrou?

Dificilmente pode esgrimir a carta da eficiencia. Hai garantía algunha de que esa inxección nas contas correntes dos nosos cidadáns máis poderosos economicamente reverta en máis investimento produtivo ou mesmo en gasto suntuario no noso territorio? Ensaiouse algún mecanismo para que iso sucedese? Non. Só significará que unha Xunta de Galicia que afronta o desafío estrutural do avellentamento renuncia a recursos equivalentes aos salarios de mais de 1.000 médicos de atención primaria.

O meu resume: pura propaganda con contido social regresivo.

Durante estos ya trece meses de pandemia, responsables políticos de distintos gobiernos subcentrales han emitido protestas airadas y denunciado agravios por cómo el poder central manejaba los recursos y distribuía los fondos. Más allá de disputas particulares, la derecha ha intentado suscitar en la opinión la idea de un gobierno progresista voraz y derrochador que esterilizaba los intentos de comunidades autónomas y ayuntamientos por gestionar eficazmente la crisis sanitaria, económica y social.

En la última semana conocimos algunos datos (Ejecución Presupuestaria de las Administraciones Públicas 2020) y análisis (Lago Peñas, S.: “Finanzas descentralizadas: el segundo año de pandemia”, en Cuadernos de Información Económica, 281) que permiten caracterizar lo sucedido. La primera idea fuerte es que la administración central se ha echado la crisis a sus espaldas: ha multiplicado casi por cinco su déficit y es responsable de todo él, si incluimos a la Seguridad Social. En comparación con 2019, las comunidades autónomas han reducido sus números rojos hasta un 0,23% del PIB y las corporaciones locales han mantenido incólume su superávit.

La segunda constatación es que la buena salud financiera de las administraciones subcentrales es una consecuencia directa de las transferencias ingentes de recursos desde el gobierno central (fundamentalmente hacia las autonomías), por dos vías complementarias: manteniendo sin cambios las entregas a cuentas ordinarias como si la pandemia no impactase en los ingresos tributarios; y articulando transferencias excepcionales (por casi 17.000 millones de euros) para atender necesidades adicionales y menores ingresos propios de las comunidades.

Gracias a ello se ha mantenido la capacidad de los gobiernos regionales para hacer frente a la emergencia sanitaria, sin descuidar el resto de sus funciones. Las más altas cifras de déficit de Euskadi y Navarra indican justamente la importancia de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la suficiencia de las comunidades (pues ambas han quedado excluidas del fondo de 16.000 millones).

La tercera certeza es que el grueso de los esfuerzos de gasto han estado dirigidos hacia lo que la situación demandaba. Ya hemos señalado el desembolso autonómico extraordinario en sanidad (8.000 millones de euros). El gasto de la Seguridad Social ligado a la COVID (ERTE y prestaciones a autónomos, en diversos conceptos) se acerca a los 30.000 millones de euros, duplicando el déficit de aquellas. Las transferencias singulares desde la administración central cubren aproximadamente el 70% de ese desembolso. La hacienda común ha soportado el 90% del gasto público asociado a la COVID, directa o indirectamente. Y ese compromiso ha facilitado que los ingresos fiscales no se desplomen.

En el año en que estamos, las cifras de los Presupuestos Generales del Estado y algunas medidas ya conocidas (como la ayuda a empresas y autónomos de 11.000 millones) indican a las claras que persiste la opción de mantener la suficiencia de las administraciones descentralizadas y cargar sobre la central el coste de las medidas a tomar. Aunque las prioridades cambian: además del soporte a las rentas y a la supervivencia empresarial se trata de impulsar la recuperación y las reformas. Las autonomías harían mejor en preocuparse por incrementar la capacidad de absorción de fondos (ingentes, de incorporar los asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) que de discutir los decimales de su reparto. Una rápida, intensa y sostenida recuperación es la mejor garantía de controlar el déficit y embridar la deuda, a todos los niveles.

Será después, a partir de 2022, cuando toque enfrentar las dificultades de la consolidación fiscal y de las liquidaciones negativas de los ejercicios 20 y 21, mediante las reformas necesarias en el sistema de financiación (autonómico y local) y en las reglas fiscales europeas. A cada tiempo, su afán.