España va a ser beneficiaria del resultado de un ejercicio de solidaridad sin precedentes en la Unión Europea: los países más poderosos y ricos de la misma accedieron el verano pasado a que la Unión, en su conjunto, como una entidad cuasi federal, se endeudará en los mercados mundiales para así obtener financiación a bajo coste. Dicha ayuda se entregará, o bien a fondo perdido o bien a un coste simbólico, a los países más pobres y en desarrollo de la UE. Este hecho, que ha pasado casi desapercibido en nuestro país, es histórico y además positivo.

Con los 140.000 millones de euros asignados a España desde Bruselas – que contrastan con, por ejemplo, los 28.000 millones asignados a Alemania o los 40.000 asignados a Francia – para que nuestro país se recupere del shock provocado por la pandemia, llega un gran desafío de gestión. Otra situación sin precedentes.

Aquellos sectores de la sociedad española que llevamos pidiendo un giro al modelo que rige nuestra economía y sociedad, el conocido como ‘business-as-usual’ (que podría ser traducido como ‘lo mismo de siempre’) que nos ha abocado a una serie crisis planetarias, como la climática o la sexta extinción masiva, estamos de enhorabuena. ¡Este podría ser un momento palanca para la transformación que buscamos!

Tenemos una oportunidad para darle un giro a nuestro modelo socioeconómico. Hasta el momento siempre hemos aplicado los mismos remedios y estos, una vez superado el bache coyuntural, nos han llevado a la larga a un problema mayor porque lo que hace falta son cambios profundos y estructurales.

No será fácil. Los fondos han de ser gestionados por el Gobierno central y por las comunidades autónomas; incluso habrá partes que serán gestionadas también por los municipios, así como por entidades privadas o público-privadas. Un maremágnum de instituciones y actores políticos que requerirá perseverancia para no empezar con mal pie en Canarias. 

El plan del Gobierno español que la Comisión Europea tendrá que aprobar antes de desembolsar las ayudas ya está diseñado y, de momento únicamente sobre el papel, cuenta con un pensamiento estratégico y está además alineado con muchas de las prioridades consensuadas por todos (es decir, no vienen impuestas por Bruselas) los países de la Unión Europea. No así con los criterios de consulta y accesibilidad para la sociedad civil.

Por otro lado, cada autonomía es responsable de presentar en qué se invertirán los fondos de forma acorde con las prioridades establecidas por los gobiernos de la UE – esto implicará necesariamente (de hecho, es una obligación para recibir los fondos) llevar a cabo las reformas que permitan que las economías regionales también den un giro (a veces de 180 grados) para empezar a caminar por la senda de la sostenibilidad. Mientras, todavía estamos a la espera del plan canario, su precedente, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias es una muestra más del cortoplacismo que rige la política. Si bien encontramos importantes prioridades en el ámbito de lo social, no hay ni una sola medida que indique que al menos el 37% del presupuesto se destinará a abordar la crisis climática.

Las vagas referencias a la Agenda del 2030 y a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible no hacen más que confirmar la falta de visión estratégica y de interés en colocar a nuestras islas en una trayectoria que haga de ellas un lugar amable para todas sus especies, incluyendo la humana. Del mismo modo, los programas ‘Canarias Fortaleza’, con relación al sector turístico, y ‘Elaborado en Canarias’, con relación al sector agrícola y ganadero, no dejan de ser iniciativas bienintencionadas que llaman la atención por su falta de concreción y ambición. Ninguno sienta un precedente que nos permita hacernos ilusiones en relación con el esperado plan de recuperación canario.

Contrastan, sin embargo, con la ambición en apoyar a los sectores contaminantes del transporte marítimo, la industria portuaria y el automovilístico. Las hojas de ruta que preceden al plan para la recuperación canario definitivo demuestran una clara continuación con la tónica de los últimos años, en los que ha faltado ímpetu para sacar adelante la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático o el Observatorio Canario del Cambio Climático que tanto bombo mediático recibieron cuando se anunciaron.

Pero si en el pasado la falta de recursos pudo ser una causa, o una excusa, con la llegada de esta enorme inyección de fondos – España recibirá el segundo mayor contingente, después de Italia, de toda la UE –, esto ha de cambiar en 2021.

La sociedad civil de España está poco a poco despertando al potencial transformador de estos fondos, pero aún queda mucho por hacer para que esta conciencia se extienda a toda la ciudadanía; y que ésta se movilice para exigir que ese potencial se dedique al bien común y no al beneficio de unos pocos.

No decimos nada nuevo al alertar del peligro que supone que las entidades cercanas a los centros de poder hagan acopio de estos sin una estrategia ni motivación para transformarse a largo plazo. Que todo quede en pequeñas actuaciones cosméticas, o “green washing”. El efecto de distribución al resto de la economía (conocido como “trickle-down effect”, en inglés) ha brillado por su ausencia en experiencias pasadas. La transición a un modelo sostenible tiene que llevarse a cabo de manera transversal y descentralizada.

Es nuestra responsabilidad, ciudadanía canaria, organizarnos para pedir transparencia sobre a qué se destina cada euro, pero, sobre todo, para pedir cauces de información para que también el tejido más granular de nuestra sociedad – cooperativas energéticas, agrícolas y de todo tipo, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de barrio y ONGs, entre otras - tengan también acceso a financiación. Esta es la única vía para convertir esta en una historia de cambio. Y de cambio impulsado por la sociedad en su conjunto, de abajo hacia arriba, que es en efecto, el único cambio merecedor de ese nombre.