La celebración de una Conferencia de Presidentes autonómicos siempre es una buena noticia porque supone activar el principal mecanismo federalizante del Estado de las Autonomías, ya que se trata del máximo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

La perspectiva federal, que básicamente consiste en la conexión entre el autogobierno de las comunidades autónomas más el gobierno compartido entre estas y el Estado central, es la solución de equilibrio para el secular problema territorial de España. El Estado de las Autonomías ha supuesto un avance en el autogobierno de las regiones y nacionalidades, pero los niveles de participación en las decisiones del Estado, y por extensión de la UE, son muy bajos, sobre todo por el error en el diseño del Senado que debería ser la cámara de representación territorial y se ha convertido en una cámara inútil.

Esto ha favorecido al centralismo porque la desconexión entre las estructuras políticas genera una dinámica donde la verdadera autonomía política es la del Estado central que carece de contrapesos y, además, la globalización ha acentuado los procesos de concentración económica y financiera hacia donde reside el poder político efectivo.

Sin embargo, esta XIV Conferencia de Presidentes se ha caracterizado por ser más una reunión protocolaria e informativa que un órgano de debate, participación y consenso. Es preciso que se la dote de una mayor regulación, más allá de la escasa mención que realiza el artículo 146 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con una ley específica que asegure su carácter de máximo órgano político para la cogobernanza.

Esta XIV Conferencia de Presidentes se ha caracterizado por ser más una reunión protocolaria e informativa que un órgano de debate, participación y consenso, es preciso que se la dote de una mayor regulación

En particular, el presidente del Gobierno ha informado de la parte de los Fondos del Next Generation EU que gestionarán las comunidades autónomas en el 2021, el 55% de los fondos, esto es, 10.500 millones de euros de los 19.000 que España dispondrá este año.

Estos fondos suponen la gran oportunidad para España y para Andalucía no solo por su cuantía, sino que por estar muy concentrados pueden tener el suficiente impacto para transformar el modelo productivo, a los que luego se sumarían los fondos estructurales y las partidas presupuestarias propias para mantener el esfuerzo inversor hasta 2027.

Por ello es tan importante centrar el debate político para aprovechar al máximo estos recursos. Son condiciones indispensables que todas las Administraciones políticas tengan planes ajustados a las necesidades y oportunidades de sus territorios y que existan mecanismos administrativos y políticos eficaces para la coordinación y cooperación, desde los ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central hasta la Unión Europea.

Si algún territorio necesita un plan para salir de la dependencia y subalternidad económica es Andalucía. Esta semana hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre en la que se ponía cifra a las consecuencias más dramáticas de esta situación de dependencia y subalternidad: 868.100 personas en paro (el doble que la segunda comunidad con más paro), un 21,58% de la población activa frente a la media española del 15,26%.

Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla aún no ha presentado a la sociedad andaluza un plan para que avancemos en la transición verde, social y digital. Por el contario, está centrado en apoyar al capital especulativo, incentivando proyectos inmobiliarios de segunda residencia, como si no hubiéramos aprendido nada desde la crisis de 2008, con su proyecto 'estrella', una ley para permitir el urbanismo salvaje, a la que hipócritamente la han llamado de “impulso de la sostenibilidad territorial y urbanística”.

El Gobierno de Moreno Bonilla aún no ha presentado a la sociedad andaluza un plan para que avancemos en la transición verde, social y digital. Por el contario, está centrado en apoyar al capital especulativo

Desde Más País Andalucía sabemos que es imprescindible un esfuerzo de cooperación política para que el dinero de los fondos europeos no se pierda en proyectos que no cambian nada y que, por el contario sirva para reorientar el modelo productivo, creando empleo de calidad, impulsando la formación y brindando verdaderas oportunidades a los jóvenes.

1. Nuestra propuesta se sustenta en primer lugar en la transición ecológica, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, la economía circular y el reequilibrio de todos los sectores productivos mediante el impulso a una industria verde e innovadora.

Superar nuestra actual dependencia del petróleo y del gas y poder desplegar toda nuestra potencialidad en energías renovables, sobre todo mediante la energía comunitaria como un modo eficaz y rentable de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos e involucrarlos directamente en el cambio estructural, es condición indispensable para el cambio, empezando por la reforma energética de los edificios de los barrios más pobres.

La potenciación del ferrocarril tanto para la movilidad de las personas como de las mercancías, es la base estratégica para una nueva movilidad que estructure nuestro territorio y nos conecte con las redes europeas.

2. En línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, el plan andaluz debe fijar la hoja de ruta para acelerar una transición digital en Andalucía, potenciando la conectividad 5G, la modernización y digitalización de la Administración pública y de las empresas, el impulso de la inteligencia artificial y de las competencias digitales.

3. Al mismo tiempo que potenciamos la cohesión social y territorial mediante el refuerzo del Estado del Bienestar, asegurando los servicios públicos, en especial del sistema educativo y de salud, y el despliegue de la creatividad contenida en nuestro acervo cultural.

4. Todo ello desde la perspectiva transversal de la igualdad de género, especialmente a través de medidas orientadas a crear empleo femenino estable y de calidad, la igualdad de oportunidades, a mejorar y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, y a reducir la brecha digital.

Queremos impulsar estructuras de cooperación entre las pymes andaluzas para que sean las protagonistas de estos fondos y un organismo de crédito andaluz que active financieramente los fondos y sea la locomotora de arrastre para la inversión privada productiva.

Andalucía no puede perder esta oportunidad ni seguir en manos de quienes nos hablan con buenas palabras pero actúan en conveniencia con los viejos poderes económicos que sólo buscan su beneficio a corto plazo. Por eso no han presentado un plan para el cambio, pero sí han presentado leyes, como la LISTA, para allanarles el camino a la especulación. Y no podemos conformarnos. Andalucía merece más.

En estos días de incertidumbre, en el que el final de la pandemia se vislumbra y toca pensar en la reconstrucción, queremos reivindicar un espacio político útil, que proponga un horizonte de transformación para que Andalucía dé el salto. 

Sacudidos por los efectos devastadores de la pandemia, nos encontramos con un triple desafío. El primero, sin duda, la crisis ecológica. Nunca la humanidad ha tenido que afrontar la necesidad de un cambio tan radical y en tan poco tiempo para evitar que la acción humana siga acelerando los cambios en nuestro medio de vida, haciéndonos más frágiles y vulnerables.

Al mismo tiempo, esta época se caracteriza por la desigualdad, la incertidumbre y la inseguridad sanitaria, económica, ambiental y social, que afecta sobre todo a las personas en paro, con contratos precarios, a las mujeres y a los jóvenes, en especial en territorios como el nuestro, el andaluz, que sufre una desigualdad crónica con una tasa de paro estructural causada por una economía dependiente y subalterna que ha esquilmado el litoral, deteriorado nuestro modelo de ciudad, amenazado la supervivencia del medio rural, degradado la biodiversidad y ha contribuido a la desertización, la contaminación de ríos o el derroche en el consumo de agua.

La derecha de este país sigue empeñada en aumentar la polarización social, a remolque de la extrema derecha, como ocurre con el Presidente de la Junta de Andalucía, que intenta disimular la influencia cada vez mayor de Vox sobre sus política

Sin embargo, la derecha de este país sigue empeñada en aumentar la polarización social, con mensajes que buscan el desprestigio de la participación política, a remolque de la extrema derecha, como ocurre con el Presidente de la Junta de Andalucía, que intenta disimular la influencia cada vez mayor de Vox sobre sus políticas, a la vez que ataca nuestros servicios públicos, debilitándolos.

Para hacer frente a la crisis ecológica, a la desigualdad y a la inseguridad y al gobierno de la Junta de Andalucía, es necesario una nueva política para este nuevo tiempo, una política útil, que se ocupe de lo que de verdad importa a la gente; que participe de la ola verde que ya recorre Europa y que ha convertido a Más Madrid en la segunda fuerza de la Comunidad autónoma; que sitúe la lucha contra la destrucción del planeta en el frontispicio de las prioridades, obligándonos a repensar nuestra forma de producir, de transportar y transportarnos, de consumir y de relacionarnos entre nosotros y con la Tierra, mediante políticas públicas que estén impregnadas todas y cada una de ellas de estos objetivos.

Hace falta una política útil para lograr más igualdad en todos los ámbitos: social, laboral, de género, territorial, de edad, etc., para ayudar a que tengamos vidas seguras y tranquilas, con trabajos dignos y derechos sociales universales y garantizados, para una convivencia ciudadana solidaria y culturalmente rica. Somos una comunidad que podría ser una gran potencia en energías renovables y que, a pesar de todo, sigue encabezando los indicadores de paro y pobreza. Por ello la ola verde que queremos impulsar en Andalucía tiene que ir, indisociablemente, unida a la reivindicación de justicia social y de seguridad material.

Consecuentemente la política útil para Andalucía tiene que ser sobre todo transversal, para centrarse en los problemas de la inmensa mayoría. Los radicalismos, el desprecio a las instituciones, las consignas simplistas basadas en el enfrentamiento territorial (el sur contra el norte, la periferia contra el centro), el sectarismo del todo o nada constituyen lo contrario de lo que consideramos que necesita Andalucía en estos momentos.

La gran transformación que necesitamos exige sumar al cambio a una mayoría social para que, en nuestro caso, la Junta de Andalucía, en la próxima legislatura, tenga una dirección progresista que la ponga al servicio del cambio y de la transición ecológica y económica, que sea garante de la igualdad y de los servicios públicos y que promueva sólidos lazos comunitarios. Ni las pandemias, ni el cambio climático o la desigualdad estructural tienen solución en términos individuales ni por los mecanismos habituales de mercado. Los poderes públicos tienen el deber y la capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas de la ciudadanía al margen del mercado, lo que hoy incluye el derecho a la vida amenazada por la crisis ecológica y por las pandemias.

Esta es la tarea que nos hemos propuesto en Más País Andalucía, desde nuestra plena autonomía, con la sola obediencia a los intereses y necesidades del pueblo andaluz, con un proyecto federal, para España y Europa, en defensa de los valores universales del conjunto de la humanidad, porque sobre todo creemos en Andalucía y en su gente, en su talento, en su trabajo y en su capacidad para salir de esta pandemia y construir el futuro que soñamos. La tarea, ingente, no es fácil, pero merece la pena. Andalucía merece más.

Andalucía se asoma al final de la pandemia en medio de una enorme crisis económica, social y ambiental. Los fondos europeos Next Generation pueden contribuir de manera decisiva a cambiar esta situación si somos capaces de aprovechar, junto con la financiación europea, todas nuestras fortalezas para dar el gran salto que necesitamos. La salida de las crisis provocadas por la COVID-19 tiene que ser una salida de cambio que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, tanto las socio-económicas como las feministas, antirracistas y LGTBI.

El cambio tiene que ser verde y social. La transición ecológica es también la estrategia para la creación de empleo digno y para superar la desigualdad y la dependencia del modelo productivo andaluz. Por ello, el Green New Deal o Pacto Social Verde, vincula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la finalidad de acabar con la desigualdad y la injusticia social.

Para este objetivo, aprovechar la salida de la crisis para cambiar el modelo productivo andaluz vinculando transición ecológica, transformación tecnológica y digital y justicia social, es clave la participación ciudadana porque, en este proceso, la implicación de la sociedad se vuelve más importante que nunca.

Ante el desafío de descarbonizar la economía y llevarlo a cabo sin dejar a nadie atrás, la deliberación a través de asambleas ciudadanas, y otros ejercicios de organización democrática, es determinante para escuchar la opinión de la ciudadanía respecto a cómo debe encauzarse el cambio.

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la crisis climática ha tomado un gran impulso en todo el mundo, especialmente en Europa; Irlanda, Francia, Suecia y Reino Unido son los países europeos donde ya se han puesto en marcha mecanismos de deliberación a nivel estatal para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social, además de los que se han organizado en muchas ciudades.

Las asambleas climáticas están formadas por muestras representativas de ciudadanas y ciudadanos que reciben el mandato de formular recomendaciones para la transición ecológica y social. Para tener éxito, se debe garantizar una participación significativa, teniendo en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres y la participación de jóvenes; ser un proceso inclusivo y, sobre todo, que genere cambios reales. Un ejemplo de esto es el ambicioso paquete de 150 medidas formuladas por la Convención de Ciudadanos por el clima en Francia.

El Plan Andaluz de Acción por el Clima sigue sin aprobarse a pesar de que el trámite de información pública finalizó el 11 de febrero de 2021.

En España, recientemente el Artículo 39 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, prevé el establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel del Estado y recomienda que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales.

En Andalucía, la Junta no está haciendo aún nada. La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, encargaba al Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), que contuviera medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el PAAC sigue sin aprobarse a pesar de que el trámite de información pública finalizó el 11 de febrero de 2021.

Por ello, ante la urgencia de tener constituida ya en Andalucía la Asamblea Climática para afrontar el cambio imprescindible hacia la transición ecológica con justicia social queremos, en este 5 de junio de 2021, día Mundial del Medio Ambiente, hacer un llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de Andalucía, comprometidas con la transición ecológica justa, para constituir una plataforma de impulso a la constitución urgente en Andalucía de la Asamblea Climática Ciudadana, con el objetivo central de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 55 % para 2030 y alcanzar la descarbonización completa en 2050. De la misma manera, impulsaremos la Asambleas Climáticas Ciudadanas Municipales, Comarcales y Provinciales, para que las ciudades, las comarcas y las provincias andaluzas se incorporen al compromiso de reducción, de forma participativa.

Nos va la vida en ello.

Desde el año 2000 y hasta lo que llevamos de 2021, la crisis ecológica y de desigualdad se ha hecho patente con toda su crudeza. La pandemia de la COVID ha exacerbado aún más el hambre, la pobreza y los desplazamientos que causa el cambio climático en un año que está haciendo estremecer al planeta.

El calentamiento global y el cambio climático, el agotamiento del modelo energético, la contaminación y los residuos, la carestía de los alimentos básicos o la degradación de los recursos no sólo ponen en peligro el futuro de la humanidad, sino que son un componente esencial de la actual crisis de la globalización.

 El informe anual de la Organización Meteorológica Mundial, publicado hace unos días, sobre el “El Estado del Clima Global”, confirma que el año 2020 ha sido uno de los tres años más cálidos registrados. La temperatura media global este año fue de aproximadamente 1,2 ° centígrados por encima del nivel preindustrial (1850-1900). Además, los seis años transcurridos desde 2015 han sido los más cálidos, y 2011-2020 fue también la década más cálida registrada.

Desde hace ya 28 años, y cada vez con más preocupación, los científicos llevan aportando datos sobre un clima cambiante y sus consecuencias. En 2020, el calentamiento global siguió aumentando, así como los desastres que conlleva, con lluvias y sequías extremas, incendios, aumento del nivel del mar y, entre otras cosas, una temporada récord de huracanes en Caribe.

La vuelta a la normalidad por la vía del crecimiento global, entendido como un nuevo impulso al modelo productivista y de incentivación del consumo, volverá a chocar cada vez con más virulencia, con los procesos de escasez y agotamiento de combustibles fósiles, materias primas y con la sustancial alteración de los sistemas biofísicos de la biosfera.

La transformación social no podrá alcanzarse sin una conciencia clara de los límites biofísicos del planeta. Los patrones de producción, distribución y consumo actuales, heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental, son la prueba más evidente de la inviabilidad del actual sistema capitalista globalizado, lo que nos obliga a asumir una transformación radical de las estructuras que conforman nuestra sociedad actual, desde la total sustitución de las fuentes energéticas fósiles por energías renovables hasta la reutilización de los materiales y la eliminación de residuos en una nueva economía circular.

La ecología política aporta una clave esencial para la transformación de las actuales relaciones sociales, porque no solo advierte de lo que está sucediendo, sino que propone los medios para hacer posible ese cambio: 

Esta propuesta estratégica del ecologismo político se está construyendo en torno al concepto de Green New Deal o Pacto Social Verde. Es una propuesta de renovación del consenso democrático que significa que el Estado (en sentido amplio, incluyendo tanto las organizaciones infraestatales como las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales así como las organizaciones públicas supranacionales e internacionales) tiene el deber y la capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas de la ciudadanía al margen del mercado, lo que hoy incluye el derecho a la vida amenazada por la crisis ecológica y por las pandemias.

La salida de la crisis provocada por la pandemia tiene que ser una salida de cambio que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, tanto las socio-económicas como las feministas, antirracistas y LGTBI. El Green New Deal o Pacto Social Verde vincula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de resolver problemas sociales como la desigualdad y la injusticia racial. Con energías renovables 100%, articulación territorial, defensa de la biodiversidad, nueva movilidad, industria digital y economía circular, comercio de cercanía, agricultura y turismo sostenible o consumo responsable, podemos crear cientos de miles de empleos en la economía verde, la reducción de la jornada y rentas y trabajos garantizados, que son cruciales para sumar la mayoría de la población a la transición ecológica, particularmente aquellos cuyos puestos de trabajo van a verse profundamente afectados por ella.

Andalucía es un territorio amplio y diverso en una zona de riesgo climático, pero que tiene una enorme potencialidad social y económica, que en estos momentos está infradesarrollada.

Tenemos una propuesta para transformar Andalucía basada en el reequilibrio de los sectores productivos y en la superación de nuestro papel económico dependiente y subalterno que causa la brecha territorial de desigualdad. Los nuevos fondos europeos son una gran oportunidad para Andalucía, tan necesitada de inversión, para poder transformar nuestro modelo productivo, pero su aprovechamiento va a depender de la orientación y de la calidad de los proyectos de inversión seleccionados, en primera instancia, por el Gobierno andaluz, y por el español en sus negociaciones con Bruselas.

Para una reestructuración verde de nuestra economía, empezando por la transición energética, proponemos un acuerdo verde y social para Andalucía que mejore la economía, cree empleo, cuide de nuestra salud y de la del planeta, mediante ayudas a pymes, haciendo realidad el Corredor Mediterráneo en toda su dimensión y otras infraestructuras y conexiones ferroviarias; una ley de cambio climático que asegure al menos la reducción de emisiones en un 55% para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, la rehabilitación energética de edificios sobre todo en los barrios más pobres y el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas, terminar con los envases de plástico, una gestión sostenible del agua y de los montes andaluces y un nuevo urbanismo y movilidad sostenible y el fomento de un centro industrial verde en la conexión entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Este acuerdo debe sustentarse en tres grandes fuerzas sociales: la defensa del feminismo en todos los ámbitos para la total erradicación de la violencia contra las mujeres, reivindicando en un pacto de cuidados el derecho al tiempo y a la vida, políticas públicas de apoyo y redistribución del trabajo de cuidados, reducción de las jornadas laborales y garantía de condiciones para proyectos personales, de crianza y familiares; la defensa del estado democrático, de los poderes públicos, en su cuádruple función de redistribuidor, prestador de servicios públicos, regulador y emprendedor para la transición ecológica, económica y social, y el impulso del fortalecimiento de la cohesión comunitaria y de los vínculos sociales, para construir comunidades vivas, plurales y abiertas.