La publicación esta misma semana de la propuesta de Reglamento sobre un enfoque europeo para la Inteligencia Artificial (IA) de la Comisión Europea supone un gran paso adelante para definir la transformación digital, diseñando nuestra propia manera de entender la digitalización basado en el respeto de nuestros valores y derechos fundamentales. Un anuncio esperado después de la publicación del Libro Blanco de IA en febrero de 2020.

La Inteligencia Artificial es una de las tecnologías con mayor poder transformador, pero también con mayores oportunidades para mejorar la vida de las personas. Y está en nuestras manos aprovechar su potencial, participando activamente y diseñando cómo queremos que sea esta tecnología. Porque somos las personas quienes creamos la tecnología. En ese sentido, es esencial abrir nuevos debates y afrontar, como sociedad, conjuntamente, los retos tecnológicos, sociales, culturales y éticos que trae consigo la inteligencia artificial.

Uno de estos retos es preguntarnos en primer lugar por el propio concepto de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial?, ¿cuáles son sus límites?, ¿hay prácticas que deberían estar prohibidas? Con esta propuesta de Reglamento, la Unión Europea no define exactamente qué es la IA, pero sí introduce el concepto de “sistema de inteligencia artificial”, que es más adecuado en materia regulatoria, por su completitud e implicaciones, que el de “algoritmo de inteligencia artificial”. Desde ese enfoque, establece una serie de prácticas prohibidas en esta materia, como las relativas a la identificación remota biométrica en tiempo real en lugares públicos para el cumplimiento de la ley, las que modifican negativamente el comportamiento de las personas de forma subliminal o las que explotan, en su contra o en contra de terceros, vulnerabilidades de ciertos grupos de personas. Esto es una apuesta clara por el respeto a nuestros derechos y libertades. 

Un aspecto ampliamente positivo y compartido desde España de esta propuesta de reglamento es su carácter equilibrado, porque no regula todos los usos de Inteligencia Artificial a priori. La Comisión se centra en aquellas aplicaciones de IA de alto riesgo y aporta garantías a la seguridad de las personas, sus derechos e intereses, sin que ello implique la introducción de grandes trabas a empresas que quieran poner en el mercado productos y servicios basados en inteligencia artificial, evitando de esta manera frenar la capacidad de innovación.  

No se trata de “regular por regular”, sino establecer unas reglas del juego claras y compartidas para que los agentes económicos y toda la ciudadanía tengan certidumbre sobre el funcionamiento y aplicaciones de la inteligencia artificial y, asimismo, se genere un entorno de confianza. Un “enfoque basado en riesgo” alrededor de determinados usos de la inteligencia artificial en función del potencial impacto sobre las personas, exigiendo una serie de requisitos sobre los conjuntos de datos que utilicen, la documentación asociada y el mantenimiento de registros, transparencia y provisión de información a usuarios, supervisión humana o de robustez, precisión y seguridad. 

Para el resto de aplicaciones de IA, se prevén ciertas obligaciones de transparencia y se introduce el concepto de códigos de conducta voluntarios que se desarrollarán por parte de la Comisión junto a un Consejo Europeo de IA, que podrían tener cabida en un marco de certificación voluntaria como el Sello de Calidad de IA que promueve España en su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

En cuanto a los obstáculos que los instrumentos regulatorios podrían llegar a entrañar a la innovación, la realidad es que el reglamento incluye medidas en su apoyo, como los sandboxes regulatorios, además de introducir un marco de gobernanza con un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial a la cabeza en el que España participará activamente, garantizando que la IA en Europa sea humanista, innovadora e inclusiva. 

Ahora España comienza a negociar esta propuesta con sus socios europeos y con el Parlamento Europeo. Queda mucho trabajo por hacer, y desde luego, habrá áreas que mejorar, pero creo firmemente que es un paso en la buena dirección. Un paso hacia la soberanía digital europea, sustentada en una soberanía de datos y sobre la base de los derechos y libertades de la ciudadanía. En este sentido, el Gobierno de España está impulsando la Carta de Derechos Digitales, incluyendo derechos relativos a la Inteligencia Artificial como es el derecho a la no discriminación algorítmica.

Una modernización imparable en la que tecnologías como la Inteligencia Artificial no solo van a cambiar y mejorar nuestras vidas, sino que van a permitirnos aprovechar lo mejor del ser humano. Europa vuelve a ser líder en progreso poniendo en el centro de la transformación digital a la ciudadanía, visión que apoyamos, compartimos e impulsamos desde el Gobierno de España.