La versión corta de cómo las estadounidenses perdieron su derecho a interrumpir un embarazo podría resumirse en un nombre: Donald Trump.

El magnate inmobiliario y estrella de concursos de la televisión primero sorprendió al mundo al ganar la presidencia de Estados Unidos, y luego recompensó a sus votantes al confirmar a tres jueces del Tribunal Supremo para una corte de nueve miembros con mandato vitalicio. Sus nombramientos han hecho que el Supremo se incline hacia el lado conservador durante toda una generación.

Ese corto camino ha llevado a Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, la sentencia publicada este viernes en la que los jueces del Tribunal Supremo votaron 6-3 para anular el caso histórico Roe v. Wade, que en 1973 garantizó el derecho constitucional al aborto.

Se espera que el fin de la protección federal del aborto lleve a 26 estados a prohibir el procedimiento de forma inmediata o tan pronto como sea posible, lo que afectará a decenas de millones de mujeres en Estados Unidos.

La decisión se produce a pesar de que cerca del 85% de los estadounidenses están a favor del aborto legal al menos en algunas circunstancias. El porqué y el cómo de una decisión a la que se opone la mayoría de los estadounidenses está relacionada con el poder político, según los expertos.

El movimiento antiabortista es “la facción mejor organizada de la política estadounidense”, dice Fred Clarkson, experto en la derecha cristiana y socio de Political Research Associates.

“Entienden que son una minoría de la población, del electorado, y ciertamente un conjunto minoritario de opiniones sobre cuestiones de derechos reproductivos”, dice. “Pero como lo saben, han encontrado formas eficaces de maximizar su influencia política al estar mejor organizados que las facciones numéricamente mayores que están menos organizadas...”. El movimiento antiabortista “domina las herramientas de la democracia para conseguir resultados antidemocráticos”, concluye.

“Desprecio” por el derecho constitucional

Las corrientes que han llevado a esta sentencia se encuentran entre las más poderosas de la política estadounidense actual. A lo largo de décadas, un movimiento religioso se impuso aprovechando las fuerzas de la polarización, la erosión de las normas constitucionales y la manipulación de la democracia estadounidense, según varias voces expertas.

“No es que hayamos tenido esta lenta erosión del derecho al aborto”, dice Niel Siegel, experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Duke que fue ayudante legal de la jueza progresista del Supremo Ruth Bader Ginsburg, que murió en septiembre de 2020. Según explica, el Supremo ha dictado una sentencia que “desprecia por completo lo que ha sido el derecho constitucional durante literalmente cinco décadas” y que ha sido hasta ahora “repetidamente reafirmado por jueces designados por ambos partidos”.

El Tribunal de tendencia conservadora ha revocado una norma constitucional en un movimiento histórico. Esto sucede tras otro acontecimiento sin precedentes modernos: la filtración de un borrador de una sentencia del Tribunal Supremo, lo que ya anunciaba un mal pronóstico para Roe v. Wade.

“El Tribunal no es la institución a la que serví”, dice Siegel.

En la actualidad, el aborto es uno de los temas más partidistas de Estados Unidos, con los republicanos y el movimiento antiabortista tan alineados que apenas hay diferencia entre ellos. Sin embargo, en la década de los 70, el aborto se consideraba una “cuestión católica”, con republicanos proabortistas y demócratas antiabortistas en el Congreso. El Tribunal Supremo votó a favor del caso Roe vs. Wade por un margen de 7-2, con el apoyo de magistrados elegidos por presidentes republicanos.

Parte de esta transformación refleja “cambios deliberados por parte del movimiento antiabortista, otra parte son cambios estructurales de la democracia estadounidense, y, finalmente, otra parte es simplemente suerte”, según explica Mary Ziegler, profesora visitante en Harvard y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de California Davis.

En contra de la creencia popular, no hubo una reacción política inmediata al caso Roe vs. Wade que garantizó constitucionalmente el derecho al aborto. En los años siguientes, importantes proyectos de ley prohibieron que el Gobierno federal pagara los abortos, pero fracasó una enmienda constitucional para prohibir totalmente el procedimiento.

Unión de católicos y evangélicos

A finales de la década de 1970 fue cuando estrategas republicanos como Paul Weyrich vieron el aborto como un asunto que podría movilizar también los votos de millones de cristianos evangélicos blancos, junto con la oposición a los derechos de la mujer y a las sentencias judiciales contra la segregación racial. El plan funcionó: los católicos y los protestantes evangélicos blancos se aliaron con los republicanos.

“En los años 70 y 80, cuando el movimiento antiabortista estaba madurando, recuerdo eventos en los que se veía a un obispo católico sentado en el escenario incómodo con evangélicos”, dice Clarkson.

Pasaron décadas antes de que los cristianos evangélicos y los católicos fusionaran por completo su agenda actual, con el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la libertad religiosa como temas principales. Sin embargo, la nueva alianza pronto produjo una llamada “mayoría moral” que impulsó la campaña de Ronald Reagan. Al igual que Trump, Reagan apoyó inicialmente la ley del aborto “liberalizada” antes de prometer que se opondría al aborto como presidente.

Este realineamiento político se vio favorecido por la Ley de Derecho al Voto de 1965, que, según los estudiosos de la Constitución, obligó a los demócratas sureños segregacionistas a competir realmente con los republicanos por primera vez.

“No se entiende la política reproductiva en este país si no se entiende la política racial en este país”, dice Loretta Ross, fundadora de SisterSong Women of Color Reproductive Health Collective, una organización de derechos reproductivos en Georgia.

“Creo que las actuales restricciones al aborto, al control de la natalidad y a la educación sexual están diseñadas para obligar a las mujeres blancas a tener más bebés”, dice Ross. “No estoy convencida de que quieran más bebés negros, hispanos o de otras minorías”, dice en referencia a las mujeres que se pueden ver afectadas de forma desproporcionada por la prohibición del aborto.

La voz de la minoría

Este reajuste político también aportó a los republicanos claras ventajas estructurales basadas en la arquitectura de la Constitución estadounidense, una fuerza que Siegel describe como “favoritismo rural”.

El Congreso está formado por la Cámara de Representantes, cuyos escaños se basan en la población, y el Senado, que concede a cada estado dos votos sin importar la población. “La Constitución siempre ha favorecido de forma desproporcionada a los votantes rurales, pero no siempre ha favorecido a un partido”, dice Siegel.

Sin embargo, a medida que los senadores republicanos empezaron a representar a más votantes blancos, cristianos y rurales, también se beneficiaron de una característica que viene de la Constitución estadounidense. Hoy los republicanos representan colectivamente a 41,5 millones de estadounidenses menos que los demócratas, aunque el Senado esté dividido en partes iguales (50 senadores demócratas y 50 republicanos). Como resultado, el nuevo Tribunal de tendencia conservadora fue confirmado por un órgano que representa a una minoría de votantes.

“Eso es un reflejo del gobierno de las minorías”, dice Siegel.

Ser republicano

El llamamiento de los estrategas republicanos a los votantes socialmente conservadores también empezó a redefinir sustancialmente lo que significaba ser republicano.

“Los profesionales del partido y los republicanos del establishment pensaron que podían controlar a estos votantes”, dice Clarkson. “Se equivocaron: esos votantes acabaron convirtiéndose en el partido”.

Los nuevos antiabortistas presionaron para obtener más poder “para ejercer más influencia sobre la composición del Partido Republicano y así garantizarse que los candidatos fueran lo suficientemente 'puros' ideológicamente”, según dice Clarkson.

La demografía añadió urgencia a la causa antiabortista, dice Siegel. El Partido Republicano es abrumadoramente blanco y cristiano, pero el tamaño de su base se ve 'amenazado' por la rápida evolución de la demografía estadounidense, a medida que Estados Unidos se vuelve más diverso racialmente y menos religioso. De hecho, se prevé que los estadounidenses blancos serán una minoría en 2045.

Siegel dice que esto ha empujado a los republicanos a practicar una “política existencial”, que ha dado lugar a que cada ciclo electoral se perciba como más crucial que el anterior y ha forzado a los partidos a distanciarse aún más. Al mismo tiempo, el dibujo de los distritos electorales de manera partidista, conocido como gerrymandering, ha permitido que los candidatos más extremos ganen en distritos poco competitivos, exacerbando la polarización.

Poder y suerte

En el caso de la sentencia del Supremo de este viernes, el poder y la suerte chocaron cuando la base eligió a Trump, un hombre que en su día se declaró proabortista, ganó las elecciones pese a haber perdido el voto popular por casi tres millones de papeletas –algo histórico por el amplio margen pese a la diferencia que puede haber entre el voto del colegio electoral según el resultado por estados y que decide el ganador y la suma total de votos en todo el país– y luego tuvo la poco frecuente oportunidad de designar a tres nuevos jueces para el Tribunal.

Las fuerzas que están detrás de la sentencia también muestran cómo los valores que se han considerado tradicionalmente estadounidenses –la autonomía, la libertad y la autodeterminación– se redefinirán en una nueva era del Tribunal Supremo.

“Hay una animadversión mutua entre los miembros de los dos partidos, pero después hay más bien una asimetría en cuanto a lo mucho que se ha movido el Partido Republicano hacia la derecha, y la voluntad de romper las normas para obtener ventajas partidistas a corto plazo”, dice Siegel. “O, en el caso del Tribunal Supremo, para obtener ventajas partidistas a largo plazo”.

Traducción de Lara Lema y Celia Broncano.

Este miércoles el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha escuchado las alegaciones del que ha sido llamado el caso más importante sobre el derecho al aborto en casi 50 años, un proceso que podría redefinir los derechos reproductivos en todo Estados Unidos y cuyas repercusiones en otros países podrían durar décadas.

El caso Dobbs contra la Jackson Women's Health Organization podría menoscabar, o incluso anular, el precedente de Roe vs Wade (Roe contra Wade), la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que legalizó el aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos, no hay ninguna ley nacional que garantice la libertad de interrumpir el embarazo y ese derecho descansa únicamente sobre esta sentencia de 1973. Por eso, si se anulara o menoscabara ese precedente, decenas de millones de personas en edad reproductiva de todo el país se verían afectadas.

Se espera que los nueve jueces del Tribunal escuchen este jueves las alegaciones del estado de Misisipi, que sostiene que el tribunal debe utilizar este caso para anular el precedente de Roe contra Wade; y las de la última clínica abortista de Misisipi, que argumentará en favor de mantener el derecho al aborto tal y como está.

¿Qué está pasando en el Tribunal Supremo de EEUU?

El Dobbs se refiere al doctor Thomas Dobbs, director del Departamento de Salud de Misisipi y autoridad responsable de hacer que se cumpla la ley del estado. La Organización de Salud de la Mujer de Jackson es la última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa por estar pintada de ese color.

El alto tribunal de EEUU escuchará las alegaciones de los abogados en un caso para decidir si el estado de Misisipi puede prohibir casi todos los abortos una vez transcurridas las primeras 15 semanas de gestación.

El caso va directamente en contra del precedente Roe contra Wade, que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos. La sentencia protege el derecho al aborto hasta el momento en que el feto puede sobrevivir fuera del útero, un plazo que por lo general se traduce en unas 24 semanas de gestación (el plazo de un embarazo que llega a término es de 39 semanas de gestación).

En el Tribunal Supremo predominan ahora los conservadores, con seis de los nueve jueces inclinados hacia la derecha. Los defensores del derecho al aborto consideran especialmente peligroso el caso de Misisipi porque en virtud de Roe contra Wade los jueces podían haber desestimado directamente la ley de Misisipi por considerarla inconstitucional y, sin embargo, decidieron aceptar el caso. Eso quiere decir que al menos cuatro jueces consideran que hay razones para revisar la histórica sentencia.

La decisión final se espera para junio de 2022 pero las audiencias podrían dar pistas sobre el parecer de los jueces.

¿Qué podría pasar con el precedente?

El Congreso nunca consagró en ley el derecho a interrumpir un embarazo. Las mujeres embarazadas de EEUU llevan casi 50 años confiando en la protección del derecho al embarazo otorgada por el precedente del caso Roe contra Wade, ahora bajo amenaza.

Una posibilidad es que los jueces desestimen el caso de Misisipi, lo que dejaría vigente Roe contra Wade, pero los defensores del derecho al aborto temen un fallo del Tribunal que menoscabe o incluso anule el precedente.

Los jueces podrían decidir que la ley de las 15 semanas no es muy limitante para la población de Misisipi y fallar de manera que el estado pueda prohibir el derecho al aborto en una fase mucho más temprana. Esto restringiría considerablemente el acceso a la interrupción del embarazo y debilitaría el precedente de Roe contra Wade.

Si esto ocurre, se espera que otros 26 estados legislen prohibiendo el aborto de diversas maneras: con enmiendas constitucionales estatales; con leyes que se activarían automáticamente en caso de que se anule Roe para entrar en vigor a la mayor brevedad; o con limitaciones al aborto a partir de las seis semanas de gestación, un plazo que en la mayor parte de los casos se cumple antes de tener conciencia del embarazo.

De estos 26 estados, casi todos están en el Medio Oeste y en el Sur del país. En total, en los estados considerados hostiles al aborto vive el 58% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, 40 de los 72 millones de mujeres entre 15 y 49 que viven en Estados Unidos.

Luisiana, por ejemplo, tiene una ley que se activaría automáticamente si se anula Roe contra Wade para prohibir el aborto de forma inmediata. Actualmente, si una embarazada en Luisiana necesita un aborto legal y seguro, tiene que conducir una media de 60 kilómetros. Si se anula la sentencia de 1973, esa distancia aumentaría en un 1.720% hasta unos 1.010 kilómetros de media, la distancia hasta Illinois, el estado más cercano que defiende el derecho al aborto.

Los defensores del aborto alertan de que si cae Roe contra Wade el procedimiento puede volverse inaccesible y también un delito. Según los expertos en justicia criminal, la prohibición del aborto podría generar una oleada de procesamientos, viendo lo ocurrido con las leyes sobre el asesinato y el encarcelamiento masivo.

Los defensores del aborto argumentan que el procedimiento seguirá existiendo, solo que dejará de hacerse de forma segura en un entorno legal y clínico, poniendo en riesgo la salud de las personas embarazadas.

Prohibir el aborto haría aún peores las deficiencias que ya tiene Estados Unidos respecto a la salud de embarazadas, con un aumento de una tasa de mortalidad materna que ya es la más alta entre las naciones ricas.

¿La anulación convertiría a EEUU en un país atípico?

En las últimas décadas, la tendencia ha sido hacia aumentar la protección al derecho al aborto en todo el mundo. Al menos 50 países han hecho menos restrictivas las leyes sobre el aborto desde 1994 y ahora 970 millones de mujeres (el 59% de la población femenina en edad reproductiva del mundo) viven en países donde el aborto es legal y accesible.

En los últimos tiempos también ha habido un movimiento por legalizar la interrupción del embarazo en América Latina, una región conocida por prohibiciones al aborto extremadamente punitivas.

En el derecho internacional el aborto es considerado un derecho humano. La doctora Tlaleng Mofokeng, relatora de la ONU para el derecho a la salud, dice que si Estados Unidos permitiera que sus estados prohíban el aborto sería una violación automática de la legislación internacional sobre derechos humanos, incluida la convención contra la tortura de la que Estados Unidos forma parte.

“Si eso se anula”, dice Mofokeng sobre el caso Roe contra Wade, “las implicaciones serán catastróficas, no solo para Estados Unidos”.

Traducción de Francisco de Zárate.

En el último año, 23 pequeñas ciudades de Texas han aprobado leyes locales en las que se declaran “ciudades santuario para los no nacidos”, y han impulsado leyes que castigan el aborto con una multa de 2.000 dólares.

En abril, Hayes Center, situada en el estado de Nebraska, se convirtió en la vigésimo cuarta localidad que se suma a esta iniciativa, la primera fuera de Texas.

“¿Veremos alguna vez una clínica de abortos aquí? Puede que no”, señala Kim Primavera, concejal. Cuatro de los cinco concejales del pueblo son mujeres y la mayoría, jóvenes. Representan a unas 280 personas. “Pero, como todo en esta vida, siempre es mejor ser proactiva que reactiva”, concluye.

En un artículo publicado en el Hayes Center Times-Republican, el periódico local del que Primavera es copropietaria, se indica que ni una sola persona del pueblo se ha declarado en contra de esta medida.

Dickson, el impulsor del movimiento

Aunque tanto las poblaciones en cuestión como los políticos que han impulsado las ordenanzas difieren, todos tienen un elemento común: el predicador Mark Lee Dickson, director de la pequeña organización sin ánimo de lucro East Texas Right to Life.

“Nunca he abortado, soy virgen con 35 años, pero he visto las repercusiones del suicidio y de vidas desperdiciadas en general”, afirma Dickson. “Por eso me apasiona el tema del aborto”.

Durante el último año, y en el actual contexto de pandemia, Dickson ha recorrido el sur del país en un Ford F-150 de 2008 con la esperanza de promover esta iniciativa más allá de Texas. Solo va a aquellas localidades que lo invitan y en las que sabe que contará con un apoyo sólido.

Según Dickson, las ordenanzas locales que califican el aborto de “asesinato” y a los centros médicos que lo practican como “organizaciones criminales”, coinciden con las creencias de la mayoría en estos lugares. “Se tomaron en serio la afirmación de Biden sobre hacer accesible el aborto en todos los códigos postales”, señala.

Las ordenanzas de Dickson se sitúan a caballo entre el enfoque tradicional centrado en los tribunales y el activismo extremista de base, y llega en un momento en el que la derecha estadounidense busca definirse después de Trump y en un contexto en el que han aumentado los ataques de terrorismo interno.

Por un lado, están personas como Primavera, exdirectora de un centro de embarazos de riesgo y madre de seis hijos, que argumenta que las mujeres son víctimas de los médicos que practican abortos.

En los últimos años, esta corriente principal del movimiento antiabortista ha intentado refundarse como el verdadero hogar del feminismo estadounidense y considera a las mujeres como víctimas del aborto.

Por otro lado, hay un creciente movimiento dominado por hombres que sostienen que el aborto debe ser juzgado como homicidio y que tanto las mujeres que los solicitan como los médicos que los practican deben ser procesados por asesinato. Las ordenanzas de Dickson se hacen eco de algunas de estas nociones y han sido aplaudidas por estos grupos.

Los expertos que han estudiado estos movimientos afirman que los militantes “abolicionistas” del aborto han tenido cada vez más éxito impulsando proyectos de ley para penalizarlo y comparten una afinidad de ideología antigubernamental con las milicias de derechas.

“No hay absolutamente ninguna diferencia entre las prioridades de estos grupos”, señala Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida y reciente autora de 'Abortion in America: A Legal History, Roe v Wade to the Present' (El aborto en Estados Unidos, la historia legal, Roe contra Wade hasta el momento actual). “Donde radica el desacuerdo es más bien en cómo conseguir la criminalización del aborto de la forma más rápida y efectiva”, dice.

La ordenanza de Dickson se aprobó por primera vez en Waskom (Texas), un pueblo de 1.600 habitantes, donde el abogado del Ayuntamiento describe las reuniones como, en su mayor parte, “una formalidad”, y donde el secretario del Ayuntamiento despide todos los correos electrónicos con un “Dios le bendiga”.

Waskom se encuentra al oeste de Shreveport (Louisiana), donde se halla una de las tres únicas clínicas abortistas que quedan en todo el estado. En un contexto en el que los legisladores de Louisiana intensificaban la presión sobre la clínica para que cerrara, Dickson dijo que quería evitar la llegada de lugares con estas características a Texas, aunque lo cierto es que desde 1991 el estado no ha recibido ninguna propuesta en este sentido. No obstante, llamó a los concejales de Waskom.

“Contacté con ellos con el único propósito de proteger Waskom”, dijo Dickson. “No me planteé ninguna otra localidad”.

Los seis concejales de la ciudad consideraron que la ordenanza era pertinente y aprobaron una medida para castigar con una multa de 2.000 dólares a los médicos y a cualquiera que “ayude a abortar”. Las mujeres que optaran por el aborto quedaban exentas de la pena.

En todo el país, la ordenanza fue recibida con burlas. La foto de seis hombres canosos del este de Texas votando la ley que prohibía el aborto se hizo viral. Dickson y Waskom se convirtieron en el foco de una vorágine mediática.

El activista se convirtió en el portavoz del pueblo. Cuando la CNN, el New York Times y Associated Press contactaron con el Ayuntamiento, Dickson preparó las declaraciones que podía leer el alcalde Jesse Moore, las envió por correo electrónico al secretario del alcalde y preguntó si a Moore le parecían acertadas. No está claro si Moore utilizó finalmente las citas.

“Siempre se debe proteger y preservar la vida humana inocente”, escribió Dickson en un correo electrónico al secretario. “Esta también sería una gran frase. Hazme saber si a él [el alcalde] le parece bien”, le indicó.

Los medios de comunicación conservadores empezaron a cubrir el avance de la ordenanza de Dickson y esta cobertura alimentó su campaña. También fue de gran ayuda el respaldo económico del despacho de abogados religioso Thomas More Society.

Este bufete representó a Waskom y a otras seis localidades cuando la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) las demandó por difamación, ya que las ordenanzas presentan a los centros que practican abortos como “organizaciones criminales”. El exprocurador general de Texas, Jonathan F. Mitchell, conocido por su trabajo contra los sindicatos, también ofreció sus servicios a las localidades demandadas por ACLU.

“Tenemos un abogado en el Ayuntamiento”, indica Primavera, “pero en este caso” Mitchell aceptó representar a las localidades.

A pesar del peso de los abogados que están defendiendo la validez de estas ordenanzas, algunos pueblos siguen encontrando la legislación como una ordenanza que genera demasiada división. Los dirigentes de Carthage, Texas, una localidad que tiene una estatua de Jesucristo de cuatro metros, optaron por no aprobar una ordenanza de estas características al considerarla una normativa inadecuada.  

“Yo no voy a abortar. Y queda en manos de la persona afectada decidir si quiere hacerlo”, afirmó Ida Beck, concejal de Carthage, en la sesión en la que se votó en contra de la ley, según el periódico local Panola Watchman. “Son ellos los que tienen que presentarse ante Dios y enfrentarse a sus actos”, dijo.

En opinión de los expertos, la frenética actividad de Dickson, que está viajando por Texas, Nebraska y Missouri, es una prueba de cómo el gobierno de Trump ha empoderado a los agitadores de base y, a menudo, a los extremistas.

El legado del trumpismo

La división dentro del movimiento antiabortista se asemeja a otro período de la historia estadounidense, a principios de la década de 1990, cuando la violencia contra los médicos y las clínicas abortistas alcanzó su punto máximo.

Entonces, al igual que ahora, había grandes esperanzas de que un Tribunal Supremo conservador pudiera ilegalizar el aborto. El movimiento “abolicionista” actual comparte algunos de los líderes de ese periodo.

“Hay mucho optimismo” en el movimiento antiabortista en este momento, admite Ziegler. “Si el Tribunal Supremo no hace lo que la gente quiere, crece la amenaza de actos violentos”. En Estados Unidos han aumentado los incidentes de terrorismo doméstico, incluido contra clínicas que practican abortos.

Además, el hecho de que Trump haya empoderado a los extremistas durante su mandato y declarara que “tiene que haber alguna forma de castigo”, ha envalentonado a un ala militante del extremismo antiabortista, dominada por hombres, que alcanzó su momento más álgido a principios de la década de los noventa.

Los “abolicionistas”, que se comparan con los activistas antiesclavistas del siglo XIX, han instado a las administraciones estatales y locales a prohibir el aborto dentro de los límites de las localidades, a castigar a los médicos que practican abortos, a impedir que los grupos de derechos reproductivos operen dentro de ciertas jurisdicciones, a castigar a las mujeres que abortan y a designar los pueblos como “ciudades santuario” para los no nacidos.

“Se está cometiendo un asesinato, y los otros poderes del Estado tienen que ponerse al frente y evitarlo”, afirma Matthew Trewhella a la cámara en un vídeo de marzo en YouTube. Trewhella es uno de los autores de un texto clave del movimiento “abolicionista”: 'La doctrina de los magistrados menores'.

El grupo de Trewhella, Defy Tyrants, proclama en su página de Facebook que, “el Tribunal Supremo no crea las leyes”. Dickson se ha ganado los aplausos de Defy Tyrants, aunque la mayoría del movimiento “abolicionista” quiere ir más lejos. Estos grupos han tenido éxito al introducir proyectos de ley en Arizona, Oklahoma y Texas para acusar de asesinato a las mujeres que abortan.

Trewhella fue una destacada líder del movimiento antiabortista en los años noventa y fue una de las personas que defendió el uso de la violencia contra los médicos que practican abortos. Es un “homicidio justificado” asegura.

El movimiento abolicionista del aborto también tiene vínculos con los movimientos que defienden el derecho a la posesión de armas. En una imagen, un grupo de cinco simpatizantes de Defy Tyrants posan con rifles del tipo AR-15 y un cartel que dice: “El Estado no es Dios”. En otro caso, un miembro del Partido Republicano de Montana y un pastor local se unieron para crear la primera “ciudad santuario” tanto para los “no nacidos” como para el derecho a las armas.

Norman, Oklahoma, a las afueras de Oklahoma City, se ha convertido en los últimos años en un hervidero de organización “abolicionista”. “Simplemente ha sido más intenso en Oklahoma City”, señala Julie Burkhart, fundadora y directora ejecutiva de Trust Women, que gestiona clínicas de aborto en el área y en Kansas. Burkhart había trabajado como ayudante del doctor George Tiller, asesinado en 2009.

En una ocasión, a principios de 2021, un hombre armado que acudía habitualmente a restaurantes, parques y otros lugares públicos para protestar contra el control de las armas se presentó a las puertas de la clínica abortista. Iba armado con un rifle tipo AR-15, una pistola y cuchillos.

“No sabíamos qué pasaba por su cabeza”, dice Burkhart. “Si iba a permanecer allí pacíficamente o iba a empezar a disparar a la gente, fue escalofriante y el personal estaba aterrorizado”.

Dickson, que participó en el asalto al el Capitolio el pasado 6 de enero, afirma que se opone terminantemente a la violencia. “No voy a decir nada que no haya dicho al FBI, pero estuve frente al edificio del Capitolio”, afirma. “Estoy completamente en contra de todos los actos destructivos que tuvieron lugar aquel día”.

Sin embargo, tampoco se opone al propósito del asalto. “No los veo como enemigos, los veo del mismo lado... Sin embargo, tenemos puntos de vista diferentes sobre la estrategia a seguir”.

Traducido por Emma Reverter