Históricamente, la sexualidad ha sido uno de los territorios de conflicto en el que el Estado, la religión y el mercado han tenido intereses y agendas claras. Instituciones como el matrimonio heterosexual, la maternidad, y la figura de la ama de casa han tenido el objetivo de naturalizar el sistema de género y el control de los cuerpos. 

Las mujeres y las disidentes de la heterosexualidad y del género normativo han sufrido en sus carnes la violencia e intervención política sobre sus deseos y sus vidas. Son cuerpos que han sido violentados, medicalizados, intervenidos, corregidos, estigmatizados y excluidos.

Como plantean las feministas descoloniales y negras, este sistema, que no es solo heteropatriarcal, sino también capitalista y colonial, ha oprimido de manera diferente según el género, color de piel, origen, etnicidad y clase económica. Es así como el control de la reproducción y la sexualidad se refleja en la penalización del aborto y en la esterilización forzada; dos estrategias con el mismo objetivo.

Esta no es una realidad ni lejana ni antigua. Sin ir más lejos, recordemos el intento de aprobar la ley Gallardón hace pocos años en España. Y justo ahora, la política de control de los antiderechos sigue trabajando para conseguir la eliminación de las Consejerías de Igualdad, la prohibición de la educación sexual o la negación sistemática de la violencia de género.

En Centroamérica, la brutal violencia contra los cuerpos de las mujeres deja cifras escalofriantes. Los cuerpos de mujeres racializadas, personas trans y lesbianas están entre los más agredidos y controlados por el Estado y la militarización. En Centroamérica se encuentran tres de los cinco países que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la gestante corre peligro o ha vivido violencia sexual. Los transfeminicidios y la violencia policial en contra de las trabajadoras sexuales es cruenta y cotidiana. 

Los lobbies antiderechos pactan con los gobernadores centroamericanos para aprobar leyes restrictivas que vulneran los derechos fundamentales a vivir sin violencia, decidir sobre el propio cuerpo, acceder a servicios de salud sexual y el derecho al placer. Muchos de estos lobbies cuentan con grandes fuentes de financiamiento y conexiones importantes con la derecha europea. La salud sexual no es baladí, controlar los cuerpos está ligado al dominio del territorio, la fuerza de trabajo y las riquezas naturales.

Centroamérica sigue siendo un territorio en disputa, con democracias frágiles y dictaduras, pero nada de esto ocurre sin una reacción por parte de los movimientos feministas. Durante décadas, el feminismo centroamericano ha logrado visibilizar la violación de los derechos humanos; desnaturalizar la violencia machista a través de un arduo trabajo de sensibilización, acompañamiento y divulgación en barrios y comunidades; han acompañado a miles de mujeres a abortar pese a la amenaza de cárcel, y han seguido hablando del derecho al placer. En definitiva, han hecho activismo gozoso que ha salvado a miles de mujeres y han presentado informes especializados en Naciones Unidas para documentar los retrocesos.

El movimiento feminista y LBTIQ+ ha estado en la primera línea denunciando, pero también acuerpando y cuidando de las demás. Ha habido avances y retrocesos. Los cambios no son permanentes, bien lo sabemos en Centroamérica. 

En Honduras lograron la despenalización de la anticoncepción de emergencia después de más de una década de trabajo. Las salvadoreñas han logrado sacar de la cárcel a muchas mujeres acusadas por abortar por la criminal ley que les condenaba con hasta 40 años de cárcel, y están denunciando la militarización y los cierres de espacios democráticos. En Costa Rica se logró la legalización del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como cotizantes en la Caja del Seguro Social. 

En Nicaragua, las feministas denunciaron la violencia sexual que Ortega ejerció durante años. Han evidenciado la violencia del Gobierno y siguen acompañando a familias de presas políticas, denunciando los crímenes y articulándose aún en el exilio. En Guatemala las feministas comunitarias nos han enseñado mucho sobre territorio, cuerpo y tierra, y lo fundamental de defender los bienes naturales con una mirada decolonial y antirracista. 

Esta digna rabia y capacidad de resistencia ha tenido un alto costo para las defensoras. Se han enfrentado a campañas de difamación, acoso y persecución. Según el informe de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Mesoamérica, 190 mujeres defensoras han sido asesinadas en los últimos diez años. 

En Calala Fondo de Mujeres sabemos que la igualdad y la justicia social la impulsan los feminismos de base y comunitarios. Son las lesbianas, indígenas, personas trans, no binaries, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, trabajadoras sexuales y jóvenes las que siguen ensanchando las agendas y el imaginario de lo posible. 

Estos colectivos, históricamente ignorados y ninguneados, nos ayudan a cuestionar lo que entendemos por normalidad y amplían la mirada más allá del género y los genitales. En Calala tenemos claro que nuestro objetivo es contribuir a que estos grupos, redes y organizaciones de mujeres y personas LBTIQ+ puedan seguir existiendo y luchando por defender los derechos humanos, la justicia y la igualdad; para que tengan el poder para decidir la vida que quieren. Un trabajo incansable, creativo y encarnado porque, nunca mejor dicho, se nos va la vida en ello.

Aunque la COVID-19 ha afectado a toda la población, las consecuencias no han sido las mismas para todas las personas. Las mujeres migrantes y racializadas se encuentran entre las más afectadas, especialmente aquellas que están en situación administrativa irregular, en desempleo, con trabajos precarios o en el sector informal. Ya antes de la pandemia, estos colectivos se enfrentaban a la discriminación racial y sexista, a las violencias machistas, y a otros obstáculos para acceder al sistema de salud y a una vivienda digna. La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales no han hecho más que agravar estas desigualdades.

Precisamente el tejido social que conforman tanto los colectivos informales como las organizaciones y redes en las que se activan estas mujeres, juegan un papel crucial para dar una respuesta inmediata a estas desigualdades, pero, sobre todo, para generar cambios estructurales que garanticen una vida digna para todas las personas. En estas organizaciones se articulan mujeres muy diversas que se autoorganizan para defender sus derechos. Hablamos de trabajadoras domésticas y de los cuidados, jóvenes que utilizan el arte como una forma de protesta, colectivos que generan análisis desde una perspectiva decolonial, mujeres que acompañan a otras mujeres que viven violencia machista, activistas que se manifiestan para el cierre de los CIE y muchas más.

Las que nos dedicamos a fortalecer los movimientos de mujeres sabemos de la dificultad que acarrea poner en marcha cualquier proyecto o actividad. La falta de manos, la ausencia de una estructura organizativa, las vidas precarias y la complejidad para conseguir recursos, configuran una fórmula complicada de resolver. Sin embargo, para entender los porqués de estas complicaciones, tenemos que entender algunas de sus causas. Y eso solo lo podemos hacer si les preguntamos a ellas.

En la publicación que hemos realizado en Calala titulada ‘Aprendizajes en el acompañamiento al movimiento de mujeres migrantes y racializadas en el Estado español’ explicamos que, a través de una consulta realizada a los grupos de mujeres a los que apoyamos, descubrimos que el 90% considera que necesita mayores recursos para cubrir los gastos de las actividades que realizan. En concreto, la mayoría de los colectivos reconocen que una de las principales dificultades para conseguir estos recursos es que existen muy pocos financiadores que se adapten a la realidad de su situación y presten apoyo sin duros requerimientos. 

La falta de fondos imposibilita a las organizaciones pagar por el trabajo que realizan sus integrantes. Esto hace que muchas de las acciones se lleven a cabo principalmente con tiempo y trabajo voluntario, lo que representa un desgaste para las activistas. De hecho, la mayor parte de las acciones que se vienen realizando están basadas en la autogestión y en apoyos económicos puntuales, la precariedad material es una característica transversal en todos los grupos a los que acompañamos.

Concretamente, el 30% de los colectivos consultados ha recibido apoyos puntuales de la administración pública. Sin embargo, todos ellos denuncian el abuso de trabajo y tiempo que supone la gestión de estos fondos. Los procedimientos de las instituciones son una barrera para las organizaciones de mujeres migrantes, ya que la mayoría no cuentan con una estructura ni cumplen los requerimientos que se exigen. 

Hemos detectado casos en los que ayuntamientos o Gobiernos autonómicos han aprobado subvenciones para organizaciones de mujeres, pero estas no han podido acceder al dinero porque se les solicitaba aportar previamente un porcentaje del presupuesto de fondos propios que no podían asegurar. En otras ocasiones la subvención se recibe una vez realizado el proyecto, teniendo la organización que adelantar el 100% de los fondos, es decir, cubriendo con recursos propios la ejecución de las actividades que les serán reembolsados una vez aprobado el informe financiero. Para la mayoría de los grupos con los que trabajamos, esto no es posible y supone renunciar a este tipo de subvenciones.

La financiación flexible: imprescindible para las organizaciones de mujeres

Estas exigencias de las administraciones públicas y de algunas ONG donantes dificultan el acceso a los recursos para las organizaciones de mujeres migrantes y racializadas, especialmente para las más pequeñas. De ahí la importancia de los fondos de mujeres que facilitamos recursos flexibles, a largo plazo, para apoyo general y con procedimientos sencillos a aquellos colectivos de mujeres y feministas que tienen más dificultades para acceder a los fondos de financiadores tradicionales.

Durante la investigación que llevamos a cabo, nos dimos cuenta de que la mayoría de los movimientos de mujeres consultados no contaban con ningún donante y las actividades las tenían que sufragar con dinero de su propio bolsillo. Para el 52% de estos grupos, los fondos de mujeres hemos sido la primera entidad que las ha financiado. De hecho, el 30% de las organizaciones apoyadas no tienen una personalidad jurídica, por lo que no pueden acceder a otro tipo de subvenciones institucionales o de otro tipo. 

En tiempos de pandemia, la diferencia entre disponer o no de recursos es sustancial. El soporte económico que hemos facilitado en estos momentos a cajas de resistencia o fondos de apoyo mutuo han sido destinados a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a trabajadoras del hogar y los cuidados, limpiadoras de hotel, trabajadoras sexuales o mujeres trans, que han servido para así cubrir gastos de alquiler, de alimentación, material de protección, así como otras necesidades básicas. 

Con la crisis de la COVID-19, las necesidades de las mujeres migrantes se han multiplicado, pero también sus iniciativas para salir adelante. Es una carrera de fondo en la que el virus solo complica las cosas. Por esto resultan imprescindibles las redes de ayuda mutua y apoyar proyectos de filantropía feminista y antirracista.